Informe del ASD, Acuerdo para la Seguridad Democrática

miércoles, 30 de diciembre de 2009

Por Raúl Kollmann


Los más diversos sectores políticos, de la Justicia, gremiales, académicos y organizaciones de derechos humanos presentarán hoy, a las 12, en el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso Nacional, un Acuerdo para la Seguridad Democrática (ASD).
El texto pone el acento en que las políticas de seguridad y el control policial deben estar en manos de civiles, impulsa la descentralización creando policías comunales, fomenta la existencia de una policía judicial, que trabaje en la instrucción de las causas, y rechaza el discurso de la mano dura “que sólo ha constituido un impedimento para la profesionalización de las policías y ha potenciado la acción de redes de ilegalidad en las que intervienen funcionarios públicos”.

El Acuerdo para una Seguridad Democrática tiene las firmas –entre muchas otras– de integrantes del Frente para la Victoria, como Agustín Rossi; del PeronismoFederal, como Felipe Solá; de dirigentes de la UCR como Gerardo Morales, Ricardo Alfonsín y Ricardo Gil Lavedra, la diputada de la Coalición Cívica Marcela Rodríguez, referentes de otras fuerzas políticas como Margarita Stolbizer, Fernando “Pino” Solanas y Martín Sabbatella, el juez de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni; el titular de la CGT, Hugo Moyano, y el de la CTA, Hugo Yasky; académicos como Marcelo Saín y Alberto Binder y prácticamente todas las organizaciones de derechos humanos.

La iniciativa surgió de León Arslanian y el Centro de Estudios Legales y Sociales, quienes estarán a la cabeza de la presentación de hoy. Anoche todavía se sumaban más adhesiones que se darán a conocer al mediodía.

El Acuerdo apareció a raíz de la inquietud que surgió en distintos sectores por la aparición de propuestas de darle mayores atribuciones y poder a la Bonaerense y a policías de otras provincias del país.

“Queríamos aunar a las fuerzas democráticas para que se tomen caminos democráticos en materia de seguridad y diferenciarnos claramente de los discursos de mano dura que no hacen más que reeditar políticas desacertadas y fracasadas”, explicó Arslanian.

El ex ministro de Seguridad de Felipe Solá, contó que junto con el CELS empezaron a contactar a los partidos políticos, a las fuerzas sindicales, a integrantes de la Justicia y a una parte importante del mundo académico para diseñar el texto. Después de su presentación en el Salón de los Pasos Perdidos, el acuerdo “se hará llegar a los poderes públicos”.

Tal como sucede en otras latitudes, ante hechos de sangre impactantes, se produce una enorme ebullición y surgen las voces que piden que a los uniformados se les devuelva el poder, que no haya tanto control ni de los civiles ni de la Justicia. “Que puedan detener sin límites, que se aumenten las penas y se encarcele a los menores, casi sin distinción de edad”, parece la consigna.

Frente a esas posturas, los puntos centrales del texto son los siguientes.

  • Las respuestas al delito han sido facilistas y autoritarias, consolidando la ineficacia policial, judicial y penitenciaria.
  • Las políticas de mano dura constituyeron “una sucesión de intervenciones erradas que impidieron la profesionalización de los policías y potenciaron la acción de redes de ilegalidad en las que intervinieron funcionarios públicos”.
  • Una adecuada política criminal requiere de una policía eficaz en la prevención, de alta profesionalidad y debidamente remunerada, una Justicia penal que investigue y juzgue en tiempo oportuno y un sistema penitenciario que asegure condiciones dignas de encarcelamiento.
  • Se requieren estrategias que articulen las políticas de seguridad así como la garantía de condiciones de vida dignas para toda la población.
  • Las políticas democráticas de seguridad deben surgir de diagnósticos basados en información veraz y accesible al público.
  • Se impulsa la descentralización de la organización policial a nivel distrital y comunal.
  • Un control interno de las policías de carácter civil y control externo del desempeño y la legalidad.
  • Formación y capacitación policial no militarizado.
  • Las medidas meramente represivas con las que se insiste en cada crisis apuntan a perseguir pequeños delitos y a autores jóvenes. Lo que señala el acuerdo es que gran parte de esos delitos comunes están asociados a poderosas redes delictivas. Uno de los ejemplos cantados es el de los desarmaderos.
  • Una policía judicial, dependiente de los fiscales, traerá transparencia en las investigaciones.
  • Se debe garantizar la regulación del accionar policial en los operativos, espectáculos deportivos, recitales y manifestaciones. Se debe asegurar un uso de la fuerza proporcional, racional y erradicar las prácticas policiales contrarias a esos criterios.


En la parte final del documento se resume lo que tal vez es la estrategia más importante: “conseguir un acuerdo político y social amplio que permita avanzar en el diseño e implementación de políticas de corto, mediano y largo plazo, orientadas a encontrar soluciones inmediatas y perdurables a las demandas sociales en materia de seguridad”.

La firma del acuerdo por parte de dirigentes del oficialismo y la oposición, de referentes de la Justicia, el gremialismo y los derechos humanos podría ser la base para esa búsqueda de consensos que formula el texto. Aunque los propios organizadores saben que “habrá un debate muy fuerte y la derecha insistirá en sus políticas”.


Diez puntos de acuerdo por la seguridad democrática



El acuerdo considera un engaño al discurso de la mano dura, analiza la responsabilidad del Estado y la gestión democrática de las instituciones de seguridad.




Las respuestas estatales autoritarias e ineficientes frente al delito y la fuerte dosis de exclusión y violencia que domina el debate público y orienta muchas de las acciones del Estado en la materia exigen una discusión abierta y pluralista, capaz de alcanzar acuerdos básicos sobre políticas democráticas de seguridad que atiendan las legítimas demandas de la sociedad.


Esta situación exige instituciones de seguridad comprometidas con valores democráticos y el rechazo a políticas demagógicas e improvisadas, dirigidas a generar expectativas sociales en la eficacia de medidas abusivas que sólo agravan el problema y reproducen la violencia.


1 El Estado frente al problema del delito



En nuestro país, la acción del Estado frente al incremento de la violencia y el delito se ha limitado mayormente a respuestas facilistas y autoritarias que consolidaron la ineficacia policial, judicial y penitenciaria.


En los últimos años, algunos procesos de reforma de las instituciones de seguridad tuvieron resultados favorables, pero fueron interrumpidos para volver a políticas de probado fracaso.


2 El engaño de la mano dura



Las políticas de mano dura no han reducido el delito, han aumentado la violencia y, en algunos casos, hasta han amenazado la gobernabilidad democrática.


La delegación de la seguridad en las policías, el incremento de las penas, el debilitamiento de las garantías y las políticas centradas en el encarcelamiento masivo basado en la prisión preventiva son los ejes recurrentes de estas políticas de mano dura.


Los reiterados fracasos de estas políticas han sido utilizados para insistir con las mismas recetas, en una espiral irresponsable que nunca rindió cuenta de sus resultados.


Esta sucesión de intervenciones erradas ha constituido un impedimento para la profesionalización de las policías y ha potenciado la acción de redes de ilegalidad en las que intervienen funcionarios públicos.


3 Responsabilidad del Estado



El Estado tiene la responsabilidad de asegurar a la población el libre ejercicio y goce de sus derechos. La construcción de una ciudadanía respetuosa de la ley es el camino indicado, pero si la ley resulta quebrantada, el Estado debe proveer los medios necesarios para individualizar a los responsables y sancionarlos cuando corresponda.


Una adecuada política criminal y de seguridad requiere: una policía eficaz en la prevención, de alta profesionalidad y debidamente remunerada; una Justicia penal que investigue y juzgue en tiempo oportuno a quienes infringen la ley, garantice la plena observancia de las reglas del debido proceso y de la defensa en juicio, y un sistema penitenciario que asegure condiciones dignas de encarcelamiento y de ejecución de la pena con sentido resocializador.


4 Una concepción integral de la seguridad



La manera eficaz de avanzar sobre el problema implica operar sobre las causas del delito y las redes de criminalidad con miras a reducir la violencia en todas sus formas. Una concepción integral de la seguridad implica tanto la prevención de la violencia física como la garantía de condiciones de vida dignas para toda la población. Esto requiere estrategias de abordaje integral que articulen las políticas de seguridad con otras políticas públicas y complementen las acciones del sistema penal con intervenciones de todas las áreas del Estado. Estos recursos estatales deben estar distribuidos de manera igualitaria y generar una mayor protección para los sectores excluidos, de modo de no profundizar la desigualdad.


Para avanzar en un abordaje integral y efectivo del problema de la seguridad, el diseño e implementación de políticas democráticas debe surgir de diagnósticos basados en información veraz y accesible al público. La producción de esa información es también una responsabilidad indelegable del Estado.


5 Gestión democrática de las instituciones de seguridad



Todo gobierno tiene la responsabilidad de ejercer la conducción civil y estratégica de las policías, que supone el pleno control de la institución. La prevención y sanción del delito, de modo eficiente y legal, requiere un sistema policial estrictamente subordinado a las directivas de seguridad pública formuladas por las autoridades gubernamentales. La historia reciente demuestra que la delegación de esta responsabilidad permitió la conformación de “estados mayores policiales”, autónomos, que han organizado vastas redes de corrupción, llegando a amenazar incluso la gobernabilidad democrática.


Los lineamientos básicos para una modernización y gestión democrática de las instituciones de seguridad son: la integración de las labores policiales de seguridad preventiva e investigación del delito; la descentralización institucional de la organización policial a nivel distrital y comunal; la integración de la policía con la comunidad y los gobiernos locales en la prevención social de violencia y delito; el control interno de carácter civil y control externo del desempeño y de la legalidad; el sistema de formación y capacitación policial no militarizado y anclado en valores democráticos; el régimen profesional basado en el escalafón único y las especialidades policiales.


6 Desactivar las redes del delito para reducir la violencia



Las medidas meramente represivas con las que se insiste ante cada crisis de inseguridad apuntan a perseguir los pequeños delitos y a los autores más jóvenes, bajo la falsa creencia de que así se limita el avance de la criminalidad.


La realidad indica que un gran porcentaje de los delitos comunes está asociado a la acción de poderosas redes delictivas y a un importante mercado ilegal de armas que aumenta los riesgos para la vida y la integridad de las personas.


Por lo tanto, reducir la violencia que alarma a nuestra sociedad exige reorientar los recursos de prevención y de investigación penal hacia la desactivación de estas redes de delito y de los mercados ilegales. El Ministerio Público Fiscal, en coordinación con las autoridades de gobierno, tiene un rol fundamental en estas tareas.


Una policía judicial, dependiente del Ministerio Público Fiscal, traerá transparencia en la investigación penal preparatoria.


7 Gestión policial no violenta en el ámbito público



La gestión democrática de la seguridad debe garantizar la regulación del accionar policial en los operativos en el espacio público, tales como espectáculos deportivos, recitales, manifestaciones de protesta social y desalojo de personas. Para ello es fundamental establecer con rango normativo estándares de actuación en el espacio público, de modo de asegurar un uso de la fuerza proporcional, racional y subsidiario y erradicar las prácticas policiales contrarias a esos criterios.


8 El papel de la Justicia



El Poder Judicial y el Ministerio Público tienen una doble responsabilidad fundamental en el impulso de políticas de seguridad democráticas, en la investigación rápida y eficaz de los delitos y el control sobre el uso de la prisión preventiva, las condiciones de detención y la violencia institucional.


9 Cumplimiento de las penas en un Estado de Derecho



En nuestro país hay cerca de sesenta mil personas privadas de libertad. Las condiciones inhumanas de detención, los índices sostenidos de sobrepoblación en cárceles, comisarías e institutos de menores, la ausencia de reinserción social, las prácticas sistemáticas de violencia, tortura y una enorme mayoría de presos sin condena son los rasgos más evidentes de los lugares de detención.


Una política democrática de seguridad tiene que ocuparse por que el cumplimiento de la prisión preventiva y de la pena se dé en condiciones dignas y aptas para la readaptación de la persona condenada y no contribuya, como hasta ahora, a la reproducción y agravamiento de los problemas críticos de violencia, injusticia y delito que se propone resolver.


10 Un nuevo acuerdo para la seguridad en democracia



Para cumplir con la obligación del Estado de dar seguridad a los ciudadanos en el marco de estos principios democráticos es imprescindible alcanzar un acuerdo político y social amplio que permita avanzar en el diseño e implementación de políticas de corto, mediano y largo plazo, orientadas a encontrar soluciones inmediatas y perdurables a las demandas sociales en materia de seguridad.



Firmas que aportan al consenso




El abanico político que sostiene el acuerdo es amplio, más de 200 firmas iniciales. Entre los legisladores nacionales figuran: Felipe Solá (PF); Agustín Rossi, Remo Carlotto, Héctor Recalde, Adela Segarra y Adriana Puiggrós, (FPV); Ricardo Gil Lavedra y Ricardo Alfonsín (UCR); Fernando Solanas y Claudio Lozano (Proyecto Sur); Victoria Donda y Cecilia Merchan (Libres del Sur); Martín Sabbatella, Carlos Heller y Vilma Ibarra (NEPyS); Mónica Fein, Jorge Rivas y Ariel Basteiro (PS); Marcela Rodríguez, Griselda Baldata, Elisa Carca y Horacio Piemonte (CC); Margarita Stolbizer (GEN); Giustiniani, Rubén (Sen. PS); Solá, Felipe (Dip. Peronismo Federal); y Rubén Giustiniani (Sen. PS). Entre los legisladores de las diferentes provincias aparecen Sandra Cruz y Fernando Navarro (Dip. PBA-FPV); Luis Malagamba y Jaime Linares (dip. PBA-GEN); Marcelo Brignoni, y José Tessa (dip. Sta. Fe-EDE); Carlos Martínez, Carlos Morello y Paula Sánchez (dip. de Libres del Sur por Chaco, Salta y Neuquén, respectivamente); Gabriela Cerruti y Gonzalo Ruanova (Leg. porteños Nuevo Encuentro); Eduardo Epszteyn, Aníbal Ibarra y María Elena Naddeo (Leg. porteños Diálogo por Bs. As.). Por otro lado, Hermes Binner (Santa Fe) y Jorge Capitanich (Chaco) ya habían sumado sus firmas entre los gobernadores; y Daniel Salvador, como presidente de la UCR bonaerense. Entre las organizaciones sindicales, los titulares de la CGT, Hugo Moyano, y de la CTA, Hugo Yasky, además de Víctor De Gennaro y Víctor Mendivil, por la CTA y la Comisión por la Memoria. También firmaron como referentes sociales, religiosos y de la cultura, Luis D’Elía (Mov. Tierra y Vivienda); Edgardo Depetri (Frente Transversal); Emilio Pérsico (Movimiento Evita); Humberto Tumini y Jorge Cevallos (Libres del Sur); Roberto Baigorria (Coord. Nac. Barrios de Pie); Eduardo De la Serna (Curas en opción por los pobres); además, por la Comisión Provincial por la Memoria firman Miguel Hesayne (obispo emérito); Daniel Goldman (Rabino); Martha Pelloni; Aldo Etchegoyen (obispo metodista-Comisión por la Memoria y APDH). También Néstor Borri (Nueva Tierra); Néstor Picone, Mary Sánchez; Laura Berardo (Libres del Sur). En el ámbito de la Cultura, León Gieco; Ricardo Foster y Horacio González (Carta Abierta); Mempo Giardinelli y Tito Cossa (Comisión por la Memoria). Por la Comisión por la Memoria también Hugo Cañón, Adolfo Pérez Esquivel (también del Serpaj); Laura Conte (por las Madres, CELS, CPM); Alejandro Mosquera, Elizabeth Rivas, Mauricio Tenembaun, Luis Lima, Carlos Sánchez Viamonte, María Verónica Piccone, Emilce Moler, Susana Méndez, Fortunato Mallimacci y Leopoldo Schiffrin (Comisión por la Memoria). Entre los organismos de Derechos Humanos, el Centro de Estudios Legales y Sociales, en conjunto; Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora; Abuelas de Plaza de Mayo; la APDH; Hijos; el Serpaj y la Fundación Memoria Histórica y Social. También dieron su apoyo Raquel Wittis y los Familiares de Luciano Arruga con la APDH de La Matanza. Y especialistas como el ex camarista federal y ex ministro de Justicia y Seguridad bonaerense León Arslanian; el ministro de la Corte Suprema y docente de Derecho de la UBA, Raúl Zaffaroni; Marcelo Saín (ex secretario de Seguridad bonaerense y ex titular de la PSA); Enrique Font (Derecho, Univ. Nac. Rosario); Alberto Binder, Martha Arriola, Gabriel Kessler, Luis Tibiletti, Gustavo Palmieri (CELS), Luis Lugones, Ana Clement (directora de la Licenciatura en Seg. Ciud.); Juan Tokatlian (UTDT); Sofía Tiscornia (UBA); Mario Coriolano (Prof. Derecho Unlap, representante argentino en el Comité Contra la Tortura ONU); Pablo Alabarces (UBA e investigador Conicet); Máximo Sozzo, (Univ. del Litoral); Gabriel Bombini (Univ. Nac. de Mar del Plata); Martín Appiolaza (Univ. Nac. de Mendoza); Jorge Perano (Univ. Nac. de Córdoba); Gabriel Ganón (Univ. Nac. de Rosario). Hugo Trinchero (Decano Filosofía, UBA); Mónica Pinto (Coordinadora del Programa DDHH, UBA); Damián Loretti (vicedecano Fac. de Sociales, UBA); Víctor Abramovich (Cels y Centro de DDHH-Univ. de Lanús, PBA); Gustavo E. Lugones (rector de la Univ. Nac. de Quilmes); Enrique Font (Cátedra de Criminología y Política Criminal, Fac. de Derecho, UN Rosario); Daniel Erbetta (Dep. de Derecho Penal y Criminología, Fac. de Derecho UN Rosario); Eduardo Basualdo y Daniel Azpiazu (Flacso); Jorge Perano (Fac. de Derecho Univ. Nac. de Córdoba); Carlos Acuña (Director de la Maestría en Políticas Públicas de la Udesa) y Carolina Smulovitz (directora del Dto. de Ciencias Políticas y Estudios Internacionales de UTDT). Se agregan otras firmas de representantes e instituciones de diferentes ámbitos que aún estaban en proceso de confirmación.


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Un bicentenario preelectoral y con pugna institucional

martes, 29 de diciembre de 2009

2010 será para Argentina un año de celebraciones (la conmemoración del Bicentenario del proceso que condujo a la independencia) y de crecimiento económico gracias a la recuperación mundial. Pero también será un año en el que el gobierno de Cristina Kirchner y la oposición mantendrán una dura batalla en el Congreso donde hay paridad de fuerzas.

Asimismo serán 365 días en los que todos mirarán de reojo a 2011, año en el que habrá elecciones presidenciales para las que ya hay muchos precandidatos.

La pugna gobierno-oposición en el Congreso

2010 va a ser un año en el que la pelea entre los Kirchner y la oposición va a estar muy igualada debido a que si las fuerzas opositoras mantienen su precaria unidad pueden ejercer un fuerte control sobre el ejecutivo, algo inédito desde 2003.

El gobierno de Cristina Kirchner buscará mantener el control de las comisiones de control de la Cámara de Diputados y utilizará el veto presidencial para bloquear las leyes que la oposición apruebe sin el apoyo del oficialismo. Además, la estrategia de Néstor Kirchner consistirá en hacerse fuerte en el Senado, donde la paridad de fuerzas es mucho mayor que en la Cámara de Diputados y atraer al mayor número posible de legisladores de la oposición.

Cristina y Néstor Kirchner en toma de posesión

Las fuerzas opositoras reúnen en torno a 142 diputados pero se distribuyen así: 108 pueden considerarse claramente antikirchneristas: 44 diputados pertenecen a la UCR, 29 al Peronismo Federal de Felipe Solá, 13 al PRO de Macri, 19 a la Coalición Cívica de Carrió y 3 al Frente Cívico del cordobés de Luis Juez.

En el Senado el bloque kirchnerista cuenta con 35 senadores, entre senadores propios y aliados. La UCR tiene 18 y el interbloque federal (PJ disidente y provinciales) 14. Además, hay 2 senadores que apoyan a Luis Juez, líder antikirchnerista de Córdoba, un socialista, una cívica y un ex cívico. Toda la oposición suma 37 senadores, dos más que el kirchnerismo.

Preparando las presidenciales de 2011

2010 será un año fundamentalmente preelectoral en Argentina. La unidad opositora, si es que se logra, se irá lentamente deteriorando a medida que se acerque 2011. Cada grupo opositor tiene uno o varios precandidatos y las agendas de cada uno irán entrando en colisión.

Los peronistas disidentes no tienen partido ni líder y esos son sus dos principales problemas. Sin partido no pueden competir en las elecciones y tendrían que ganar dentro del peronismo la candidatura presidencial, en unas primarias en las que sus rivales serían los Kirchner y el aparato del Partido Justicialista que el matrimonio presidencial controla.

Además no tienen un único liderazgo. El expresidente Eduardo Duhalde ya se ha autoproclamado presidenciable: "sí, voy a ser candidato a presidente de la república en 2011 y ojalá que haya mucha competencia", y asegura que derrotará a Néstor Kirchner "en la interna del justicialismo".

Néstor Kirchner y Eduardo Duhalde

Mientras, Carlos Reutemann, siempre en las quinielas como posible candidato, sigue manteniendo un silencio sepulcral y responde a Duhalde con frases como "que se lance nomás. Yo hoy de ninguna manera estoy pensando en mi candidatura". Pero el peronismo disidente tiene otras posibles cartas como las de Felipe Solá o Francisco de Narváez, quien pese a ser colombiano de nacimiento asegura que considera "seriamente ser candidato a presidente en 2011. Sé que puedo ser un gran candidato".

Además, suenan con fuerza dentro de peronismo disidente, el gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey y el gobernador de Chubut, Mario Das Neves. Incluso ha aparecido la figura del expresidente Carlos Menem como posible presidenciable.

En el resto de la oposición la situación es igual o más confusa: el actual vicepresidente Julio Cobos parece que desea mantenerse en el cargo en 2010 y lanzarse a la carrera presidencial en 2011 liderando a la UCR reunificada (radicales y cobistas). Elisa Carrió mantiene con Cobos una rivalidad de años por la alianza entre el vicepresidente y Kirchner en 2007 por lo que no parece probable que se uniera al experimento.

En el centroderecha se alza la figura del intendente de Buenos Aires, Mauricio Macri, cercano al peronismo disidente, y en la izquierda los socialistas se dejan querer por todos. Tienen un líder, el gobernador de Santa Fe, Hermes Binner, que podría ser el candidato perfecto a vicepresidente, tanto para Cobos como para el oficialismo kirchnerista. Más a la izquierda se sitúa la figura de Fernando Pino Solanas.

Julio Cobos con Cristina KirchnerEn cuanto a los Kirchner, todo es un secreto o una nebulosa. Hay rumores para todos los gustos: una nueva candidatura de Cristina Kirchner, el regreso de Néstor Kirchner o una candidatura kirchnerista sin los Kirchner. En cualquier caso, la reforma política recientemente aprobada otorga a al matrimonio un papel muy importante en la elección del candidato peronista.

La economía repuntará

La situación económica mejorará en 2010: la soja volverá a ser la reina de las exportaciones. La próxima cosecha de soja será record: pasará de 32 a 52 millones de toneladas y se verá beneficiada por los altos precios internacionales, mayores que hace un año gracias al aumento de la demanda de China.

La recuperación de la economía mundial y la fortaleza económica de Brasil propiciarán el aumento de las exportaciones y de la producción en Argentina. La Comisión Económica para América Latina (Cepal) pronostica que Argentina crecerá un 4% en 2010 y la presidenta Cristina Kirchner señaló durante el brindis de fin de año que la crisis quedó atrás y que Argentina "va a tener un 2010 muy bueno".

La situación más preocupante es la de las provincias. Como señalaba el lunes el diario La Nación: "las provincias argentinas cerrarán este año con sus cuentas en un preocupante rojo, que sumado se ubicará entre 9000 y 14.000 millones de pesos. Según estimaciones de analistas, sólo cuatro distritos podrán mostrar un balance 2009 con superávit financiero: San Juan, Santiago del Estero, La Pampa y Chubut. La situación se torna más dramática si se considera que hace sólo tres años eran 20 las provincias que podían exhibir resultados positivos".



Fuente: Infolatam-Información y Análisis de América Latina

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2010: Una prematura plataforma de lanzamiento

lunes, 28 de diciembre de 2009

Por Viviana Mariño

Lejos de proyectarse como un período de transición, el cierre del año terminó de perfilar a 2010 como una prematura plataforma de lanzamiento de los aspirantes a pelear por la candidatura presidencial del Partido Justicialista en los comicios nacionales de 2011.

Los ex presidentes Néstor Kirchner y Eduardo Duhalde demarcaron ese territorio. El primero, con una estrategia en secuencia para recuperar iniciativa política tras la derrota en las legislativas de junio; el segundo con una firme incursión como "candidato declarado" en la escena pública.

Tras varios intentos de nuclear al peronismo disidente alrededor de la figura del santafesino Carlos Reutemann, Duhalde decidió poner el cuerpo en una interna de la que, pese a las promesas de abandono de la política, nunca se había retirado. "Me voy a presentar como candidato a presidente de la República", prometió horas antes de la Navidad.

El plan del ex mandatario provisional comenzó a tomar cuerpo en los últimos meses y tendrá base en su territorio político histórico, la provincia de Buenos Aires. Allí, en el primer distrito electoral del país, Duhalde teje el armado con dirigentes y agrupaciones anti-K.

El ex mandatario tiene previsto presentar formalmente su propuesta en marzo próximo, apoyado en la reiterada idea de propiciar un acuerdo intersectorial al estilo del Pacto de la Moncloa, una iniciativa que lo mantiene en contacto con el radical Rodolfo Terragno.

Atento a los movimientos de su antiguo padrino político, Kirchner dedicó sus últimos gestos a acumular poder en el distrito bonaerense. Por eso, ajustó la reforma electoral provincial al esquema nacional aprobado el mes pasado por el Congreso.

Con elecciones primarias establecidas para el 14 de agosto de 2011, la mayoría de los gobernadores e intendentes justicialistas observan esos movimientos con cierta distancia, necesitados de mantener un buen vínculo con el poder central para garantizarse la gobernabilidad de sus gestiones.

Esa lógica contempla tanto a los mandatarios políticamente cercanos al kirchnerismo como a los menos alineados, como el cordobés Juan Schiaretti o el chubutense Mario Das Neves.

Ninguno de ellos se anima a arriesgar qué hará finalmente Reutemann, todavía un verdadero enigma para el grueso del PJ.

El ex corredor, explican en la Casa Rosada, dio algunas muestras de que su proyecto se agotará en la provincia de Santa Fe. No obstante, mantiene diálogo con dirigentes del PJ disidente, como el bonaerense Felipe Solá quien intentará iniciar su partido en el Congreso del Nación.

En el Congreso. El Parlamento será, en verdad, el primer espacio de posibles definiciones políticas. Con el kirchnerismo en minoría, los sectores anti-K de identificación peronista aspiran a marcar posiciones con la intervención de Felipe Solá.

La escena final que recreó la dinámica del PJ en el cierre del año incluye también un pretendido espacio de "renovación".

La cara más visible de ese sector es el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, de diálogo estrecho con el ex jefe de Gabinete Alberto Fernández e impulsor de un "proceso de cambio" interno para evitar que el PJ quede preso de la interna Kirchner-Duhalde.

Con un camino demasiado extenso aún por recorrer, en los diferentes sectores del oficialismo coinciden en que la suerte de Kirchner dependerá en buena medida del tránsito de la gestión de su esposa en la Nación en lo que todavía le resta de mandato.

De todos modos, el ex mandatario coquetea con una posible postulación o bien, en el peor de los escenarios, la bendición de un delfín –en el Gobierno mencionan a Daniel Scioli–, recorre el conurbano bonaerense y tiene planeado avanzar con actos políticos en el interior del país.

Sus próximos pasos incluyen la demorada reasunción al frente del Consejo Nacional del PJ. El kirchnerismo espera concretar esa jugada hacia finales de febrero.

Turismo y campaña

En la Costa Atlántica aparecieron numerosos jóvenes con remeras "Duhalde presidente". Repartieron volantes a los turistas, con textos como: "tenemos que decidir si nos quedamos peleando, mirando el pasado, o si avanzamos a la Argentina del siglo 21".

Destacan rol de la Corte

El presidente del Comité Nacional de la UCR, el senador Ernesto Sanz, aseguró que no se "imagina a ningún oficialista pidiendo dialogar" con la Corte Suprema y resaltó el papel que está cumpliendo el máximo tribunal en promover el diálogo.

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La falta de ética e irregularidades de los Kirchneristas

jueves, 24 de diciembre de 2009

El 17 de septiembre de 2009 comenzó el festejo kirchnerista cuando la Cámara de Diputados por 146 votos a favor, 3 en contra y 3 abstenciones, avanzaba con media sanción de la Ley de Medios.

El Kirchnerismo con sus aliados de los bloques de centro izquierda, como el SI de Eduardo Macaluse y Compañía, Proyecto Sur (el sector de Pino Solanas y Claudio Lozano) y Encuentro Popular y Social (Ariel Basteiro), y esta vez también respaldado por el socialismo, había logrado luego de 26 años de democracia, cambiar una ley de de la dictadura militar: la Ley nacional de Servicios de Comunicación, más conocida como ley de Medios. La UCR, el Peronismo Federal, el PRO, la Coalición Cívica, se retiraran del recinto.

23 días después, el 10/11/09, el Senado le dio la puntada final y por 44 votos a favor y 24 en contra tras casi 20 horas de debate ininterrumpido y la trasformó en ley.

Frente al Congreso, miles de manifestantes celebraron la sanción de la ley con cánticos, aplausos, bengalas y con el sonido de elementos de percusión. Era un día de fiesta k.

Pero fueron las propias torpezas y avaricias de los propios kirchneristas, los que dejaron a flamante ley de medios, herida de muerte y en terapia intensiva.

El apuro con el que el kirchnerismo quiso sacar la ley, sin permitir que se revisen las fallas con la que salió de Diputados, podría jugarle una mala pasada al Gobierno.

De la lectura de la promulgación de la norma por parte del Poder Ejecutivo, publicada el mismo sábado 10/11en el Boletín Oficial, sale a la luz una anormalidad flagrante: la trascripción de los artículos 95 y 124 no coinciden con los del dictamen votado en la Cámara alta sin tocarle una coma a la media sanción que le llegó de Diputados.

Con una oscura maniobra mediante una insólita "fe de erratas", el kirchnerismo intentó corregir los dos de los errores detectados en el texto de la ley.

El 06/11 la oposición se presentó ante la Justicia que declare nula la Ley de Medios por "las irregularidades encontradas durante el tratamiento en la Cámara" baja.

Los legisladores de la UCR, Oscar Aguad y Silvana Giudici; de PRO, Paula Bertol; de la Coalición Cívica, Patricia Bullrich, Fernando Iglesias y Marta Velarde, la cobista Laura Montero y Norma Morandini, del juecismo de Córdoba, presentaron una acción declarativa de certeza ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal para pedir la nulidad de la norma sancionada.

La demanda se basa en las diferencias encontradas entre el dictamen de mayoría y la media sanción obtenida en el recinto y el incumplimiento de los plazos previstos para el tratamiento del proyecto, que, según el reglamento de la cámara deben ser siete días una vez aprobado en comisión y la Ley de Medios paso al recinto en una noche, según expresaron.

El 30/11, el senador y presidente del Comité Nacional de la UCR, Gerardo Morales, pidió a la Justicia que suspenda la aplicación de la Ley de Sistema de Medios Audiovisuales y declare "la inconstitucionalidad" de la fe de erratas en la promulgación de dicha norma.

En la presentación ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, Morales objetó que en la versión taquigráfica de la sesión en Diputados quedó autorizado Eduardo Fellner, presidente de la Cámara baja, para corregir la numeración de los artículos y las faltas de ortografía, pero no para retocarlos. "En este caso se ha modificado el texto", dicen.

Fellner demoró cinco días en enviar el proyecto al Senado, con el supuesto objetivo de revisar el texto. De cualquier modo, los artículos 95 y 124 -remitían a otras cláusulas en forma equivocada- se corrigieron 23 días después de que se aprobara la ley en Diputados.

El 09/12 kirchnerismo volvió a mostrar que sigue fiel a su estilo y que no le importa absolutamente nada de lo que establecen las leyes, incluso aquellas que fueron aprobadas por sus propios diputados más algunos aliados transitorios.

Hubo al menos 7 irregularidades para que el kirchnerismo se quedara con el control de la bicameral que tendrá el control de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

En principio la convocatoria a la sesión de la bicameral fue convocada en forma irregular. Las reuniones de la mencionada comisión deben ser convocadas por resolución conjunta de los presidentes del Honorable Congreso de la Nación, en este caso Julio Cobos o Eduardo Fellner.

1ra. y 2da. irregularidad

Sin embargo, el pasado 03/12, a pesar que ni Cobos, ni Fellner, estaban ausentes, el senador santacruceño Nicolás Fernandez, actuó como juez y parte y convocó a la reunión de la Bicameral de seguimiento de la Ley de Medios en su carácter de presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales. 1ra irregularidad.

En su artículo 18 de la Ley de Medios establece en su inciso e) que “La COMISIÓN BICAMERAL se integrará por igual número de Senadores y Diputados Nacionales, según resolución conjunta de ambas Cámaras”.

Por resoluciones de la Cámaras legislativas la bicameral estará integrada por 8 senadores y 8 diputados. Sin embargo hasta este miércoles 09/12 sólo había sido integrada por 15 legisladores. 2da irregularidad.

3ra. y 4ta. irregularidad

El número de 16 no es caprichoso. Indica que el quórum y las decisiones que se tomen en la bicameral deben realizarse con 9 votos y no con 8 como lo impuso el oficialismo. 3ra irregularidad.

La 4ta. más que una irregularidad es falta de ética. Para conseguir los 8 votos y ocupar la Presidencia, Agustín Rossi, debió votarse así mismo, luego de ser elegido por los legisladores del Frente para la Victoria, los senadores Eric Calcagno (Buenos Aires), Blanca Osuna (Entre Ríos), Guillermo Jenefes (Jujuy), Nicolás Fernández ( Santa Cruz), y los diputados Gustavo Marconatto (Santa Fe), Patricia Fadel ( Mendoza) y Manuel Baladrón (La Pampa).

Otra falta de ética fue la del pampeano Manuel Baladrón, que se prestó a formar parte de la conformación de la Bicameral, sabiendo que el jueves 10/12 vencía su mandato como diputado de la Nación. Lo más grave de Baladrón es que también fue juez y parte.

Baladrón es uno de los directores propuestos por el Poder Ejecutivo para integrar la nueva Autoridad de Aplicación, integrada hasta el momento por mayoría oficialista, que entre otras facultades tendrá la elaboración de los pliegos de bases y condiciones para la adjudicación de servicios de radiodifusión y la de adjudicar y prorrogar, en los casos que corresponda, y declarar la caducidad de las licencias, permisos y autorizaciones. El otro director propuesto por el Ejecutivo es Gabriel Mariotto, actual titular del COMFER.

5ta. y 6ta. irregularidad

La 5ta irregularidad es la designación, Jorge Capitanich, que a partir del 10/12, tiene 3 cargos públicos. Sigue siendo gobernador de Chaco, además de presidente del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual y director Autoridad Federal de servicios de Comunicación Audiovisual. Así Capitanich, no solamente podrá aconsejar la adjudicación de servicios de radiodifusión sino también declarar la caducidad de las licencias, permisos y autorizaciones. Lo grave es que entre las facultades como presidente del Consejo Federal de Comunicación Audiovisuales en representación de las Provincias, podrá remover si consigue los 2/3, a cualquiera de sus colegas directores de la Autoridad de Aplicación.

La 6ta irregularidad se dio con la diputada María Beatriz Lenz, cuyo mandato vence este jueves 10/12, quien fue elegida como responsable de RTA (Radio y Televisión Argentina S.A). Según el artículo121 de la ley de medios: “la dirección y administración de RADIO Y TELEVISIÓN ARGENTINA SOCIEDAD DEL ESTADO estará a cargo de un Directorio integrado por UN (1) Presidente y CUATRO (4) Directores. Deberán ser personas de la más alta calificación profesional en materia de comunicación y poseer una democrática y reconocida trayectoria”.

¿Alguien puede decir que trayectoria tiene María Lenz en Medios de Comunicación? Ninguna.

Los antecedentes nos llevan a que es una mujer del entorno del ex jefe de Gabinete, Alberto Fernández, y que supo tener de referente a Fernando Maurette, en tiempos de Carlos Ruckauff.

Luego, ella fue funcionaria de Población en el Ministerio del Interior durante la estadía de Eduardo Duhalde en la Nación y vicepresidente del Instituto del Cine. Ella asumió como diputada de la Nación en 2008, en reemplazo de Mercedes Marcó del Pont, actual titular del Banco de la Nación Argentina.

En 2008, la diputada porteña, pero nacida en Los Toldos, partido General Viamonte, los pagos de Eva Perón, lejos de parecerse la abanderada de los humildes, quedó entre aquellos diputados que menos hablaron en el recinto de la Cámara baja.

Sus 28 palabras emitidas: "No, señora diputada... Discúlpeme, señora presidenta, pero no había pedido el uso de la palabra. Es la primera vez que niego una interrupción sin haber pedido la palabra", quedarán en la historia de las versiones taquigráficas de Diputados. Hoy fue premiada por su obediencia debida al kirchnerismo.

7ma. irregularidad

Pero hay más. La 7ma irregularidad se dio también en la designación de María Beatriz Lenz. Según el artículo 123 de la ley de Comunicación de Servicios Audiovisuales dice textualmente: “Sin perjuicio de la aplicación de las incompatibilidades o inhabilidades establecidas para el ejercicio de la función pública, el ejercicio de los cargos de Presidente y Directores de RADIO Y TELEVISIÓN ARGENTINA SOCIEDAD DEL ESTADO será incompatible con el desempeño de cargos político partidarios directivos y/o electivos, o cualquier forma de vinculación societaria con empresas periodísticas".

Sin embargo Lenz fue designada cuando todavía era diputada de la Nación. Su mandato como diputada vencía el 10/12, pero fue designada un día antes (09/12).

El 14/12 , mediante el decreto 1974/2009 publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno designó a Gabriel Mariotto como presidente del directorio, en tanto que define como integrantes del directorio al gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, al ex diputado Manuel Baladrón y a Eduardo Seminara.

La puesta en funciones de los integrantes del organismo de aplicación de la Ley de Medios rige desde el 10 de diciembre.

El decreto -que lleva las firmas de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández- destaca que se publicaron en diarios los datos personales y antecedentes curriculares de los candidatos propuestos, y que las impugnaciones presentadas "carecieron de mérito suficiente".

En los considerandos se recuerda que la reciente sancionada ley 26.522 dispone la creación de la AFSCA "como organismo descentralizado y autárquico en la órbita del Poder Ejecutivo Nacional", y resuelve que la conducción sea ejercida por un directorio integrado por siete miembros nombrados por el Gobierno.

Se destaca que el directorio estará conformado por un presidente y un director designados por el PEN, tres directores propuestos por la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento y dos a propuesta del Consejo Federal de Comunicación.

En tanto, también en el marco de la Ley de Comunicación pero a través del decreto 1973/2009, se oficializó la designación de los directivos de Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado.

En representación del Poder Ejecutivo Nacional, Tristán Bauer será presidente del directorio de la empresa que tiene a su cargo Canal 7 y Radio Nacional, y Sergio Fernández Novoa, director.

A su vez, el decreto designa los dos directores propuestos por el Consejo Federal, Alejandro Verano y Néstor Cantariño.

Pero las irregularidades con la que el kirchnerismo más algunas depravaciones desde el momento mismo de su nacimiento, hoy la justicia podrían decretar la muerte de la Ley de Medios por vicios de inscontituicionalidad.

En una semana 3 jueces federales fallaron contra la ley de medios K.

En el primer fallo contra la ley de medios se dio el 17/12y lo dispuso el juez en lo civil y comercial Eduardo Carbone (hizo lugar a una medida cautelar del Grupo Clarín) y los artículos suspendidos son el que obliga transferir licencias y el que fija el plazo de un año para adecuarse a la ley, porque "menoscaban derechos constitucionales". La suspensión de la aplicación ya le fue comunicada a la Jefatura de Gabinete.

Según el juez, los artículos 161 y 41 de la ley de medios "conducen a un menoscabo de los derechos constitucionales de propiedad y de industria lícita" establecidos en los artículos 14 y 17 de la Carta Magna.

En su fallo, Carbone exhorta a respetar derechos adquiridos y la propiedad privada, reivindica la no retroactividad de las leyes, reconoce la validez de las licencias vigentes y hasta advierte que la norma promovida por el oficialismo "puede vulnerar" la libertad de prensa.

El artículo 161, cuestionado por el juez, obliga, "en un plazo no mayor a un año" a "desprenderse de las licencias que excedan de la cantidad autorizada por la ley (...) bajo apercibimiento de sanciones que incluyen caducidad de licencias".

El segundo fallo llegó el 20/12, a pedido del Comité de Defensa del Consumidor (Codelco), donde el juez federal de Salta, Miguel Antonio Medina, paralizó la aplicación de la ley de medios: suspendió los límites que fija la norma a la acumulación de licencias, frenó el plazo de un año para vender empresas que exceden esos límites y le ordenó al Poder Ejecutivo Nacional abstenerse de reglamentar la norma, lo que le daría alcance nacional a su decisión.

El fallo que dictó Medina en defensa del derecho de los salteños a acceder a la información y no ver restringida la oferta informativa que se produciría con la venta o desaparición de canales, es la 2da. sentencia que dicta la Justicia en apenas una semana contra la ley 26.522, de medios audiovisuales.

El 3ro. se dio este martes 22/12, el diputado del peronismo federal y muy cercano a Julio Cobos, logró Enrique Luis Thomas que la jueza federal de Mendoza, Olga Pura de Arrabal, dicte una medida cautelar que "ordena la suspensión de la aplicación y los actos de ejecución" de la ley de medios en todo el país, por irregularidades en la sanción de dicha ley, según consigna el fallo de 28 páginas que se dictó.

Allí, además, la jueza le dio 8 días al Congreso y al Gobierno para que ofrezcan sus pruebas en el juicio que ella tramita.

Con este negro panorama, el Gobierno nacional decidió apelar los fallos contra la Ley de Medios, el tercero emitido en menos de una semana, tras considerar que “hay cosas muy groseras” en esas resoluciones judiciales.

El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, ratificó que el Gobierno va a “sostener” la vigencia de la Ley de Medios ante la Justicia.

“Tarde o temprano este tema va a llegar a la Corte Suprema y si alguien considera que sus derechos están lesionados, el caso llegará a la Justicia y lo defenderemos", le dijo hace 3 meses a Urgente24, el titular del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti, quien se excusó de dar mas precisiones para evitar caer en el prezjugamiento.

La principal ley aprobada por el oficialismo en el 2009, hoy esta en terapia intensiva y herida de muerte. Y eso el kirchnerismo lo sabe.

Fuente: Urgente 24

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Néstor Kirchner, fuera de sí, dijo que no perdió el 28/06/09

miércoles, 23 de diciembre de 2009

El ex presidente y ahora diputado nacional volvió a aparecer enojado y disparó munición gruesa contra el Grupo Clarín. Admitió que ya está pensando en el 2011
El peor Néstor Kirchner reapareció en escena hoy, casi seis meses después del revés en las urnas del 28 de junio pasado.

Incluso, según el ex presidente y ahora diputado nacional, el resultado electoral de este año "no fue una derrota".

En un duro discurso con tono de campaña, personalizó su ataque en el CEO de Clarín, Héctor Magnetto.

Y volvió a llamar a profundizar el modelo K "más allá del 2011".

Sobre las elecciones legislativas de mitad de año que dejaron al oficialismo en minoría frente a la oposición en las dos cámaras del Congreso, el hoy diputado nacional reconoció que perdieron en Buenos Aires, aunque insistió en que fue "por muy poco". En su momento había dicho que fue por "dos puntitos".

Así y todo, minimizó ese revés por el cual su facción perdió la mayoría legislativa: "Eso no fue una derrota, derrotas del pueblo fueron las de 1955 y la de 1976", en referencia a los golpes de Estado que derrocaron al gobierno de Juan Domingo Perón y al que encabezaba su viuda María Estela Martínez (Isabelita).

El ex mandatario insistió, además, en sus críticas contra Clarín y, como ya lo había hecho otras veces, apuntó especialmente contra el presidente de la empresa.

Crispado, Kirchner dijo: "Los crispados no somos nosotros, el que está crispado es Magnetto y Clarín, todos los días".

Además acusó al grupo Clarín –al que calificó como "concentrado-monopólico"- de querer proscribirlo y de haber empezado "una batalla legal" por la Ley de Medios y andar "buscando tribunales".

También dijo esperar "que la Justicia avance en los procesos de lavado de dinero que involucran a Magnetto y a otros para saber si lavaron o no dinero".

Se basa en un prófugo de la Justicia norteamericana, Hernán Arbizu, que se escapó de Nueva York con una lista de depositantes argentinos en el JP Morgan, a los que atendía.

Arbizu quiere ser juzgado aquí para no ser extraditado por Estados Unidos. Es hijo de un capitán de navío que integraba el gabinete íntimo de Emilio Massera.

Otros destinatarios de sus ataques fueron los gobiernos de Fernando De la Rúa y Eduardo Duhalde, a los que acusó de someterse a los intereses extranjeros, y a una buena parte de la oposición actual a la que consideró "heredera" de la Alianza, por lo que pidió a sus seguidores tener "memoria con aquéllos que fundieron al país y lo llenaron de desocupados e indigentes".

En esa línea, exhortó a sus seguidores a seguir apoyando al Gobierno "para que siga construyendo la patria rumbo al 2011 y a los años que vienen" y se consideró iniciador de un proceso "que recién está comenzando".




Fuente: Clarín

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Los Estados provinciales contra el Gobierno Nacional por la distribución de recursos

martes, 22 de diciembre de 2009

La oposición parlamentaria del Senado busca delimitarle las parcelas al gobierno nacional en materia de coparticipación y de reparto de recursos federales. Para ello, un grupo de senadores de distintos bloques pasará hoy por el despacho del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, con el objeto de ofrecerse para participar en las causas que por los motivos referidos sean abordados por el Alto Tribunal.

Se trata de pedirle a Lorenzetti que los incorpore en calidad de “Amicus Curiae” (Amigos del Tribunal, en latín) en las causas iniciadas por los Estados provinciales contra la Nación por la distribución de recursos. Son cinco las que están en espera: Las iniciadas por las provincias de San Luis, Santa Fe, Catamarca, Córdoba y Corrientes.

De esa manera, los legisladores, en su condición de representantes de los intereses de sus provincias, podrán aportar informes, pruebas e iniciativas, cuando la Corte comience a tratar algunos de los asuntos en cuestión.

Los opositores consideran que puede reunir una cantidad de legisladores que ponga en aprietos al kirchnerismo en un tema tan sensible para el Gobierno en su relación con las provincias, como es el manejo de la "caja grande".

Los promotores de la movida –el jefe del bloque de senadores de la UCR, Gerardo Morales, y el referente del Inter-bloque Federal, Adolfo Rodríguez Saá– confían en sumar al menos 34 senadores del radicalismo, el Peronismo Federal y de representaciones unipersonales (como el socialista santafesino Rubén Giustiniani) y provinciales (como el renovador salteño Juan Agustín Pérez Alsina o el cordobés Luis Juez). Aunque, hasta ayer, eran 28 los legisladores que habían estampado la firma. La cita es a las 17.30 en el Palacio de Tribunales.

Además de los mencionados, se esperaba la presencia de los justicialistas disidentes Carlos Reutemann, Juan Carlos Romero, Hilda Duhalde y Carlos Menem, entre otros.

Los senadores le entregarán a Lorenzetti un documento con su pedido. El mismo fue elaborado, en una reunión realizada la semana pasada, por Morales y Rodríguez Saá, junto con los radicales José Cano (Tucumán) y Alfredo Martínez (Santa Cruz) y los peronistas Romero, Sonia Escudero (Salta) y Liliana Negre (San Luis). Y fueron asesorados por el diputado radical Ricardo Gil Lavedra (constitucionalista y ex integrante de la Cámara Federal que juzgó a las Juntas Militares).

Los que están bajo la mirada de oficialistas y opositores son los senadores peronistas por La Pampa, Carlos Verna y María de los Angeles Higonet, quienes según trascendidos harían una presentación similar pero por sus propios medios por motivos políticos.

De acuerdo con los artículos 116 y 117 de la Constitución Nacional, cuando una provincia tiene un litigio con el Estado Nacional por temas federales toda demanda debe iniciarse ante la Corte Suprema.

Fuente: Cronista.com

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Moyano: "En este país se está gestando un golpe institucional"

domingo, 20 de diciembre de 2009

Por Pablo Dorfman

Un nuevo encuentro en el que los aliados de Moyano hablaron de intentos de golpe.El Secretario General de la CGT, Hugo Moyano, volvió a encabezar ayer un acto de su corriente político-sindical para respaldar al kirchnerismo, y denunciar que hay intentos para desestabilizar a la presidenta, Cristina Kirchner.

El anfitrión del encuentro fue Mario "Paco" Manrique titular del Smata que fue muy claro en sus definiciones respecto del tono del encuentro: "En el país se está gestando el debilitamiento de las instituciones, en este país se está gestando un golpe institucional".

La corriente política que encabeza Moyano nació hace 3 meses, al calor de una doble necesidad para el camionero: darle respaldo al proyecto Kirchner 2011, y promoverse desde ese lugar como una figura dispuesta a dar el salto a la política partidaria.El primer encuentro fue en Mar del Plata, luego en Córdoba y ya se planea un cuarto encuentro para marzo en la Patagonia.

El espacio lo conforma el núcleo duro del moyanismo enrolado en el Movimiento de los Trabajadores Argentinos (MTA) como Omar Viviani de Taxistas y Juan Carlos Schmidt de Dragado, además de Omar Plainí de Canillitas, Julio Piumato de los Judiciales, Alejandro Amor de Estatales y ayer se sumó la UOM.

El eje del encuentro estuvo puesto en presunto intento por debilitar a Cristina Kirchner. Hubo un documento final en donde se lanzó un cuestionamiento al sector empresario, principalmente al campo, y hubo un abierto llamado a la defensa de las instituciones.

"Estos 2 actores: parlamentarios de la oposición y dirigentes empresarios, deben ser responsables en su accionar porque no vamos a permitir que el país regrese al neoliberalismo", dice el documento.

El propio Moyano, en declaraciones posteriores, acusó al arco opositor y a los empresarios de querer crear "un clima de descontento y temor" en la población. Y en esa linea también se movió el líder del Smata."En el país se está gestando el debilitamiento de las instituciones [.] para poder lograr esos objetivos todos éstos enemigos que hoy están en las sombras se escudan en otros, porque los que hablan por televisión y se expresan en los medios no son los ideólogos, son los idiotas útiles y están al servicio de los intereses que no son los nuestros", señaló.

El propio Moyano también cuestionó con dureza a los medios. "Me avergüenza ver como los diarios publican páginas y páginas con mentiras totales y absolutas y eso es lo que consume parte de la sociedad".

Del lado sindical, los creadores de la corriente destacaron la participación de la UOM en el acto tras décadas de fuerte enfrentamiento con la Smata. "Entre la UOM y SMATA hay más cosas que nos unen que las que nos separan, y lo que más nos une es la defensa de los intereses de los trabajadores", apuntó Caló.

El encuentro arranco pasado el mediodía, y le sirvió a Moyano para revalidar su alianza con el Gobierno y enviar un mensaje de fortaleza interna a la CGT. Por eso, ayer, todo su entorno hizo un especial hincapié en la participación de Antonio Caló, titular de los Metalúrgicos.

Además, el camionero siguió coqueteando con su proyecto personal. "Ojala que algún día en la Casa Rosada, haya un hombre de extracción laboral, que haya un hombre del movimiento obrero", dijo Moyano.

Así, el líder de la CGT concluyó una semana en la que había arrancado también como protagonista. Encabezó el martes un acto en Velez con los Kirchner y casi todo el gabinete nacional.

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El Peronismo: un complicado entramado donde conviven fuerzas contrapuestas

Por Martín Dinatale

La política argentina volverá a girar una vez más en torno a las peleas internas del peronismo. De hecho, ya empezó a hacerlo. Hay por lo menos siete candidatos presidenciales que están dispuestos a disputarle el poder a Néstor Kirchner en 2011, pero hoy nadie tiene bien en claro cómo se librará esa batalla.
Hay tantos finales abiertos como candidatos existen en la grilla. No será la primera vez que el PJ pueda llegar dividido a los comicios presidenciales: ocurrió en 1995, en las elecciones de 2003 y en las de 2007.

Siempre el PJ se presentó fraccionado en esos comicios. En las elecciones presidenciales que ganó Carlos Menem, el dúo peronista de José Octavio Bordón y Carlos Alvarez ("Chacho") obtuvo el 29,3% de los votos. En 2003 compitieron Menem, Kirchner y Adolfo Rodríguez Saá.

Todos estos se repartieron el botín de nada menos que el 60% de los votos. Y en los comicios de 2007 el electorado peronista se dividió entre Cristina Kirchner, Roberto Lavagna y Rodríguez Saá. Juntos cosecharon cerca del 70% de los votos.

Ahora, el panorama quizá sea aún más complicado. El veto a la ley de reforma política que emitió la presidenta Cristina Kirchner y obligó a los partidos a definir en lo inmediato su reconocimiento legal desató un fuerte debate interno en el PJ disidente donde quedaron expuestas varias hipótesis tentativas para enfrentar al matrimonio presidencial.
En la pelea electoral suenan con fuerza los nombres de los peronistas disidentes Eduardo Duhalde, Alberto Rodríguez Saá, Carlos Reutemann, Felipe Solá, Juan Manuel Urtubey, Mario Das Neves y Francisco de Narváez. Muchos de estos quieren disputarle a Kirchner la interna partidaria y ganarle para conservar el sello del PJ. Pero no todos creen que eso sea tan fácil de resolver, sobre todo si el Gobierno hace uso del aparato partidario y de los fondos estatales para sustentar la pelea.

En este contexto, la gran mayoría prevé que entre marzo y junio de 2011 los Kirchner llegarán muy desgastados a las elecciones internas y habrá una "fuerte rebelión del interior y del conurbano". Así lo aseguran abiertamente Das Neves y Duhalde. Por ello apuestan a un "trabajo artesanal" entre los intendentes peronistas.

Al igual que Reutemann, Felipe Solá prefiere no hablar. Dejará que la marea antikirchnerista decante por sí sola. Aunque en el caso del ex corredor de Fórmula 1 tiene en claro que la pelea, si es que la da, deberá ser dentro del PJ. "Lole nunca quiso armar nada por afuera del peronismo salvo en el caso de las elecciones de este año en Santa Fe, donde pidió permiso al congreso partidario", señaló su diputada y mano derecha, Celia Arenas.

Hay otro sector, como el que comanda el entrerriano Jorge Busti, que está convencido de armar una elección "preprimaria" para llegar a los comicios internos con un candidato fortalecido para pelear de otra manera ante Kirchner.

Algunos duhaldistas e incluso los Rodríguez Saá y Ramón Puerta siguen soñando en el proyecto de la Unión Popular como el gran partido peronista antikirchnerista que unifique a todos los sectores enfrentados al Gobierno para pelear por afuera de la estructura oficial del PJ.

Kirchner les presentó ayer un nuevo obstáculo a sus rivales: convocó a un congreso del PJ bonaerense para mantener la fidelidad de los intendentes. Allí sólo se dirimió la lista de la junta electoral y de la comisión de ética partidaria. Busca alejar a Duhalde de la estructura.

Así, el peronismo vuelve a ser un complicado entramado donde conviven fuerzas contrapuestas y la idea de unidad está muy lejos de convertirse en un hecho.


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Kirchner ordenó la convocatoria urgente del Congreso del PJ bonaerense

miércoles, 16 de diciembre de 2009

Por Alexis Di Capo

La debacle del gobierno de Daniel Scioli agitó las aguas del PJ bonaerense. El consenso entre los intendentes peronistas del primer y segundo cordón era, esperar el segundo semestre del 2010 para plantarse y rechazar los planes electorales de Néstor Kirchner.

Pero ahora existe un nuevo escenario posible: de continuar la escalada de inseguridad y el desplome de Scioli, a éste se le puede hacer imposible continuar hasta diciembre del 2011. La preocupación oficial existe.

No por nada el juez federal Norberto Oyarbide aclaró públicamente que Claudio Zin no está involucrado en la mafia de los medicamentos, algo que debería ser objeto de prueba. Es que Kirchner estaría tomando conciencia de que su estrategia de debilitar a Scioli para someterlo ya no sirve.

Ahora tiene que darle oxígeno para que pueda seguir. Además, Alberto Balestrini ya demostró que, si le toca ser gobernador, trabajará para los intereses del aparato político provincial y no para Olivos. Esto lo probó pergeñando una reforma política que permitía el desenganche de la fecha de las elecciones nacionales.

Otro factor de desorden es que el renunciado Secretario General de la Gobernación, José Scioli, era el único vínculo efectivo entre su hermano y los 134 intendentes. Éstos ahora están buscando -y no encuentran- interlocutor con el gobernador.

Como Balestrini perdió la confianza política de Kirchner, también reina el desconcierto en la relación intendentes-Olivos. Es por eso que Kirchner ordenó la convocatoria urgente del Congreso del PJ bonaerense este sábado en Tres de Febrero.

Allí se tomará lista y se reelegirá a José María Díaz Bancalari como presidente del cuerpo. Una forma de controlar si pese al malestar por el veto de Kirchner a la reforma política, se mantiene la disciplina.

Para contentar a los barones del conurbano, la Ministra de Desarrollo Social Alicia Kirchner recibió instrucciones de no ceder a las presiones de los piqueteros no kirchneristas por los fondos del Plan Argentina Trabaja que manejan los intendentes.

Claro está que existe el riesgo de que los piqueteros, desahuciados, terminen haciéndose notar con un estallido social. Con Scioli convertido en una sombra de sí mismo y Balestrini en la lista de sospechosos, Kirchner volvió en los últimos días a tomar las riendas del peronismo bonaerense.

De la otra vereda

El tembladeral en las filas del oficialismo arrima agua para el molino de Eduardo Duhalde. Pero éste sabe de memoria que el tren necesita una locomotora, es decir, un candidato a gobernador que empiece a mostrarse. Los intendentes, en su juego pendular, ya saben que Kirchner se quedó sin candidato a gobernador. Pero cuando le preguntan a Duhalde, él tampoco les puede responder. Francisco de Narváez es el que mejor mide, pero cada vez le toma más el gusto a la idea de heredar a CFK.

Como están las cosas y cuando todavía no están del todo cerradas las heridas de la última campaña electoral, los emisarios de Duhalde empezarían a intimar a De Narváez.

Si no se decide a anunciar su candidatura a gobernador, el duhaldismo pondrá a otro en carrera para poder ordenar la tropa. El elegido es Sergio Massa, que cuenta con la simpatía de media docena de intendentes de la Primera Sección y hasta puede sumar al platense Pablo Bruera.

En las encuestas para gobernador, Massa figura apenas debajo de De Narváez. Su problema es que tiene que defender su feudo de Tigre. Si aparece como el candidato de los disidentes, es muy probable que Kirchner ordene su desestabilización.

Entonces Massa podría quedarse sin la gobernación y hasta sin la intendencia. Dos meses atrás, sacó la cabeza como posible sucesor de Scioli y hasta lo invitó a Al Gore. Pero, a los pocos días, una inédita oleada de robos y muertes convirtió a Tigre en la zona más insegura de Buenos Aires

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