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Pesimismo Argentino

domingo, 30 de mayo de 2010

Por Mariano Thieberger


Tres encuestas que circulan por estos días en círculos políticos y empresarios coinciden en algunos datos que los candidatos presidenciales no deberían pasar por alto.

El principal problema del país es, para la mayoría, la inseguridad. Inmediatamente después se ubican, en distinto orden según el sondeo, la inflación, la desocupación y la pobreza. Eso en lo que tiene que ver con el presente.

Con respecto al futuro, en dos de las encuestas, más de la mitad de los consultados cree que la situación económica en uno o dos años será peor o, incluso, mucho peor.

Algunos lo podrán atribuir al pesimismo argentino. Puede ser. Pero, al menos por un tiempo, todos tenemos derecho a soñar que en la última parada está la gloria.

Si no hay castigo se consagra la impunidad

jueves, 22 de abril de 2010

Por Alfredo Leuco

Hay muchas cosas que fallan en la Argentina a la hora de combatir el delito. Hay muchas cosas que no resisten el menor análisis de sentido común. Esta claro que quien comete un delito o intenta cometerlo debe recibir algún tipo de castigo. Si no hay castigo se consagra la impunidad y además se envía una señal terrible hacia la sociedad.

Hacia las potenciales víctimas, es decir la inmensa mayoría de argentinos que trabajan con esfuerzo y honradez, el mensaje es el lugar común que luego se repite en las radios: "Nadie nos protege, esto es tierra de nadie, estamos desamparados." Hacia los potenciales victimarios, aquellos que por distintos motivos están en la duda acerca de la conveniencia de violar la ley o no el mensaje es alentador: "Dale nomás, roba, estafa, viola, mata, total no pasa nada".


La justicia y el estado también son generadores de valores culturales que se instalan y si, después son negativos, cuesta muchísimo erradicarlos de la conciencia ciudadana.

Todo esto lo digo por lo que hizo el fiscal Marcelo Lloret. O mejor dicho por lo que no hizo. Mucha gente ya vio por televisión lo que pasó. Fue filmado por las cámaras de seguridad del Municipio de Tigre.

Son imágenes impactantes. Conmovedoras. Si no lo vio se lo cuento en dos palabras. Esto ocurrió al costado de la ruta 197 en Pacheco. Una persona está arriba de su auto esperando que su hermano termine de hacer unas compras en el supermercado. Tiene las dos ventanillas bajas. Dos muchachos se ponen al lado de ambas puertas delanteras. Uno le pide la hora a Alberto, el conductor, para distraerlo y el otro le mete un puñetazo feroz como para noquearlo. Parece una película pero es verdad. Uno se trepa al auto y le dice al dueño que se baje y que deje las llaves. Intentan robar el vehículo pero no pueden porque Alberto, quien sabe como, se baja corriendo del auto pero se lleva las llaves con él. Los delincuentes corren.

El mecanismo policial funciona a la perfección y a los pocos metros logran detener al que pegó semejante trompada. Todo eso se ve con claridad en el video. ¿Qué hizo el fiscal Marcelo Lloret? En un par de horas lo dejó libre. Argumentó que "no se puede decir a ciencia cierta que delito se cometió y quien resultó víctima. No hubo testigos presenciales que permitan dar fuerza a la versión. Además la filmación nunca puede reemplazar al testimonio".

Pregunto: ¿no hubo intento de robo de auto? ¿No estuvo claro quien fue la víctima? ¿No son testigos los trabajadores que monitorean las cámaras que filman todo? ¿De que versión habla el fiscal? ¿Estaba viendo otro canal? Dicen que ni se dignó a ver el video. Y que con una rapidez inusitada cerró la causa.

¿Quién protege a los ciudadanos de esos delincuentes que agredieron a Alberto y quisieron robarle el auto? ¿Quién protege a la sociedad de fiscales como Lloret? ¿Cuanto dinero gastamos todos a través del estado en las cámaras de seguridad, en movilizar a los efectivos policiales?

Abogados muy respetados que defienden todas las garantías como corresponde, dicen que el ladrón que el fiscal no vio y dejó en libertad en forma automática, pudo haber sido acusado y procesado por el delito de tentativa de robo automotor y agresiones.

Ese delito tiene una pena máxima de 4 años y por lo tanto es excarcelable, pero - por lo menos- podría haber quedado comprometido en un juicio. Ahora, después de la intervención o falta de intervención del fiscal Lloret que no lo quiso acusar, el ladrón quedó en libertad si una sola mancha en su prontuario. Es como si no hubiera hecho nada. Como si el ladrón hubiera estado trabajando en ese momento.

Y todos sabemos porque lo vimos que agredió a una persona y le quiso robar el auto. Todos lo vimos y fue detenido infraganti. El gobierno de Tigre actuó bien. La policía bonaerense actuó bien.

Por suerte, hoy al mediodía, Julio Novo, el jefe de los fiscales de la jurisdicción revocó la decisión de Lloret que debería dar algunas explicaciones.

¿Qué hizo? ¿A quien debe proteger y a quien protegió? De lo contrario, aquí no ha pasado nada señores. Todo sigue igual. Y si te he visto no me acuerdo.

El garantismo de los Kirchner al borde la cornisa

viernes, 20 de noviembre de 2009


Desde la marcha de Blumberg en el 2005, se produjeron muchos marchas locales contra la inseguridad en el conurbano y en la Capital Federal, pero la gente se fue acostumbrando a todos los delitos que se suceden a menudo, hasta el asesinato de Santiago Urbani en el Tigre o antes con Capristo, pero a partir de ahí se sucedieron una cadena de asesinatos donde los menores tuvieron activa participación y que eclosionó con el ataque homicida contra el futbolista Fernando Cáceres y estos días con el asesinato de la catequista en Wilde.


La semana pasada, cuando Tinelli, Susana y Mirta coordinaron una marcha contra la inseguridad, empezaron las amenazas de Luis D’Elía y la marcha se suspendió.

Pero Scioli y Stornelli lanzaron la idea de las contravenciones para castigar los delitos menores y enseguida saltaron los organismos de derechos humanos, una nueva patria contratista que le succiona fondos al Estado con una nueva profesión parasitaria, que es trabajar de víctimas en forma permanente, vetando funcionarios, descalificando toda iniciativa para mejorar la seguridad de los ciudadanos.

Esta nueva profesión muy bien paga se completa con ocupar cargos en la administración pública, defendiendo los derechos humanos de los victimarios y de los pibes chorros, como víctimas una sociedad que los margina y los obliga a robar y matar. Pero las verdaderas víctimas son los asesinados salvajemente, la gente que trabaja con una profesión conocida.


La justicia y los legisladores son grandes responsables de esta situación, por no considerar los crímenes que se cometen por menores, que tienen penas de mayor en cualquier país civilizado, mientras que acá los menores asesinos son mandados a institutos de los cuales se escapan al otro día.


Esta teoría jurídica denominada garantista o abolicionista del derecho penal hace 25 años que se enseña en las facultades de derecho de las universidades estatales y algunas privadas y es la causante de proveer jueces y fiscales que dejan en libertad a menores y a mayores con antecedentes de hechos de sangre, con lo cual asesinar en la Argentina es gratis: tiene una pena que no pasa de 8 o 10 años y salen antes por dos años sin condena o por buena conducta, es decir, que entran por una puerta y salen por la otra.


Hay que destinar más dinero a seguridad, terminar con la impunidad judicial, que es la única causa del aumento del delito y no la pobreza o la inequidad social. Cabe señalar que, con el crecimiento a tasas chinas del 2003 al 2007, el aumento del delito fue exponencial, pese a que la pobreza bajó considerablemente, lo cual demuestra que la única causa del aumento del delito es la impunidad.




Matar en la Argentina no es gratis, pero se le acerca bastante.

Autor: Guillermo Cherashny


Fuente: Página Impar


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