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Pesimismo Argentino

domingo, 30 de mayo de 2010

Por Mariano Thieberger


Tres encuestas que circulan por estos días en círculos políticos y empresarios coinciden en algunos datos que los candidatos presidenciales no deberían pasar por alto.

El principal problema del país es, para la mayoría, la inseguridad. Inmediatamente después se ubican, en distinto orden según el sondeo, la inflación, la desocupación y la pobreza. Eso en lo que tiene que ver con el presente.

Con respecto al futuro, en dos de las encuestas, más de la mitad de los consultados cree que la situación económica en uno o dos años será peor o, incluso, mucho peor.

Algunos lo podrán atribuir al pesimismo argentino. Puede ser. Pero, al menos por un tiempo, todos tenemos derecho a soñar que en la última parada está la gloria.

El canje y el sermón

domingo, 23 de mayo de 2010

Por Nelson Castro

“No cubrió las expectativas.” Con esta frase, una voz gubernamental que conoce el pensamiento del matrimonio presidencial se refería al porcentaje del 45% de aceptación que tuvo la zarandeada nueva propuesta que el Gobierno argentino hizo a los tenedores de deuda que habían quedado fuera del canje del año 2005. “Para la interna de Boudou, esto no es bueno”, expresaba esta misma voz, describiendo los avatares que el posicionamiento del ministro de Economía va generando dentro del universo K.

A esto hay que agregar cosas poco claras y sospechosas que todo este proceso de reapertura del canje de deuda ha generado: la participación de la consultora Arcadia, el manejo de información privilegiada que tuvieron entidades y fondos que pudieron así comprarles a los desprevenidos acreedores bonos a un precio vil, para después canjeárselos al Estado argentino por el doble o el triple del valor pagado. A esto hay que agregarle la derogación de la llamada ley cerrojo, de la que también participó la oposición, alternativa que afectó fuertemente la ya de por sí escuálida credibilidad de la Argentina en los mercados.

Al poco éxito de esta iniciativa contribuyeron varios factores: uno no menor fue la crisis financiera desatada en Europa; el otro, la poca envergadura técnica de la propuesta nacida en el Ministerio de Economía. Hay que agregar, además, que sobre el ministro se extienden varias sospechas.

Una de ellas tiene que ver con el episodio del “intruso”, Roberto Larosa, que con gran aspaviento denunció Amado Boudou. Quienes están al tanto de este hecho dicen tener sospechas y evidencias de una operación montada con el fin de neutralizar las denuncias que sobre la reapertura del canje y la participación de la consultora Arcadia vino haciendo el diputado Claudio Lozano.

Todos estos factores alejan la posibilidad inmediata de acceso a los mercados de financiamiento internacional que el Gobierno está buscando. Esto dificulta muchas cosas. Una de ellas es la posibilidad de enfrentar el fenómeno de la inflación atacando el problema desde su origen. Esto se da en un momento particularmente bueno para la economía argentina, en la que se verifica un indiscutible crecimiento. Es un crecimiento basado en el consumo y en la idea de que la inflación se come el valor del dinero.

Por lo tanto, es un proceso generador de inflación. Falta la inversión. Y sin inversión va a ser muy difícil detener el aumento de precios que hoy carcome principalmente los bolsillos de los que menos tienen. De eso, precisamente, estuvo hablando en la noche del martes último un grupo de dirigentes empresariales con algunos líderes sindicales. Es que el tema se disparó con mucha fuerza tras el acuerdo de recomposición salarial que alcanzó el gremio de la alimentación. La cifra, 35%, produjo un sacudón tanto dentro de las fuerzas del trabajo como del capital.

El panorama sindical es bien complejo. Hugo Moyano, que enfrenta una situación delicada debido a las investigaciones que se están llevando adelante en la causa por adulteración de medicamentos, es una fuente de poder imprescindible para el Gobierno nacional. El líder de los camioneros lo sabe y es por eso que hace pedidos que incomodan al Gobierno. El del aumento del piso para el impuesto a las ganancias es uno de ellos, y el matrimonio presidencial le viene escapando. El salarial es otro.

A pesar de esta realidad compleja, la Presidenta no se privó de pasearse por la cumbre del Mercosur y la Unión Europea con su habitual discurso con aire de sermón a propósito de la crisis financiera que tiene en vilo a toda Europa.

Está claro que se padecen allí las consecuencias de una burbuja económica producto de una fiebre de consumo y descontrol casi ilimitado en el manejo del gasto público. La Dra. Cristina Fernández de Kirchner habló desde el púlpito contra las políticas de ajuste. Lo que dijo fue correcto desde el punto de vista de la visión crítica de los efectos de las políticas neoliberales. Lo que no dijo es que algún día el ajuste será otra vez una realidad de la economía argentina si es que nada cambia en la política de adulteración de los índices que proporciona el Indek, el dibujo del presupuesto nacional y una política de subsidios enmarañados y poco controlados que aplica su gobierno.

La actitud de la Presidenta no cayó bien a su auditorio y el protagonismo que le atribuyeron los obsecuentes de siempre no fue tal. Eso sí, a su paso por España tuvo la necesidad de desmentir lo que los hechos confirman: la restricción dispuesta a la importación de productos extranjeros que compiten con los que se fabrican en la Argentina, sobre todo en el rubro alimentario.


En este contexto, hemos llegado a la celebración del Bicentenario de la Revolución de Mayo, en la que la fotografía que nos muestra gran parte de la dirigencia política es patética.
La Primera Junta de Gobierno nacida el 25 de mayo de 1810 fue cruzada por el signo de la división y la incomprensión entre los pensamientos de Cornelio Saavedra y Mariano Moreno. Doscientos años después, buena parte de la dirigencia argentina sigue padeciendo de aquel mal.

Efecto Pigmalión: El espiral inflacionario parece tomar vida propia

domingo, 9 de mayo de 2010

Por Rogelio Frigerio

Según la mitología griega, Pigmalión esculpió la estatua de una mujer tan bella que se enamoró perdidamente de su obra. Afrodita, la diosa del amor, se conmovió y le concedió vida a la escultura: la piedra se hizo carne y el deseo de Pigmalión, realidad. La psicología social, basándose en uno de los significados de este mito, denomina al fenómeno descripto “profecía autocumplida”, “realización automática de las predicciones” o “efecto Pigmalión”. Esto es, una premonición que, una vez hecha, es en sí misma, la causa de que se haga realidad.


Paralelamente, gran parte del fenómeno inflacionario argentino se explica a partir de las expectativas de los agentes económicos; los precios empiezan a tener una dinámica propia que surge de la percepción o –mejor dicho– de la incertidumbre de los agentes.

Esto es, empresarios que remarcan los precios de sus productos, en función de lo que ellos “creen” será la inflación del año y trabajadores cuyos reclamos salariales intentan recuperar el poder adquisitivo de su ingreso, según su propia percepción acerca de los incrementos futuros.

La distorsión de precios relativos que implica este proceso, se potencia por la falta de estadísticas confiables que muestren fehacientemente cuál fue la inflación del período pasado.

En este marco de desconcierto, nadie quiere ceder parte de su ingreso, todos ajustan para arriba y una vez comenzado, este círculo vicioso se hace muy difícil de detener. A fin de cuentas, el “verdadero” aumento de precios termina siendo similar al que los agentes predijeron.

Demás está decir, que el verdadero germen de la inflación deviene de las políticas públicas de impulso a la demanda agregada (política fiscal expansiva, inyección de liquidez y tipo de cambio devaluado) en un contexto de escasa inversión y con una utilización de la capacidad instalada en pleno empleo.

Sin embargo, en este caso el mecanismo de transmisión del incremento de precios termina siendo más peligroso que la causa primigenia. La inflación ya no crece en línea con la expansión monetaria, ni se parece a la tasa de devaluación del peso respecto del dólar, ni a la tasa de aumento del déficit fiscal. Por el contrario, el espiral inflacionario parece tomar vida propia y crece por encima de cualquier indicador.

Por lo tanto, si bien es importante desarrollar un programa integral que revierta las causas originarias de la inflación, resulta urgente atacar frontalmente las expectativas de los agentes.

Mientras se decide comenzar a ordenar la política fiscal, moderar el gasto público y definir políticas –monetaria y cambiaria– subordinadas a frenar el aumento de precios, resulta imprescindible la implementación de reglas claras e inquebrantables que generen estabilidad y confianza, empezando por la normalización del Indec y siguiendo con la instrumentación de un esquema de metas de inflación por parte del BCRA.

Ahora bien, para que la actual administración lleve a cabo estas acciones concretas, debe no sólo reconocer la voracidad del incremento de precios, sino también interpretar este fenómeno como un problema, más que como una herramienta de política electoral.

Precisamente, la pérdida de valor de la moneda local que genera la inflación incrementa en un primer momento la velocidad de circulación del dinero, haciendo aumentar circunstancialmente el consumo. A su vez, una tasa creciente de inflación implica una expansión análoga de la recaudación, además de licuar una parte significativa del gasto público (que se actualiza siempre con mayor retardo que los ingresos).

En otras palabras, en el corto plazo, la inflación puede pensarse como un instrumento conveniente para un gobierno anémico de ingresos genuinos y sin intenciones de llevar a cabo un cambio sustancial de su política económica.

En definitiva, antes de debatir las causas de la inflación, el mecanismo de transmisión del incremento de precios y sus consecuencias en la economía local, cabe preguntarse cuáles son las intenciones del Gobierno nacional: si revertir la espiral inflacionaria atacando sus causas originarias (y el mecanismo de transmisión) o aprovechar el contexto y evitar el costo político que implicaría un ajuste explícito (el ajuste “implícito” se está dando de hecho de la peor manera, con la pérdida del poder adquisitivo del salario).

Esto último, sin bien aparece como seductor para una administración que hace del cortoplacismo un culto, tiene riesgos obvios para un país con los antecedentes de la Argentina en esta materia.

La inflación es como el alcohol, en un primer momento genera cierta sensación placentera y la idea de que uno es capaz de controlar su consumo, sin asumir ningún costo y disfrutando todos sus provechos. Sin embargo, si uno se entusiasma y se descuida, la jaqueca del día siguiente es inevitable. Nuestra historia económica es una prueba incontrastable de esta dinámica

Pecado para la liturgia Kirchner

viernes, 30 de abril de 2010

Por Miguel Angel Rouco *


El modelo va en busca de un ajuste por desgaste de sus variables y ese ajuste termina en la devaluación. No es cierto que la inflación es un mecanismo de ajuste como sostienen los ideólogos y beneficiarios del modelo.

La inflación es un síntoma de la crisis, es un síntoma de lo mal que se administró el país y es la antesala de la devaluación. Todos los agentes económicos, incluido el gobierno, saben que el final es inexorable. A menos que el gobierno encare un proceso de corrección de todas las variables, empezando por una baja del gasto público. Pecado para la liturgia Kirchner.

Lejos de esta opción, los Kirchner abonan el terreno para la devaluación. Hacen todos los esfuerzos para que ello ocurra, imitando la traumática experiencia de su compañero Eduardo Duhalde en 2002.

Es que están convencidos que con la devaluación se van a solucionar todos los problemas. Están convencidos que la devaluación es la que motorizó el crecimiento económico de los años anteriores y una vez más apuestan a ella. Lo que motorizó el crecimiento fue el monumental ingreso de divisas que produjo el campo por la venta de commodities a precios astronómicos.

¿Si la devaluación fuera tan buena, por qué razón no devalúa el resto de los países y fin de los problemas? La devaluación es el inicio de los problemas. De allí que industriales, agro y financistas hayan retirado de sus discursos los pedidos de devaluación y cambian esas demandas bajo formas más sutiles como "los aumentos salariales provocan pérdida de competitividad".

Prefieren enmascararse en una demanda corporativa, golpeando sobre los sectores de ingresos fijos. No se animan a exigir que el gobierno baje el gasto para que disminuyan los impuestos y hacer la economía más competitiva. Cinismo. Esta combinación de elementos altamente combustibles -ignorancia, tozudez y mediocridad-, va a terminar explotando en los sueños de millones de argentinos.

Los Kirchner tienen en claro que llevar adelante una devaluación conspira contra su proyecto político. De allí que demoran el mecanismo de la detonación, agotando todos los escenarios previos.

Primero expanden el gasto público de manera insostenible a un ritmo del 40 por ciento anual, luego disponen de los recursos ajenos, vaciando la ANSES y el PAMI y someten a los ancianos a pagar el costo de sus delirantes proyectos políticos.

Más tarde, vacían el Banco Central dejando a la entidad con patrimonio neto negativo, plagado de documentos incobrables, y por último imprimen billetes a una velocidad supersónica, dejando a la población con millones de papelitos de colores sin valor en sus bolsillos y disparando un nuevo proceso inflacionario.

¿Cómo es posible que Moyano se quede callado cuando Kirchner le espeta en la cara que bajó la pobreza? ¿Acaso con inflación no hay más pobreza? ¿Miedo o traición de la corporación sindical? Como le gusta decir a Néstor Kirchner: "miente, miente que algo quedará". ¿De dónde habrá sacado esa frase el santacruceño? Con el gasto público creciendo por encima del PBI nominal, y con una inversión que no alcanza a la reposición del capital, el gobierno se está comiendo la estructura del país, pública y privada.

En términos más llanos, ¡el gobierno vacía la casa para seguir de fiesta, ya liquidó los electrodomésticos y ahora va por los muebles! Es la fiesta de las corporaciones, el mismo aparato estatal, los sectores paraestatales -piqueteros y otros grupos adictos-, empresas quebradas -papeleras y aerolíneas-, y las "patrias sindicales, financieras y contratistas".

Una fiesta que más tarde será pagada por la población con más inflación y luego el abismo devaluatorio. ¿Fascismo químicamente puro? Todo bajo un manto de sospecha: fondos a obras sociales que no rinden cuenta, canje de bonos con información privilegiada para unos pocos, concesiones de obra pública sin control ni licitaciones.

En Marzo, el déficit financiero trepó a 1.200 millones de pesos, merced a que la administración Kirchner le robó a los jubilados y a los trabajadores unos 1.900 millones de pesos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), con lo cual el déficit real orilló los 3.100 millones de pesos. A este ritmo, el desequilibrio fiscal para 2010 se elevará a unos 10.000 millones de dólares. ¿Quién pagará la cuenta? Una vez más, la defraudación y la mentira es la espada del modelo.

Cuando el gobierno confiscó los ahorros previsionales de millones de trabajadores lo hizo bajo la excusa de que el FGS era intocable y que la ANSES no iba a invertir en títulos públicos como lo habían hecho las AFJP. Mentira y fraude, el FGS se transfiere al Tesoro para financiar el modelo fascista y hoy la ANSES posee 2/3 de su cartera de inversiones en títulos públicos cuando las AFJP manejaban sólo la mitad.

Pero el modelo devaluatorio conlleva el default y cuando esto ocurra el FGS se va a licuar dejando a millones de personas con un sistema previsional quebrado y millones de juicios que terminaran en otro BOCON. "Es el modelo, estúpido"!

(*) Agencia DYN

La Inflación del Supermercado versión Moyano y Moreno

sábado, 24 de abril de 2010

Por Marcelo Zlotogwiazda



Hugo Moyano tampoco le cree al INDEC, aunque lo diga de manera indirecta. La última vez que lo consultaron sobre el tema respondió: “No vamos a discutir las técnicas que utiliza el INDEC, pero la inflación es la del supermercado”. Hace rato que al líder de la CGT no le queda más remedio que desacreditar los datos oficiales sobre precios, porque si los tomara como verdaderos los sindicatos no tendrían fundamento para reclamar desde hace más de tres años aumentos salariales que duplican la inflación de Guillermo Moreno.


Por obvias razones, Moyano tampoco puede utilizar como parámetro las mediciones privadas de inflación. Apela entonces al comodín del “supermercado”, una referencia vaga, aunque a tono con el sentido común de todos los que se quejan de que el costo de llenar el changuito viene subiendo mucho más que el índice oficial de precios al consumidor.

Más allá de la falta de precisión de Moyano y de la "sensación" de los compradores (que no sólo es mayor a la del INDEC sino también muy superior a la de las mediciones alternativas), es teóricamente posible cuantificar la “inflación del supermercado”: si se tuvieran los datos, se podría tomar en cuenta la evolución de lo que facturan y de las cantidades vendidas, y de ahí deducir la variación de los precios.

Por ejemplo: si en un año la facturación pasa de 100 a 121 pesos y las unidades de 10 a 11, de eso se desprende que el precio promedio aumentó de 10 a 11, es decir un 10 por ciento. Es lo que se conoce como precios implícitos.

Algunos de esos datos están. En febrero pasado los supermercados facturaron 4.464,2 millones de pesos, lo que representa un 23,4 por ciento de aumento respecto de igual mes de 2009.  Descontado un incremento del 12,9 por ciento en las cantidades vendidas que calcula el INDEC , el resultado es que los precios implícitos subieron un 9,2 por ciento.

Si quisiera, Moreno le podría retrucar a Moyano con que ese porcentaje es casi idéntico al 9,1 de inflación que el INDEC midió en ese período. Más aún, el secretario de Comercio Interior podría agregar que en comparación con diciembre de 2006, que es cuando se intervino el Instituto, el índice de precios implícitos de los supermercados de febrero de este año muestra un salto del 27,6 por ciento, incluso unas décimas por debajo que el 28,2 por ciento de inflación oficial acumulada en esos 38 meses.

Moreno está en condiciones de decir: “Hugo, no jodas con la inflación del supermercado que es casi igualita a la del INDEC ”.

Claro que en tal caso alguien debería recalcarle a Moyano que el 9,2 por ciento de inflación de supermercado en el último año y el 27,6 en relación a fines de 2006 son datos que elabora... ¡el INDEC ! Y, lo que a esta altura no sorprende, en esa elaboración hay una trampa metodológica. No se trata, como en el sencillo ejemplo descripto, de que el INDEC disponga de los datos de facturación global y cantidades vendidas, para de ahí inferir la evolución de precios.

Lo que en realidad hace el INDEC es lo siguiente: los supermercados le proporcionan la facturación a precios corrientes, y ellos la deflactan con los índices de precios oficiales para poder comparar facturación a valores constantes y mostrar el cambio en las cantidades vendidas. No sólo no hay verdaderos “precios implícitos”, sino que, además, el aumento en las cantidades está sobreestimado porque dividen la facturación por precios inferiores a los reales.

Sin INDEC y sin “inflación de los supermercados”, no queda otra que recurrir a las mediciones alternativas. Pero según descalifica Aníbal Fernández, “lo que cuentan los índices privados es un revoleo”. Lo que el jefe de Gabinete debería considerar es que en ese supuesto revoleo las consultoras privadas llegan todas a resultados bastante parecidos y que como mínimo duplican a los del INDEC .

Es cierto que la mayoría de esas consultoras están conducidas por gente que no simpatiza con el Gobierno. Tan cierto como que las mediciones que hacen profesionales afines al Gobierno, por ejemplo la de Artemio López, están más alineadas con el resto que con la oficial, y como que no hay economista que crea en el INDEC por fuera de los que están obligados.

Pero también hay mediciones alternativas que no son de privados sino de Estados provinciales. Curiosamente, la semana pasada Moreno agitó el caso de Santa Fe. Afirmó que si se analiza en detalle la información del Instituto de Estadísticas se observará que “el 80 por ciento de la inflación de febrero fue ocasionada por la carne”.

Lo primero que llama la atención es que la inflación santafesina fue ese mes el 3,6 por ciento, o sea el triple de lo que calculó el INDEC . Más allá de ese pequeño detalle, Moreno se equivoca o miente. El 80 por ciento de la inflación santafesina de febrero se explica por todo el capítulo “Alimentos y Bebidas”, y no sólo por la carne.

Gracias a que el instituto provincial publica – a diferencia del INDEC – los precios promedio de muchos de los artículos de la canasta, se puede saber que, efectivamente, los seis cortes de carne vacuna aumentaron mucho (entre 15,5 y 25 por ciento) en febrero.

Pero el aumento fue generalizado y en varios rubros elevados: por ejemplo, 3 por ciento el pan francés, 3,5 las facturas, 9,6 el filet de merluza fresco, 1,9 la leche fresca en sachet, 2,9 el queso crema, 5,8 el cuartirolo, 15,6 la lechuga, 14,5 el tomate, 6,8 el azúcar, 2,4 el vino común y 2,6 por ciento la yerba mate. De paso, téngase en cuenta que la diferencia acumulada desde que en enero de 2007 comenzó el manoseo es de casi 40 puntos porcentuales: 28,2 por ciento de inflación para el INDEC y 67,1 para Santa Fe.

¿Hay alta inflación por puja distributiva? ¿Cuánto incide la mayor demanda de los sectores beneficiados por la asignación universal? ¿Y la escasez de carne? ¿Es la inercia inflacionaria? ¿El gasto público y la circulación monetaria aumentan demasiado? ¿En qué medida influye la voracidad de los formadores de precios? ¿Hay insuficiencia de inversiones?

Las causas de la inflación y el abordaje del problema (que dista de ser dramático, entre otras cosas porque no hay riesgo de desborde cambiario) son materias de ardua polémica.

Lo indiscutible es que el problema existe.

El dólar no podemos usarlo y el peso no sirve ¿Qué salida tenemos?

martes, 20 de abril de 2010

Por Roberto Cachanosky
Cuando el ex presidente y actual senador se abstuvo de votar el pliego de la designación de Mercedes Marcó del Pont al frente del Banco Central implícitamente sostuvo que le da lo mismo una política monetaria que no defiende el valor de la moneda que otra que sí lo protege.


Uno de los tantos problemas que tiene la economía Argentina es que carece de una moneda en el estricto sentido de la palabra. La moneda, que es una mercadería como cualquier otra, tiene además la característica de actuar como reserva de valor y como medio de intercambio generalmente aceptado. Hoy en día, los pesos son aceptados como medio de transacción de corto plazo, pero no cumplen la característica de reserva de valor. La inflación erosiona su poder adquisitivo y, por lo tanto, no cumple con el requisito de reserva de valor.

Este último problema genera otros que tienen que ver con el crédito. Cuando una moneda se deprecia, quien presta sus ahorros en pesos tiene que cubrirse contra una inflación creciente, esto implica que, cuando alguien presta dinero carga en la tasa de interés las expectativas inflacionarias elevando la tasa de interés nominal, transformando las cuotas en altísimas. Consecuentemente es poca la gente que se anima a tomar créditos a tasas de interés nominales tan altas porque intuye que puede llegar a tener problemas para poder pagar sus cuotas en el futuro, particularmente si la tasa de interés del crédito es a tasa variable. Y si el crédito es a tasa fija, sucede lo dicho anteriormente, la tasa que se aplica es altísima porque el acreedor no quiere perder parte de su capital.

El otro problema es que la inflación no permite hacer cálculos económicos en los proyectos de inversión. En todo proyecto de inversión se estiman ingresos futuros (unidades vendidas por precio de venta) menos los costos de producción directos e indirectos. Como mínimo un proyecto de inversión debería hacerse a un plazo de 10 años.

Ahora bien, ¿cómo puede hacerse una proyección de ingresos y de costos a un plazo de 10 años en el medio de una tasa de inflación tan alta como la que tenemos? Todo proyecto de inversión es una estimación de ingresos, costos y tasa de rentabilidad, por lo tanto, al ser una estimación tiene su dosis de incertidumbre. Es un cálculo económico ex ante que luego habrá que cotejarlo con la realidad. Las estimaciones del proyecto pueden haber sido correctas, haberse superado o haber quedado muy por debajo de la realidad.

Si a la incertidumbre que tiene todo proyecto de inversión le agregamos la inflación, la incertidumbre crece y las inversiones disminuyen. Dicho de otra manera, la ausencia de una moneda que sea reserva de valor limita notablemente el proceso de inversiones.

El tercer problema es que en los procesos inflacionarios, si bien todos los precios suben, no todos suben al mismo tiempo. Unos suben primero y luego otros dependiendo de la forma en que se canalicen los nuevos pesos emitidos generando cambios de precios relativos artificiales e inestables.

Hay muchos más problemas que genera la inflación o, si se prefiere, la ausencia de una moneda que cumpla con la característica de preservar su valor en el tiempo, pero con lo expuesto más arriba considero que alcanza para pasar a comprender el problema que tenemos hoy los argentinos.

Argentina ha tenido altos procesos inflacionarios e hiperinflación, al tiempo que se destruyeron varios signos monetarios. Es por esta historia inflacionaria que el argentino adoptó como moneda para reserva de valor el dólar y dejó el peso como medio de intercambio para las operaciones de corto plazo.

Cuando en 1991 se estableció la convertibilidad de un peso igual a un dólar se intentó reconocer que la moneda que realmente reconocían los argentinos como reserva de valor era, justamente, la divisa norteamericana.

El peso era un simple recibo que emitía el BCRA obligándose a entregar un dólar por cada peso si así lo deseaba la gente. Es más, en un momento Menem impulsó la dolarización de la economía, esto significaba quitar de circulación el peso y pasar a usar el dólar. Formulo esta aclaración porque realmente llamó la atención la abstención de Menem cuando el Senado votó la aprobación del pliego de Marcó del Pont como presidente del BCRA. Y llamó la atención porque Marcó del Pont ha dicho claramente que no comparte el espíritu de la actual carta orgánica del BCRA y cree que esa institución no tiene que limitarse a preservar el valor de la moneda sino que tiene que hacer política monetaria activa.

Es decir, Marcó del Pont tiene una visión totalmente opuesta a la de Menem sobre la política monetaria y la autarquía del BCRA, por lo tanto, cuando Menem se abstuvo de votar, implícitamente sostuvo que le daba lo mismo una política monetaria (la que él sostuvo durante su presidencia) que la que hoy se está aplicando y se intenta profundizar.

Resulta inexplicable la abstención de Menem en esta votación porque estaría indicando que no le interesa confrontar ideas sobre dos modelos monetarios totalmente diferentes. Ni siquiera digo que Menem tenía que argumentar si estaba de acuerdo o no con la transferencia de reservas del Central al Tesoro por medio de un decreto. Lo que resulta inexplicable es su indiferencia sobre un tema tan relevante sobre el futuro monetario de la Argentina.

Sabemos que el argentino no confía en el peso como reserva de valor y adopta el dólar con ese fin. También sabemos que en 2002 se rompieron los contratos y las deudas en dólares pasaron a pesos, con lo cual se estableció un precedente complicado hacia el futuro. ¿Quién se animará a prestar en dólares sabiendo que un juez puede, en caso de conflicto, determinar que quien debe dólares puede pagar en pesos a un tipo de cambio que no sea el de mercado?

Tenemos, entonces, un doble problema. Por un lado no podemos hacer transacciones de largo plazo ni cálculo económico en pesos y, al mismo tiempo, no podemos utilizar el dólar para el crédito por la inseguridad jurídica mencionada. Esto nos conduce a un problema muy complicado que es “inventar” algún mecanismo para tener nuevamente una moneda que sea aceptada por todos como medio de intercambio y reserva de valor. El dólar no podemos usarlo y el peso no sirve. ¿Qué salida tenemos?

Transitoriamente, lo único que se podría usar sería una especie de moneda indexada al estilo chileno. Pero aquí tenemos otro obstáculo. Los datos del INDEC no son fiables y, por lo tanto, no hay parámetros medianamente confiables para trabajar sobre una moneda indexada.

Por otro lado, con tasas de inflación tan altas igual sería bastante complicado realizar transacciones de largo plazo. Proponer que cada uno realice las transacciones en la moneda que desea choca nuevamente con la inseguridad jurídica post devaluación.

Es evidente que el problema monetario argentino no puede resolverse en forma independiente del resto de las variables económicas como el frente fiscal, la política cambiaria, etc. Lo que sí sabemos es que un país que no tiene moneda en el estricto sentido de la palabra, es un país condenado a trabajar sin crédito, con escaso ahorro en moneda local y, por lo tanto, sin posibilidades de crecimiento sostenido.

Es por todas las razones expuestas que considero un error gravísimo ir hacia un Banco Central como en el pasado, subordinado al Poder Ejecutivo y sin tener como misión fundamental la defensa del valor de la moneda. © www.economiaparatodos.com.ar

Inflación, o consideraciones sobre “tensiones de precios”

sábado, 17 de abril de 2010

Por Javier Gonzalez Fraga

En las últimas semanas ha reaparecido en nuestro país la preocupación por la inflación, mientras que el Gobierno sencillamente se niega a reconocer este problema, y castiga a todos los que mencionan el tema, y pretendiendo confundirnos, ensaya argumentos insostenibles. Veamos


“La culpable es la carne”. Entre las principales explicaciones oficiales de estas “tensiones en los precios” está la reciente alza en los precios de la carne. Es cierto que la carne subió en los últimos meses cerca del 80%. Pero también es cierto, que en los 42 meses anteriores, desde marzo de 2006 cuando se impusieron las restricciones a las exportaciones, sólo subió el 10%; o sea, la quinta parte que el índice oficial y la décima parte que los índices privados de inflación.

No parece justo ni razonable culpar a un producto por la inflación, cuando fue lo único que no subió en los cuatro años anteriores, producto de la pésima política ganadera que provocó una liquidación de vientres y una caída de los stocks, y consecuentemente ahora de la oferta de novillos.

Debemos recordar que las medidas que iniciaron el ciclo de fuerte liquidación de vientres, y de venta de animales livianos semiterminados en feed lots, fueron decididas por el presidente Kirchner a fines de 2005, y comienzos de 2006.

Gracias a ese brutal empeoramiento de las expectativas del negocio ganadero, los argentinos tuvimos carne a precios sumamente reducidos, y los aprovechamos para literalmente comernos ocho millones de vacas que hoy significan tener cuatro millones menos de novillos.

Si comparamos los precios recibidos por nuestros ganaderos con los recibidos en promedio por los países vecinos, las pérdidas de nuestros productores superan los 6 mil millones de dólares.Mal puede entonces confundirse una recuperación del precio de un producto, después de cuatro años de estar planchado por decisiones oficiales, empeoradas por una sequía espectacular, con un ajuste estructural de precios. Lo sucedido con la carne es simplemente inflación reprimida y postergada desde 2006.

“Es culpa de la puja distributiva de los empresarios inescrupulosos”. Este argumento es sumamente débil. ¿Por qué serían ahora más ambiciosos los empresarios que hace unos años, cuando se crecía al 8%? ¿O por qué son más inescrupulosos los empresarios en nuestro país, que en otros países vecinos, cuando hasta a veces son los mismos empresarios?

La ambición de los empresarios es la sangre misma del capitalismo, y si en otros países no suben los precios es porque no les conviene, ya que venderían menos. El problema sobreviene cuando hay desequilibrios macroeconómicos que generan aumentos de la demanda por encima de la oferta, y que llevan a los empresarios a “racionar” a sus clientes, subiendo los precios.

Si el Gobierno creara las condiciones de confianza en un contexto equilibrado, se podría crecer con niveles razonablemente bajos de inflación. Es notable que en la coyuntura actual, de fuerte crecimiento de la demanda, las encuestas indican que la mayoría de los empresarios no tienen planes de aumentos de su dotación de empleados.

Las políticas de controles de precios implementadas desde la Secretaría de Comercio, y especialmente la política agroindustrial de la ONCCA han debilitado las ganas de invertir de los empresarios, y por eso hoy vemos que muchos prefieren aumentar los precios que aumentar la producción y el empleo. Pero la culpa la tienen esas políticas, que ya han fracasado en el pasado en nuestro país, y no la conducta de los empresarios.

“Por los subsidios a los niños (…y a los ricos)”. Otra excusa que esgrime el Gobierno es culpar de la inflación (sin mencionarla) a sus políticas sociales, especialmente el recientemente creado subsidio no tan universal a la niñez. Nadie puede estar en contra de esa medida, que fue propuesta hace años por casi todos los partidos políticos, aunque con algunas diferencias. El problema no son los $ 6.500 millones de pesos que cuestan los subsidios, ni los $ 10 mil millones que podrían costar si se universaliza de veras, y que estarían muy bien gastados.

El problema es que esa suma potencial es aproximadamente lo que hoy el Gobierno gasta en subsidiar a las familias más ricas, con sus programas de subsidios a empresas alimenticias, o a transportes, o a los combustibles, por no mencionar también los pasajes de avión. Como el Gobierno subsidia la oferta de bienes y servicios, y no su demanda proveniente de familias necesitadas, una parte importante de esos beneficios son recibidos por los sectores más ricos de la sociedad.

De los actuales $ 40 mil millones en subsidios se puede estimar que un 25% son destinados al 30% más rico de los argentinos. Estos beneficiarios, especialmente habitantes de Buenos Aires y alrededores, son los que están impulsando los precios en estos meses de fiesta de consumo. Si se eliminaran estos subsidios a las familias más ricas, se equilibrarían las cuentas fiscales, sin afectar a los más pobres.

“No volver a viejas recetas”. También se argumenta desde el Gobierno que quienes reclaman una política antiinflacionaria quieren en realidad volver a viejas recetas. Los funcionarios del Gobierno deberían tomar nota de que la inflación desapareció de casi todo el mundo usando nuevas –subrayadas– recetas que nada tienen en común con los ajustes antiinflacionarios aplicados en nuestro país desde los años 70 hasta la convertibilidad, de fuerte impacto recesivo.

Estas recetas han controlado la inflación, en forma gradual y no recesiva, usando políticas genéricamente llamadas “metas inflacionarias”. Básicamente, esto constituye la fijación y monitoreo explícito de metas de inflación que forman las expectativas de los formadores de precios, generándose una banda descendente de inflación, que al ser anticipados por los empresarios, no generan acumulaciones indeseadas de stocks, y por lo tanto no afectan el empleo ni la producción.

Así lo hicieron muchos países sajones, pero también Perú, entre muchos, que es la economía que más creció en los últimos diez años en nuestro continente, y últimamente conducida por Alan García, a quien nadie puede acusar de ser un neoliberal.

El Gobierno argentino no contempla la posibilidad de aplicar esta política de metas inflacionarias porque el primer paso para que sea creíble es reconocer la inflación real. Por eso afirmé alguna vez que el mayor costo de la intervención del INDEC es dejarnos sin la posibilidad de aplicar las políticas que han funcionado en todo el mundo para controlar la inflación sin ajustes recesivos.

Carente de esta alternativa, el Gobierno, paradójicamente, está aplicando las viejas recetas, que han fracasado un montón de veces: controles de precios, limitaciones a las exportaciones, y atraso cambiario y tarifario. Estas políticas pueden funcionar por unos meses, mientras el real de Brasil siga apreciado, pero irán generando distorsiones que pagaremos en el largo plazo entre todos, al igual que en el negocio ganadero

Una historia de dos velocidades

domingo, 11 de abril de 2010

Por Enrique Szewach


Parafraseando a Dickens, el escritor dominante de mi niñez, estamos viviendo, en el mundo y aquí, una historia de dos velocidades.


Dos velocidades para la recuperación económica global, con los emergentes –China, India y Brasil– a la cabeza, creciendo rápido, y el mundo desarrollado, evolucionando lentamente. Y dentro de ese mundo desarrollado, Estados Unidos con mejor velocidad que Europa y Japón.

La economía argentina, por su parte, también evoluciona hoy en “dos velocidades”. En efecto, en la variación “verdadera” del Indice de Precios al Consumidor, se verifica la existencia de dos tasas de evolución de los precios. Una, correspondiente a los consumos de la canasta básica, fuertemente acelerada en el primer trimestre, bien por encima del treinta y pico anualizada. Y otra para el “resto del mundo”, cercana a los veinte.

El promedio entre las dos se ubica en algún número en torno al 25% anual, en donde, salvo algunos pocos precios, todos están subiendo a buen ritmo.

También hay dos velocidades en la expectativa de evolución de los ingresos personales. El sector sindicalizado aspira a “pelearle” mano a mano a la inflación; mientras, aquellos que pertenecen al sector informal, con una menor capacidad de negociación, al igual que jubilados y pensionados, saben que, claramente, pierden en la lucha por mantener sus ingresos en términos reales.

Hay dos velocidades, asimismo, en la recuperación de la economía después de la recesión del primer semestre de 2009. Una para el agro, la industria cercana a la demanda brasileña y, en general, a la demanda ligada al escenario internacional junto al muy buen desempeño de bienes durables, incentivados por inflación y crédito. Y otra para la demanda de bienes de consumo de no durables y ciertos servicios.

Finalmente, también hay dos velocidades para los problemas fiscales. Una para el sector público nacional, con recursos de “stock” y algo de endeudamiento y recaudando impuestos no coparticipables y el impuesto inflacionario. Y otra para las provincias, con presiones sobre el gasto (salarios) y necesitadas del financiamiento discrecional del Gobierno nacional y con poco margen para nuevo endeudamiento.

El futuro inmediato local, desde el punto de vista de la “estabilidad” de este escenario, depende de cómo se “conecten” estas dos velocidades internas con las externas.

En efecto, si los asalariados sindicalizados logran una baja modesta de su salario real, dada la actual política cambiaria, ello implica salarios industriales creciendo en dólares y presionando sobre la rentabilidad de las empresas y su competitividad. Si la velocidad emergente –en especial Brasil– sigue traccionando y el real mantiene su valor o se aprecia, los mayores costos unitarios internos los compensará el volumen externo, si no, las presiones se harán difíciles de manejar.

La caída del salario real de los no sindicalizados, si sigue tan fuerte como hasta ahora, empezará a golpear fuertemente a los sectores de consumo no durable y al “ala social” del gasto público, con los previsibles conflictos que ello implica.

¿Qué puede compensar este escenario? Precisamente, el “derrame” de los sectores ligados a la velocidad externa y la respuesta del gasto público. Pero el incremento de este gasto está hoy financiado, en gran parte, con el Banco Central, lo que le pone un límite a la velocidad de su efectividad si no se quiere entrar en un círculo vicioso de espiralización de la inflación.

Como puede apreciarse, entonces, en el corto plazo, la continuidad de esta recuperación económica en alta inflación depende de una serie de factores difícilmente controlables con la política económica actual.

A la larga, todos sabemos que este escenario es insostenible, pero esa no es la preocupación actual del oficialismo.

En el escenario político, para terminar, se observan, también, dos velocidades. Los “rápidos” del oficialismo, con chicanas baratas en el Congreso, extorsiones, influencia sobre el Poder Judicial y presión sobre los antiguos socios y aliados en los medios de comunicación y en el sector empresario. Y los “lentos” de la oposición, que caen en todas las trampas tácticas que les tienden.

Sin embargo, si la alternativa de la oposición es convertirse en tan rápida con el oficialismo, el cambio que la Argentina necesita, peligra. A mi modesto juicio, no es una mala imitación del kirchnerismo, nuestra solución.

Inflación alta y tipo de cambio real retrasándose

jueves, 8 de abril de 2010

El análisis político y económico de los doctores Vicente Massot y Agustín Monteverde

• Las subas en las cuotas de los colegios y los alimentos empujaron la inflación de marzo, que —con números aún provisorios— estaría cerrando en 2,7 %.


• En marzo hubo subas de 4 % de alimentos (con fuerte incidencia de las verduras y menor de la carne), de 5,4 % en indumentaria, de 2,6 % en vivienda y 12 % en educación.

• El rubro esparcimiento, en tanto, incidió a la baja por el fin de las vacaciones.

• De todas formas, el arrastre que dejará marzo para abril será menor que el que dejó febrero.

• El primer trimestre del año habría cerrado entonces con un alza de precios de 8,1 %.

• Esto es mayor a la inflación promedio estimada para todo el año en el Presupuesto.

• En enero la suba minorista fue 2,3 % y en febrero se elevó a 2,9 %.

• Con un tipo de cambio planchado para enfriar expectativas de devaluación, el atraso cambiario pasará a conformar una nueva y peligrosa olla a presión.

• El deterioro del tipo de cambio real extiende y agrava la distorsión de precios relativos, hasta hoy centrada en la energía y los bienes electrointensivos.

• Cuanto más se prolongue la distorsión, el necesario reacomodamiento futuro implicará saltos más drásticos y más amplios en todo el sistema de precios.

• Los bienes importados y todos los exportables —en estos últimos se añade la distorsión que generan las retenciones— son directamente afectados por el atraso cambiario.

• La fortaleza del real brasileño evitó un mayor deterioro del tipo de cambio bilateral.

• El retraso cambiario en el marco de una inflación en ascenso da lugar a una peligrosa situación financiera.

• Si bien las tasas pasivas hoy son negativas en no menos de 15 % anual, los depósitos bancarios están manifestando una tendencia ascendente.

• Lo que ocurre es que las tasas sí son positivas en términos de la depreciación cambiaria: estas tasas arrojan un rendimiento extraordinario en dólares (por ahora), lo que alienta a volcar fondos al sistema bancario (por ahora).
• Pero este comportamiento de los depósitos es francamente especulativo y, ante la menor señal de reacomodamiento cambiario, se podría producir una apurada salida y dolarización de las posiciones mantenidas en pesos.

• Ese riesgo se hace más evidente si consideramos la composición de las carteras de depósitos —prácticamente todos se hacen a 30 días— y el precario sustento del retraso cambiario en un marco de déficit fiscal solventado con emisión e inflación y tensiones políticas y sociales crecientes.

• Hoy los bancos pagan apenas un tercio de la inflación esperada; en la medida que el atraso cambiario se haga más y más pronunciado, ¿cuánto tiempo podrán retener depósitos sin recurrir a un aumento de tasas, en franca contradicción con la política monetaria de la nueva conducción del Central?

No es una locura; es una maniobra

miércoles, 7 de abril de 2010

El análisis político y económico de los doctores Vicente Massot y Agustín Monteverde



Por alguna razón, de esas que son difíciles de explicar como consecuencia, quizá, de que su base no es enteramente racional, el gobierno insiste en ver una realidad distinta a la que, a diario, percibe el resto de los argentinos.

Poco importa cuántas evidencias y de qué calibre se amontonen en su contra y cuántas mediciones contradigan de manera flagrante los índices manejados a su antojo por Guillermo Moreno, lo cierto es que la versión ya canónica de la Casa Rosada es siempre la misma: no hay un proceso inflacionario serio ni nada que se le parezca.

Inclusive, en su empecinamiento o su convicción —puede ser lo uno o lo otro—, ni siquiera parece el kirchnerismo dispuesto a prestarle atención a la magnitud de los reclamos sindicales. Si de todos los rincones del país los gremios claman por aumentos que exceden, claramente, el 20 %, una de dos: o se han pasado de vueltas y desean que estalle por el aire el país, o tienen razón y entonces los números que manejan se corresponden con los estudios macroeconómicos y se llevan mal con los del INDEC.

Ahora bien, salvo que creamos en la locura del matrimonio gobernante, en cuyo caso la respuesta al interrogante con el cual abrimos este Informe sería fácil de resolver —contradicen la realidad porque no están en sus cabales—, la única otra aproximación al tema requiere dar una vuelta por la estrategia del santacruceño y de su mujer y ponerla en claro, hasta donde sea ello posible.

Dicho en forma diferente: si no están fuera de este mundo y no son un par de enajenados, lo más probable es que no haya una voluntad explícita de tapar el cielo con un harnero, sino una maniobra de distracción. No sería, así, la cruzada de dos lunáticos contra la evidencia de los precios que suben; sería, en cambio, la táctica puesta en marcha para salvar, como se pueda, un trance peligroso.

Para lo cual lo primero es no reconocer la inflación porque, si lo hiciesen, representaría, según ellos, un sincericidio.

Salvando las distancias podría compararse con provecho esta interpretación con la que enarbolaron, desde la madrugada del 29 de junio pasado, las usinas oficiales respecto de los resultados de los comicios legislativos que acababan de substanciarse: el Frente para la Victoria no había perdido y representaba uno de los tres tercios en los que había quedado distribuida la Argentina en términos electorales.

Cualquier teoría era buena para los Kirchner a los efectos de no reconocer el revés sufrido en las urnas. En caso de reconocerlo, pensaban, la sociedad civil les perdería el respeto y el peronismo les saltaría a la yugular.

Claro que eran conscientes de la paliza recibida, pero prefirieron mantenerse en la estrategia del marido pescado por su mujer in fraganti: esta es mi versión y no la cambio.

Con la inflación pasa algo similar. Seria ridículo suponer que los Kirchner creen a pie juntillas en los anuncios mensuales del INDEC o que no extraen las mismas conclusiones que cualquier mortal de las reivindicaciones que, con Hugo Moyano a la cabeza, han hecho los distintos líderes sindicales, sean o no peronistas y formen filas junto al gobierno o se hallen estacionados ideológicamente en sus antípodas. El tema lo tienen en claro.

Sólo consideran que, por una elemental razón de concesión política y de gobernabilidad, aceptar la inflación
públicamente sería como pisar, a propósito, el rastrillo abandonado en medio del jardín.

A semejanza del aprendiz de brujo, Néstor Kirchner ha resuelto aprovechar en su beneficio la inflación. Es decir, está dispuesto a jugar con fuego por considerar que el riesgo de fracasar en la maniobra ensayada es menor a las consecuencias que se seguirían si optase por implementar un plan de ajuste más o menos ortodoxo.

La lógica del santacruceño resultaría esta: la inflación existe y no es la que indica el organismo de medición oficial. Frente al fenómeno se pueden tomar dos caminos alternativos. O se le dice a la gente la verdad y entonces hay que ajustar o se trata de disfrazar la realidad y el plan puesto a funcionar apunta a manejar la inflación y que sea a través de ésta que se genere automáticamente el ajuste fiscal.

En teoría y por algún tiempo el proyecto oficial podría funcionar. Sólo que nos hallamos en la Argentina donde está probado hasta el hartazgo que con la inflación es imposible especular. La idea de que aquélla admite ser dosificada y eventualmente podría obrar de manera beneficiosa para el oficialismo de turno, resulta disparatada.

Pero los Kirchner piensan que ellos tendrán éxito en el terreno donde todos los anteriores que lo intentaron salieron mal parados.

En atención a todo lo expuesto resulta conveniente aclarar que el fracaso de la estrategia kirchnerista difícilmente conduzca a la Argentina a una nueva hiperinflación. El desafío no es ajuste o descontrol generalizado de los precios, como pudo serlo sobre fines de la administración presidida por Raúl Alfonsín.

Aquí de lo que se trata es de calibrar hasta dónde se puede convivir con una inflación de entre 25 % y 30 % anual —una de las más altas del mundo— sin que sus efectos se hagan sentir de tal manera en el grueso de la población, que ello obligue al gobierno a cambiar de plan en la mitad del río o lo condene a sufrir en las urnas un rechazo que deje al santacruceño fuera de competencia.

El objetivo de mínima del matrimonio K es retener una cuota de poder después del 2011 capaz de convertir a Néstor sino en jefe de la oposición, en uno de los principales referentes políticos opuestos al gobierno que asuma. Kirchner puede imaginarse perdiendo en una segunda vuelta —si acaso lograse llegar a esa instancia— pero le resulta inimaginable tener que seguir el camino de Carlos Menem, cuyo poder se evaporó de un día para el otro.

Las variables que podrían situarlo a la cabeza del PJ en las elecciones del año próximo, en buena medida no dependen de su voluntad. Reutemann sigue jugando a las escondidas y De Narváez espera un fallo que tardará en llegar. Si ninguno de los dos fuese de la partida, el patagónico debería lidiar en la interna correspondiente con Eduardo Duhalde. Contra aquéllos difícilmente podría hoy ganar. A este último actualmente, en cambio, lo vencería.

Pero no hay proyecto 2011 posible para los Kirchner, al margen de los avatares específicamente políticos, de las decisiones del ex–corredor santafesino y de los ministros de la Suprema Corte, si la inflación devorase el salario de la gente.

La condición necesaria de su candidatura depende del plafond económico. Si los precios subiesen por el ascensor y los salarios por la escalera a Kirchner le ganaría cualquiera. Hasta la próxima semana.

La inflación es el impuesto que nadie legisla, todos pagan y sólo uno cobra: el gobierno de turno

domingo, 4 de abril de 2010

Por Alfonso Prat Gay


Cuando el BCRA se transforma en el prestamista amigo del Gobierno, lo que sigue es la alta inflación. Los argentinos conocen bien esta causalidad. La hemos sufrido en el pasado y la sufrimos hoy. La inflación es el impuesto que nadie legisla, todos pagan –especialmente quienes menos tienen– y sólo uno cobra: el gobierno de turno.


La manera de aplicarlo es sencilla. Sólo hace falta encontrar un funcionario obediente que se haga cargo del BCRA. Martín Redrado obedecía disimuladamente (triplicó los préstamos al Tesoro) y así la tasa verdadera de inflación pasó del 5% anual en 2004 a más del 20% anual en los últimos tres años.

Mercedes Marcó del Pont es menos sutil: participa de los actos de campaña del oficialismo, no se ruboriza sino que se enorgullece al reconocer que recibe órdenes del Ejecutivo y está “al servicio de la profundización” de un modelo que, como lo hemos advertido hace muchos años, sólo cierra con alta inflación. Lo que es peor, toma el BCRA con la inflación en el 25%, no el 5%.

Quizá los Kirchner no hayan advertido el impacto de estas faltas de sutileza. Debieran recordar que una bolsa de dinero en el baño de un ministerio pudo mucho más que docenas de investigaciones en curso por cohecho y enriquecimiento ilícito. O quizás agotaron sus recursos y no puedan hacer otra cosa más que jugar con fuego. Debieran advertir que cuando, además de alta, la inflación es inocultable, pierden hasta ellos.

La estrategia del kirchnerismo ha sido disfrutar de los beneficios fiscales de la inflación procurando ocultar sus costos. El resultado ha sido más inflación y un descrédito creciente de sus funcionarios. Entre las picardías iniciales de Moreno y las mentiras actuales de Boudou, siguen creciendo las expectativas de inflación. No hay otra manera de explicar que en 2009 Argentina fue el único país del mundo que combinó una profunda recesión (el empleo cayó más del 2%) con alta inflación.

La gente sabe que el rebote del precio de la carne, que compensó años de congelamiento, es una muestra concreta de la inflación reprimida que viene destilando Moreno desde que aterrizó en la Secretaría de Comercio. Y el descrédito del INDEC convalida las expectativas individuales de inflación, que siempre son más altas que la realidad. Mentir con las estadísticas oficiales es inflacionario.

Dada nuestra triste historia, es difícil bajar las expectativas de inflación cuando superan el 20% anual. Y cuando es tan grande el divorcio entre lo que estima la gente, lo que dice el Gobierno y lo que es, cae el crecimiento económico, se propagan los ajustes de precios y cae el bienestar general.

El fraude estadístico en el INDEC y el silencio cómplice de las autoridades de la entidad monetaria encargada constitucionalmente de velar por la estabilidad de la moneda quedan claros en el gráfico que acompaña este artículo.

El índice de precios que miden oficialmente las provincias independientes, que históricamente era muy similar al que el INDEC mide para la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano, pasó a divorciarse violentamente a partir de 2007. La tercera línea del gráfico, las expectativas de inflación según la medición de la Universidad Di Tella, muestra que el problema ya está bien arraigado en la población, y mucha de la inflación actual ya es inercial, hay aumentos de precios para defenderse de los aumentos que están por venir.

En estas circunstancias, habría que anunciar ya un programa antiinflacionario que, como elemento fundamental, explicite rangos de inflación descendente para los próximos tres años, reconociendo los niveles de los que partimos. El problema es que para reducir las expectativas de inflación es clave la credibilidad de quienes tienen a su cargo la responsabilidad de esa tarea. La transparencia y la consistencia son requisitos insoslayables en esa búsqueda de credibilidad, así como lo es una clara definición institucional (y gestual) respecto a la independencia del BCRA.

Las políticas actuales terminan retroalimentando la inflación y las expectativas de inflación. La única respuesta antiinflacionaria más o menos efectiva que exhibe el Gobierno es mantener congelados el tipo de cambio y las tarifas. Sabemos cómo terminan estos desfasajes: con un salto inflacionario y con un nuevo escalón ascendente en nuestros ya vergonzosos niveles de pobreza e indigencia.

No importa ya a quién le toca subirse al helicóptero ni quién le preparó el helipuerto, como algunos se empeñan en discutir. Importan quienes lo miran desde abajo. Para ellos y para sus hijos y nietos debemos trabajar. Para que la nueva dirigencia vaya encontrando la manera de evitar una frustración cada cinco años.

Tenemos un gobierno con una filosofía basada en la confrontación permanente

Por Nelson Castro


“Prohibido pronunciar la palabra inflación.” Esa es la orden que bajó a sus funcionarios el matrimonio presidencial. Por lo tanto, cada vez que alguien habla de eso, las espadas mediáticas del Gobierno deben salir a negarlo y a defenestrar a la persona que pronuncia la palabra maldita.

Obvio que no a todas las personas: así, por ejemplo, si el que habla de “la inflación” es Julio Cobos le toca al ministro del Interior, Florencio Randazzo, tratarlo de “mentiroso”. Pero si el que dice exactamente lo mismo que el vicepresidente es Hugo Moyano o el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, un hombre K, nadie del oficialismo osa decirles nada.

Claro que abajo está la gente que no necesita que ningún funcionario gubernamental le cuente la realidad, ya que esa verdad la vive a diario cuando va a hacer las compras. Allí las góndolas de los supermercados enflaquecen cada día un poco más los bolsillos de los consumidores.

Es por ello que los obispos han decidido ponerse a trabajar en la elaboración de un documento en el que se exponga esta realidad. La idea es que coparticipen de su firma tanto empresarios como representantes de los trabajadores. Los efectos deletéreos que sobre quienes menos tienen produce la inflación es algo que la Iglesia conoce muy bien.

Las demandas sobre Cáritas siguen siendo incesantes, y no sólo por parte de personas que no tienen trabajo sino también de muchos otros que, aun cuando se desempeñan en algún empleo, no llegan a fin de mes. El nivel de asistencialismo que se requiere en la Argentina es altísimo y es la consecuencia de una gran desigualdad social que sigue sin achicarse significativamente.

Y este no es sólo un problema de este gobierno. Lo criticable de esta administración es su obcecación en creer que, por el camino que vamos, sin acuerdos políticos básicos que permitan cambios estructurales del modelo económico vigente, llegaremos al paraíso.

A pesar de conocer esta realidad, los gobernadores oficialistas que en Olivos compartieron el almuerzo con el matrimonio presidencial el lunes pasado, decidieron no abrir la boca. Allí la Presidenta les pasó facturas por lo que ella entiende que es una defensa débil de su gestión. El resultado de ese encuentro, en el que el Gobierno volvió a usar la metodología de apropiarse de los temas de sus adversarios con la finalidad de neutralizarlos, fue de suma cero.

En esta ocasión el tema fue el de la ley del cheque y su derogación a futuro. “En realidad lo que la mayoría de los gobernadores quiere no es la derogación del impuesto sino una redistribución diferente, más equitativa y menos discrecional”, confiesa el asesor de uno de los mandatarios provinciales que no salió contento de Olivos pero que se mantendrá leal a los Kirchner. Lo mismo que con la Ley del Impuesto al Cheque ocurrirá con la de Coparticipación; el ex presidente en funciones la anunciará esta semana como un proyecto a discutir, en la seguridad de que esa ley nunca saldrá durante el gobierno que comparte con su esposa.

De lo ocurrido en esa reunión con los gobernadores oficialistas se desprende claramente que ni la Presidenta ni su esposo tienen la más mínima intención de soltar la caja. “Es que sin caja no hay proyecto presidencial posible”, ratifica una voz del kirchnerismo. Y el desvelo, tanto de Néstor Kirchner como de su esposa, pasa por el 2011.

En el ideario del matrimonio presidencial anidan dos aspiraciones: una, de máxima, es la de Néstor Kirchner como futuro presidente de la Nación; la otra, de mínima, ante un eventual triunfo de Julio Cobos, es la del hoy ex presidente en funciones como jefe de la oposición. “Saben que cualquier otra circunstancia los dejará a la intemperie y eso les traerá consecuencia políticas y judiciales adversas”, agrega esa misma fuente.

Desde ese punto de vista, la semana que pasó fue buena para el Gobierno. El fallo de la Sala IV de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo le permitió destrabar el uso de reservas del Banco Central y avanzar con la reapertura del canje de deuda que se intentará oficializar el próximo 14 de abril.

Esta vez, por lo tanto, la Presidenta no habló del partido judicial. Es que para ella los jueces que dictaminan a favor del Gobierno son honestos, probos e independientes, y quienes lo hacen en su contra son deshonestos y están comprados. Claro que hay magistrados deshonestos; un ejemplo de ello es el del destituido juez federal de Zárate-Campana, Federico Faggionato Márquez. El problema es que al Gobierno sólo le preocupa la deshonestidad de los que dictan sentencias que le son adversas.

La salida del default es un asunto que, salvo en los sectores de la izquierda, es reconocido como fundamental para buscar la reinserción de la Argentina en el mundo. Fue una de las ideas con las que inició su gestión Martín Lousteau, el primer ministro de Economía de Cristina Fernández de Kirchner.

Por ende, sólo un gobierno con una filosofía basada esencialmente en la confrontación permanente ha transformado un tópico en el cual habría podido lograr acuerdos con buena parte del arco opositor, en otro en el cual lo que abunda es el enfrentamiento sin cuartel. “Hay un hecho que explica esto: tales acuerdos habrían dejado al descubierto la necesidad de sincerar el Presupuesto 2010, un dibujo que, sin el aporte de las reservas del Banco Central, no cierra. Y ese sinceramiento es algo que el Gobierno no está dispuesto a conceder”, cuenta una voz del oficialismo que el lunes pasado, con gran euforia y llenándola de elogios, saludaba a la Presidenta en Olivos.

La ecuación política de suma cero que hoy experimenta la Argentina tiene su otra pata en la oposición, cuyo problema principal, que comparte con el Gobierno, es no haber comprendido el mensaje de las urnas de la elección del 28 de junio pasado.

Producto de esto es la poca capacidad que ha demostrado tener, hasta aquí, para generar acuerdos mínimos que sirvan de base para llevar adelante el rol que le corresponde en un gobierno democrático: el de control. Y por ese resquicio el matrimonio presidencial avanza sin pausa y con prisa en la concreción de su objetivo de máxima: el de paralizar al Congreso, cosa en la que hasta el momento viene siendo exitoso.

En la oposición, además, hay varios dirigentes que se comportan como si ya fueran los candidatos para una elección en la que creen que ganarán con comodidad. Al actuar así, cometen un doble y grave error de apreciación: el primero es el de subestimar a Néstor Kirchner; el segundo, el de no darse cuenta de que el exceso de personalismos produce, en aquella porción de la población que busca alternativas al kirchnerismo, un alto nivel de frustración, porque denota la misma falta de vocación por generar acuerdos mínimos que se le critica al matrimonio presidencial.

La fragmentación de la oposición es uno de los objetivos del oficialismo, y en eso, quien trabaja a destajo es Néstor Kirchner. Cuenta para ello con la ayuda inestimable de varios de sus más enconados adversarios.

Es por ello que, en la semana que pasó, reapareció con fuerza el recuerdo de la figura de Raúl Alfonsín. A un año de su fallecimiento, la imponente manifestación que se produjo durante sus exequias fue un claro mensaje enviado por parte de quienes, aun discrepando con su gobierno, valoraron su honestidad, su voluntad de acuerdo y su vocación de tolerancia en aras de la construcción de una sociedad plural.

Es un mensaje que una parte importante de la clase política argentina aún demuestra no haber comprendido

Héctor Méndez aceptó la invitación de Casaretto para firmar el documento contra la pobreza y la inflación

viernes, 2 de abril de 2010

Por Marcelo Bonelli

El conjunto del movimiento empresario aceptó participar en la elaboración de un documento político advirtiendo sobre el daño que provoca el actual proceso inflacionario a la economía y exigiendo medidas para mitigar su impacto sobre la pobreza.


El texto fue confeccionado por la Iglesia Argentina, la cual ya logró la adhesión de las principales entidades del establishment. En las últimas jornadas, monseñor Jorge Casaretto negoció la adhesión de las centrales políticamente más importantes, como la Unión Industrial Argentina.

Así, la gestión sigilosa del titular de Pastoral Social venció las resistencias de muchos líderes empresarios de elaborar un documento conjunto. Hace un puñado de semanas la UIA rechazó una iniciativa de elaborar una declaración única contra el Gobierno, que llevaron adelante su titular, Héctor Méndez, y el jefe de la Rural, Hugo Biolcatti.

Ahora, el texto denominado "La Pobreza, un problemas de todos" lo firmarán, entre otros, la Unión Industrial Argentina, la Asociación Empresaria Argentina, la Sociedad Rural Argentina, la Confederación Argentina de Mediana Empresa, la Asociación de Bancos Argentinos y la Asociación Cristina de Empresas. Lo harán junto a varios e importantes gremios y podría ser acompañado por la CGT. Aún la Iglesia negocia con Hugo Moyano.

La diferencia de este nuevo documento con la frustrada iniciativa de Méndez y Biolcatti reside en una cuestión: en principio, el borrador no está dirigido sólo contra el Gobierno y convoca a todos los sectores a unirse para combatir la pobreza. Su texto rescata la decisión kirchnerista de evitar un ajuste para combatir la inflación y destaca como un acierto el plan social para la niñez que anunció la Presidenta.

Pero el conjunto de su redacción incluye fuertes alusiones contra lo que llama "pasividad de la Casa Rosada" para combatir realmente la pobreza. Y hace mucho hincapié en un punto que el Gobierno no quiere admitir: el incipiente proceso de aumento de precios.

El borrador tiene cuatro carillas y circula entre pocas manos para evitar filtraciones antes de su difusión, prevista para el 14 de abril. En obvia referencia a la Casa Rosada, su texto sostiene:

Que hay que controlar la inflación, porque hace mucho daño a los sectores más pobres.

Que la pobreza y la inequidad continúan a consecuencia de un modelo económico que no logra resolver la equitativa distribución del ingreso.

Sostiene que el combate a la pobreza es una de las asignaturas pendientes de urgente resolución.

Exige que la pobreza sea declarada una emergencia nacional.

El encuentro político clave para el impulso del documento conjunto se hizo el lunes, en la UIA. Héctor Méndez aceptó la invitación del Monseñor Casaretto y de su operador en el mundo de los negocios, Eduardo Serantes, titular de la Comisión de Justicia y Paz y director de uno de los principales pool de siembra de Argentina.

Los hombres de negocios conocen el riesgo que asumen con el documento: se espera una fuerte contraofensiva de la Casa Rosada, que va a responsabilizar a los propios empresarios de la inflación.

En la Quinta de Olivos ya se conoce el detalle de la movida y por eso dos ministros -Aníbal Fernández y Florencio Randazzo- salieron a cuestionar a los formadores de precios.

Amado Boudou también abrazó esa tesis, después de sus flojos argumentos para evitar hablar de la inflación. En los últimos días, Boudou logró superar su endeblez política. Primero fue el anunció del lanzamiento del canje de la deuda, después de la erosión que le causó la impericia profesional para llevar adelante el proceso. El canje será exitoso, fruto de los beneficios que ofrecerá Boudou a los bancos y bonistas del exterior.

También se fortaleció por su presencia en el Senado. Pero no por sus frágiles explicaciones, sino por la debilidad de la oposición. Las torpezas ahí ocurridas ya habían fortalecido a Mercedes Marcó del Pont y ahora al ministro de Economía.

Boudou contragolpeó cuando recordó la participación de Gerardo Morales en el gobierno de la Alianza, un argumento pobre y peligroso: en el gabinete de Cristina Kirchner hay dos ministras que estuvieron con Fernando de la Rúa, Nilda Garré y Débora Giorgi. La relación entre Giorgi y Boudou es tensa. Boudou considera que la ministra de la Producción operó para sacarlo de su cargo y se ofreció para reemplazarlo. Boudou no superó que en la última reunión con los gobernadores, la Presidenta haya expuesto en base a un power-point que Cristina Kirchner le solicitó a Giorgi y no al Ministerio de Economía.

Igualmente, Boudou sabe que deberá enfrentar nuevas turbulencias de inmediato. Otro mal asesoramiento del Palacio de Hacienda en la confección de los últimos decretos de necesidad y urgencia generan un serio problema de financiamiento al Tesoro: al no contemplar los DNU el problema de los topes de los adelantos transitorios, se restringió la capacidad de financiar al Tesoro con adelantos del BCRA. Ahora, en lugar de poder pedir, Boudou le tendría que devolver dinero al BCRA.

Guillermo Moreno aprovecha estas internas para tener más protagonismo y poder. Esta semana acusó a Julián Domínguez de alentar, desde el Ministerio de Agricultura, las manifestaciones en su contra de trabajadores de frigoríficos. Y contragolpeó: Moreno exigió en Olivos tener carta abierta para intervenir libremente en todos los ministerios del área económica para intentar frenar la escalada de precios.

Para Amado Boudou es "tensión de precios" y antes "reacomodamiento"

sábado, 27 de marzo de 2010

Por Ricardo Roa

La inflación ya saltó al tercer lugar en el ranking de las preocupaciones de la gente, según encuestas recientes. Sin embargo, eso que los consumidores sienten cada vez más en sus bolsillos para Amado Boudou es, ahora, "tensión de precios" y antes "reacomodamiento".


No se entiende qué quiere decir el ministro con "tensión de precios", a menos, claro está, que sólo pretenda ocultar la realidad: una aspiración demasiado grosera como para que alguien se la trague.

Reacomodamiento de los precios relativos es cuando precios rezagados tienden a acercarse a los que han subido más. Otra falacia: hoy existe un corrimiento generalizado que ya ha tomado forma de inflación inercial.

Tal vez Boudou pretenda que minimizando el problema pueda desactivar las expectativas o que si lo admitiera, las potenciaría. Esto último puede ser cierto. Las expectativas, en cambio, están instaladas: el 2009 cerró con una inflación bien medida del 15% y éste, que arrancó con una proyección del 20%, se proyecta ya hacia el 25%.

Cuando se pasan ciertos umbrales, se hace muy difícil encarrilar el proceso hacia abajo. Y más, cuando no existe un plan antiinflacionario, inviable por otra parte con el actual INDEC: no habría con qué medir sus resultados.

Seguro que después de un llamado de Olivos, Moyano salió ayer a enmendar lo del jueves. Pero lo dicho, dicho está: "Nadie puede negar la inflación". De todos modos, fue una corrección a medias: "Todos se quejan por los precios", dijo.

Pronto arrancará la paritaria de Camioneros y el jefe de la CGT no se puede quedar atrás justamente con su gremio y con una de las fuentes de su poder. Pero la inflación ataca sobre todo a los más pobres.

Y si existe tensión con los precios, también es posible que se desate tensión social.

Tarifas Baratas para Todos

jueves, 25 de marzo de 2010

Por Marcelo Zlotogwiazda

El funcionario se muestra entusiasmado por la rápida recuperación del nivel de actividad y afirma que “nuestras proyecciones de crecimiento del Producto Bruto para este año ya están en el 5,1 por ciento”. Es el doble de lo previsto en el Presupuesto, pero aún se ubica por debajo del 5,6 por ciento que está pronosticando Miguel Bein.

Las planillas que muestra el funcionario indican que el crecimiento estará liderado por el agro (gracias a una extraordinaria cosecha de soja) y la construcción, y que el consumo se mantendrá subiendo a muy buen ritmo en lo que resta de 2010.


El funcionario reconoce que la inflación se ha acelerado pero le quita todo dramatismo. Asegura que no hay riesgo de que los precios se desboquen porque las cuentas fiscales son más estrechas pero están bajo control y, fundamentalmente, porque la abundancia de dólares permite que el tipo de cambio opere como un ancla.

Al funcionario le preocupan más otras cosas. El primer tema que menciona son los subsidios que el Gobierno otorga por distintas vías para posibilitar tarifas baratas de energía y transporte, y atenuar el alza de precios en algunos alimentos.

Es una bola de nieve que se viene agigantando en la medida que se ensanchó la brecha entre las tarifas y la inflación. El año pasado la cuenta ascendió a 35.000 millones de pesos, de los cuales dos terceras partes se aplicaron a energía y transporte.

Si bien el Presupuesto 2010 contempla una leve reducción, nadie cree en esos números. La consultora Ecolatina estima que los subsidios llegarán a 45.000 millones, y el diputado de Proyecto Sur Claudio Lozano señala que la propia Secretaría de Hacienda amplió las proyecciones por encima de los 50.000 millones. El funcionario reconoce que la política de tarifas baratas para todos insumirá 55.000 millones de pesos.

La política de tarifas baratas para todos implica que una porción considerable de los subsidios cubre beneficios que también reciben sectores acomodados de la sociedad. Un verdadero despilfarro inequitativo de recursos.

El año pasado el Gobierno intentó corregir parcialmente los absurdos cuadros tarifarios de gas y electricidad, pero en la implementación cometió tantos gruesos errores técnicos y políticos que se vio obligado a dar marcha atrás.

El principal destinatario de los subsidios es el sector transporte, donde las tarifas han quedado más relegadas. Según la estimación que maneja la gente de Julio De Vido, el transporte automotor de pasajeros va a recibir este año 9.100 millones de pesos, y los ferrocarriles 3.500 millones. Es obvio que se trata de los medios de transporte que utilizan los más necesitados. Lo que no es tan obvio es que los usuarios de colectivos, trenes y subtes no son mayoritariamente pobres.

De acuerdo con un estudio que elaboró el ministerio de Planificación:

- Sólo el 28 por ciento de los pasajeros de colectivos vive en hogares que no llegan a cubrir la canasta básica.

- En ferrocarriles el porcentaje es un punto mayor, pero con grandes diferencias entre ramales: por ejemplo, mientras en el Belgrano el 52 por ciento de los pasajeros es pobre, en el Mitre el número baja a 18.

- Algo similar sucede en el subte. El 12 por ciento de los usuarios es pobre, pero la cifra sube a 29 por ciento en el Premetro y baja a 7 en la línea D.

Algunos datos que ilustran las distorsiones:

- Por cada peso que ingresa a boletería, los concesionarios de trenes reciben de 2 a 3 pesos por subsidio.

- Si el ferrocarril fuera gratis, los concesionarios saldrían empatados porque se ahorrarían el costo de la estructura de boleterías y cobranza (no es una alternativa viable porque quedarían miles de desocupados).

- El costo por pasajero de subte es 2,80 pesos, y el pasaje está en 1,10.

A diferencia del gas y la electricidad, donde es posible aplicar aumentos discriminados que sólo afecten a determinada clase social, en transporte eso no es factible por ahora. Recién se podría hacer algo por el estilo cuando esté en plena vigencia para todos los medios de transporte la tarjeta individual SUBE.

Además del impacto fiscal y de las inequidades distributivas del esquema tarifas baratas para todos, el hecho de que las empresas de autotransporte y los concesionarios de trenes dependan más del subsidio que del precio, desdibuja el incentivo para mejorar el servicio. Su calidad queda supeditada a un control gubernamental que no es precisamente eficaz. No es casual que el nivel del servicio sea el que es.

¿Qué otras cosas le preocupan al funcionario? Menciona la elevada proporción de la inversión que se orienta al rubro inmobiliario. Lo inquieta, porque se trata de una inversión que no aumenta el capital reproductivo, y porque la sostenida demanda de ladrillos se traduce en precios altos y alquileres caros.

Y las señales son propicias para que la demanda inmobiliaria se mantenga alta. Con pronósticos de inflación que no bajan del 20 por ciento, depósitos a plazo fijo que rinden la mitad, y sin expectativas de que el dólar suba al ritmo de los precios, la alternativa de canalizar ahorros a ladrillos luce atractiva. Lo mismo que adelantar compra de bienes durables.

Pese a que el funcionario le quita gravedad, la inflación está alimentando dos círculos que conllevan algún peligro. Uno comienza con la mayor exigencia de subsidios compensatorios por tarifas atrasadas, que debilitan las cuentas fiscales, y se convierte en riesgo inflacionario. El otro círculo se dispara por el adelantamiento del consumo que recalienta la demanda y mete presión en los precios.

¿Algún otro problema? Dice que la base de sustentación fiscal requiere de pilares menos dependientes del ciclo económico, y de carácter más permanente, como por ejemplo el impuesto a las ganancias. El funcionario considera que una reforma tributaria es asunto prioritario, pero reconoce que no figura en la agenda del pequeño círculo que toma decisiones.

El Banco Central es ahora una oficina de la secretaría de Hacienda

viernes, 12 de marzo de 2010

Por Agustín A. Monteverde


EL GOBIERNO SE QUEDA CON LA FABRICA DEL DINERO

El largo forcejeo por las reservas deja en claro que teníamos razón cuando calificamos el cuadro fiscal de “desesperante” en noviembre, un mes antes del zarpazo del DNU 2010.

El Banco Central es ahora una oficina de la secretaría de Hacienda. Que la fábrica de dinero esté en manos de un gobierno que ha hecho del gasto un método de sometimiento político, es doblemente perjudicial. Y da sustento a la teoría del “alter ego” que esgrimen los acreedores para reclamar embargos en los tribunales internacionales.

La estrategia oficial ha sido arrinconar a la oposición con una opción aparentemente “inevitable”: o se le entregan ‘ya’ las reservas o se envía el país a un nuevo default. Pese a la premura invocada, no hay vencimientos significativos de deuda en las próximos meses. La única urgencia es seguir con el gasto clientelar.

La falaz dicotomía olvida que todos estos años hemos estado, y seguimos estando, en default con acreedores que no aceptaron las leoninas condiciones del canje que Kirchner y Lavagna llevaron a cabo en 2005. Cuyas consecuencias —quedar excluidos de los mercados voluntarios de deuda— se intentan ahora morigerar con rescates anticipados y nueva reestructuración.

El matrimonio K también hizo un default selectivo de deuda ajustable, por vía de una grotesca submedición de precios.

Sorprende ver al oficialismo preocupado en reducir costos de endeudamiento cuando nos presentó como decisión brillante el cancelar la deuda más barata —con el FMI— para reemplazarla por el prestamista más caro, el señor Chávez. ¿Por qué ahora tanta preocupación en reducir las tasas a un dígito cuando le tomó fondos con tanto entusiasmo al 16 %?

Aquel pago al FMI se ha convertido en uno de los argumentos favoritos para justificar el atraco. En ese momento lo criticamos por antieconómico y por el precedente que sentaba. Pero tuvo marcadas diferencias —a su favor— frente a lo que ahora se discute: fue respaldada por una ley y la obligación
cancelada estaba registrada en los libros del BCRA. Se redujo el pasivo en igual medida que el activo; no hubo descapitalización y el efecto monetario fue neutro.

La ley de Presupuesto vigente contempla específicamente con qué atender los vencimientos del corriente ejercicio: tomando nueva deuda, sin incrementos netos. Si lo previsto por el gobierno resultó de súbito indeseable — el DNU 2010 salió a poco de aprobado el Presupuesto—, hay tiempo para tratar nuevas alternativas en el ámbito que la Constitución fija para arreglar lo pertinente a la deuda pública: el Congreso.

Por otro lado, la elevada tasa que los mercados nos exigen, y que se esgrime para justificar la apropiación, es mérito del gobierno por su atropello a instituciones, manejo arbitrario de reglas de juego, falseamiento estadístico y el default permanente que mantenemos desde hace casi diez años.

¿Oposición?

Varios legisladores de la oposición, para no aparecer como obstructores del Ejecutivo, están dispuestos a ceder parte del botín reclamado. Deben tener presente que la mejor imagen pública será en perjuicio de la moneda y los ahorros de los argentinos, que sufrirán un seguro deterioro de sus ingresos.

Nuestros representantes deben ser concientes de que en los últimos años ya convalidaron medidas inflacionarias del Ejecutivo. Y que éste cuenta hoy con un amplio margen de emisión y expansión del gasto, sin necesidad de autorización legislativa.

En los últimos años, a pedido del gobierno el Congreso modificó en dos oportunidades la ley Orgánica del BCRA para permitirle transferir más y más dinero al Tesoro. Primero se amplió el porcentaje a financiar en función a la base monetaria. Luego se incluyó dentro del segundo margen, que depende de la recaudación fiscal, el pago de cualquier deuda denominada en moneda extranjera. El financiamiento del BCRA creció exponencialmente.

Los adelantos al Tesoro, respetando esos límites, sumarán este año $9000 MM adicionales. Y si eso es insuficiente, un resquicio legal permitirá al gobierno hacerse de otros $ 24000 MM en concepto de utilidades del BCRA.

Ambas vías implican más expansión monetaria y consiguiente deterioro del poder adquisitivo de la población.

Que los márgenes de asistencia crezcan según lo hagan la recaudación y la base monetaria resulta en una perversa circularidad inflacionaria. La primera viene creciendo por obra de la inflación y no por la actividad, que cayó. Y la expansión de la base, no acompañada de un correlativo aumento de la demanda de dinero, es el origen mismo de la inflación.

Esto quiere decir que la inflación —por vía de la recaudación— y la misma sobreemisión permiten aumentar la asistencia del Central al gobierno, lo que significa a su vez más emisión y nuevo reimpulso a la inflación (que luego, a su vez, aumentará los límites legales de asistencia, con la consiguiente espiralización).

Las supuestas utilidades, son en buena medida ajustes contables por desvalorización de la moneda que precisamente debería defender el BCRA. Es manifiestamente perverso que el incumplir la ley —no resguardar el valor del peso— le genere ”ganancia” contable al BCRA.

Y también lo es que esa ganancia, sólo realizable si se liquidaran todos los activos, sea “distribuida” al gobierno a través de emisión pura y dura. Se subvierte el sistema de recompensas y castigos, ponderando el desempeño con criterio opuesto al objetivo asignado. Y se autorrefuerza la desvalorización del peso: cuanto más desvalorizado, más “ganancias”; a más “ganancias”, más emisión.

A los $ 33000 MM por adelantos y utilidades, hay que agregar más de $ 8000 MM (U$ 2187 MM) que, por el decreto simple no frenado por la Justicia, el BCRA cancelará de deudas del Tesoro con organismos, descapitalizándose.

¿Van a permitir más gasto y emisión? Esos $ 41000 MM que el BCRA volcará a la calle sin necesidad de nuevas concesiones equivalen a la mitad del circulante en poder del público y exceden largamente la necesidad invocada por el gobierno. ¿Tampoco alcanzan?