Por Rosendo Fraga
La semana pasada la oposición logró ponerse en marcha en el Congreso, imponiéndose en ambas cámaras. En Diputados fue aprobado el rechazo por nulidad del decreto del 1 de marzo, para el pago de deuda con el uso de reservas. La oposición obtuvo 140 votos -logró la coincidencia desde Pino Solanas hasta Gabriela Michetti- frente a 93 del oficialismo y 6 abstenciones.
Previamente se aprobó el pliego de Marcó del Pont para la Presidencia del Banco Central. La elección estaba empatada y Cobos iba a tener que desempatar, pero fue la abstención de Menem la que permitió que se aprobara por un voto. La oposición puso en evidencia que si bien tiene fuertes diferencias ideológicas, políticas y electorales, tiene consensuado un programa en el plano institucional, que pasa por la limitación al Ejecutivo en el uso del DNU, la modificación del Consejo de la Magistratura, la coparticipación del impuesto al cheque -a la que puede seguir un proyecto similar sobre los ATN- y el saneamiento del INDEC, aunque carece de la capacidad para comunicarlo con eficacia.
Kirchner respondió como siempre, redoblando la apuesta, y buscando impedir en ambas Cámaras la sanción definitiva de ambos proyectos. El oficialismo tratará de impedir que Diputados dé sanción definitiva a la reforma del impuesto al cheque y que el Senado confirme el rechazo del DNU del 1 de marzo.
Aunque la mayoría de los constitucionalistas sostienen que es válida la reforma del impuesto al cheque por mayoría simple, el oficialismo sostiene que se requiere una especial y en consecuencia desconoce la validez de la aprobación en Senadores, cuyo presidente, el Vicepresidente Cobos, ya giró el proyecto a la Cámara Baja.
El oficialismo respondió pidiendo, a través del Jefe de Gabinete (Aníbal Fernández) y el ministro de Planeamiento en Infraestructura (De Vido), su renuncia e indicando al Presidente de la Cámara de Diputados, que es oficialista (Fellner), que devuelva el proyecto a Senadores, desconociéndolo.
Frente a ello, la oposición amenaza con reemplazarlo -tiene la mayoría para ello- o limitar sus funciones. En todos los casos, el kirchnerismo recurre y recurrirá a la Justicia ante cada fracaso legislativo. En el caso que Diputados diera sanción definitiva a la reforma del impuesto al cheque y que Senadores lo hiciera con el rechazo del DNU del 1 de marzo, el Ejecutivo puede recurrir al veto. Pero Kirchner es consciente de que usarlo tiene costo político y que implica aceptar que se ha perdido el control del Congreso.
A medida que el oficialismo judicializa las decisiones adversas del Congreso, redobla su ofensiva para provocar renuncias en la Corte. Voceros del oficialismo (Kunkel y Rossi) pidieron la renuncia del miembro de la Suprema Corte (Fayt) que ha cumplido 75 años, quien fue designado por Alfonsin en 1983 y tiene una posición contraria al oficialismo.
La Corte tiene 7 miembros y 2 vacantes sin cubrir, pero hoy no tiene mayoría en el Senado para imponer candidatos propios. No sólo el conflicto entre el Ejecutivo y el Congreso se está resolviendo en la Justicia, sino también la batalla con los medios.
La Corte prepara dos fallos que resultan vitales para el oficialismo: la vigencia de la ley de medios y los alcances del uso del DNU, previendo que pueden ser desfavorables por 4 contra 3 y que Fayt, con certeza, integra el primer grupo. Pero a esta presión, el kirchnerismo suma la que ejerce en la calle.
Es así como la semana pasada, varios miles de militantes del oficialismo manifestaron frente a la Corte, exigiendo que declare vigente la ley de medios. En el caso de perder Kirchner la batalla institucional en el Congreso y la Justicia, parece dispuesto a llevarla a la calle, donde cuenta con los piqueteros oficialistas, el sector sindical que lidera Hugo Moyano, las organizaciones de derechos humanos y las barras bravas de fútbol, frente a una oposición con mayoría en la opinión pública pero desarticulada en las calles, a diferencia de lo sucedido durante el conflicto del campo.
El oficialismo redobla también el conflicto con la Iglesia, mientras que la política exterior muestra ambigüedades y contradicciones.
El impulso de Kirchner a la ley del matrimonio gay en Diputados, los ataques a Monseñor Bergoglio y la decisión del Gobierno de excluir de la asignación universal por hijo a las familias que están en la pobreza pero tienen hijos en escuelas privadas, muestran la decisión de profundizar el conflicto con la Iglesia Católica, cuya asamblea de obispos realiza esta semana una de sus dos reuniones anuales.
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