DNU 298: Rechazado o Nulidad Absoluta?

Tras varios intentos fallidos, la oposición alcanzó los votos necesarios para rechazar el DNU 298, que habilitó el uso de reservas del Banco Central para pagar deuda. La oposición se impuso por 140 votos en contra del decreto, 93 a favor y 6 abstenciones.

El decreto continuará vigente 15 días más hasta que se debata en el Senado. No obstante, si los senadores aprueban el decreto o no se pronuncian al respecto, mantendrá su validez, pues así lo establece la ley que los reglamenta.

El oficialismo insistió con la idea de que el Congreso sólo puede rechazar o aceptar el decreto pero no declarar la nulidad absoluta, con lo cual apuesta a que se expida el Senado, sin descartar la variante de aprobar la utilización de reservas vía una ley. Aquí jugarían un rol importante el senador peronista que dice ser no kirchnerista, el pampeano Carlos Verna o del diputado Martín Sabbatella.

La oposición efectuó el rechazo con el argumento de que el DNU es nulo, con la intención de hacer retroactiva su eliminación y obligar al gobierno nacional a devolver las reservas giradas por el BCRA para el pago de las deudas.

No obstante, el Peronismo Federal, la UCR, la Coalición Cívica y PRO mostraron fisuras respecto de la continuidad del trámite parlamentario del DNU.

El líder del Peronismo Federal, Felipe Solá, anunció que en su opinión el rechazo no precisa de tratamiento de la Cámara Alta y por lo tanto implica su nulidad, porque la ley 26.122, que regula el tratamiento de ese tipo de decretos, es “inconstitucional”, afirmó.

Para el radical Ricardo Gil Lavedra la ley vigente establece la necesidad de que el rechazo sea hecho por las dos Cámaras del Congreso, aunque aclaró que implica la nulidad del DNU, ya que en el momento en que se dictó no había “necesidad ni urgencia”.

Fuente: Fortunaweb

El gusto de la oposición serviría, por ahora, para templar el ánimo político de cara a las batallas que vendrán

Por Eduardo van der Kooy

La oposición, después de una acumulación de frustraciones, pudo ayer sacarse el gusto en Diputados. Conformó el quórum indispensable (arrancó la sesión con 129 legisladores) y avanzó en la derogación del DNU de Cristina Fernández, con el cual había inaugurado en marzo el período de sesiones ordinarias. Esa herramienta le permitió apropiarse de reservas del Banco Central para abonar vencimientos externos.

El gusto de la oposición serviría, por ahora, para templar el ánimo político de cara a las batallas que vendrán, aunque al DNU derogado le quedaría todavía un largo camino por recorrer antes de que pueda ser considerado, de verdad, en estado de extinción.



El kirchnerismo, por lo pronto, dejó sentado que no convalidará la votación de ayer, que se perfilaba por mayoría simple y no con los dos tercios. El oficialismo no tendría razón con esa postura porque el tratamiento del DNU se hizo dentro de los plazos reglamentarios y no sobre tablas. Pero importa poco que no le asista aquella razón: en inferioridad, el kirchnerismo se ha mostrado astuto, hasta ahora, para enredar el funcionamiento del Congreso. Tanto en Diputados como en el Senado. Agustín Rossi, el jefe del bloque oficialista, ya anunció que apelarán la votación ante la Justicia.

Pero, al menos en la oposición, ciertas cosas descompuestas volvieron a recobrar alguna normalidad. No hubo inexplicables llegadas tarde, como la semana anterior, ni vacilaciones de un grupo de diputados que, entre la oposición y el oficialismo, se deslizan sobre una línea delgada.

Pino Solanas estuvo con los hombres de su arco político, excepto Martín Sabatella. El ex intendente de Morón funciona, cada vez más, en sintonía con el oficialismo. En cambio, Claudio Lozano, despachó un discurso virulento contra el kirchnerismo por la utilización de las reservas del Central para el pago de deudas externas. Tampoco la peronista disidente, Graciela Camaño, apareció sola. Juan José Alvarez, esta vez, decidió acompañarla.

El gesto opositor se produjo, además, en un tiempo que Cristina y Néstor Kirchner estaban dispuestos a aprovechar políticamente sin escollos. La Presidenta tuvo al final, anoche, algo más que las repetidas fotos con Barack Obama. Habló con él en una cita a solas que disfrutaron -en ocasiones anteriores- varios de los principales mandatarios de América latina.

En los próximos días, el Gobierno tiene ideado lanzar la oferta de su nuevo canje de la deuda, que viene provocando alboroto en los mercados internacionales. El mundo económico y financiero fue anoticiado por la oposición que la legalidad de una buena parte de ese dinero a ser utilizado, está siendo colocado en tela de juicio.

De ese viaje de Cristina a Estados Unidos, surgieron también nuevas evidencias de cómo el kirchnerismo manipula el funcionamiento del Congreso. O, mejor dicho, su no funcionamiento. ¿Cuáles fueron aquellas evidencias? La presencia en la delegación presidencial de la senadora por Santiago del Estero del FPV, Ana María Corradi. Esa mujer nunca se habría subido al avión si los Kirchner hubieran barruntado algún peligro para estos días en el Senado, donde la oposición también pretende descargar alguna artillería.

¿En qué consiste esa artillería? En la posibilidad de abordar, por ejemplo, el DNU como en Diputados. En la reforma al régimen de coparticipación de la ley del cheque, que cuenta incluso con la anuencia de por lo menos dos senadores kirchneristas.

Algunos legisladores de la oposición se entusiasmaron más de la cuenta cuando lo vieron circular ayer por el Senado, campante, a Carlos Menem. El ex presidente ha sido, hasta ahora, clave para evitarle los peores sobresaltos al kirchnerismo. Pero esa presencia pareció calculada. A cambio, se ausentó la rionegrina María José Bongiorno, cuya fidelidad con la oposición es débil y zigzagueante. En suma: ni hoy ni mañana podría haber sesión en el Senado sin una agenda de consenso. La oposición no estaba, de nuevo, en condiciones de imponer los 37 senadores para el quórum.

El consenso se buscó, por oficio de José Pampuro, reemplazante de Julio Cobos en el Senado, con una agenda pactada con la oposición que no incluya temas de conflicto y resulte más inofensiva que un vaso de agua mineral.

Las cuestiones ardientes serían pospuestas un par de semanas. Para entonces, el kirchnerismo espera tener madurados un par de proyectos que alcancen a esterilizar el golpe infligido por la oposición en Diputados con la derogación del controvertido DNU. Esos proyectos los encarnan el peronista pampeano Carlos Verna en el Senado y el centroizquierdista bonaerense Sabbatella en Diputados. Apuntan a reemplazar aquel decreto con una ley que convalide el uso de las reservas del Central.

Cristina y Kirchner, en ese sentido, prefieren prevenir. Conocen que en la Corte Suprema los siete jueces considerarían algún pronunciamiento sobre los decretos. Ese pronunciamiento no se producirá mientras esté abierta en el Congreso la posibilidad de la sanción de una ley que avale el uso de las reservas.

La determinación fue conversada en el encuentro rutinario de ayer de los jueces de la Corte. En realidad, tres de esos integrantes (Enrique Petracchi, Carlos Fayt y Juan Carlos Maqueda) ya se han pronunciado sobre los DNU en fallos que incumbieron a las épocas de Menem y Fernando de la Rúa. Resta conocer la postura de Ricardo Lorenzetti, el titular del cuerpo, Elena Highton, Raúl Zaffaroni y Carmen Argibay. Pero todos ellos coinciden, a diferencia de lo que sostienen Cristina y Kirchner, en las facultades que les competen para validar la "necesidad y urgencia" de esos decretos.

En aquel encuentro de los jueces no pasó de largo la renovada ofensiva kirchnerista contra el Poder Judicial. En especial, el énfasis que los diputados Carlos Kunkel y Alejandro Rossi pusieron para el retiro de Fayt. Este año, también por llegar al límite de la edad jubilatoria, debería ser el último de Petracchi.

Los siete jueces decidieron abroquelarse y, por ahora, no responder a los retos políticos. Pero también defender cualquier ataque al Poder Judicial. Fue la línea que impuso Lorenzetti y que, con extremo cuidado, exhibió al acudir a un acto en recordación del Holocausto.

Para no reconocer su incapacidad, los Kirchner hacen lo que hicieron las dictaduras: "ajustemos con inflación, que no se nota"

Por Alfonso Prat Gay



La dicotomía que propone el Gobierno no es tal. El verdadero dilema es que el kirchnerismo haga bien las cosas para refinanciar deuda a tasas razonables o ajustar.

Para justificar su asalto al Banco Central, los Kirchner intentan convencer a la opinión pública de que Argentina enfrenta un dilema de hierro: "o pagamos con reservas o vamos al default".

Según esta lógica, quien se opone al uso de las reservas (los jueces, la oposición) es un "defaulteador", un enemigo de la patria.


Pero, ¿cómo es posible que Argentina, "uno de los países menos endeudados del mundo", el "único país del mundo con superávit fiscal en 2009 y en cada año desde 2003" y aquel que "salió del default en 2005 con la quita de deuda más grande de la historia" esté ahora a las puertas de un nuevo default?

Ni lo uno, ni lo otro. "Nos cobran tasas usureras por el default del 2001", dijo la Presidenta en su discurso ante la Asamblea Legislativa. Sin embargo, a mediados de 2007, el mundo ya se había olvidado del colapso del 2001 y los bonos argentinos rendían lo mismo que los bonos brasileros.

Si hoy el mercado le pide a Argentina una tasa de interés que más que duplica la de Brasil es por el default de las instituciones que ha ejecutado minuciosamente el kirchnerismo durante los últimos cinco años.

A saber: la destrucción del INDEC, la persistente erosión inflacionaria de nuestros salarios, las candidaturas testimoniales, la violación del federalismo fiscal, la presión sobre los jueces, el deterioro de la infraestructura de servicios públicos y recursos naturales, los ataques a la prensa y la manipulación de la publicidad oficial, la represión de nuestras exportaciones y el desmantelamiento de los órganos de auditoría y control.

Las "tasas usureras" no son el resultado entonces de un complot internacional contra Argentina sino el reflejo de la profunda desconfianza interna y externa que provoca un gobierno que miente hasta con las estadísticas oficiales. "Prefiero ignorar un fallo judicial que cometer el delito de malversación de fondos endeudando a Argentina a estas tasas", dijo Cristina Kirchner en cadena nacional.

Pues bien, el "delito" de colocar deuda al 13% (la tasa actual) o más ya ha sido cometido once veces por Cristina desde que llegó a la Casa Rosada. En esas once emisiones colocó más deuda que la que busca ahora cancelar con el Fondo del Desendeudamiento y ¡en más de una de ellas pagó tasas incluso superiores a las que aceptó Cavallo en el megacanje de 2001! "Las reservas (del Banco Central) rinden 0.5% y a nosotros (el Gobierno) nos cobran 13%", repiten como expertos en finanzas todos los funcionarios del kirchnerismo. Confunden rendimiento con costo y suponen que al Banco Central las reservas le llueven como maná.

Pues bien, resulta que para acumular reservas, el Banco Central emite pesos o letras. Cuando emite letras, "alquila" las reservas a un costo también del 13% anual, con lo que no hay ahorro. Cuando emite pesos en medio de un proceso de inflación, convalida ese proceso, deteriorando el poder adquisitivo de los pesos ya emitidos. Este costo no lo paga ni el Gobierno ni el Banco Central, claro, sino todos los argentinos, especialmente los más pobres.

A los niveles actuales, este impuesto inflacionario representa $24.000 millones de pesos al año, mucho más que el supuesto "ahorro" de US$ 1.000 millones. Lo que el Gobierno deja de pagar en intereses, se lo cobra al pueblo con inflación. "Estos pagos son tan urgentes que no podemos esperar a una ley" dicen los Kirchner. Pues bien, de los u$s 4.300 millones contemplados en el DNU 298 sólo el 10% vence en este primer trimestre y el 70% vence en los últimos cinco meses del año.

"Que no le mientan al pueblo y le digan cuál es su alternativa para pagar la deuda: el ajuste" azuza el oficialismo a la oposición. La realidad es que desendeudarse es ajustar. Pagar vencimientos de deuda con mayores impuestos es ajustar. Pagar deuda con el superávit de la ANSeS es ajustar las jubilaciones. Pagar deuda con impuesto inflacionario es achicar los planes sociales, que no se actualizan con la inflación.

Lo virtuoso es refinanciar la deuda a medida que vence, y no como hace este gobierno, pagar esos vencimientos con más ingresos corrientes o menos gasto.

Argentina no enfrenta el falso dilema de reservas o default, afortunadamente. Pero el kirchnerismo sí enfrenta el dilema real de hacer las cosas bien para refinanciar los vencimientos de deuda a tasas razonables, o ajustar.

La apropiación de cajas extraordinarias (AFJPs, PAMI, ANSeS, aumento de capital del FMI) les permitió a los Kirchner postergar este duro compromiso hasta hoy. Para no reconocer su incapacidad, los Kirchner hacen lo que hicieron las dictaduras y los gobiernos democráticos de los '70 y '80: "ajustemos con inflación, que no se nota".

Hay una alternativa a la salida inflacionaria y regresiva que propone Kirchner. En vez de repetir la historia eligiendo el camino fácil del impuesto inflacionario -moralmente inaceptable en un país en el que la pobreza roza el 30%- hay que respetar el libre juego de las instituciones.

Que el Banco Central sea independiente del Ejecutivo y dé cuentas al Congreso si no cumple con su mandato de defender la estabilidad de nuestra moneda. Que el presupuesto que se discuta en el Congreso sea realista y debatido para evitar sorpresas a través de un DNU sólo días después. Que el INDEC mida bien lo que tiene que medir, en vez de estar vulgarmente intervenido.

Sólo así el país podrá ir reduciendo las tasas de interés para refinanciar la deuda. Si lo logramos, seremos más creíbles y pagaremos tasas brasileras en vez de venezolanas, evitando de ese modo tanto el ajuste que oculta Cristina como el default que agita como amenaza.

Cuando se resolvió mal, se pagó con el más inequitativo de los ajustes: la inflación

Por Jorge Sarghini

Hay que resolver bien la relación entre las instituciones responsables del gasto público y las de emisión monetaria. Cuando se resolvió mal, se pagó con la injusta inflación.

Desde hace tres meses, oficialismo y oposición disputan en la encerrona que los colocó el debate sobre el uso de las reservas para el pago de los servicios de la deuda.

Poco o nada aportará ahora abundar sobre las críticas que recibió el Gobierno por su impericia técnica y desapego a las instituciones, ni tampoco detenernos en analizar el comportamiento -cuanto menos- errático de la mayor parte del arco opositor.

Considero que, a esta altura de los acontecimientos, sí vale la pena hacer el intento de aportar al debate algunos aspectos, a mi entender relevantes, que no hayan sido tratados y que podrían ayudar a la búsqueda de un posible camino de salida.

El Gobierno acude a las reservas porque entiende que la recaudación esperada, más todos los instrumentos de financiamiento -genuinos o no- que hoy tiene a su alcance, no son suficientes para sostener el nivel de gastos deseado (independientemente del monto autorizado por el Congreso) y a la vez cumplir con los compromisos de la deuda.

En primer lugar, el Poder Ejecutivo debería haber enviado al Congreso un proyecto modificatorio al Presupuesto vigente, y en ese ámbito ser tratado. Resulta evidente que no está en los planes oficiales rediscutir el Presupuesto y no es esa una tarea que deba asumir de manera unilateral la oposición, por lo que sólo le queda a esta última la ineludible responsabilidad de rechazar el decreto que crea el llamado Fondo de Desendeudamiento Argentino.

Tampoco basta con que el Congreso Nacional resuelva exclusivamente el dilema que plantea el uso o no de las reservas. Es claro que remediar por ley lo que el Gobierno pretendió por decreto sería un avance institucional importante y despejaría las incógnitas que el propio oficialismo instaló respecto de las posibilidades de default. Está muy claro que, caso contrario, si el uso de reservas no fuese aprobado por ley estaríamos ante un escenario imprevisible.

Entonces, ¿qué hacer para salir de esta encerrona? Como hipótesis de mínima, es necesario regular con criterio de eficiencia económica el uso simultáneo de los distintos instrumentos de financiamiento del BCRA al Tesoro Nacional. Esto no significaría, a mi criterio, negar la habilitación excepcional al uso de reservas para pagar los servicios de la deuda, ni tampoco modificar la normativa que regula los adelantos transitorios del Banco al Tesoro. En cambio, exigirá modificar por ley, el concepto vigente de reservas de "libre disponibilidad" y también establecer, por la misma vía, un criterio más restrictivo para la determinación de las utilidades que el Banco Central puede transferir al Tesoro.

A partir de la ley que autorizó el pago al Fondo Monetario Internacional se consideran reservas de "libre disponibilidad" a todas aquellas que superan el nivel en dólares de la Base Monetaria, y desde 2008, modificando interpretaciones históricas, el BCRA considera ganancias transferibles al Tesoro a aquellas que son meramente contables.

Bajo ningún concepto deberían ser tratadas de "libre disponibilidad" las reservas que constituyen contrapartida de pasivos en divisas del Banco, y nunca deberían considerarse ingresos del Tesoro aquellas utilidades que no se hayan realizado.

Nuestra experiencia histórica es motivo más que suficiente para que, de manera ineludible, resolvamos apropiadamente la relación entre las instituciones responsables del gasto público y las de la emisión monetaria.

Cuando se resolvió mal, se pagó con el más inequitativo de los ajustes: la inflación.

Sus consecuencias negativas sobre el ritmo de inversión, el poder de compra del salario, las jubilaciones y sobre el tipo de cambio real y en consecuencia, sobre la creación de empleo, del desarrollo del mercado interno y del comercio exterior, son innegables. El freno al crecimiento lo paga la sociedad en su conjunto y el deterioro del poder de compra de los ingresos fijos resulta un castigo particular para los que menos tienen.

La inflación no es sólo un fenómeno de origen monetario; reapareció entre nosotros en 2007 cuando se agotó el proceso de crecimiento con capacidad ociosa, y el desajuste entre el ritmo de evolución de la oferta y la demanda agregadas fue la causa principal. Su consolidación y sus preocupantes signos de aceleración actual obedecen a la falta de idoneidad en su tratamiento.

No obstante, desconectar dicho proceso de la evolución de los grandes agregados monetarios sería tan torpe como desvincular el comportamiento de esa variable con las necesidades del Tesoro en tiempos de debilidad fiscal y sin regulaciones adecuadas.

El conflicto está planteado y las condiciones políticas actuales no dejan lugar para las soluciones óptimas. Sin embargo, es posible encontrar un espacio para generar propuestas que permitan un camino de salida y, aprendiendo de la historia, minimicen los costos sobre el conjunto de la sociedad y en particular, sobre aquellos que menos tienen.

La filosofía política K, una clara intención de recurrir al impuesto inflacionario ante el desborde fiscal producto del gasto público récord

Por Roberto Cachanosky

Cuando el Gobierno elogia el aumento de las reservas que se produjo durante su gestión se olvida de mencionar dos detalles claves que sirven de contrapeso: el incremento del endeudamiento y la fuga de capitales.

Claramente estamos volviendo a un Banco Central (BCRA) similar al que tuvimos en los '80, cuando esa institución era un apéndice del tesoro y se dedicaba a financiarlo emitiendo billetes en cantidades industriales. La nueva moda de decir que el Central no puede ser autista del resto de la política monetaria indica, más que una filosofía política, una clara intención de recurrir al impuesto inflacionario ante el desborde fiscal producto del gasto público récord.

Sostener que esa institución se había convertido en un altar sagrado durante los 90 implica desconocer que luego de haber destruido cuatro signos monetarios entre 1935 y 1991 y de haber generado inflación, inflaciones de tres dígitos anuales e hiperinflación, era inevitable que el BCRA terminara en una especie de caja de conversión.

¿Por qué? Porque la gente no confiaba en los billetes que emitía dicha institución. Es más, conservo en mi poder (tal vez algún lector también) los billetes de 1.000.000 de australes que servían para comprar un chupetín. De manera que no fue el gobierno de Menem el que decidió transformar el Central en una especie de Caja de Conversión sino que fue la gente la que dijo que los papeles impresos por esa institución no le merecían la más mínima confianza.

Teniendo en cuenta nuestra historia inflacionaria, y avisados por el gobierno que el BCRA tiene que transformarse en un instrumento de desarrollo económico, (una especie de BANADE bis con todas las estafas que esa institución produjo en sus años de “gloria”) lo único que podemos esperar es que el rumbo inflacionario se afiance en los próximos meses. Esa es la filosofía del gobierno y, por sobre todas las cosas, su fuente de financiamiento.

Tanto Cristina Fernández como la nueva presidente del BCRA se ufanan de las reservas que se acumularon bajo el kirchnerismo. Es más, lo dicen de tal manera que pareciera ser que las reservas fueran de los Kirchner. Pero dejando de lado la ironía, en varias oportunidades han sostenido que gracias a los Kirchner se acumularon reservas como nunca antes se habían acumulado. Formular esta afirmación sin hablar del pasivo del Banco Central es como comprar un castillo con un gigantesco crédito hipotecario y decir que uno tiene un castillo sin mencionar que también tiene una deuda.

Antes de explicar este punto, es necesario hacer una observación para mostrar las contradicciones del discurso oficial para usar las reservas. Marcó del Pont dice que mostrar alguna relación entre la base monetaria y las reservas implica seguir razonando como cuando estaba la convertibilidad, y luego agrega que la convertibilidad ya no existe más y que no es correcto pensar en esos términos.

Pero, al mismo tiempo, el gobierno dice que va a usar las reservas excedentes. Si hay reservas excedentes es porque las relacionan con algo. ¿Qué es ese algo? La base monetaria. Finalmente la cuenta de las reservas excedentes surge de hacer una trampa contable al relacionar base monetaria con reservas y tipo de cambio de valuación de las reservas.

En otras palabras, para argumentar que el BCRA tiene reservas excedentes recurren a pensar en términos de la convertibilidad. La contradicción en el discurso para apropiarse de las reservas del BCRA están evidente que deja en claro la desesperación por hacer caja de cualquier manera.

Ahora bien, volviendo al tema de la acumulación de reservas durante el kirchnerismo y de la forma en que se ufanan, voy a dar los siguientes datos. Al 31 de mayo del 2003, cuando asumió Néstor Kirchner, las reservas del BCRA eran de U$S 11.087 millones. Al 31 de diciembre de 2009 llegaban a U$S 47.967. Las reservas aumentaron en U$S 36.880 millones. Con estos datos dice Cristina Fernández: ¡vean lo que hemos logrado con nuestro modelo de inclusión social y desarrollo productivo! ¡Hemos multiplicado por 4,3 el monto de las reservas!

Y Marcó del Pont le agrega el argumento mercantilista diciendo que esas reservas no surgieron del endeudamiento sino que son genuinas porque son el fruto del comercio exterior. Más exportaciones que importaciones.

Hasta aquí el envoltorio con que presentan solo una parte de la historia para venderla como la octava maravilla del mundo. Pero busquemos más datos. ¿Cuál fue el saldo de balance comercial acumulado entre 2003 y 2009? El acumulado fue de U$S 93.131 millones versus un aumento de reservas de U$S 36.880 millones.

Si el gobierno hubiese generado confianza, hoy las reservas tendrían que estar por arriba de los U$S 100.000 millones. Los U$S 10.000 de reservas que recibió Néstor Kirchner cuando asumió más el saldo de balance comercial (exportaciones menos importaciones). Puesto de otra manera, si el saldo de balance comercial acumulado entre 2003 y 2009 fue de U$S 93.131 millones y las reservas se incrementaron en U$S 36.880 millones, faltan U$S 56.251 millones. ¿Dónde estarán?

Frente a este argumento el gobierno dirá: es verdad, pero tuvimos una crisis internacional que nos complicó. La culpa fue del mundo.

La crisis comenzó entrado el 2008, de todas maneras, siendo benévolo, consideremos la fuga de capitales del 2008 y del 2009. En esos dos años se fugaron capitales por U$S 37.217 millones, cifra inferior a los U$S 56.251 millones que faltan. Hay que explicar dónde se fueron los U$S 19.034 millones que faltan.

En el 2007 se fugaron U$S 8.880 millones, mucho antes de la crisis. Esto quiere decir que el resto, otros casi U$S 8.000 millones se fugaron antes del 2007.

En definitiva, si el aumento de las reservas durante el kirchnerismo fue de U$S 36.880 millones y el saldo de balance comercial acumulado fue de U$S 93.131 millones, siempre generaron desconfianza. El resultado es muy pobre. Tuvieron más fuga de capitales que acumulación de reservas por el saldo positivo de balance comercial del que tanto hacen gala.

Vamos ahora a otro punto fundamental. Ellos dicen que acumularon U$S 36.880 millones. ¡Todo un logro! Lo que no dicen es que los pesos en circulación (pasivo del BCRA) pasaron de $ 20.757 millones en mayo del 2003 a $ 98.065 millones en diciembre del 2009. O sea, mientras se ufanan de haber multiplicado las reservas (el activo) por 4,3 veces, el pasivo les creció 4,7 veces. Pero, error de Cachanosky, porque el pasivo aumentó más.

En efecto, al 31 de mayo de 2003 el stock de deuda de corto plazo del Central (LEBACs, NOBACs y pases) era de $ 4.982 millones y al 31 de diciembre pasado era de $ 51.832 millones (al momento de redactar esta nota ya llegan a los $ 62.800 millones).

Lo que hicieron fue emitir para comprar esos famosos dólares genuinos comerciales y quitar parte de esa emisión con deuda remunerada. Y esa deuda remunerada se multiplicó por 10. Aumentó 10 veces o, si se prefiere, se incrementó en $ 46.850 millones.

De manera que los pesos en circulación y el endeudamiento de corto plazo del Central (dejo de lado los encajes que también son parte del pasivo del BCRA) pasaron de $ 25.731 millones cuando asumió Néstor Kirchner a $ 149.897 millones al 31 de diciembre pasado. Mientras gritan a los cuatro vientos que las reservas se multiplicaron por 4,3 veces, el pasivo les aumentó 5,8 veces y, encima, se les fugaron U$S 56.251 millones que es el equivalente al 60% del saldo positivo del balance comercial.

Si a aumentar el activo en 4,3 veces contra un incremento del pasivo en 5,8 veces y, además, tener una fuga de capitales de U$S 56.251 millones (equivalente al 60% del saldo comercial del período) lo consideran una política exitosa, ¡¿cómo serán los números de un fracaso para los Kirchner?!

Mejor no imaginarlo.

PD: Alguno podrá argumentar que se usaron U$S 9.000 millones para pagarle al FMI, sin embargo en los datos de reservas dejé los U$S 7.700 millones en encajes en dólares que tienen los bancos en el BCRA y no consideré la deuda con el BIS para no complicar más la cosa. Si incluyera ambos datos, los números darían peor. © www.economiaparatodos.com.ar

No puede ser presidente del Banco Central quien no está dispuesto a cumplir con el mandato constitucional y del Congreso

Por Enrique Szewach

 El trámite en el Senado, en torno a la ratificación de Mercedes Marcó del Pont al frente del Banco Central, puso en evidencia los problemas que enfrentaremos en los próximos meses y años.

Primero, un aspecto institucional. Mercedes Marcó del Pont, nunca debió aceptar el cargo para la que fue nombrada, simplemente porque esa aceptación la obliga a cumplir con un mandato del Congreso –la Carta Orgánica del Banco Central– con la que ella, explícitamente, no está de acuerdo.

Entiéndase bien: Mercedes Marcó del Pont podría merecer el Premio Nobel de Economía, y seguramente, es una extraordinaria mujer; no es eso lo que está en discusión. Pero éticamente, lo que debió decir es “primero reformen la Carta Orgánica del Banco Central y después asumo como presidenta”.

El Senado en pleno, a su vez, debió acompañar el rechazo del pliego generado por la Comisión de Acuerdos por la misma razón. No puede ser presidente del Banco Central quien no está dispuesto a cumplir con el mandato constitucional y del Congreso.

Esto es lo que debió pasar, si no fuera porque la politiquita, como siempre, se impuso por sobre la política.

Pero, ¿qué significa, en materia económica, el control del Banco Central por parte del Poder Ejecutivo? Un retroceso de veinte años en la macroeconomía argentina. En efecto, el problema económico clave es que, a partir de ahora, el Banco Central se ratifica como la caja principal del Gobierno, con lo que ello implica en materia de impuesto inflacionario, para los pobres y en materia de falta de “ancla de expectativas”, para los formadores de precios.

No es que el Banco Central de Redrado no financiara, en especial en los últimos tiempos, al Tesoro. Pero lo hacía dentro de ciertos límites, cuidando la dosis. Los empresarios y los sindicalistas podían intuir, sino saber, que la política monetaria “pasiva” de convalidar la suba de precios y salarios, tenía un dique de contención. Que cualquier movimiento exagerado no iba a ser convalidado con la política monetaria y cambiaria.

Terminemos con la estupidez de que los aumentos salariales, más allá de las ganancias de productividad, no son inflacionarios. Si es así, subamos los sueldos por decreto 1000% y seamos felices. Todo aumento generalizado y brusco de demanda o de costos trasladables es inflacionario, en la medida en que el mercado lo convalide. Y el mercado lo convalida si la emisión monetaria “aceita” la suba nominal de precios en un marco en que los consumidores están dispuestos a pagar el precio fijado en función de sus ingresos, de su voluntad de “desahorrar” o endeudarse –si pueden–, o de la posibilidad o no de sustituir su demanda hacia otro tipo de bienes o servicios.

En la medida en que la emisión monetaria deja de ser una variable de política del Banco Central y la pasa a determinar el déficit del Tesoro, financiado con emisión, la tasa de inflación queda a merced de la política fiscal.

Es eso lo que nos pasó en la Argentina inflacionaria de la década del 70 y del 80. Y es eso lo que nos puede llegar a pasar ahora. A un nivel mucho menor, por cierto, pero no por ello menos grave. Por supuesto, siempre es posible retirar dinero del sistema absorbiendo liquidez excedente de los bancos, pero eso no es gratuito ni en términos de tasa de interés, ni en términos de crédito al sector privado.

El dilema “inflación o la paz de los cementerios” es tan falso como el de “default o reservas”. Y ninguna política viable se construye sobre falsos dilemas.

Y esto me lleva al largo plazo. La Argentina post 2011 tendrá dos tipos de desafíos. Recuperar un macro que le de un contexto de estabilidad a las decisiones micro. Y recuperar un escenario de reglas de juego que sirva de paraguas para un fuerte crecimiento de la inversión privada en los sectores que necesitan de inversión a largo plazo y no sólo de las oportunistas de corto.

La semana que pasó fue, en ese sentido, decepcionante. Porque mostró a los opositores, en especial a los  del radicalismo, incapaces de acordar la defensa de la estabilidad macroeconómica y subestimando el tipo de problemas que la Argentina enfrenta hoy y enfrentará en los próximos años. Y serán ellos los protagonistas de los consensos futuros.

La pregunta clave, entonces, que asusta hoy a gran parte de la sociedad, es la que se hacían aquéllos personajes televisivos de la serie mejicana: “¿Y ahora quién podrá defendernos?"

La Presidenta de la Nación tendió una trampa a los representantes que la escuchaban

Por Roberto Gargarella (*)

El discurso con el que la Presidenta abrió el año legislativo tiene derivaciones perjudiciales tanto en la gestión del Estado como en la calidad de la democracia que vivimos, sobre todo en lo que respecta a la imprescindible división de poderes.

Al inaugurar el período legislativo, la Presidenta de la Nación tendió una trampa a los representantes que la escuchaban: para evitar corridas anticipadas, dejó para el final su esquiva mención al nuevo DNU (un decreto que no se explica ni justifica cuando está reunido el Congreso), mientras ya había firmado una medida que, en su texto, anómalamente autoproclamaba su vigencia desde el momento de su dictado (de forma tal de no esperar a su publicación en el Boletín Oficial, como legalmente corresponde). Todo ello, mientras el Directorio del Banco Central se reunía de apuro, para completar la operatoria exigida y poner fin a la espeluznante comedia.


Vale la pena insistir sobre lo anterior: lo ocurrido significa que el Ejecutivo dispuso del uso de más de 4000 millones de dólares a través de una operación de la cual no pudimos siquiera enterarnos, porque la medida no se había publicado mientras ya se estaba ejecutando. Adviértase lo que significa, en términos de política democrática, el hecho de que se disponga de la fuerza o del dinero públicos a través de medidas de las que no se nos informa, y que se nos presentan luego, socarronamente, como hechos consumados.

En el interín -y ésta es parte necesaria de la historia expuesta- la Presidenta distraía a la oposición e impedía que frenase el uso de las reservas, a través de un largo discurso en el que aprovechaba para agredir a sus críticos, en lugar de solicitar humildemente su ayuda. El acto -el engaño- es tan grave que ameritaría el inicio de un juicio político: se trató de una actuación abusiva, políticamente torpe a más de equivocada, moralmente reprochable y constitucionalmente nula.

Y resulta triste, a la vez que frustrante, que dicho acto haya sido festejado por algunos como una nueva muestra de la "viveza" presidencial; o minimizado por otros, empeñados en seguir ocultando la información y la voz de crítica que todos necesitamos. Lo que parece importar, para quienes inmoralmente conciben a la política como una guerra, es aplastar y humillar al contrincante, sin darse cuenta del daño que infligen sobre sí mismos, y de ese modo a todos.

Lo que no advierten quienes erróneamente conciben a la política como una pelea entre sólo dos bandos es que los intereses y necesidades de los más desfavorecidos no son retomados por ninguno de esos dos supuestos bandos. Mientras las elites político-empresarias se enriquecen, al tiempo que riñen furiosas en nombre de la justicia social, pobres y desocupados crecen en número y se deslizan en el abismo de una mayor desigualdad.

En primer lugar, lo acontecido no debe tomarse como un hecho insólito, aislado, sino como expresión de una práctica que se establece desde hace un tiempo y que revela mucho más de lo que oculta: la vengativa disposición hacia el Congreso sugiere que seguirán más normas viciadas en su contenido democrático; la negativa a apelar francamente a la participación popular alerta sobre la agudización de la histórica desigualdad que estos años han consolidado; la sistemática disposición a decidir en exclusivo contacto con una porción de la elite empresaria predice la persistencia de una agenda políticamente conservadora; y la absoluta resistencia al diálogo -que lleva a identificar toda crítica como producto de una maquinaria conspirativa- preanuncia decisiones que ya ni podrán reconstruirse como movidas por la racionalidad del corto plazo, al ser pura expresión de irracionalidad.

En segundo lugar, frente al proceder del gobierno no hay peor respuesta que la que lo duplica, promoviendo el aislamiento, la ruptura y un pacto alternativo con elites diferentes. La respuesta que corresponde no es la de la réplica, sino la opuesta, es decir, la que frente al elitismo de cúpulas insiste en el diálogo democrático; la que contra el aislamiento exige audiencias con la ciudadanía; la que contra la prioridad de la riqueza toma como objetivo primero el de poner término, definitivamente, a la desigualdad que alimenta y hace inteligible todo este difícil proceso.

(*) PROFESOR DE DERECHO CONSTITUCIONAL (UBA, DI TELLA)

El “Suplemento” del Boletín Oficial que habilitó al Gobierno a tomar las reservas hoy mismo

Como la oposición dijo que el Banco Central no puede girar las reservas hasta que mañana se publiquen en el Boletín Oficial los nuevos dos decretos de la Presidenta, el Gobierno sacó esta tarde un “Suplemento” que contiene esas normas. El texto completo de los decretos.

El “Suplemento” del Boletín Oficial publicado esta tarde en su versión digital, contiene en su inicio bajo el título “DEUDA PUBLICA” el Decreto 296/2010 que deroga el Decreto Nº 2010/09. Con fecha del 1 de marzo se recuerda que aquel malogrado DNU se firmó con “el objetivo de cancelar los servicios de la deuda con vencimiento en el año 2010, procurando así reducir el stock de deuda, mejorar el perfil de vencimientos y abaratar el costo financiero…para permitir un mayor y mejor acceso al financiamiento tanto para el sector público, como para el sector privado”.

Pero luego se reconoce que “diferentes actores de la política acudieron a la justicia para obstaculizar la efectivización de las medidas” y que “en diferentes actuaciones instadas por diversas minorías parlamentarias, el Poder Judicial ingresó en el tratamiento de cuestiones de carácter estrictamente político y de incumbencia exclusiva del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, en un claro caso de judicialización de lo que por naturaleza pertenece al ámbito de acción política”.

Dejando trascender la Casa Rosada además su enojo con “magistrados de instancias inferiores” que otorgaron los amparos que trabaron la transferencia de reservas al tesoro. Señala el nuevo decreto que “esos magistrados han obviado pronunciamientos que exigen el máximo grado de prudencia para dictar cautelares que avanzan sobre funciones específicas del Poder Ejecutivo incurriendo en graves excesos jurisdiccionales en menoscabo de los poderes y funciones atribuidas a éste último”.

Pero lejos de quedarse con la derogación, el Gobierno agregó en el “Suplemento” del Boletín Oficial los nuevos decretos que vuelven a ordenar la transferencia de reservas y de los que se tomó el Banco Central para ejecutar hoy mismo esa operación.

Así se publica también bajo el título "Deuda Pública", el Decreto 297/2010 que dispone “la cancelación de la totalidad de los vencimientos de capital e intereses con organismos financieros internacionales correspondientes al presente ejercicio fiscal con reservas de libre disponibilidad”, citando como base el decreto de Néstor Kirchner que habilitó el pago de la totalidad de la deuda con el FMI con reservas “siempre que resulte de efecto monetario neutro”.

Señalando que “la balanza de pagos registra en la actualidad superávits comercial y de cuenta corriente que aseguran la generación de divisas y la sustentabilidad de las cuentas externas” de manera que “dentro de un régimen de cambio flotante, el nivel actual de reservas internacionales supera con amplitud los márgenes necesarios para mantener adecuadas políticas monetarias y cambiarias”.

Y dispone en concreto que el Banco Central transfiera al Tesoro reservas por 2.187 millones de dólares para este fin y como contraprestación, recibirá una letra con vencimiento en 10 años y amortización íntegra al vencimiento, que devengará una tasa de interés igual a la que devenguen las reservas internacionales para el mismo período y hasta un máximo de la tasa LIBOR anual menos un punto porcentual, cuyos intereses se cancelarán semestralmente.

El nuevo Fondo de Desendeudamiento

En este Suplemento también publicó el Gobierno un tercer decreto, el 298/2010 que crea el Fondo del Desendeudamiento Argentino, que en sus fundamentos recoge todos los argumentos del malogrado Fondo del Bicentenario y los reedita en esta nueva norma que propone “un uso más eficiente de las reservas del Banco Central de la República Argentina, buscando obtener de ellas no sólo el respaldo a la moneda, sino también la obtención de un mayor provecho para que coadyuven al mayor desarrollo económico interno”.

Y por lo tanto, sostiene el decreto, “el punto central es que una economía en desarrollo, como la República Argentina, estaría en parte sacrificando crecimiento al mantener esos activos en el exterior con mínimo rédito, sin aprovechamiento alguno en el ámbito interno” y por ello sufriendo una mala utilización de lo que denomina “costo por oportunidad” de uso de estos fondos.

De manera que resuelve la Presidenta crear este nuevo fondo, que según el decreto su objetivo “es llevar adelante los pagos de la deuda pública del Tesoro Nacional con vencimiento en el año 2010 con tenedores privados” por un total de 4.382 millones de dólares, que el Banco Central transferirá al Tesoro y recibirá en canje una letra de deuda.

Cita además el decreto de Cristina para apoyar su decisión la experiencia de “otros países con reservas internacionales que, a primera vista, parecen excesivas en relación con sus necesidades inmediatas, como es el caso de China, Rusia y Japón han comenzado a administrar buscando obtener de ellas mayor provecho, invirtiendo tanto en títulos públicos como en acciones de capital privado, a los fines no solamente de diversificar sus carteras, sino principalmente de coadyuvar al desarrollo económico interno”.

Lo mismo que recuerda el caso del Banco Central de Brasil que “decidió en marzo de 2009 prestar reservas internacionales vía subastas para ser utilizadas por las empresas brasileras”.

Prometiendo sobre el final que “en las condiciones actuales el uso acotado de reservas no tendrá mayor impacto sobre la política monetaria, ni es susceptible de lesionar el superávit cuasi fiscal”.

Se cubre además la Presidenta en esta nueva norma y ordena crear “la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento de los Pagos de la Deuda compuesta por OCHO (8) diputados y OCHO (8) senadores” para que controlen y fiscalicen el uso de estos fondos.

Finalmente también se publican en el Boletín Oficial resoluciones del Ministerio de Economía que abren en el Banco Central las cuentas necesarias para que se giren los fondos mencionados en los decretos.

Fuente: LPO

Un Banco Central esclavo de las necesidades fiscales del ejecutivo

Por Agustín Monteverde

El banquete está servido. El león se ha hecho de la presa y los chacales lo festejan, soñando ya con su parte, los restos de la comilona. En esta jungla nativa, los bolsillos de la gente común, sus patrimonios, son el centro del festín. Nuestros faunos —gobernantes y gobernadores, oficialistas y opositores de distintas procedencias— ya saborean las mieles de nuestros dinerillos.

El BCRA, custodio del respaldo de esos pagarés llamados billetes que llevamos en nuestros bolsillos, ha sido tomado al abordaje con la aquiescencia de parte del arco opositor. Buena parte del radicalismo con el inefable Moreau a la cabeza, distintas vertientes socialistas, y varios gobernadores acompañan la idea oficial: las reservas no deben servir exclusivamente de respaldo de la moneda de los argentinos sino que responderán de aquí en más a otro fin, el de seguir solventando festivales de gasto clientelar.

El león —salvo algún nuevo percance judicial— podrá salirse con la suya; pero la comida amenaza ser indigesta. El afán depredatorio apura el propio final.

Los Kirchner tendrán esa plata que les faltaba para seguir comprando voluntades y doblegando oponentes de cartulina. Los caudillos provinciales salvarán sus deficientes administraciones. Pero esta vez el salvavidas será de plomo.

Examinemos el panorama. A una credibilidad hecha añicos, a un sistema de reglas de juego perverso cuya única norma inmutable es “el gobierno siempre tiene la razón”, se le agrega ahora la nefasta realidad de un Banco Central —y consiguientemente, un sistema financiero— esclavo de las necesidades fiscales del ejecutivo.

Esto ya pasó: ¿acaso en los tiempos de Alfonsín no se había nacionalizado de hecho el íntegro sistema bancario, haciendo que los ahorristas —por supuesto, sin que ellos lo autorizaran ni tan siquiera conocieran— solventaran con sus depósitos el gasto y los sueldos estatales? Pero también sabemos cómo terminó. Con un sistema quebrado y un inevitable plan Bonex que blanqueó la realidad de bancos vaciados en favor del Tesoro estatal.


Veamos las principales opciones con que cuentan los Kirchner en su angurria por más caja.

Si logran hacerse de las reservas, su pretensión es por más de U$ 16000 MM. Así lo dice expresamente el decreto 2010 en su primer artículo. El Fondo del Bicentenario es tan solo uno de los destinos que han elucubrado para el falaz artilugio de las reservas “de libre disponibilidad”, un concepto aceptable exclusivamente en un régimen de convertibilidad (y cuya ley ahora han reciclado).

Pero ocurre, como me he cansado de repetir en los dos últimos años, que parte sustantiva de las reservas brutas están afectadas en forma directa por una serie de pasivos (encajes de depósitos en dólares, LEBAC, pases, Basilea, ventas a futuro). Una vez que descontamos esos pasivos, nos encontramos que las reservas efectivas netas para respaldar nuestra moneda se reducen a menos de la mitad que las brutas, no más de U$S 23.000 MM.

Si los Kirchner quieren gastarse —bajo la excusa de pagar deudas— unos U$S 16000 MM, esas reservas efectivas quedarían reducidas a U$S 7000 MM. No necesitamos explicar que significación tiene esto respecto del tipo de cambio de equilibrio ex–post. La capacidad del BCRA de apaciguar una corrida sería mínima.

Aún cuando el Ejecutivo usase esas reservas para pagar deuda, quedarían liberadas las partidas previstas en el Presupuesto a ese fin. Tal expansión significaría por si sola inflación; y mucha (téngase en cuenta que representa algo más de la mitad de la base monetaria).

Con la nueva e impensable conducción del Central, al gobierno aún le quedarían en la manga toda una batería de medidas “reactivantes” o encaminadas a allegarle recursos so pretexto del “gasto social” y la “obra pública”, todas ellas inflacionarias. En estas circunstancias, la posición de los bancos, y en particular de los banqueros, no es de envidiar.

Si un raro arrebato de pudor pusiera límites poco prácticos a la arremetida emisionista o si la apropiación de las reservas continuara trastabillando por obra de una justicia que se atreve —al menos a través de un puñado de jueces— a mostrarse independiente, la última caja con liquidez sobre la cual echar mano serán los bancos.

No hay duda. Nuevamente la moneda y los ahorros de los argentinos serán la presa. Pero esta vez, ninguno de los convidados al banquete —ni el león ni los carroñeros— debieran alegrarse.

El Fondo del Bicentenario son nada más que el quesito y el salamín que quiere comerse el matrimonio

Por Roberto Cachanosky

Lo que está buscando el kirchnerismo es volver a las políticas monetarias sin límites de expansión monetaria para financiar el gasto.

De la mano del Fondo del Bicentenario se ha colado, y no por casualidad, otro debate que tiene que ver con la independencia del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Sólo por haber sido establecida en la demonizada década de los 90, resulta que ahora la autarquía del BCRA resulta excesiva, y la “nueva” corriente de pensamiento propone que el Central siga siendo independiente pero que no se limite a preservar el valor de la moneda, sino que, además, contribuya a generar crédito, empleo y no sé cuantas cosas más.

En rigor, de nueva, esta corriente de pensamiento no tiene nada, dado que es tan vieja como las políticas keynesianas y en nuestro país esa supuesta coordinación del BCRA con el Ministerio de Economía se llevó puesta cuatro signos monetarios con alta inflación, mega inflación e hiperinflación.


Lo que está buscando el kirchnerismo es volver a las políticas monetarias sin límites de expansión monetaria para financiar el gasto. Ni más ni menos que eso. Y para “vender” la idea, el argumento es que las actuales restricciones que tiene la Carta Orgánica del BCRA son un pecado mortal por el simple hecho de haber sido aprobada en la década del ‘90.

¿Por qué se estableció la convertibilidad en 1991 y se sancionó una nueva Carta Orgánica para el BCRA limitándolo a preservar el valor de la moneda? Mi visión es que fue más por necesidad que por convicción.

En efecto, el país venía de décadas de alta inflación e hiperinflación. La gente estaba fuertemente dolarizada y descreía del austral (la moneda de ese momento), de manera que tuvieron que recurrir a una medida muy potente para convencer a la gente que el BCRA iba a dejar de emitir para financiar al tesoro. Esa medida fue la ley de Convertibilidad. ¿Qué buscó la convertibilidad? Decirle a la gente: mire, los pesos que usted tiene en el bolsillo son simples recibos de la moneda que usted realmente considera como tal, es decir, el dólar, de manera que cuando quiera pase por el BCRA que si no quiere esos pesos le damos los dólares correspondientes.

La ley de convertibilidad no fue otra cosa que un reconocimiento implícito que el austral y luego el peso no era moneda para la gente. La moneda era el dólar.

Ahora bien, ¿ha cambiado el pensamiento monetario de la gente entre 1991 y la actualidad? No. La gente sigue mentalmente dolarizada y solamente usa los pesos para las transacciones diarias, pero lejos está de ahorrar en pesos porque sabe que su poder de compra se derrite a diario porque la inflación resucitó y cada día tiene más vigor de la mano de los Kirchner, quienes nos prometen darnos más dosis de la droga inflacionaria en nombre del crecimiento y del crédito.

La ley de Gresham (lleva el nombre de su inventor Thomas Gresham) dice que cuando una unidad monetaria depreciada está en circulación simultáneamente con otras monedas cuyo valor no se ha depreciado, las monedas depreciadas y por tanto menos valiosas, serán las que circulen, la "buena" se ahorra y a largo plazo, desaparece de las transacciones.

Con esto, Gresham nos esta diciendo que si el peso está depreciado, la gente querrá sacarse de encima los pesos y guardarse los dólares que son los que conservan el valor. Algo que en los hechos ha ocurrido. Por ejemplo, entre 2007 y 2009 se fugaron algo más de U$S 45.000 millones. ¿Qué hizo la gente? Se sacó de encima los pesos, compró dólares y los quitó de circulación (los metió en la caja de seguridad, abajo del colchón o en un banco en Uruguay o EE.UU.). Es la mala moneda (el peso) la que se usa para las transacciones diarias y la buena moneda se la guarda para preservar el ahorro.

Bien, supongamos que los Kirchner consiguen modificar la Carta Orgánica del BCRA para ampliar la capacidad de financiamiento al tesoro. ¿Qué ocurrirá? El Central emitirá pesos, esos pesos, por la ley de Gresham, la gente se los quitará rápidamente de encima y preservará sus ahorros en monedas fuertes.

Puesto de otra manera, por más quieran, los Kirchner no conseguirán derogar la ley de Gresham, por lo tanto, cada peso que emitan para financiar un nivel de gasto público disparatado como el que generaron, se irá a precios y al dólar. Por supuesto que el impacto pleno del mayor impuesto inflacionario, como es inevitable, lo pagarán los sectores de ingresos fijos, con lo cual argumentarán que lo hacen para beneficiar a los pobres pero, en rigor, le estarán aplicando el mayor peso del financiamiento del gasto a los más pobres al derretirles, como se lo vienen derritiendo, el salario real.

El otro punto que también sacan a relucir es que el Banco Central tiene que tener más flexibilidad para estimular el crédito. Si un alumno me formulara esta afirmación en un examen, lo bocho de por vida. La razón es muy evidente.

El crédito es hijo del ahorro y el ahorro es parte del ingreso no consumido. Ahora bien, como por la ley de Gresham la gente se quita de encima la mala moneda y guarda la buena, la pregunta es: ¿quién en su sano juicio va a volcar su ingreso no consumido = ahorro para financiar el consumo o la inversión? Es más, ¿quién va a prestar dólares ahorrados en una Argentina que no respeta los contratos ni los derechos de propiedad? La respuesta es nadie.

Y como la respuesta es nadie, aquí viene el disparate del segundo argumento para reformar la carta orgánica del BCRA. Pretenden inventar el ahorro = ingreso no consumido, emitiendo moneda o volcando al mercado la moneda ya emitida que está en los bancos bajo la forma de Lebacs, Nobacs y pases pasivos.

Con el simple trámite de no renovar a medida que vaya venciendo los stocks de esa deuda que el Central tiene con los bancos, volcarán al mercado parte de la fenomenal emisión monetaria que hizo Redrado y que quitó parcialmente con colocando esa deuda.

Al momento de redactar esta nota hay un stock de aproximadamente unos $ 56.000 millones. Volcar al mercado ese dinero implicaría expandir el circulante en un 57%, el cual montado sobre una inflación ya existente del 20%, nos presenta un panorama al más puro estilo de los 80.

¿Va a ocurrir todo esto? Obviamente no tengo la bola de cristal, pero todo parece indicar que es altamente probable que encaremos por ese camino.

¿Por qué? Porque los U$S 6.500 millones del Fondo del Bicentenario es apenas un aperitivo de lo que quiere comerse el kirchnerismo. No sólo necesitan ese dinero para afrontar vencimientos de deuda, sino que, además, el déficit fiscal proyectado para este año enfila hacia los U$S 10.000 millones y a esto hay que agregarle toda la deuda flotante que sólo Dios sabe a que cifra sideral debe estar llegando.

Cuando hablo de deuda flotante me refiero a la que tiene el Estado con contratistas del Estado, proveedores, demoras en los reintegros y devoluciones de IVA, entre otras.

Los U$S 6.500 millones del Fondo del Bicentenario son nada más que el quesito y el salamín que quiere comerse el matrimonio. El plato principal lo tienen en el déficit fiscal de la nación y las provincias. Y ese plato es en pesos. Así que la emisión o la confiscación de depósitos parecen casi inexorables si no bajan el ritmo de gasto público, algo que luce muy poco probable en la cabeza del matrimonio.

En síntesis, a esta altura del partido uno sabe si el Fondo del Bicentenario era realmente una necesidad para arreglar la deuda o sólo una excusa para abrir el debate de la reforma del Carta Orgánica del BCRA, para poder volver a los 80 en materia de financiamiento del gasto público.

Lo que sí sabemos es que los Kirchner tienen un hambre fenomenal de dinero y cuando están hambrientos de plata, son capaces de hacer cualquier destrozo con tal de comer.

La mejor forma de despedirse del poder

Por Damián Nabot

Con el estrépito de una borrasca de verano, la discusión se apoderó del kirchnerismo. Sus protagonistas se debaten sobre la mejor forma de despedirse del poder en los dos años que quedan de gobierno.

Sus expectativas reales, más allá de las exageraciones públicas, son preservar un núcleo que les permita incidir más allá de 2011, una isla que los refugie y que evite la evaporación. Temen los golpes de guadaña que prometen sus peores adversarios tras años de acumular bilis y rencor.


Pero el debate que los agita en el presente gira en torno a la impronta que debe marcar su despedida.

La designación en el Banco Central de Mercedes Marcó del Pont, una economista que reconocen como propia y con la cual muchos oficialistas compartieron bancada en la Cámara de Diputados, envalentonó a quienes claman por echar toda la carne al asador y tirar por la ventana a quienes juzgan ajenos.

Cuando la presidenta, Cristina Fernández, develó el misterio de Marcó del Pont, los kirchneristas reunidos en el Salón Sur celebraron con un murmullo de aprobación. Gracias a sus torpezas jurídicas, enero había sido digerido por el oficialismo como un plato de sardinas en el desierto. Y la perspectiva de reunir fuerzas para defender a Mario Blejer sólo sumaba desánimo. Presentían que terminaría enfrentado con el Gobierno en peores términos que Martín Redrado.

Para marcar contrastes entre la elegida y Blejer, en el Congreso recordaron el discurso de Marcó del Pont en el debate por la cancelación de la deuda con el FMI, especialmente una frase en la que denostaba a los economistas ortodoxos que exigen paridad entre base monetaria y cantidad de reservas como antídoto financiero para la economía.

El nuevo himno kirchnerista tiene como estribillo “profundizar el modelo”. Y aseguran que Marcó del Pont es una señal en ese sentido. Aunque nadie logra explicar a ciencia cierta el significado del eslogan.

Por ahora, sólo aparece como un breve respiro que devolvió a la Casa Rosada la iniciativa después de un mes contra las cuerdas.

Opositores de centroizquierda también presentarán una denuncia penal contra Redrado y los directores oficialistas

Por Alejandro Bercovich

Hasta el Día de Reyes, cuando estalló el escándalo del Banco Central, el entonces presidente Martín Redrado y los directores K que terminaron por desplazarlo mantenían una relación cordial y casi sin cortocircuitos. El directorio le había delegado a Redrado facultades para intervenir en todos los mercados, incluso el de bonos de la deuda pública. Por eso, pasado mañana, once diputados opositores de centroizquierda presentarán una denuncia penal contra el economista y los directores oficialistas. Es por presuntas maniobras ilícitas en operaciones con títulos de la deuda durante 2008, que habrían favorecido a los acreedores y generado pérdidas al Central por la friolera de 5.127 millones de pesos.

La denuncia, detalla que la autoridad monetaria adquirió bonos por $ 11.262 millones a lo largo del año de la crisis mundial. Y que, lejos de haberlo hecho para aliviar los vencimientos más inmediatos a cargo del Tesoro, compró papeles de largo plazo que terminaron por reforzar la sensación de que el Gobierno caería en una nueva cesación de pagos, al mostrar como “devaluados” a los de vencimiento más próximo.

Según admitieron fuentes oficiales, la Secretaría de Finanzas protestó en aquel momento por esa decisión, aunque el Gobierno prefirió no hacer pública la disputa con el ex golden boy.

El pedido de investigación penal será presentado por Claudio Lozano, economista de la CTA y aliado de Pino Solanas. Lo acompañarán los legisladores de Proyecto Sur, Solidaridad e Igualdad (SI), Libres del Sur y Diálogo por Buenos Aires. A diferencia del planteo que realizaron anteayer el Peronismo Federal, el PRO y la Coalición Cívica, la denuncia no cuestiona una posición general de Redrado y el directorio –como su supuesta “aceptación” de las cifras del INDEC– sino una serie de operaciones puntuales, que la Justicia podría comprobar si obtiene sus registros históricos.

Para los legisladores, Redrado incumplió con los deberes como funcionario público al no haber protegido las reservas del Central. Le achacan haber comprado los títulos “a precios más altos que los correspondientes a bonos equivalentes”, supuestamente para favorecer a los bancos vendedores y también a operadores “que hicieron buenas diferencias comprando en el mercado y vendiendo luego al BCRA”, según el escrito preliminar.

La pérdida de $ 5.127 millones por esas operaciones consta en el Balance 2008 de la entidad que ahora preside Mercedes Marcó del Pont. Las transacciones solía ordenarlas personalmente Redrado desde la mesa de dinero de Reconquista 266, que coordinaba entonces y sigue gestionando hoy el subgerente de Operaciones, Juan Basco.

Según los diputados, si se hubieran comprado bonos de corto plazo, el Tesoro se habría ahorrado entre 3 mil y 5 mil millones de pesos más. “Y de haberse aplicado en aquel momento la misma cifra de reservas que hoy se pretende incluir en el Fondo del Bicentenario, ello habría posibilitado un ahorro fiscal cercano a los $ 14.000 millones”, agrega el texto.

El secretario de Finanzas, Hernán Lorenzino, fue uno de los funcionarios K que más cuestionó las compras que ordenaba Redrado. Amado Boudou aún no piloteaba el Palacio de Hacienda, pero el joven economista ya comandaba esa área bajo la órbita de Carlos Fernández.

Las fuentes consultadas revelaron que, ante las críticas internas, Redrado se escudaba en la independencia del Central, en el supuesto afán de hacer bajar el riesgo país y las tasas de interés, y en la venia que le había dado el directorio para operar a su gusto en el mercado de bonos. El visto bueno no lo habían dado sólo sus directores afines, como Carlos Pérez, sino también quienes no le respondían, como el vicepresidente Miguel Pesce o el ultrapingüino Waldo Farías, ex ministro de Kirchner en Santa Cruz.

Casi la mitad de las compras se hizo a dos bancos. La sospecha de los legisladores es que tanto ellos como algunos de los demás vendedores habrían actuado en connivencia con Redrado. Encima el Central inhabilitó esas operaciones para las AFJP, que intentaron aprovecharlas.

Lo más difícil de comprobar es que las ventas se hayan pactado sistemáticamente a precios superiores a los del mercado. Para eso harían falta las grabaciones en tiempo real de cada orden impartida desde la Mesa del Central. Pero esos registros, a diferencia de lo que ocurre en la mayoría de los países, no son obligatorios.

Redrado exigió se derogue su DNU y el oficialismo le saltó a la yugular

Martín Redrado pidió que se respeten "sus derechos como presidente" del Central. Y exigió que Cristina anule el decreto con el que lo había despedido como requisito para declarar ante la Comisión del Congreso que analiza su situación. Aníbal Fernández lo tildó de "estúpido" y "caprichoso".

Cómo una novela de suspenso, la crisis desatada en el Banco Central no deja de sumar giros inesperados. Hoy todo parecía encaminado en una dirección específica después de que la Comisión Bicameral que debe emitir una opinión "no vinculante" sobre la situación de Martín Redrado iniciara su tarea a paso acelerado.

Pero el propio Redrado advirtió que no se presentará ante esa Comisión si el Gobierno no deroga antes el decreto con el que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner lo había despedido de su cargo.

De inmediato, el oficialismo le saltó a la yugular. El jefe del bloque K de Diputados, Agustín Rossi, lo acusó de ser "un incumplidor serial de las leyes". Y el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, lo tildó como un "estúpido" y "caprichoso" que vuelve "a someter a los argentinos a un mamarracho".

La Comisión Legislativa que integran el vicepresidente Julio Cobos, el kirchnerista Gustavo Marconato y Alfonso Prat Gay (de la Coalición Cívica) empezó a trabajar esta mañana con la definición de un cronograma para entrevistar a los principales protagonistas del caso. El plan incluía tres entrevistas esta tarde –a funcionarios kirchneristas- antes de que mañana expusiera sus argumentos Redrado.

Pero por la tarde, cuando ya habían pasado por la Bicameral el ministro de Economía, Amado Boudou; el vicepresidente y titular provisorio del Banco Central, Miguel Pesce, y el procurador del Tesoro, Gustavo Guglielmino, Redrado le envió una nota a la comisión para demandar, "como paso previo" a su declaración, que el Poder Ejecutivo "derogue el decreto de necesidad y urgencia 18/2010".

Ese decreto es el que usó Cristina para echarlo del Banco Central y cuya vigencia suspendió la jueza en lo Contencioso Administrativo Federal María José Sarmiento. Pero luego hubo un fallo de la Sala de feria de la Cámara de ese fuero que, aunque avaló la decisión de Sarmiento, la modificó porque, con el llamado a la Bicameral que ahora sesiona, se habían modificado las circunstancias.

Ese fallo de la Cámara fue interpretado por el Ejecutivo como una suspensión de hecho de Redrado, a quien impidieron entrar a su despacho, mientras que el economista sostiene que, por el contrario, fue ratificada la decisión de frenar su despido; en el escrito que mandó hoy al Congreso, Redrado demanda que se respeten sus derechos "como presidente" del BCRA.

Con un tono que no disimulaba en nada su irritación, Aníbal Fernández salió a cruzar en términos durísimos al nuevo enemigo que le nació al kirchnerismo. "No tiene ningún derecho a hacer esto. Estamos en presencia de un estúpido. No se puede entender el capricho de este señor. Está sometiendo a los argentinos a un nuevo mamarracho. De ética, tiene muy poco. No tiene nada del comportamiento de un caballero", fueron sólo algunas de las frases que le dedicó el jefe de Gabinete a Redrado durante una entrevista con C5N.

Aunque Fernández no lo estimó así, Rossi sostuvo que la negativa de Redrado a ir a la cita a la que lo convocó la Comisión Bicameral para mañana si antes no se deroga el mentado decreto representa una violación a la ley. "No puede poner condiciones, tiene que venir (al Congreso) a responder", esgrimió quien es una de las principales espadas K en el Legislativo.

Antes del nuevo giro, la comisión –cuyo consejo es "no vinculante", por lo que decida, dejaría a Cristina con las manos libres para echar a Redrado- había empezado a trabajar a ritmo acelerado con el establecimiento de un primer cronograma y tres entrevistas a "testigos" en el "caso".

El primero de los tres kirchneristas en plantear por qué el Congreso debería recomendarle a Cristina que eche a Redrado fue Boudou, quien estuvo tres horas ante la Bicameral. Aunque, como se preveía, el encuentro fue a puertas cerradas, está claro que el ministro expuso los motivos por los qué el Gobierno considera que Redrado incumplió los "deberes de funcionario público" al demorar la conformación del Fondo del Bicentenario creado por un decreto de necesidad y urgencia (DNU) que aún no tiene la venia del Congreso y con el que el Ejecutivo aspira a pagar vencimientos de la deuda externa con reservas del Banco Central.

Al retirarse de la reunión, Boudou cuestionó a Redrado por múltiples flancos. Por un lado, dijo que "atornillarse a un sillón no es un buen mensaje para la sociedad". Por otro, insistió en ensalzar al Fondo del Bicentenario. Y, por último, criticó la advertencia del titular del Central de que estaría dispuesto a difundir "una lista de amigos del poder" que se beneficiaron con operaciones de compra de dólares, a la que calificó "como un mensaje mafioso".


El que expuso luego ante Cobos, Marconato y Prat Gay fue Pesce. Estuvo algo más de una hora y se retiró sin hacer declaraciones. Y a él lo siguió Guglielmino. Mañana debería declarar Redrado, pero ahora eso parece ser impredecible.

Fuente: iEco

El Guardián de las Reservas

 Por Martin Redrado

Como cualquier funcionario, en un Estado de Derecho el presidente del Banco Central no puede hacer lo que quiere, sino lo que debe, dado que un exhaustivo cuerpo normativo delimita sus facultades y sus deberes.

Además, si bien no es elegido por el voto popular, recibe un mandato de la ciudadanía a través de sus representantes, los miembros del Congreso, al que debe ajustar sus decisiones. En consecuencia, por las atribuciones que le reserva la Carta Orgánica, no está expuesto al dilema de "obedecer" o "rebelarse" ante instrucciones del Ejecutivo. Simplemente, no las puede recibir.

Uno de los deberes esenciales del Banco Central es proteger las reservas internacionales, que no son un ahorro convencional, sino que sirven como garantía de estabilidad monetaria, cambiaria y financiera. El presidente de la institución debe ser el "guardián de las reservas".

Este mandato cobra importancia crítica en un país con la historia de inestabilidad que caracterizó a la Argentina en los 40 años previos a 2003, donde la sucesión de procesos de inflación y devaluación culminó repetidamente en crisis financieras que atentaron contra el crecimiento y los ahorros de los argentinos.

Así, la política de acumulación y custodia de las reservas que siguió la institución en los últimos años, a pesar de iniciativas políticas que pretendían distraerlas hacia fines de corto plazo, fue lo que permitió absorber los efectos de la mayor crisis internacional de los últimos 80 años y preservar nuestros ahorros y el poder adquisitivo de los salarios, sin abruptos movimientos cambiarios ni el cierre de ningún banco, a diferencia de lo ocurrido en otros países.

Ese mandato no es pétreo: puede ser cambiado si la comunidad, a través de sus legisladores, decidiera asignar las reservas a otros fines -el pago de la deuda pública o el combate de la deuda social-. Por eso, desde el momento en que ingresó en el Banco el decreto sobre el Fondo del Bicentenario, se siguieron los procedimientos vigentes para su tratamiento.

En los informes de los cuerpos profesionales de la entidad se señala que la intervención y aval de ese decreto por parte del Congreso es condición insoslayable para su puesta en marcha, posición resaltada por la Justicia en primera y segunda instancia. Valorar la necesidad de intervención del Congreso en el tratamiento del Fondo del Bicentenario no es la desobediencia de un cuerpo de tecnócratas a la autoridad presidencial, sino una muestra de respeto a la división de poderes.

En estos días también hemos destacado que la independencia de criterio del Banco Central respecto del Poder Ejecutivo responde a simples principios básicos de sana administración pública, a saber:

"Control por oposición" del financiamiento del gasto: la emisión de moneda no puede estar en manos de quien ejecuta el gasto (el Ejecutivo), para que nadie caiga en la "ilusión" de pensar que tiene "la máquina de la felicidad" y puede crear riqueza mediante la impresión de dinero.

"Coherencia temporal": como los efectos nocivos de la emisión monetaria "descontrolada" aparecen entre 4 y 8 trimestres más tarde, el gobernante -tal vez, con fines electorales- podría tentarse de aumentar el gasto y financiarlo con emisión en una magnitud superior a la prudencial, legando a su sucesor problemas inflacionarios.

Esto no es confundir autonomía con autismo. Me habrán escuchado hablar sobre la necesidad de la coordinación de la política monetaria, financiera y cambiaria con el resto de los brazos de la política macroeconómica, como condición necesaria para la estabilidad. Pero tampoco debe confundirse coordinación con subordinación. La política fiscal no puede recorrer un sendero autónomo y requerir que el resto de las variables -tipo de cambio o inflación- se adapten pasivamente a las necesidades de financiamiento.

Sería de mi parte una irresponsabilidad aceptar presiones que dejen el camino libre a quienes quieren manejar las reservas de todos los argentinos sin seguir los pasos que marca la ley para la remoción de los directores del BCRA. Sería delegar mis deberes en quienes exhiben una actitud temible, que proponen medidas que podrían dejar al país expuesto ante los "fondos buitre".

Por todo esto, mantengo mi decisión de seguir desempeñando mis deberes de funcionario hasta que el Congreso disponga lo contrario, para ser leal al interés general, a la misión que me impone la ley y a mis convicciones.

BusinessWeek: Reasons to Cry For Argentina

Para BusinessWeek, el Gobierno sumió a la Argentina en una “crisis constitucional”.

Lo asegura por el conflicto que se desató tras el intento de usar reservas del Banco Central para el pago de deuda pública. El semanario editado por Bloomberg dice que el país “ha sido vista como un paria” la última década.

Con el sugerente título de “Razones para llorar por Argentina”, el semanario especializado en economía y negocios Bloomberg BusinessWeek dedicó en su última edición un artículo especial para analizar la crisis que enfrenta el Gobierno con la conducción del Banco Central por el uso de reservas para el pago de deuda pública.


Su autora, la periodista estadounidense Geri Smith, dice que en la última década “los inversionistas han visto a la Argentina como a un paria” que suspendió los pagos de su deuda y cayó en “el default soberano más grande de la historia”. Luego de describir el primer proceso de canje de deuda realizado en 2005, señala que actualmente “la presidenta Cristina Fernández de Kirchner trata de volver a ser bien considerada por la comunidad global de inversiones”.

Tras reseñar la fallida puesta en marcha del Fondo del Bicentenario, el artículo afirma que “en su intento de calmar a los inversionistas, la presidenta afronta críticas locales y del exterior”, ya que “el movimiento de Kirchner ha provocado una crisis constitucional” con Martín Redrado, el presidente del Banco Central, y con el Congreso nacional, que “considera realizar una sesión de emergencia para resolver la discusión”.

El artículo señala al crecimiento del gasto como una de las principales causas de los males del Gobierno: “Kirchner ha destinado miles de millones de dólares en subsidios para el alimento, el combustible y la electricidad, haciendo subir 30% los gastos estatales cada año de su gestión. El problema es que los ingresos fiscales sólo crecieron 12%” en ese período".

Luego de explicar cómo el gobierno de Cristina Kircher intentó “elevar bruscamente los impuestos a la soja y otros granos en 2008” y cómo “nacionalizó U$S 30.000 millones de los fondos de jubilación”, el artículo afirma que esta problemática contribuyó “a la derrota del partido peronista de Kirchner en las elecciones del año pasado” y que, de cara a 2011, “Cristina Kirchner está impaciente por apuntalar el apoyo” a su gestión.

Fuente: Fortuna
 
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Cristina Kirchner le pidió la renuncia a Martín Redrado pero éste permanecerá en el cargo

Fuentes del BCRA dijeron  que el titular de la entidad considera que no incumplió ninguno de sus deberes de funcionario y que no va a renunciar, tal como le pidió la presidenta Cristina Kirchner. Insisten en que es el Congreso quien debe removerlo. Este mediodía recibirá, tal como tenía previsto, a los senadores opositores Sanz y Morales.  

El kirchnerismo busca terminar con la suerte de rebelión de Hernán Martín Pérez Redrado en el Banco Central, generada por la intención oficial de usar reservas para el pago de la deuda. La presidenta Cristina Kirchner le pidió hoy la renuncia y ya propuso a Mario Blejer para el cargo. Sin embargo, Redrado resiste.


La dimisión le fue pedida al titular del Central por el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, según informaron fuentes oficiales. Ayer ya había dado una señal en ese sentido el comunicado del viceministro de Economía, Roberto Feletti, en el que acusaba a la "derecha" de obstaculizar la operación por la que el Central debe desprenderse de 6.569 millones de dólares de reservas para que la gestión de Cristina Kirchner pague deuda.

A pesar de que el pedido al Central se había realizado el 22 de diciembre, Redrado se mantenía renuente a convalidar la operación. Nunca abrió la cuenta especial a nombre del Tesoro que sería el primer paso para concretar la iniciativa.

La paciencia del kirchnerismo, acuciado por los cuestionamientos, no le dio margen para ninguna demora más. El comunicado de ayer de Feletti tuvo autoría intelectual en la residencia presidencial de Olivos.

En ese texto, el viceministro salió a repudiar "la embestida de la oposición de derecha en contra del uso de las reservas internacionales del BCRA para afrontar los compromisos externos".

Lo que Feletti defendió es la creación del Fondo del Bicentenario que, vía un decreto de necesidad y urgencia (DNU) le ordenó al BCRA que le entregue al Gobierno parte de las reservas monetarias para pagar compromisos externos. Ahora ese DNU deberá ser ratificado o no por el Congreso, que retomará esa discusión en marzo y la oposición ya anticipó que está en contra de que se toquen las reservas para ese destino. El mismo pensamiento parecía tener Redrado.

La principal pregunta ahora es si el titular del Central resistirá en su cargo . Pocos minutos después de que se conociera el pedido de renuncia, salió a advertir por canales informales que permanecerá en el cargo hasta que se lo remueva por los mecanismos que marca la Carta Orgánica de la entidad monetaria . Esto es, a través del Congreso.

Fuentes del BCRA dijeron que el titular de la entidad considera que no incumplió ninguno de sus deberes de funcionario. Y que mantiene la agenda prevista, aunque sea un puñal para el kirchenrismo: este mediodía recibirá al titular de la UCR, Ernesto Sanz, y al jefe del bloque en el Senado, Gerardo Morales.

Fuente: Clarin

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