No puede ser presidente del Banco Central quien no está dispuesto a cumplir con el mandato constitucional y del Congreso

Por Enrique Szewach

 El trámite en el Senado, en torno a la ratificación de Mercedes Marcó del Pont al frente del Banco Central, puso en evidencia los problemas que enfrentaremos en los próximos meses y años.

Primero, un aspecto institucional. Mercedes Marcó del Pont, nunca debió aceptar el cargo para la que fue nombrada, simplemente porque esa aceptación la obliga a cumplir con un mandato del Congreso –la Carta Orgánica del Banco Central– con la que ella, explícitamente, no está de acuerdo.

Entiéndase bien: Mercedes Marcó del Pont podría merecer el Premio Nobel de Economía, y seguramente, es una extraordinaria mujer; no es eso lo que está en discusión. Pero éticamente, lo que debió decir es “primero reformen la Carta Orgánica del Banco Central y después asumo como presidenta”.

El Senado en pleno, a su vez, debió acompañar el rechazo del pliego generado por la Comisión de Acuerdos por la misma razón. No puede ser presidente del Banco Central quien no está dispuesto a cumplir con el mandato constitucional y del Congreso.

Esto es lo que debió pasar, si no fuera porque la politiquita, como siempre, se impuso por sobre la política.

Pero, ¿qué significa, en materia económica, el control del Banco Central por parte del Poder Ejecutivo? Un retroceso de veinte años en la macroeconomía argentina. En efecto, el problema económico clave es que, a partir de ahora, el Banco Central se ratifica como la caja principal del Gobierno, con lo que ello implica en materia de impuesto inflacionario, para los pobres y en materia de falta de “ancla de expectativas”, para los formadores de precios.

No es que el Banco Central de Redrado no financiara, en especial en los últimos tiempos, al Tesoro. Pero lo hacía dentro de ciertos límites, cuidando la dosis. Los empresarios y los sindicalistas podían intuir, sino saber, que la política monetaria “pasiva” de convalidar la suba de precios y salarios, tenía un dique de contención. Que cualquier movimiento exagerado no iba a ser convalidado con la política monetaria y cambiaria.

Terminemos con la estupidez de que los aumentos salariales, más allá de las ganancias de productividad, no son inflacionarios. Si es así, subamos los sueldos por decreto 1000% y seamos felices. Todo aumento generalizado y brusco de demanda o de costos trasladables es inflacionario, en la medida en que el mercado lo convalide. Y el mercado lo convalida si la emisión monetaria “aceita” la suba nominal de precios en un marco en que los consumidores están dispuestos a pagar el precio fijado en función de sus ingresos, de su voluntad de “desahorrar” o endeudarse –si pueden–, o de la posibilidad o no de sustituir su demanda hacia otro tipo de bienes o servicios.

En la medida en que la emisión monetaria deja de ser una variable de política del Banco Central y la pasa a determinar el déficit del Tesoro, financiado con emisión, la tasa de inflación queda a merced de la política fiscal.

Es eso lo que nos pasó en la Argentina inflacionaria de la década del 70 y del 80. Y es eso lo que nos puede llegar a pasar ahora. A un nivel mucho menor, por cierto, pero no por ello menos grave. Por supuesto, siempre es posible retirar dinero del sistema absorbiendo liquidez excedente de los bancos, pero eso no es gratuito ni en términos de tasa de interés, ni en términos de crédito al sector privado.

El dilema “inflación o la paz de los cementerios” es tan falso como el de “default o reservas”. Y ninguna política viable se construye sobre falsos dilemas.

Y esto me lleva al largo plazo. La Argentina post 2011 tendrá dos tipos de desafíos. Recuperar un macro que le de un contexto de estabilidad a las decisiones micro. Y recuperar un escenario de reglas de juego que sirva de paraguas para un fuerte crecimiento de la inversión privada en los sectores que necesitan de inversión a largo plazo y no sólo de las oportunistas de corto.

La semana que pasó fue, en ese sentido, decepcionante. Porque mostró a los opositores, en especial a los  del radicalismo, incapaces de acordar la defensa de la estabilidad macroeconómica y subestimando el tipo de problemas que la Argentina enfrenta hoy y enfrentará en los próximos años. Y serán ellos los protagonistas de los consensos futuros.

La pregunta clave, entonces, que asusta hoy a gran parte de la sociedad, es la que se hacían aquéllos personajes televisivos de la serie mejicana: “¿Y ahora quién podrá defendernos?"