Por Eduardo van der Kooy
Los Kirchner consiguieron las reservas del Banco Central. Pero quedaron debajo de una tormenta política. La pérdida de control del Senado fue un golpe duro. El rechazo a la designación de Marcó del Pont en el BCRA, también. ¿Avanza el conflicto de poderes?
La Presidenta derogó el DNU del Fondo del Bicentenario para dictar otro igual, o similar, con el cual se apropió de la mayor parte (US$ 4.400 millones) de las reservas que deseaba del Banco Central. El resto (US$ 2.200 millones) lo obtuvo con un decreto simple. Se lo comunicó al Congreso cuando ya se retiraba, el día que dejó inauguradas las sesiones ordinarias.
Esa maniobra tuvo un efecto devastador, casi como un sismo. Hizo volar las esperanzas de alguna salida armónica y consensuada al conflicto en que se metió el Gobierno no bien concluyó la actividad parlamentaria del año pasado. Provocó una cohesión monolítica impensada en una oposición heterogénea, que vive entre tironeos y desconfianzas.
Selló, más temprano o más tarde, la suerte política de Mercedes Marcó del Pont, la titular del Banco Central. Desató alrededor de la economista otra tormenta que azota a las instituciones: la oposición en el Senado, con algún arrebato, rechazó el pliego de su designación antes de que Marcó del Pont pudiera decir algo. Cristina ha desconocido esa facultad.
La Presidenta fue aún más lejos. También desconoció el fallo de una jueza, Claudia Rodríguez Vidal, que invalidó el último DNU con el cual el matrimonio madrugó al Congreso. Hubo desconocimiento y hubo un peligroso desafío. Anunció que, más allá de lo que digan los jueces, su Gobierno seguirá pagando los vencimientos externos con fondos de las reservas. Desobediencia, cantó la jueza.
Detrás del enojo con el Senado y de la desconsideración con la Justicia se agazaparía algo de mayor gravedad: el conflicto del matrimonio presidencial con los otros poderes del Estado. Ni siquiera la Corte remozada por ellos les resulta fiable. En el Congreso, Cristina machacó que esa Corte sólo es independiente del Gobierno. A buen entendedor, sobran las palabras.
El Gobierno inauguró una insólita campaña de publicidad en televisión contra jueces que fallan en contra de sus pretensiones. Aníbal Fernández, el jefe de Gabinete, ya había intentado intimidar con un patrullero a la jueza María José Sarmiento, que aplazó en diciembre el despido de Martín Redrado del Central. Ese gesto activó alarmas en el Poder Judicial.
En un acto público, Cristina intentó descalificar a la jueza Rodríguez Vidal por su vínculo marital con Ernesto Marinelli. Se trata de otro juez que tuvo intervención en la medida cautelar que frenó el DNU del Fondo del Bicentenario y que neutralizó, además, una decisión oficial en contra de Papel Prensa.
El Congreso y la Justicia al mismo tiempo, entonces, en el ojo del kirchnerismo. En algunos territorios opositores habría empezado a merodear el fantasma de la fujimorización. Veamos: en abril de 1992 el entonces presidente de Perú, Alberto Fujimori, decretó la disolución del Congreso y una profunda y arbitraria reforma del sistema judicial.
Se aprovechó de la decadencia de ambas instituciones pero, sobre todo, contó con la complicidad funcional de la guerrilla cuyos actos terroristas estiraron hasta el colmo la tolerancia popular con él. Tuvo también el respaldo militar. El ex presidente, de origen japonés, cumple hoy en prisión sus 25 años de condena. Fujimori cometió esa tropelía -permitió además matar y torturar- en el momento de mayor fortaleza política. Los partidos estaban en estado de total desarticulación.
Los Kirchner están en su tiempo de mayor debilidad. Los partidos no lucen nada bien, pero el Peronismo, sobre todo, y también la UCR, logran algún reciclamiento. Existen partidos y coaliciones de menor envergadura que hacen su aporte.
El Congreso y la Justicia no gozan de ningún prestigio ejemplar. Pero el recambio legislativo, donde la oposición se convirtió en mayoría, abrió una expectativa social de equilibrio que se había evaporado en los últimos años bajo la prepotencia kirchnerista. La Corte, en medio de un paisaje político e institucional desarbolado, se transformó en una obligada referencia.
Quizás aquellas sombras sobre una supuesta fujimorización apuntarían a otro flanco. Al mismo que pasó por la cabeza de Carlos Menem cuando, luego de ganar la reelección en 1995, la oposición comenzó a fortalecerse. La administración por decreto, soslayando al Congreso. Si ese fuera el sentido, podría admitirse -con licencia- algún grado de fujimorización en los Kirchner.
La idea de intentar gobernar por decreto empezó a tomar volumen luego de la derrota de junio. Por esa misma razón el matrimonio impuso hasta diciembre, con rigor, su agenda parlamentaria a la oposición y sancionó las leyes que quiso. Cuando el oficialismo se convirtió en minoría en Diputados y el Senado, los Kirchner apelaron a los DNU.
Desde diciembre viven de conflicto en conflicto, a los tumbos. Fue gigantesco el error del Fondo del Bicentenario que alumbró la chapucería de Amado Boudou. Fue mucho más tremenda y patética la equivocación del DNU de la última semana, al margen de que se limitaron sus objetivos y se creó una comisión bicameral para controlar el cumplimiento. El problema no radica sólo en el contenido: el problema es la herramienta elegida por el matrimonio para querer gobernar.
Esa herramienta se articula siempre entre cuatro paredes. El último DNU de la discordia fue planeado por los Kirchner en la soledad de Olivos con el asesoramiento jurídico de Carlos Zanini, el secretario Legal y Técnico. Más de un ministro se tomó la cabeza cuando Cristina comunicó la decisión. El rostro de Julio De Vido, el ministro de Planificación, durante el mensaje de la Presidenta en el Congreso fue reflejo crudo de esa realidad.
Los legisladores kirchneristas también se cuidan pero tampoco comprendieron el viraje de los Kirchner cuando en el Senado y en Diputados se negociaba un proyecto de ley con la oposición que tomaba como base el DNU original y polémico. Han vuelto a esa idea con el nuevo DNU de Cristina. Peronistas y radicales, sobre todo, conversan. Pero el resultado está en el aire.
El camino elegido por los Kirchner parece tornarse sinuoso y estrecharse con riesgo. La Corte aconsejó que no se delegaran en la Justicia los pleitos que debía resolver la política. Cristina alegó la excesiva judicialización del DNU del Bicentenario para derogarlo y dictar otro tendiente a barrer escollos y alzarse con las reservas. Los escollos permanecen en el Congreso y en la misma Justicia.
La oposición descubrió en Diputados que todos los proyectos presentados sobre nulidad del DNU habían desembocado en la Comisión de Presupuesto, que controla el kirchnerismo, y ninguno en la de Asuntos Constitucionales, de propiedad opositora. Eso frustró la sesión de la semana pasada, porque para rechazarlo sin dictamen la oposición hubiera requerido la proporción inalcanzable de dos tercios.
Tanta resistencia puede terminar quebrando el dique. Después de que la oposición tomó el control del Senado, la Comisión Bicameral encargada de analizar los DNU sufrió un vuelco: tiene por ahora mayoría opositora por dos votos. Si esos números no se modifican, difícilmente algún decreto de los Kirchner encuentre allí un futuro promisorio.
Seguramente los Kirchner tendrán menos impedimentos con los vetos. Pero la repetición de esos vetos podría empujar al Gobierno a un punto desgastante de fricción e inestabilidad. La oposición pondrá en breve a prueba al matrimonio: esta semana el Senado tratará la reforma a la ley del cheque, que tuvo dictamen favorable en un día. El proyecto forzaría la coparticipación del 100% del impuesto. Las provincias reciben ahora sólo el 15%. Hay en juego $ 7.000 millones. Con el nuevo sistema Buenos Aires recibiría más de $ 2.000 millones y Santa Fe y Córdoba $ 700 millones cada una. Se resentiría demasiado una de las cajas de los Kirchner con la cual mantuvieron, por años, la disciplina política.
La oposición aguarda también el momento para lanzar la ofensiva con retoques al Consejo de la Magistratura. Retoques suficientes para mellar la supremacía kirchnerista. Será una pésima noticia en momentos en que los Kirchner redoblaron su ataque contra el Poder Judicial.
Cristina se defiende con una retahíla de discursos en los cuales abundan las falacias. Acusó a la oposición de querer obligar a su Gobierno a endeudarse por entorpecer el uso de reservas. ¿Acaso no logró que esa oposición le votara en el Presupuesto el derecho a endeudarse? Puso el grito en el cielo por el alto costo del crédito externo para la Argentina. ¿Acaso no recibió por años dinero de Venezuela a tasas de hasta el 16 por ciento?
La Presidenta no está bien. Se le nota en el rostro perturbado y en una disfonía que apena. Cada vez que no está bien vuelve sobre una incierta acción destituyente en el país. Kirchner prepara movilizaciones callejeras para esta semana, tras reasumir en el PJ. Manda a amenazar a cualquiera que proponga una tregua.
En la oposición se entreveran también algunas voces belicosas (Elisa Carrió) con otras que pregonan pacificación (Julio Cobos, Chiche Duhalde). Pero ninguna alcanza a enmudecer los tambores de guerra que parecieran sonar.
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