Durante su discurso, de una hora y cinco minutos, la Presidenta abundó en críticas duras a la oposición

Por Nelson Castro

El diputado oficialista hablaba con el presidente provisional del Senado, José Pampuro, y le decía: “Van a ser dos años muy duros. En Diputados perderemos muchas votaciones. En el Senado las cosas van a ser más peleadas y muchas leyes no saldrán; y a las que salgan impuestas por la oposición, la Presidenta las vetará”.

Y, efectivamente, la semana que pasó reflejó ese aire de inercia que amenaza envolver el quehacer en el Palacio de las Leyes. Los hechos fueron la falta de quórum en la sesión del Senado en la que se iban a tratar tanto la designación de Mercedes Marcó del Pont como presidenta del Banco Central como la modificación de la ley del impuesto al cheque, y en Diputados el controvertido tratamiento del Decreto de Necesidad y Urgencia 2010 de diciembre de 2009, por el que se creó el Fondo del Bicentenario. La explicación de lo que pasó obliga a detallar algunos de los farragosos aspectos técnicos del asunto.
Existe en el Congreso la Comisión Bicameral de Seguimiento de los Decretos de Necesidad y Urgencia. En diciembre, con la renovación legislativa, esta comisión quedó constituida con una composición de paridad absoluta: ocho miembros del oficialismo y ocho de la oposición. En marzo de este año, tras comenzar a sesionar, el Senado, que no había podido llevar adelante la sesión constitutiva de sus comisiones, entendió que esa paridad no reflejaba la nueva composición de la Cámara.

Por lo tanto, se desplazó a la senadora Beatriz Rojkes de Alperovich y se designó en su lugar al senador Luis Juez. Esta maniobra fue rechazada por el kirchnerismo, hecho que no fue aceptado por el titular del Senado, Julio Cobos. En consecuencia, el oficialismo decidió recurrir a la Justicia para frenar la aplicación de la citada medida.

Así las cosas, la comisión bicameral produjo un dictamen declarando la nulidad del decreto de necesidad y urgencia por el que se creó el Fondo del Bicentenario. Ese dictamen es el que estaba tratando la Cámara de Diputados en la noche del miércoles, cuando llegó el fallo del juez Enrique Lavié Pico invalidando la nueva integración de la bicameral y ordenando, “de ahora en adelante”, la reincorporación de la senadora Rojkes de Alperovich.

Esto originó un cuarto intermedio en la sesión, al término del cual la oposición decidió continuarla basada en un razonamiento que ilustra sobre el enmarañado mundo leguleyo en el que hoy cabalga la política en la Argentina: el argumento fue que la oposición acataba el fallo, como no podía de ser de otra manera, pero que el “de ahora en adelante” significaba que la modificación de la bicameral no tenía efecto retroactivo, con lo que la derogación del Fondo del Bicentenario quedaba firme.

Sobre esto, la oposición argumentó, además, que siendo el Decreto 298 –anunciado por la Presidenta en su mensaje al Congreso– un “mellizo” del anterior, también, por carácter transitivo, quedaba derogado. El oficialismo sostiene exactamente lo contrario. Semejante entramado leguleyo deja abierta la puerta para que todos crean que les asiste la razón. Por eso es que la única manera de destrabar este embrollo es la búsqueda de acuerdos políticos. Y hoy eso está en falta en las arenas de la política argentina.

Para hacer todo un poco más complicado hay que acotar que, sobre las últimas horas de la tarde del viernes, el juez hizo lugar a la presentación de apelación de su fallo elevada por el vicepresidente, cuya decisión fue criticada por Elisa Carrió y enfureció al Gobierno. Un dato más sobre esta instancia judicial: Cobos ya recusó al camarista Sergio Fernández.

La historia del fallo del juez Enrique Lavié Pico merece ser contada en detalle. El magistrado llegó a su cargo hace dos años y es considerado un discípulo del ex juez Gallegos Fedriani. “Es un hombre joven y designado con acuerdo del kirchnerismo. Por lo tanto, cuando lo amenazaron con el juicio político, se asustó”, explica una voz judicial que conoce muy bien lo que pasa en Tribunales.

A su vez, la Sala III en lo Contencioso Administrativo que lo conminó a expedirse, integrada por los doctores Sergio Fernández, Jorge Argento y Carlos Grecco, es considerada afín al Gobierno, al que no pudo satisfacer en la ocasión anterior, cuando concedió la apelación sin efecto suspensivo ante la Corte del fallo de la jueza Sarmiento y de la Sala IV de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo.

Así, en cuestión de horas, el Dr. Lavié Pico pasó de dictar un fallo adverso al Gobierno a otro favorable. Y el Gobierno pasó, a su vez, de amenazar al juez con hacerle juicio político –un verdadero apriete– a considerar su fallo como justo. Obsérvese, además, que en esta ocasión el oficialismo no habló del “Partido Judicial”.

Si el episodio del juez Lavié Pico generó inquietud en los ámbitos judiciales, el que se suscitó con el padre de la jueza María José Sarmiento no le fue en saga.

Una aclaración, siempre pertinente, antes de consignar el relato de una fuente judicial de primera magnitud sobre este episodio: los delitos de secuestro, tortura y desaparición de personas acaecidos durante la dictadura militar son crímenes de lesa humanidad cuyos responsables deben ser identificados y condenados. Sobre el coronel Luis Sarmiento, padre de la jueza, pesan cinco pedidos de indagatoria hechos por fiscales desde 2006 por su supuesta participación en la desaparición de 43 personas.

La fuente judicial explica: “El juez Ramón Claudio Chávez fue nombrado en 1992. Es un hombre identificado con las causas por los derechos humanos. Además, como tantos otros jueces del interior, está obligado a atender un gran número de causas de distintos fueros. Esto hace que le sea materialmente imposible tener su juzgado al día por más buena voluntad y apego al trabajo que tenga. Como consecuencia de todo esto, tiene dos pedidos por causas menores pero que lo intranquilizan. El juez ha manifestado esto. El Gobierno lo sabe y lo aprovecha para presionarlo. Es lo mismo que hace con otros jueces. La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación es querellante en una de las causas que involucran al padre de la jueza. Me consta que hubo un llamado al juez de alguien del Gobierno”.

Durante el asado en el que reunió a sus legisladores, la Presidenta dijo que no conocía el episodio de la detención –finalmente revocada– del padre de la jueza Sarmiento. Debería averiguar, pues, quien fue más papista que el Papa para evitar la repetición de hechos como éstos, que demuestran que el principal enemigo del Gobierno es el Gobierno mismo.

Hablando del asado para los legisladores oficialistas organizado por el matrimonio presidencial en el quincho de la Residencia de Olivos, reunión altamente inusual, fue producto del ambiente de diáspora que se vive en el kirchnerismo. “Fue un mimo que necesitábamos”, confesó uno de ellos a la salida del encuentro.

Allí no hubo mayores novedades: durante su discurso, de una hora y cinco minutos, la Presidenta abundó en críticas duras a la oposición, insistió en que el Gobierno dará pelea en el Congreso en todos los frentes y en cada punto y se explayó sobre la economía y el próximo viaje del presidente de Rusia. La idea que quedó flotando es la de culpar a la oposición por la posibilidad cierta de parálisis del Congreso, algo que al Gobierno le vendría de maravillas.

En este contexto, lo más probable es que en la oposición –atravesada por apetencias personales– también dominen los halcones. Por lo tanto, lograr un ambiente de negociación y de acuerdos políticos tendrá el sino de una misión casi imposible.

El resultado de todo esto será igual a una ecuación política de suma cero para disgusto de la mayoría de la ciudadanía, que siente que, entre tanto enojo y desacuerdo, se están olvidando de ella.