Por Alcadio Oña
Si el Gobierno exprime por completo la caja del Banco Central, tiene a mano cerca de dos Fondos de Desendeudamiento Argentino. Tal cual se verá, mucho más que los 4.382 millones de dólares que el decreto de necesidad y urgencia permite sacar de las reservas para pagarles a los acreedores externos.
Según estimaciones privadas, este año las utilidades que el Tesoro Nacional puede extraer del BCRA ascienden a unos 23.000 millones de pesos, contra 3.000 millones previstos en el Presupuesto Nacional. Queda, así, un plus de 20.000 millones, equivalente a US$ 5.154 millones.
Por adelantos transitorios, el cálculo fiscal original computaba $ 3.000 millones. En realidad, habrá disponibles entre 10.000 y 15.000 millones. Esta vez, el plus va de US$ 1.800 a US$ 3.000 millones.
En resultado final arroja que la caja del Banco Central podría aportarle al Gobierno no menos de US$ 6.954 millones. Esto es, 59% más que el Fondo de Desendeudamiento que desató la furiosa batalla entre oficialistas y opositores.
Hay más plata en juego, siempre volcada para el mismo lado. Por otro DNU, que no entra en la discusión, el Gobierno tomará US$ 2.187 millones de las reservas para pagarle a los organismos internacionales. Y aquí aparece una ganancia extra para el Tesoro Nacional, pues este año recibirá créditos por un monto equivalente o mayor a ese de los propios organismos internacionales.
Entre la caja del BCRA y esa ganancia extra hay, pues, alrededor de US$ 9.100 millones. Y si se agregan los recursos de la ANSeS, el Banco Nación y otras fuentes disponibles, el Gobierno estaría muy cerca de cubrir el agujero financiero de 2010.
La pregunta se cae de madura: ¿entonces para qué quiere el kirchnerismo el Fondo de Desendeudamiento? Y la respuesta, también: para seguir fogoneando el aumento del gasto público y, a la vez, disponer de una enorme masa de plata útil en el intento de alinear voluntades políticas cuando le escasean por todas partes. Eventualmente, también le permitiría usar menos dinero del Banco Central y aflojar su impacto monetario e inflacionario.
Puede haber, como hay, un debate sobre el uso de las reservas. Pero luce evidente que cuando la oposición pelea contra el DNU, también está peleando contra la caja del poder central.
Y para el caso de que se le caiga el DNU, el Gobierno apelaría al proyecto de ley que propone el senador pampeano Carlos Verna. Simplemente, porque es casi un calco del DNU.
En ese supuesto, a la oposición le quedan varios caminos, siempre y cuando logre actuar en bloque. Uno, plantarse sólo en la anulación del decreto. Otro, ir por cambios a la ley Verna.
Es, como ya se habrá advertido, una puja por recursos y espacios de poder.
En el mismo baile entra un proyecto del radical correntino José María Roldán. Le deja las manos libres al Gobierno para usar las reservas, pero a cambio de que les condone a las provincias el 50% de las deudas que mantienen con la Nación por el llamado Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial (FFDP).
No es un proyecto intrascendente, para ninguna de las partes. Las obligaciones acumuladas en el FFDP ascienden a unos $ 70.000 millones y representan una enorme atadura al poder central para unos cuantos gobernadores.
Primero, porque esa deuda está garantizada con la coparticipación: si no se paga, la Nación se cobra de allí. Y luego, porque el Gobierno impone condiciones a las provincias cuando todos los años les otorga nuevos créditos que cubren parte de los intereses: Olivos trata caso por caso y gira la plata a su arbitrio y en cuenta gotas.
Puesto en limpio, el proyecto de Roldán aflojaría la soga que el kirchnerismo tiene puesta al cuello de los gobernadores. ¿Estarán dispuestos los K a entregar semejante herramienta?
La ronda sigue con la coparticipación del impuesto al cheque, cuya recaudación va hoy en un 85% al Tesoro Nacional. Esta vez hay en juego unos $ 8.000 millones, que perdería el Gobierno nacional y ganarían las provincias.
Puede lucir políticamente costoso, pero huele a seguro que si el Congreso aprueba una ley así el Poder Ejecutivo la vetará. Y entonces, serán necesarios los dos tercios de las Cámaras para insistir con la ley: el kirchnerismo parece contar con los votos necesarios como para tumbar la movida. A menos que los gobernadores se le planten, lo cual está por verse.
En defensa del DNU, del actual reparto del impuesto al cheque y de todos los recursos en juego, el oficialismo pone por delante la racionalidad fiscal. O el costo que el país pagaría por no contar con estos instrumentos.
Claro que si todo le sale bien, habrá un aumento del gasto público por fuera del Presupuesto que votó el Congreso. Será por otro decreto de necesidad y urgencia y el Gobierno distribuirá las partidas según su criterio o sus conveniencias.
El discurso oficial reconoce una sola racionalidad fiscal. Como si no fuese irracional que las provincias reciban menos del 30% de la recaudación impositiva nacional, ni cuente la solidez de sus finanzas.
Convencional por Santa Cruz, Cristina Kirchner hablaba en 1994 de un "país macrocefálico, injusto en la distribución de su ingreso". Lo decía por la coparticipación, pero se sabe: los tiempos cambian.
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