Cuando se resolvió mal, se pagó con el más inequitativo de los ajustes: la inflación

Por Jorge Sarghini

Hay que resolver bien la relación entre las instituciones responsables del gasto público y las de emisión monetaria. Cuando se resolvió mal, se pagó con la injusta inflación.

Desde hace tres meses, oficialismo y oposición disputan en la encerrona que los colocó el debate sobre el uso de las reservas para el pago de los servicios de la deuda.

Poco o nada aportará ahora abundar sobre las críticas que recibió el Gobierno por su impericia técnica y desapego a las instituciones, ni tampoco detenernos en analizar el comportamiento -cuanto menos- errático de la mayor parte del arco opositor.

Considero que, a esta altura de los acontecimientos, sí vale la pena hacer el intento de aportar al debate algunos aspectos, a mi entender relevantes, que no hayan sido tratados y que podrían ayudar a la búsqueda de un posible camino de salida.

El Gobierno acude a las reservas porque entiende que la recaudación esperada, más todos los instrumentos de financiamiento -genuinos o no- que hoy tiene a su alcance, no son suficientes para sostener el nivel de gastos deseado (independientemente del monto autorizado por el Congreso) y a la vez cumplir con los compromisos de la deuda.

En primer lugar, el Poder Ejecutivo debería haber enviado al Congreso un proyecto modificatorio al Presupuesto vigente, y en ese ámbito ser tratado. Resulta evidente que no está en los planes oficiales rediscutir el Presupuesto y no es esa una tarea que deba asumir de manera unilateral la oposición, por lo que sólo le queda a esta última la ineludible responsabilidad de rechazar el decreto que crea el llamado Fondo de Desendeudamiento Argentino.

Tampoco basta con que el Congreso Nacional resuelva exclusivamente el dilema que plantea el uso o no de las reservas. Es claro que remediar por ley lo que el Gobierno pretendió por decreto sería un avance institucional importante y despejaría las incógnitas que el propio oficialismo instaló respecto de las posibilidades de default. Está muy claro que, caso contrario, si el uso de reservas no fuese aprobado por ley estaríamos ante un escenario imprevisible.

Entonces, ¿qué hacer para salir de esta encerrona? Como hipótesis de mínima, es necesario regular con criterio de eficiencia económica el uso simultáneo de los distintos instrumentos de financiamiento del BCRA al Tesoro Nacional. Esto no significaría, a mi criterio, negar la habilitación excepcional al uso de reservas para pagar los servicios de la deuda, ni tampoco modificar la normativa que regula los adelantos transitorios del Banco al Tesoro. En cambio, exigirá modificar por ley, el concepto vigente de reservas de "libre disponibilidad" y también establecer, por la misma vía, un criterio más restrictivo para la determinación de las utilidades que el Banco Central puede transferir al Tesoro.

A partir de la ley que autorizó el pago al Fondo Monetario Internacional se consideran reservas de "libre disponibilidad" a todas aquellas que superan el nivel en dólares de la Base Monetaria, y desde 2008, modificando interpretaciones históricas, el BCRA considera ganancias transferibles al Tesoro a aquellas que son meramente contables.

Bajo ningún concepto deberían ser tratadas de "libre disponibilidad" las reservas que constituyen contrapartida de pasivos en divisas del Banco, y nunca deberían considerarse ingresos del Tesoro aquellas utilidades que no se hayan realizado.

Nuestra experiencia histórica es motivo más que suficiente para que, de manera ineludible, resolvamos apropiadamente la relación entre las instituciones responsables del gasto público y las de la emisión monetaria.

Cuando se resolvió mal, se pagó con el más inequitativo de los ajustes: la inflación.

Sus consecuencias negativas sobre el ritmo de inversión, el poder de compra del salario, las jubilaciones y sobre el tipo de cambio real y en consecuencia, sobre la creación de empleo, del desarrollo del mercado interno y del comercio exterior, son innegables. El freno al crecimiento lo paga la sociedad en su conjunto y el deterioro del poder de compra de los ingresos fijos resulta un castigo particular para los que menos tienen.

La inflación no es sólo un fenómeno de origen monetario; reapareció entre nosotros en 2007 cuando se agotó el proceso de crecimiento con capacidad ociosa, y el desajuste entre el ritmo de evolución de la oferta y la demanda agregadas fue la causa principal. Su consolidación y sus preocupantes signos de aceleración actual obedecen a la falta de idoneidad en su tratamiento.

No obstante, desconectar dicho proceso de la evolución de los grandes agregados monetarios sería tan torpe como desvincular el comportamiento de esa variable con las necesidades del Tesoro en tiempos de debilidad fiscal y sin regulaciones adecuadas.

El conflicto está planteado y las condiciones políticas actuales no dejan lugar para las soluciones óptimas. Sin embargo, es posible encontrar un espacio para generar propuestas que permitan un camino de salida y, aprendiendo de la historia, minimicen los costos sobre el conjunto de la sociedad y en particular, sobre aquellos que menos tienen.