Por Eduardo van der Kooy
El Gobierno de Cristina y Néstor Kirchner ha sumado un problema donde ya existía otro. Esa suma no fue, por cierto, voluntaria sino consecuencia de una política errática y muchas veces incomprensible en la relación con Uruguay y el conflicto por la pastera Botnia, emplazada en Fray Bentos.
Sucedió ayer que el fallo de la Corte Internacional de La Haya avaló la continuidad de Botnia, al asegurar que la Argentina no pudo nunca -hasta ahora- probar la contaminación de las aguas del Río Uruguay, que impulsó su denuncia y su concurrencia al Tribunal. La instalación de Botnia -y de la española ENCE, que luego desistió del proyecto- constituyeron el origen del pleito.
El recurso de los Kirchner a la Corte de La Haya reconoció otro motor. La tenaz protesta de los asambleístas de Gualeguaychú que el Gobierno no sólo no se preocupó por aplacar. La acicateó también por razones de política doméstica, en momentos en que el ex presidente Kirchner estaba familiarizado con la popularidad.
Kirchner buscó el atajo de la Corte de La Haya para no arriesgar su tiempo de gracia política y rastrear, en ese largo interregno, alguna solución con los asambleístas que bloquearon el paso fronterizo hacia Uruguay. Todas las negociaciones, en ese sentido, fracasaron.
Lo cierto es que, desde ayer, Cristina deberá aceptar a Botnia no sólo como un hecho consumado -con algunas malas artes- por Uruguay. Deberá cargar sobre sus espaldas también aquel bloqueo fronterizo, cuya finalización los uruguayos colocan como una prioridad para empezar a normalizar el vínculo bilateral. Así lo expresó el canciller, Luis Almagro.
El horizonte no asoma para nada despejado. Los asambleístas, que pidieron la intervención de la Corte de La Haya, se sintieron decepcionados con el fallo. Esa decepción los alentó a radicalizar su protesta, cuya primera expresión sería una marcha sobre el puente internacional, el domingo venidero. Pareciera haber, con evidencia, una enorme labilidad de esos ciudadanos respecto del derecho y de los veredictos. Se acatan sólo si resultan favorables.
El Gobierno de los Kirchner no ha sido tampoco, en ese aspecto, un buen ejemplo. Plantearon con razón -que la Corte ratificó en su fallo- la violación de Uruguay (los ex mandatarios Jorge Batlle y Tabaré Vázquez) del principio de la información y consulta previa del Estatuto del Río Uruguay, que ambas naciones firmaron en 1975. Y machacaron, también, con motivo, sobre la necesidad del respeto a las normas que deben regir la relación bilateral. Sin embargo, esa preocupación por las normas y el derecho internacional no tuvo correlato cuando toleraron los piquetes que impiden todavía y desde el 2006 la libre circulación en la frontera.
El reconocimiento de la Corte a aquella demanda no representa un gesto menor. Apunta al futuro porque el pasado tiene sentencia. Uruguay lleva adelante hace más de 25 años un plan de forestación que enfila a la instalación de nuevas pasteras. Lo dijo el flamante presidente, José Mujica, antes y después de asumir.
Quizás la presencia de Mujica en el Palacio Libertad, constituya el elemento novedoso y promisorio en la escena del conflicto bilateral que tiene consolidados -tras el fallo de la Corte- a Botnia y a los asambleístas. Mujica es la antítesis de Tabaré: franco, sencillo, abierto, sin el complejo político que arrastró el ex presidente frentista de haber sido el primero en la historia uruguaya en quebrar un sistema partidario dominado sólo por los Colorados y los Blancos.
De hecho, Mujica prestó atención preferencial a la Argentina y a Cristina. Se entrevistó con ella dos veces y está en gestión otra cumbre para analizar los pasos a seguir luego del fallo. Tampoco el mandatario uruguayo generó expectativas falsas, como sí lo hizo en su momento Tabaré: nunca cuestionó el valor que la industria de las pasteras tiene para la pequeña economía de Uruguay. Tabaré hizo su voltereta: estuvo en contra mientras fue el líder de la oposición y a favor desde el instante en que los votos lo convirtieron en presidente.
La primera reacción después del fallo de la Corte de La Haya, al menos de los Gobiernos, indicaría que se estaría abriendo una nueva oportunidad para buscarle una salida al pleito. En Uruguay hubo admisión generalizada de que algo no se hizo bien. Cristina, como es su hábito, prefirió referirse sólo a la mitad llena del vaso: habló de la condena de la Corte a la violación del Estatuto del Río Uruguay. Prefirió omitir la convalidación de Botnia y a los asambleístas. La omisión obra, muchas veces, como señal de cautela.
La liberación del paso fronterizo es la llave que, más temprano o más tarde, habría que girar para destrabar el conflicto. Le toca a la Presidenta enmendar un grueso error de su marido en una época política poco propicia.
Hay duras confrontaciones internas en la Argentina, su popularidad es bajísima y se avecina un año electoral. Pero no tendría otro remedio, si es que no desea seguir hipotecando la relación con el vecino.
