Las exhaustas arcas fiscales

El análisis político y económico de los doctores Vicente Massot y Agustín Monteverde


Quién da más…


En términos políticos el principal problema que arrastra el gobierno es el desencantamiento de la sociedad con el matrimonio gobernante. Si aún teniendo que sobrellevar las dificultades de todos conocidas la gente continuase identificándose con el santacruceño y su mujer, la suerte del 2011 no estaría echada para ellos.

Pero sucede que desde la crisis del campo a la fecha todo lo que ha hecho el kirchnerismo pareciera enderezado a malquistarse con el ciudadano común y corriente que, hasta octubre del 2007, lo había votado sin pensarlo dos veces.

Ha sido tal la protervia gubernamental, de tal magnitud su empeño en llevarse el mundo por delante, tan desconsiderados sus planteos, tan provocativas sus decisiones y tan corruptos sus principales referentes, que el prestigio ganado entre mayo del 2003 y finales del 2007 se hizo añicos.

En resumidas cuentas, cuanto proviene hoy de los Kirchner suscita el rechazo del 70 % de la población, poco más o menos. Esto último no lo entendió Julio Cobos al votar por la destitución de Martín Redrado, alineándose con el Poder Ejecutivo.

Las encuestas ponen en evidencia que, por primera vez desde que expresó su voto no positivo, que lo catapultó a la fama, la ciudadanía está en desacuerdo con la decisión tomada por el vicepresidente de la República.

Curiosa actitud la de Cobos que hasta aquí había desenvuelto su estrategia con arreglo a un planteo tan simple como eficaz: hacer lo contrario de los Kirchner.


Por otro lado, en términos económicos, el principal quebradero de cabeza que tiene por delante esta administración es de carácter fiscal y por eso, en la desesperación de no hallar fuentes de financiamiento alternativas, Kirchner consideró pertinente avanzar, a pecho descubierto, sobre el Banco Central.

Si el gasto público continúa creciendo frente a ingresos que no alcanzan a seguirle el ritmo, es lógico que sea menester apropiarse de una nueva caja —otra más— para dotar de recursos a las exhaustas arcas fiscales.


El nombramiento de Marcó del Pont es, pues, la puerta de entrada a los U$ 17000 MM que necesita el gobierno a los efectos de no colapsar. Nada hay de exagerado en este juicio. Sin las llamadas “reservas excedentes”, los requerimientos de financiación del año en curso no podrían cubrirse. Por lo tanto, tres cosas resultan ciertas:

1) se reformará, cuanto antes, la Carta Orgánica del Banco Central, 2) cualquier atisbo de autonomía de la principal institución financiera del país es, a esta altura, cosa del pasado, y 3) el uso de las reservas carecerá de límites.


El gobierno tiene por delante la misión de conseguir en alguna de las dos cámaras del Congreso un número suficiente de votos para aprobar el polémico DNU que dio origen al Fondo del Bicentenario. Está claro que, por el lado de la justicia, las estrategias planteadas por Cristina Fernández y sus asesores no tuvieron buen final.

Es más, en el frente al que venimos haciendo referencia el gobierno se halla sometido a un fuego cruzado que no cesa, al extremo de cosechar fallos adversos en casi todos los estrados judiciales del país en las cuestiones —ley de medios, Telecom, etc.— que le preocupan.


Razón de más para tratar, ahora obligados por la justicia, de dar la batalla en el Parlamento.


Nadie puede asegurar hoy cómo se alinearán los senadores en punto a la utilización de las reservas. Mientras los gobernadores de Tucumán y Chaco, José Alperovich y Jorge Capitanich, así como Daniel Scioli, Fabiana Ríos y José Luis Gioja, entre otros, defendieron la decisión gubernamental en la materia, algo de lo que no hay por qué sorprenderse en atención a sus observancias ideológicas, también lo hizo un opositor acérrimo a la pareja presidencial, Juan Schiaretti, ahogado por las estrecheces financieras que aquejan a Córdoba.


En este orden de cosas no es de extrañar que resulte clave la postura que, al respecto, adopte el pampeano Carlos Verna quien viene manteniendo diversos contactos con algunas de las principales figuras del oficialismo —dentro y fuera de la cámara— interesadas, como no podría ser de otra manera, en convencer a los dos representantes de La Pampa, como a los fueguinos y correntinos, y sumar sus votos a los de la bancada del Frente para la Victoria.

De esa manera podrían obtener los 36 necesarios a los fines de aprobar el DNU de la discordia y entonces poder disponer libremente de las reservas del Banco Central.


El escenario que ahora parece abrirse es múltiple. La Casa Rosada ha querido dar intervención a la Corte Suprema en el tema del DNU ya famoso, aunque ese camino difícilmente conduzca a buen puerto. Es que el máximo tribunal de justicia de la Nación ya ha manifestado que la materia es competencia del Congreso. Inclusive, si asumiese el caso, habría pocas probabilidades, si acaso alguna, de que su pronunciamiento fuese antes de marzo cuando se abra el periodo de sesiones ordinarias en el Parlamento.

Como fue dicho antes es en este último ámbito donde se dirimirá la próxima batalla de importancia entre el oficialismo y el arco opositor.


El arsenal con que cuenta el gobierno reside en el manejo discrecional de la caja por parte del Poder Ejecutivo vis a vis las apremiantes necesidades de las provincias en términos financieros. El rojo fiscal es común a la totalidad de éstas y por ende la especulación del kirchnerismo respecto de cambiar plata fresca del Fondo del Bicentenario (léase reservas del Banco Central) por los votos de los diputados y senadores, es realista.


El santacruceño sospecha, con buenas razones, que no habrá en la puja que se anuncia para marzo una confrontación de carácter ideológico sino un tira y afloje por recursos que todos anhelan y que darían cualquier cosa por conseguir. De su lado los principales referentes del arco opositor al gobierno, previendo esta realidad, han imaginado una jugada tan osada como ingeniosa.

Sabedores de que en estas circunstancias no bastarán los argumentos institucionales para convencer a los representantes que le son afines de las dos cámaras para que no se pasen de bando y terminen secundando la estrategia kirchnerista, han lanzado al tapete la idea de coparticipar el impuesto al cheque a las provincias.

Piensan que sólo una medida de esta naturaleza podría compensar los aportes que las provincias no recibirían en el supuesto de que no hubiese Fondo del Bicentenario.


En una palabra, asistimos a una ronda de promesas y de ofertas cruzadas que tienen como punto de referencia, tanto en el plan del oficialismo como en el de sus contrincantes, a los dineros públicos.

Desde la Quinta de Olivos la orden es comprar voluntades a cambio del compromiso de sufragar un incremento del gasto vía el manejo de las reservas. Voten el DNU —vienen a decir Pichetto y Rossi a los senadores y diputados, respectivamente— y no tendrán de qué preocuparse.

De lo contrario, sus provincias deberán enfrentar problemas insolubles. De su lado, el antikirchnerismo enarbola una táctica menos extorsiva: coparticipemos el impuesto a los débitos y créditos bancarios, afirman, y no habrá necesidad de convalidar la extorsión kirchnerista.


Claro que la presidencia se reserva una carta ganadora para el caso de que el arco opositor consiguiera salirse con la suya y lograse aprobar la coparticipación del mencionado impuesto: el veto.

Hasta la semana próxima.