Por Carlos Tórtora
“Si llegamos al 28-30 por ciento, adelantamos las elecciones para marzo”, definió el operador presidencial por excelencia, Juan Carlos Mazzón, la semana pasada.
Con cuatro o cinco presidenciables fuertes en carrera, semejante dispersión sería más que suficiente para que el kirchnerismo ponga en marcha el operativo adelantamiento. La esperanza oficial es, sin duda, llegar a la segunda vuelta contra la UCR, para tratar de poner a los peronistas en una opción dramática: votar a Kirchner o a Scioli, o entregarle el poder a los radicales. Motivos para justificar el adelantamiento no van a faltarle, porque la espiral inflacionaria y la conflictividad social y sindical instalarían un clima agónico a partir de marzo-abril.
No habrá cogobierno
El adelantamiento es la vía de escape para negociar lo menos posible con la nueva mayoría opositora en el Congreso. Kirchner estaría convencido que la conspiración crece en los pasillos del Senado.
Para Olivos, el eje del mal está en el triángulo conformado por Juan Carlos Romero, Adolfo Rodríguez Saá y Carlos Verna. Este último ya tiene listo el proyecto de ley reprogramando el Fondo del Bicentenario para que el 37% del mismo sea coparticipable entre las provincias.
Este reparto de U$S 2500 millones en las arcas semivacías de los caudillos provinciales produciría a su vez un sismo político. Los gobernadores, con plata en la caja, dejarían de ser rehenes de la chequera de Kirchner y se alejarían rápidamente del Frente para la Victoria, pasándose probablemente al Peronismo Federal.
Y los gobernadores no peronistas, como el socialista Hermes Binner, dejarían de jugar a dos puntas para convertirse en opositores netos. El gobierno perdería entonces casi totalmente su capacidad de castigo. El peor escenario para Kirchner, la rebelión peronista, podría ser entonces imparable. La idea de aquél es resistir entonces a cualquier precio una ley que independice a los gobernadores de su yugo. El veto sería el arma a utilizar en última instancia, aunque esto dinamice la fuga de capitales y la presión sobre el dólar.
Acostumbrado a manejar la política con la chequera, el ex presidente no estaría dispuesto ahora a ser rehén del Congreso. Y menos todavía sabiendo que la Corte ya inició su maniobra de despegue y en cualquier momento puede dictar un fallo para demostrarlo.
¿Y si no alcanza?
El adelantamiento de las elecciones sería el camino K para escaparle al cogobierno. Pero la realidad puede marcar otra alternativa: que la inflación y el desgobierno creciente lleven los números oficiales cada vez más abajo, hacia la línea del 15% de los votos. No hay indicios de qué pasará si el plan adelantamiento se convierte en inútil.
Para los ultraK como Diana Conti y Carlos Kunkel, la alternativa sería patear el tablero. Es decir, profundizar la política inflacionaria con aumentos de sueldos superiores al 25%, vetar las leyes para reformar el INDEC y el Consejo de la Magistratura, impulsar la estatización de YPF y apropiarse de los fondos del Anses y el PAMI.
Este menú incluiría tensionar cada vez más la relación con Gran Bretaña por Malvinas y denunciar el inminente golpe institucional del Congreso, aliado a la UIA, el campo y el duhaldismo. Semejante victimización provocaría un descontrol de los mercados que bien podría derivar en la renuncia de CFK. Dejándole tierra arrasada a Cobos o a Pampuro, el kirchnerismo confiaría en que la ingobernabilidad que sobrevendría le permita subsistir y hasta presentarse a las elecciones, argumentando que “lo que vino después fue todavía peor”.
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