Polémica selección en las Fuerzas Armadas

Por Rosendo Fraga

La decisión del Ministerio de Defensa de pasar a retiro al general de brigada Hernán Prieto Alemandi permite una reflexión sobre cómo se están manejando en este momento los ascensos y retiros en las Fuerzas Armadas. En este caso particular, se ha publicado que la causa de este pase a retiro es que mantuvo reuniones con el vicepresidente de la Nación, Julio Cobos, y en consecuencia incursionó en política. Tanto el vicepresidente como el general han negado haberse encontrado, más allá de las ceremonias oficiales en las cuales les tocó participar juntos.

De acuerdo con ello, el episodio puede ser interpretado como un capítulo más de la campaña del oficialismo para provocar la renuncia de Cobos, ya que en una conspiración, como el matrimonio presidencial ha denunciado que encabeza, los reflejos del pasado hacen conveniente incluir un general para darle impacto.

Pero más allá de la causa real sobre el pase a retiro de este general, hay una serie de situaciones que se vienen planteando en la política de personal de las Fuerzas Armadas, cuya fase más relevante es la determinación de los ascensos y retiros, que merecen reparos. Una de ellas es que en los últimos años las Juntas de Calificaciones, que son las que proponen los ascensos, han perdido su rol. Se ha dado el caso en el Ejército que la mitad de los coroneles ascendidos a general de brigada no provienen de la propuesta de la Junta de Calificaciones, sino que son elegidos por el poder político, más allá de los criterios profesionales con las cuales propone dicha Junta.

El criterio de selección ha sido político, por el grado de relación o conocimiento que miembros del oficialismo han tenido de ellos. Cabe recordar que cuando el presidente Néstor Kirchner designa sus primeros Jefes de Estado Mayor en 2003, elige a quienes conoce personalmente por haber prestado servicios en Santa Cruz o en la zona geográfica próxima. Esta situación está haciendo que quien quiera ascender contemple la posibilidad de buscar contactos en el ámbito político, más que a concentrarse en sus méritos profesionales.

En segundo lugar, en los últimos años ha comenzado a eliminarse de las propuestas de ascensos a oficiales superiores provenientes de las juntas de calificaciones, a aquellos que son hijos de militares que han tenido actuación en gobiernos de facto.

Comenzó con los hijos de quienes estaban presos, después los denunciados, se extendió a quienes tuvieron algún tipo de función del tipo que sea aunque no tuvieran causa y se extendió no sólo al último gobierno de facto, sino que en algunos casos a hijos de quienes tuvieron cargos en el gobierno de facto anterior (1966-1973).

Se trata de un criterio claramente discriminatorio, que probablemente busque impedir la solidaridad entre el personal en actividad y retiro.

Por último, en los últimos tiempos se han registrados varios casos de intrigas internas, como el mencionado de Prieto Alemandi. También días atrás fue publicado que un general en actividad se reunió con el ex presidente Eduardo Duhalde. Estas informaciones revelan la utilización de mecanismos de espionaje interno dentro de la Fuerza.

Las experiencias históricas de este tipo de situaciones han dejado secuelas negativas en cuanto a la relación humana que debe existir dentro de las Fuerzas Armadas. Hay amargas experiencias en el conflicto entre peronistas y antiperonistas, al perder la carrera por esta causa numerosos oficiales con buena aptitud profesional.

En el último gobierno de facto, 33 oficiales fueron excluidos del Ejército, con el argumento de que no compartían la posición de la institución; así perdieron su carrera varios oficiales de destacada competencia profesional.

Este tipo de fenómeno se da con mayor intensidad en el Ejército, luego en la Armada y en menor medida en la Fuerza Aérea. Pero ello es lógico, dada la cantidad de personal en cada una de las Fuerzas. Estas, como el cuerpo diplomático o el personal del Poder Judicial, son una burocracia del Estado, que debe tener sus sistemas de ingreso y ascensos en base al mérito profesional y no a las vinculaciones políticas.

Eso hace no sólo al funcionamiento profesional eficaz, sino que quienes ejerzan estas funciones no estén pendientes de las vinculaciones políticas con el poder de turno, para ascender o alcanzar determinado cargo. En el caso de las instituciones militares, hay un pasado particular que puede generar reservas por el rol político que han tenido en los sucesivos golpes militares.

Pero cabe recordar que hoy sólo el 3% de quienes están en actividad lo estaban en 1983, al finalizar el último gobierno de facto. Es decir que la casi totalidad se ha incorporado después de esa fecha. Además, la realidad política, tanto local como regional y mundial, muestra que en todo el mundo, los militares han dejado de tener el rol político que tenían en el pasado.

El Presidente tiene la facultad de pasar a retiro a un oficial de las Fuerzas Armadas, función que ha delegado en el Ministerio de Defensa. Pero el uso de esta facultad como de cualquier otra debe ser razonable, porque en caso contrario se transforma en injusticia y surge la politización, al percibirse que sin un padrino político no se hará carrera.