Duro golpe al manejo discrecional de los Kirchner: se coparticipará la totalidad del Impuesto al Cheque

Luego de casi 12 horas de sesión, el Senado modificó el llamado impuesto al cheque, coparticipando la totalidad de esos recursos con las provincias. El tema supone un duro golpe al manejo discrecional que el kirchnerismo ha hecho de esos fondos, pero quedó flotando una cuestión polémica, que seguramente terminará en la justicia: si había o no necesidad de una mayoría especial (37 votos) para definir la votación.

Como no podía llegar a los 37 votos, la oposición impulsó desde temprano un cambio en el dictamen de mayoría, que exigía la mayoría especial habitual en temas impositivos. El vicepresidente Julio Cobos avaló que el tema se sometiera a votación, contra las airadas quejas oficialistas, y asi la oposición impuso, por 35 votos a 32 que el tema de fondo se resolviera por mayoría simple. Hubo una abstención, justamente de la senadora formoseña Adriana Bortolozzi, que habilitó el quórum y generó la noticia política del día.

El argumento opositor era simple: no se trataba de una nueva ley, sino de la simple modificación de dos artículos, uno de ellos el más importante: el que ponía en manos del poder central el grueso de los recursos (70%) del impuesto al cheque. El nuevo artículo indica que el total de los recursos de ese tribute se coparticipará con las provincias.

El proyecto con media sanción hará, si prospera en Diputados y sortea las posibles derivaciones judiciales, que los gobernadores reciban 10.000 millones de pesos. Esa votación se resolvió con 35 votos a favor y 33 en contra, ya que Bortolozzi votó con el FPV.

La contabilidad previa al inicio del debate arrojaba la posibilidad de que la oposición consiguiera la mayoría especial de 37 votos, por el compromiso de varios oficialistas, entre otros Luis Viana (Misiones), Marcelo Guinle (Chubut) y Horacio Lores, del Movimiento Popular Neuquino, pero eso se desmintió horas más tarde

Fuente: Perfil

Tenemos un gobierno con una filosofía basada en la confrontación permanente

Por Nelson Castro


“Prohibido pronunciar la palabra inflación.” Esa es la orden que bajó a sus funcionarios el matrimonio presidencial. Por lo tanto, cada vez que alguien habla de eso, las espadas mediáticas del Gobierno deben salir a negarlo y a defenestrar a la persona que pronuncia la palabra maldita.

Obvio que no a todas las personas: así, por ejemplo, si el que habla de “la inflación” es Julio Cobos le toca al ministro del Interior, Florencio Randazzo, tratarlo de “mentiroso”. Pero si el que dice exactamente lo mismo que el vicepresidente es Hugo Moyano o el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, un hombre K, nadie del oficialismo osa decirles nada.

Claro que abajo está la gente que no necesita que ningún funcionario gubernamental le cuente la realidad, ya que esa verdad la vive a diario cuando va a hacer las compras. Allí las góndolas de los supermercados enflaquecen cada día un poco más los bolsillos de los consumidores.

Es por ello que los obispos han decidido ponerse a trabajar en la elaboración de un documento en el que se exponga esta realidad. La idea es que coparticipen de su firma tanto empresarios como representantes de los trabajadores. Los efectos deletéreos que sobre quienes menos tienen produce la inflación es algo que la Iglesia conoce muy bien.

Las demandas sobre Cáritas siguen siendo incesantes, y no sólo por parte de personas que no tienen trabajo sino también de muchos otros que, aun cuando se desempeñan en algún empleo, no llegan a fin de mes. El nivel de asistencialismo que se requiere en la Argentina es altísimo y es la consecuencia de una gran desigualdad social que sigue sin achicarse significativamente.

Y este no es sólo un problema de este gobierno. Lo criticable de esta administración es su obcecación en creer que, por el camino que vamos, sin acuerdos políticos básicos que permitan cambios estructurales del modelo económico vigente, llegaremos al paraíso.

A pesar de conocer esta realidad, los gobernadores oficialistas que en Olivos compartieron el almuerzo con el matrimonio presidencial el lunes pasado, decidieron no abrir la boca. Allí la Presidenta les pasó facturas por lo que ella entiende que es una defensa débil de su gestión. El resultado de ese encuentro, en el que el Gobierno volvió a usar la metodología de apropiarse de los temas de sus adversarios con la finalidad de neutralizarlos, fue de suma cero.

En esta ocasión el tema fue el de la ley del cheque y su derogación a futuro. “En realidad lo que la mayoría de los gobernadores quiere no es la derogación del impuesto sino una redistribución diferente, más equitativa y menos discrecional”, confiesa el asesor de uno de los mandatarios provinciales que no salió contento de Olivos pero que se mantendrá leal a los Kirchner. Lo mismo que con la Ley del Impuesto al Cheque ocurrirá con la de Coparticipación; el ex presidente en funciones la anunciará esta semana como un proyecto a discutir, en la seguridad de que esa ley nunca saldrá durante el gobierno que comparte con su esposa.

De lo ocurrido en esa reunión con los gobernadores oficialistas se desprende claramente que ni la Presidenta ni su esposo tienen la más mínima intención de soltar la caja. “Es que sin caja no hay proyecto presidencial posible”, ratifica una voz del kirchnerismo. Y el desvelo, tanto de Néstor Kirchner como de su esposa, pasa por el 2011.

En el ideario del matrimonio presidencial anidan dos aspiraciones: una, de máxima, es la de Néstor Kirchner como futuro presidente de la Nación; la otra, de mínima, ante un eventual triunfo de Julio Cobos, es la del hoy ex presidente en funciones como jefe de la oposición. “Saben que cualquier otra circunstancia los dejará a la intemperie y eso les traerá consecuencia políticas y judiciales adversas”, agrega esa misma fuente.

Desde ese punto de vista, la semana que pasó fue buena para el Gobierno. El fallo de la Sala IV de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo le permitió destrabar el uso de reservas del Banco Central y avanzar con la reapertura del canje de deuda que se intentará oficializar el próximo 14 de abril.

Esta vez, por lo tanto, la Presidenta no habló del partido judicial. Es que para ella los jueces que dictaminan a favor del Gobierno son honestos, probos e independientes, y quienes lo hacen en su contra son deshonestos y están comprados. Claro que hay magistrados deshonestos; un ejemplo de ello es el del destituido juez federal de Zárate-Campana, Federico Faggionato Márquez. El problema es que al Gobierno sólo le preocupa la deshonestidad de los que dictan sentencias que le son adversas.

La salida del default es un asunto que, salvo en los sectores de la izquierda, es reconocido como fundamental para buscar la reinserción de la Argentina en el mundo. Fue una de las ideas con las que inició su gestión Martín Lousteau, el primer ministro de Economía de Cristina Fernández de Kirchner.

Por ende, sólo un gobierno con una filosofía basada esencialmente en la confrontación permanente ha transformado un tópico en el cual habría podido lograr acuerdos con buena parte del arco opositor, en otro en el cual lo que abunda es el enfrentamiento sin cuartel. “Hay un hecho que explica esto: tales acuerdos habrían dejado al descubierto la necesidad de sincerar el Presupuesto 2010, un dibujo que, sin el aporte de las reservas del Banco Central, no cierra. Y ese sinceramiento es algo que el Gobierno no está dispuesto a conceder”, cuenta una voz del oficialismo que el lunes pasado, con gran euforia y llenándola de elogios, saludaba a la Presidenta en Olivos.

La ecuación política de suma cero que hoy experimenta la Argentina tiene su otra pata en la oposición, cuyo problema principal, que comparte con el Gobierno, es no haber comprendido el mensaje de las urnas de la elección del 28 de junio pasado.

Producto de esto es la poca capacidad que ha demostrado tener, hasta aquí, para generar acuerdos mínimos que sirvan de base para llevar adelante el rol que le corresponde en un gobierno democrático: el de control. Y por ese resquicio el matrimonio presidencial avanza sin pausa y con prisa en la concreción de su objetivo de máxima: el de paralizar al Congreso, cosa en la que hasta el momento viene siendo exitoso.

En la oposición, además, hay varios dirigentes que se comportan como si ya fueran los candidatos para una elección en la que creen que ganarán con comodidad. Al actuar así, cometen un doble y grave error de apreciación: el primero es el de subestimar a Néstor Kirchner; el segundo, el de no darse cuenta de que el exceso de personalismos produce, en aquella porción de la población que busca alternativas al kirchnerismo, un alto nivel de frustración, porque denota la misma falta de vocación por generar acuerdos mínimos que se le critica al matrimonio presidencial.

La fragmentación de la oposición es uno de los objetivos del oficialismo, y en eso, quien trabaja a destajo es Néstor Kirchner. Cuenta para ello con la ayuda inestimable de varios de sus más enconados adversarios.

Es por ello que, en la semana que pasó, reapareció con fuerza el recuerdo de la figura de Raúl Alfonsín. A un año de su fallecimiento, la imponente manifestación que se produjo durante sus exequias fue un claro mensaje enviado por parte de quienes, aun discrepando con su gobierno, valoraron su honestidad, su voluntad de acuerdo y su vocación de tolerancia en aras de la construcción de una sociedad plural.

Es un mensaje que una parte importante de la clase política argentina aún demuestra no haber comprendido

Retrato de la distribución discrecional del dinero a las provincias

Por Maximiliano Montenegro

Durante 2009, la Rosada distribuyó más de $3 mil millones del programa Techo Digno. La mayor parte de los recursos quedó en manos de cinco gobernadores leales a Olivos. Santa Fe y Córdoba recibieron menos del dos por ciento.

Techo Digno. Así se llama el Programa de Desarrollo de la Infraestructura Habitacional que el Ministerio de Planificación lleva adelante en todo el país. En 2009, gracias a ese plan de construcción de viviendas populares se ejecutaron obras por 3.083 millones de pesos.


Sin embargo, el reparto de Techo Digno es otro ejemplo de cómo se castiga a las provincias conducidas por gobernadores rebeldes mientras se favorece a las que sintonizan la música de Olivos. Sin importar otras prioridades, como el déficit habitacional o las necesidades básicas insatisfechas de la población en los territorios postergados.

Veamos las últimas cifras oficiales de ejecución presupuestaria, correspondiente a todo el año pasado:

• En la provincia de Buenos Aires se invirtieron 950 millones en viviendas (30,8% del total), concentrados en el GBA. La segunda provincia más beneficiada fue Santiago del Estero, gobernada por el radical ultra-K Gerardo Zamora, con 240 millones pesos. Le siguen Tucumán, $ 182 millones; Salta, $ 180 millones; Entre Ríos, $ 137 millones; Chaco, $ 130 millones, y San Juan, $ 118 millones.



José Alperovich (Tucumán), Jorge Capitanich (Chaco), Sergio Urribarri (Entre Ríos) y José Luis Gioja (San Juan) integran el dream team de los “goberna” kirchneristas. Hasta mediados del año pasado, Juan Manuel Urtubey (Salta) era el mandatario joven preferido de Cristina, aunque después del 28 de junio amagó con algunos gestos de independencia.

• Seguramente en todas esas provincias existe un gran déficit habitacional entre los sectores más pobres. Sin embargo, no hay justificación para la discriminación que sufren otras jurisdicciones, con similares demandas sociales, aunque conducidas por gobernadores catalogados de “díscolos” en Olivos.

• En Santa Fe el programa destinó apenas $ 26 millones (0,8% del total) para la construcción de casas populares. Pese a ser una provincia con cuatro veces más habitantes, recibió una cuarta parte de lo invertido en San Juan. O un quinto de lo destinado a Entre Ríos, aunque casi la triplica en población. Pero lo más ridículo es que en Santa Cruz se gastaron $ 28 millones, más fondos que en Santa Fe, con 14 veces más población y mayores niveles de pobreza que el terruño del matrimonio presidencial. Es lógico que el socialista Hermes Binner, marginado en éste y otros programas, impulse la discusión de un nuevo reparto de fondos entre Nación y las administraciones del interior.

• En Córdoba, la segunda provincia más poblada del país, el plan Techo Digno invirtió sólo $ 55 millones (1,8% del total), la mitad de lo gastado en Entre Ríos, San Juan o Chaco y menos de un tercio de lo destinado a Tucumán. Vale recordar que, desde el conflicto con la dirigencia rural, Juan Schiaretti tomó distancia de la Casa Rosada y corrió en las elecciones del año último con lista propia. La disputa por los recursos escaló hasta el punto de una audiencia conciliatoria ante la Corte Suprema con Boudou, tras lo cual la ANSES accedió a girarle los fondos adeudados.

• En Corrientes se construyeron viviendas por apenas $ 3,1 millones (0,1% del total). Tal vez sea casualidad, pero luce a escarmiento: el año pasado, el ex gobernador radical Arturo Colombi decidió abandonar su alineamiento con la Rosada y pegarse a la figura de Julio Cobos.

• En Catamarca, otra provincia gobernada por un radical que jugó con Cobos (Eduardo Brizuela del Moral), el programa habitacional “devengó” sólo $ 21 millones, menos de la tercera parte de lo pautado en el Presupuesto 2009. Pero hasta el 31 de diciembre último, la Nación no había “pagado” un solo peso a los contratistas.

• En contraposición, la gobernadora Fabiana Ríos, cuyos dos senadores fueron aliados indispensables para el oficialismo en los últimos tiempos, gozó de un trato privilegiado. En Tierra del Fuego –la jurisdicción más despoblada del país– el plan de viviendas ejecutó 65 millones, casi el triple de lo presupuestado.

La excepción a la regla “amigo-enemigo” que reina en Olivos es Mario Das Neves. En Chubut el plan de viviendas devengó 140 millones de pesos el año pasado, un monto muy elevado. Pero también es cierto que, hasta la elección del 28 de junio, el gobernador mantenía una aceitada relación con Julio De Vido, quien destrababa los recursos para infraestructura en la provincia, y hasta entonces también se cuidaba de no enfrentar abiertamente a Kirchner.

RUTAS ARGENTINAS. La misma discrecionalidad existe en otra partida clave, como las “transferencias de capital”: fondos que se envían –por fuera de las “transferencias automáticas” de la coparticipación– para que cada gobernador pague obras públicas locales u otras inversiones.

Hasta el tercer trimestre de 2009 (último dato oficial), el gobierno nacional había asignado “transferencias de capital” a las provincias por $ 10.785 millones.

Después de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires (donde se computan legalmente los gastos de capital de empresas públicas como Aerolíneas Argentinas o AYSA), Santa Cruz –con 6% del total– lideró en 2009 ese ranking de la felicidad, por delante de provincias grandes como Córdoba (3,1% del total) y Santa Fe (1,4 por ciento).

También fueron discriminadas provincias radicales, como Corrientes (0,5%) o Catamarca (0,7 por ciento). Ni qué decir de gobernadores históricamente enemistados con el matrimonio presidencial, como Alberto Rodríguez Saá en San Luis: allí se destinó apenas el 0,1% del total de recursos.

Si bien el listado de obras financiado con transferencias de capital figura en el Presupuesto –la famosa “planilla de la felicidad”– los recursos sólo se giran con la autorización de la Secretaría de Hacienda. Es Kirchner quien abre o cierra la canilla del dinero a través de Juan Carlos Pezoa, quien desempeñaba una similar tarea a las órdenes de Cavallo durante el menemismo.

Otra prueba de cómo se digitan las transferencias de dinero para disciplinar el tablero político está en las obras de la Dirección Nacional de Vialidad, cuyos recursos se asignan con una lógica que rememora los tiempos dorados de La Rioja menemista.

• De los $ 6.692 millones gastados por Vialidad en 2009, $ 530 millones se ejecutaron en Santa Cruz (8% del total). Un monto equivalente a los 553 millones erogados en Buenos Aires (8,2 por ciento).

• En cambio, Santa Fe recibió sólo $ 300 millones (4,5% del total); Córdoba, 247 millones (3,7%); Catamarca, el 1,4%; Corrientes, un monto equivalente, y San Luis apenas el 0,6% de las obras.

DAR DE NUEVO. Según la consultora Economía & Regiones, el déficit financiero de la totalidad de las provincias ascendería este año a $ 15 mil millones, suponiendo que otorgaran a los empleados públicos un módico aumento promedio del 10 por ciento anual.

Si se congelara el statu quo en la distribución de los recursos tributarios, ese bache se cubriría gracias al auxilio financiero de la Nación, combinado con la emisión de bonos en el mercado de capitales. Como anticipó este diario, varias provincias (Buenos Aires, Córdoba, Chubut, Santa Fe y la Ciudad de Buenos Aires, entre otras) esperan la concreción del canje de deuda con los holdouts, que impulsa Boudou, para luego pasar la gorra entre bancos y fondos de inversión.

En este escenario, los senderos se bifurcan. Por ejemplo, el gobernador Binner decidió romper lanzas con la Rosada y avanzar tanto con el proyecto de coparticipación del impuesto en el Congreso como con el reclamo ante la Corte Suprema para que la ANSES devuelva el 15% del Impuesto a las Ganancias a las provincias.

Para el diputado Claudio Lozano y el economista de la CTA Roberto Larrosa, si se coparticipara en su totalidad el impuesto al cheque y el 15% de Ganancias que hoy va a la ANSES, las provincias recibirían este año poco más de 20 mil millones de pesos, casi en partes iguales, de una y otra fuente. Es un monto equivalente, según los economistas, a lo que Nación transfirió a las provincias durante 2009 por fuera de la coparticipación, sin ningún otro criterio que la afinidad política.

Santa Fe embolsaría unos 1.800 millones extras, más que suficiente para equilibrar sus cuentas.

Obviamente, los gobernadores oficialistas, que el lunes almorzarán con Cristina, prefieren continuar con la dinámica actual del reparto, que los favorece, aunque queden subordinados a la insondable lógica política de Olivos.

Pero también entre los “rebeldes” hay quienes preferirían no hacer olas. Es el caso de Juan Schiaretti, que planea cubrir el agujero presupuestario dentro del Programa de Asistencia Financiera (PAF) del gobierno nacional. Este año, el PAF (que contempla un monto de $ 11.870 millones) no sólo permitiría reprogramar vencimientos de deuda de un conjunto de provincias, como en ejercicios anteriores, sino también financiar parte del déficit fiscal. Otro auxilio clave para Schiaretti serían las transferencias para costear el déficit previsional: la provincia solicita casi 700 millones.

Si se abren ventanillas financieras, son muy pocos los mandatarios dispuestos a dar un paso incierto en el Congreso a la búsqueda de los fondos que les corresponderían por ley. Néstor lo sabe. Por eso, apuesta a seguir controlando la chequera hasta 2011.