Por Javier Gonzalez Fraga
En las últimas semanas ha reaparecido en nuestro país la preocupación por la inflación, mientras que el Gobierno sencillamente se niega a reconocer este problema, y castiga a todos los que mencionan el tema, y pretendiendo confundirnos, ensaya argumentos insostenibles. Veamos
“La culpable es la carne”. Entre las principales explicaciones oficiales de estas “tensiones en los precios” está la reciente alza en los precios de la carne. Es cierto que la carne subió en los últimos meses cerca del 80%. Pero también es cierto, que en los 42 meses anteriores, desde marzo de 2006 cuando se impusieron las restricciones a las exportaciones, sólo subió el 10%; o sea, la quinta parte que el índice oficial y la décima parte que los índices privados de inflación.
No parece justo ni razonable culpar a un producto por la inflación, cuando fue lo único que no subió en los cuatro años anteriores, producto de la pésima política ganadera que provocó una liquidación de vientres y una caída de los stocks, y consecuentemente ahora de la oferta de novillos.
Debemos recordar que las medidas que iniciaron el ciclo de fuerte liquidación de vientres, y de venta de animales livianos semiterminados en feed lots, fueron decididas por el presidente Kirchner a fines de 2005, y comienzos de 2006.
Gracias a ese brutal empeoramiento de las expectativas del negocio ganadero, los argentinos tuvimos carne a precios sumamente reducidos, y los aprovechamos para literalmente comernos ocho millones de vacas que hoy significan tener cuatro millones menos de novillos.
Si comparamos los precios recibidos por nuestros ganaderos con los recibidos en promedio por los países vecinos, las pérdidas de nuestros productores superan los 6 mil millones de dólares.Mal puede entonces confundirse una recuperación del precio de un producto, después de cuatro años de estar planchado por decisiones oficiales, empeoradas por una sequía espectacular, con un ajuste estructural de precios. Lo sucedido con la carne es simplemente inflación reprimida y postergada desde 2006.
“Es culpa de la puja distributiva de los empresarios inescrupulosos”. Este argumento es sumamente débil. ¿Por qué serían ahora más ambiciosos los empresarios que hace unos años, cuando se crecía al 8%? ¿O por qué son más inescrupulosos los empresarios en nuestro país, que en otros países vecinos, cuando hasta a veces son los mismos empresarios?
La ambición de los empresarios es la sangre misma del capitalismo, y si en otros países no suben los precios es porque no les conviene, ya que venderían menos. El problema sobreviene cuando hay desequilibrios macroeconómicos que generan aumentos de la demanda por encima de la oferta, y que llevan a los empresarios a “racionar” a sus clientes, subiendo los precios.
Si el Gobierno creara las condiciones de confianza en un contexto equilibrado, se podría crecer con niveles razonablemente bajos de inflación. Es notable que en la coyuntura actual, de fuerte crecimiento de la demanda, las encuestas indican que la mayoría de los empresarios no tienen planes de aumentos de su dotación de empleados.
Las políticas de controles de precios implementadas desde la Secretaría de Comercio, y especialmente la política agroindustrial de la ONCCA han debilitado las ganas de invertir de los empresarios, y por eso hoy vemos que muchos prefieren aumentar los precios que aumentar la producción y el empleo. Pero la culpa la tienen esas políticas, que ya han fracasado en el pasado en nuestro país, y no la conducta de los empresarios.
“Por los subsidios a los niños (…y a los ricos)”. Otra excusa que esgrime el Gobierno es culpar de la inflación (sin mencionarla) a sus políticas sociales, especialmente el recientemente creado subsidio no tan universal a la niñez. Nadie puede estar en contra de esa medida, que fue propuesta hace años por casi todos los partidos políticos, aunque con algunas diferencias. El problema no son los $ 6.500 millones de pesos que cuestan los subsidios, ni los $ 10 mil millones que podrían costar si se universaliza de veras, y que estarían muy bien gastados.
El problema es que esa suma potencial es aproximadamente lo que hoy el Gobierno gasta en subsidiar a las familias más ricas, con sus programas de subsidios a empresas alimenticias, o a transportes, o a los combustibles, por no mencionar también los pasajes de avión. Como el Gobierno subsidia la oferta de bienes y servicios, y no su demanda proveniente de familias necesitadas, una parte importante de esos beneficios son recibidos por los sectores más ricos de la sociedad.
De los actuales $ 40 mil millones en subsidios se puede estimar que un 25% son destinados al 30% más rico de los argentinos. Estos beneficiarios, especialmente habitantes de Buenos Aires y alrededores, son los que están impulsando los precios en estos meses de fiesta de consumo. Si se eliminaran estos subsidios a las familias más ricas, se equilibrarían las cuentas fiscales, sin afectar a los más pobres.
“No volver a viejas recetas”. También se argumenta desde el Gobierno que quienes reclaman una política antiinflacionaria quieren en realidad volver a viejas recetas. Los funcionarios del Gobierno deberían tomar nota de que la inflación desapareció de casi todo el mundo usando nuevas –subrayadas– recetas que nada tienen en común con los ajustes antiinflacionarios aplicados en nuestro país desde los años 70 hasta la convertibilidad, de fuerte impacto recesivo.
Estas recetas han controlado la inflación, en forma gradual y no recesiva, usando políticas genéricamente llamadas “metas inflacionarias”. Básicamente, esto constituye la fijación y monitoreo explícito de metas de inflación que forman las expectativas de los formadores de precios, generándose una banda descendente de inflación, que al ser anticipados por los empresarios, no generan acumulaciones indeseadas de stocks, y por lo tanto no afectan el empleo ni la producción.
Así lo hicieron muchos países sajones, pero también Perú, entre muchos, que es la economía que más creció en los últimos diez años en nuestro continente, y últimamente conducida por Alan García, a quien nadie puede acusar de ser un neoliberal.
El Gobierno argentino no contempla la posibilidad de aplicar esta política de metas inflacionarias porque el primer paso para que sea creíble es reconocer la inflación real. Por eso afirmé alguna vez que el mayor costo de la intervención del INDEC es dejarnos sin la posibilidad de aplicar las políticas que han funcionado en todo el mundo para controlar la inflación sin ajustes recesivos.
Carente de esta alternativa, el Gobierno, paradójicamente, está aplicando las viejas recetas, que han fracasado un montón de veces: controles de precios, limitaciones a las exportaciones, y atraso cambiario y tarifario. Estas políticas pueden funcionar por unos meses, mientras el real de Brasil siga apreciado, pero irán generando distorsiones que pagaremos en el largo plazo entre todos, al igual que en el negocio ganadero
