La oposición avanza en el Congreso y Kirchner no cede

Por Rosendo Fraga

La semana pasada la oposición logró ponerse en marcha en el Congreso, imponiéndose en ambas cámaras. En Diputados fue aprobado el rechazo por nulidad del decreto del 1 de marzo, para el pago de deuda con el uso de reservas. La oposición obtuvo 140 votos -logró la coincidencia desde Pino Solanas hasta Gabriela Michetti- frente a 93 del oficialismo y 6 abstenciones.

A su vez, en el Senado se dio media sanción a la coparticipación del impuesto al cheque, con 35 votos a favor y 33 en contra. En este caso, el quórum fue dado por una senadora miembro del bloque kirchnerista (Bortolozzi), quien puso en evidencia que no sólo hay opositores que pueden jugar a favor del oficialismo, como Carlos Menem, sino que comienzan a jugar con la oposición algunos oficialistas.

Previamente se aprobó el pliego de Marcó del Pont para la Presidencia del Banco Central. La elección estaba empatada y Cobos iba a tener que desempatar, pero fue la abstención de Menem la que permitió que se aprobara por un voto. La oposición puso en evidencia que si bien tiene fuertes diferencias ideológicas, políticas y electorales, tiene consensuado un programa en el plano institucional, que pasa por la limitación al Ejecutivo en el uso del DNU, la modificación del Consejo de la Magistratura, la coparticipación del impuesto al cheque -a la que puede seguir un proyecto similar sobre los ATN- y el saneamiento del INDEC, aunque carece de la capacidad para comunicarlo con eficacia.


Kirchner respondió como siempre, redoblando la apuesta, y buscando impedir en ambas Cámaras la sanción definitiva de ambos proyectos. El oficialismo tratará de impedir que Diputados dé sanción definitiva a la reforma del impuesto al cheque y que el Senado confirme el rechazo del DNU del 1 de marzo.

Aunque la mayoría de los constitucionalistas sostienen que es válida la reforma del impuesto al cheque por mayoría simple, el oficialismo sostiene que se requiere una especial y en consecuencia desconoce la validez de la aprobación en Senadores, cuyo presidente, el Vicepresidente Cobos, ya giró el proyecto a la Cámara Baja.

El oficialismo respondió pidiendo, a través del Jefe de Gabinete (Aníbal Fernández) y el ministro de Planeamiento en Infraestructura (De Vido), su renuncia e indicando al Presidente de la Cámara de Diputados, que es oficialista (Fellner), que devuelva el proyecto a Senadores, desconociéndolo.

Frente a ello, la oposición amenaza con reemplazarlo -tiene la mayoría para ello- o limitar sus funciones. En todos los casos, el kirchnerismo recurre y recurrirá a la Justicia ante cada fracaso legislativo. En el caso que Diputados diera sanción definitiva a la reforma del impuesto al cheque y que Senadores lo hiciera con el rechazo del DNU del 1 de marzo, el Ejecutivo puede recurrir al veto. Pero Kirchner es consciente de que usarlo tiene costo político y que implica aceptar que se ha perdido el control del Congreso.

A medida que el oficialismo judicializa las decisiones adversas del Congreso, redobla su ofensiva para provocar renuncias en la Corte. Voceros del oficialismo (Kunkel y Rossi) pidieron la renuncia del miembro de la Suprema Corte (Fayt) que ha cumplido 75 años, quien fue designado por Alfonsin en 1983 y tiene una posición contraria al oficialismo.

La Corte tiene 7 miembros y 2 vacantes sin cubrir, pero hoy no tiene mayoría en el Senado para imponer candidatos propios. No sólo el conflicto entre el Ejecutivo y el Congreso se está resolviendo en la Justicia, sino también la batalla con los medios.

La Corte prepara dos fallos que resultan vitales para el oficialismo: la vigencia de la ley de medios y los alcances del uso del DNU, previendo que pueden ser desfavorables por 4 contra 3 y que Fayt, con certeza, integra el primer grupo. Pero a esta presión, el kirchnerismo suma la que ejerce en la calle.

Es así como la semana pasada, varios miles de militantes del oficialismo manifestaron frente a la Corte, exigiendo que declare vigente la ley de medios. En el caso de perder Kirchner la batalla institucional en el Congreso y la Justicia, parece dispuesto a llevarla a la calle, donde cuenta con los piqueteros oficialistas, el sector sindical que lidera Hugo Moyano, las organizaciones de derechos humanos y las barras bravas de fútbol, frente a una oposición con mayoría en la opinión pública pero desarticulada en las calles, a diferencia de lo sucedido durante el conflicto del campo.

El oficialismo redobla también el conflicto con la Iglesia, mientras que la política exterior muestra ambigüedades y contradicciones.

El impulso de Kirchner a la ley del matrimonio gay en Diputados, los ataques a Monseñor Bergoglio y la decisión del Gobierno de excluir de la asignación universal por hijo a las familias que están en la pobreza pero tienen hijos en escuelas privadas, muestran la decisión de profundizar el conflicto con la Iglesia Católica, cuya asamblea de obispos realiza esta semana una de sus dos reuniones anuales.

El encuentro con Obama en los EEUU es compensando ahora con Cristina en Caracas, siendo la única oradora junto a Chávez en el acto del Congreso venezolano por el Bicentenario del país.

El Presidente chino (Hu Jintao) elude a la Argentina de su gira regional, pero el Presidente de Rusia (Medvedev) la incluye.

El gobierno argentino acatará el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya sobre el conflicto con Uruguay, pero no adoptará medidas contra los cortes de los asambleístas en Gualeguachú que lo desconocerán.

Tras el canje se buscará negociar con el Club de París, pero se seguirá eludiendo al FMI.

Cuando uno ofende a mucha gente, mucha gente se puede sentir ofendida

Por Ernesto Tenenbaum



Tengo la impresión de que hay algo que no está funcionando demasiado bien. El otro día, cuando mucha gente aplaudía a la Presidenta –siempre mucha gente aplaude a los presidentes– me entró en el alma cierta preocupación, un tanto de inquietud, un poco de escozor. Ya no por la insistencia en sus ataques contra todo el sistema mediático. Ya no por el pito catalán tan brillante, genial, inesperado, talentoso que le hizo al Congreso. No, por nada de eso.

Lo que más me impactó del discurso fueron las referencias a la Justicia.

En esta nueva etapa de la notable –por colocar un calificativo neutral– evolución de las principales figuras del gobierno nacional, hay un nuevo enemigo: el Poder Judicial. Así, en bloque. Así, sin distinciones. Los jueces son todos chorros, empleados de Clarín, cobardes, dejan que los delincuentes entren por una puerta y salgan por la otra (se nota allí la influencia de Eduardo Feinmann).

Es cuestión de minutos, pero ya sobrevuela sobre los jueces la acusación de golpistas y destituyentes.

Así lo dijo la Presidenta:

“La Argentina real es la del Gobierno (sic) dio la Corte de Justicia más independiente del gobierno que se recuerde en toda la historia de la República Argentina. (Aplausos) No hay Corte más independiente del Gobierno que esta Corte. Necesitamos también una Justicia que sea independiente del resto de los poderes políticos y, fundamentalmente, de los poderes económicos concentrados; necesitamos jueces que fallen no de acuerdo con la tapa de Clarín sino al Código Civil y al Código Penal (Aplausos). Necesitamos jueces que condenen a los responsables de lo que sucedió por el accidente aéreo de Lapa y no a un mecánico a tres años; necesitamos jueces que no dejen salir a los delincuentes, porque están tabulados los precios de excarcelaciones o eximiciones de prisión y, entonces, los criminales que entran por una puerta salen por la otra”.

Olvídese, por un momento, si tiene razón o no en lo que dice –aunque, la verdad, con semejante grado de generalización es difícil dársela, parece realmente una brutalidad–. Piense en los efectos de esas palabras. Y créame: el martes, al día siguiente del discurso, Tribunales era un hervidero. Mucha gente, sin tener nada que ver con ninguno de los fallos cuestionados por el Gobierno, se habrá sentido enojada, herida, ofendida. Suele suceder: cuando uno ofende a mucha gente, mucha gente se puede sentir ofendida.

El problema es que no se trata de un exabrupto, de un momento poco inspirado producto de las típicas pasiones de una oradora que improvisa con pasión. La ofensiva verbal de la conducción política del país sobre los jueces –sobre todos, sin distinción, con algunas excepciones menores como el de Campana, Faggionato Márquez es una política de Estado.

El Gobierno está muy molesto con algunos jueces por distintos motivos. El primer fallo que irritó al Poder Ejecutivo fue el que disponía que el gremio de aeronavegantes debía ser devuelto a quienes se lo habían robado mediante un recuento fraudulento de votos. Quizás usted no lo recuerde, pero en aquel momento el jefe de Gabinete Aníbal Fernández se resistió a cumplir una orden de desalojo dispuesta por una jueza –y luego por una cámara– porque le pareció, opinó, se le antojó, que era inconstitucional. Al final, luego de dos semanas de desgaste, debió aceptarla. Pueden imaginarse ustedes cómo fue tomada en la Casa Rosada semejante resolución. Sé que hay muchos lectores de esta revista que simpatizan con el Gobierno. Igual, deben admitir algo: si hay algo que no les gusta mucho a sus líderes, es la desobediencia. No es que no les gusta. Los pone muy fastidiosos. Y esta desobediencia fue pública.

Luego vino el fallo de la jueza Sarmiento sobre la utilización de reservas. Ahí la bronca fue in crescendo. ¿Se acuerdan que le enviaron un patrullero a la casa durante un fin de semana? ¿Quién tomó esa decisión? ¿Quién pagó por esa decisión tan costosa, sobre todo, para el Gobierno? Ustedes recordarán que un medio bastante cercano a la Casa Rosada publicó en tapa que el papá de la jueza había sido militar y tituló “De tal palo”. Bueno, es lógico que la jueza, su familia, sus amigos, sus compañeros de trabajo se sientan ofendidos y preocupados. Y que mucha gente –que no es destituyente, que es democrática, que es tolerante y que incluso simpatiza con muchas medidas del Gobierno– haya percibido que se trataba, cómo decirlo sin ofender, de un apriete a esa jueza y a cualquiera de sus colegas que se atreva a fallar contra la voluntad presidencial.

Esta última semana, el Gobierno confirmó esos prejuicios al utilizar los espacios publicitarios del Futbol para Todos para denunciar con nombre y apellido a los jueces que convalidaron un aumento del abono del cable.

Yo, por momentos, pienso, ¿no? ¿Cuál hubiera sido la reacción de muchos pensadores, periodistas, militantes que hoy se alinean con el Gobierno, si este tipo de cosas las hubieran hecho Menem o Duhalde? O, dicho de otra manera, ¿qué credibilidad tendrán cuando sean otros los que gobiernen y traten de hacer lo mismo?

Pero mejor no hacerse ciertas preguntas.

Luego vino el fallo de la cámara, que confirmó parcialmente la opinión de la jueza Sarmiento. Néstor Kirchner fue entonces a un programa de televisión y, por primera vez, denunció la existencia de un Partido Judicial.

Así lo dijo:

“Hay un tema que es vital, es muy importante: el del partido judicial; los dos fallos que se sacaron son horrendos, el de Redrado y el que dice que no hay necesidad ni urgencia para sacar el DNU. Clara coincidencia entre el partido judicial, la oposición y Magnetto. Hemos soportado con sobriedad cuando la Justicia no nos es favorable, pero sabemos que en algún momento la Justicia se va a renovar. Tengo esperanza en que la Justicia se va a terminar renovando, se pidieron procedimientos para renovar la clase política, pero la Corte Suprema sigue con una parte de su estructura que viene de hace mucho tiempo”.

Le confieso que ese día fue la primera vez que sentí la inquietud de la que hablaba al principio, ese escozor, esa preocupación. Me pareció que Kirchner estaba colocando la piedra fundacional del Partido Judicial. Ya lo había visto varias veces. La campaña contra el periodismo fue tan dura que, tarde o temprano, unificó en contra a la inmensa mayoría de los periodistas.

La manera en que el Gobierno reaccionó ante el desafío agropecuario de marzo del 2008 fue tan destemplada que generó una unanimidad notable en toda la región afectada por esa pelea, en todos los ex presidentes democráticos, en todos los dirigentes de la oposición, de izquierda a derecha.

La curiosa estrategia parlamentaria ha logrado una y otra vez que fuerzas disímiles en todo sentido, ideológicamente opuestas, que compiten entre sí por espacios de poder, se unifiquen –todas– en contra del Gobierno. Y, ahora, Kirchner se encaminaba hacia la militancia por la formación del Partido Judicial.

Otra vez: si se ofende a mucha gente, es posible que mucha gente se sienta ofendida.

Antes que usted –si pertenece a Carta Abierta, o cree que hay una conspiración terrible en marcha– se ofenda, déjeme aportarle un par de datos. Hay personas muy cercanas al Gobierno que creen que la política judicial fue torpe e indecente.

Otro dato de contexto más. Es difícil sostener que el Poder Judicial haya tratado –o trate actualmente– a los Kirchner de manera más dura que a Carlos Menem.

El fantasma del Partido Judicial es eso: un fantasma. Pero el problema con los fantasmas es que, a veces, al ser convocados finalmente se corporizan.

O sea, hay ciertas normas que conviene no olvidar tanto en la física como en la vida.

Una es la ley de la gravedad: mejor no hacer demasiadas piruetas en la cornisa.

Otra es el principio de acción y reacción. Todo lo que va, en determinado momento vuelve.

Y una vez más: si uno ofende a mucha gente, mucha gente se puede sentir ofendida.

¿No les parece que muchas cosas que pasan en este país, dicho sea de paso, no tienen mucho sentido?

Mamita, los meses que se vienen.

Los reveses en la Justicia y la que se perfila en el Congreso

Por Daniel Fernández Canedo

La jugada de la creación del Fondo del Bicentenario resultó muy costosa para el Gobierno. La Justicia dispuso que sea la Corte Suprema la que defina si la Presidenta podrá utilizar las reservas para pagarle la deuda a organismos y acreedores privados. Y la Corte ya adelantó que es un tema que deberá definir la política.

Mientras tanto, la economía se va cobrando la factura. En los días previos al lanzamiento del Fondo, los títulos públicos argentinos ofrecían una altísima renta de 13% anual. Al anunciarlo, los mercados reaccionaron bien (Argentina daba más seguridades sobre que pagaría la deuda) y la renta de los bonos bajó a 11% anual.

En aquellos días de diciembre las expectativas que 2010 sería mejor, y se superaría la recesión, daban un marco para una visión más positiva. Después vino un mal cálculo político oficial y comenzó a cobrar forma el empantanamiento del Fondo del Bicentenario. Y ahora los bonos argentinos ofrecen 15%.

En síntesis, el Gobierno intentó bajar el costo del crédito para el país, pero terminó aumentándolo.

Ayer la Justicia prácticamente le puso fin a la jugada y el Gobierno debe sacar a relucir un Plan B. La primera reacción oficial surgió velozmente y consistió en bajar el dramatismo de la derrota sufrida.

Seguirá la demostración de que, a pesar de no contar con los US$ 6.569 millones del Fondo del Bicentenario, este año el Tesoro no tendrá grandes problemas para cumplir con los pagos. Ya tiene autorizado el uso de US$ 2.200 millones de las reservas para pagarle al Banco Mundial y al BID.

Están terminando de compatibilizar las cuentas para que el Banco Central le pase al Tesoro unos $20.000 millones, que habían sido las utilidades del año pasado.

Además, estará la plata de la ANSeS, del Pami y la que surja del aumento de los depósitos oficiales en el Banco Nación. El 30% de ese dinero se lo podrán pasar al Tesoro para que vaya llenando la caja.

Pero, mientras va buscando alternativas para cubrir los gastos, ya comenzó a desplegar otra faceta del Plan B. A poco de tomar el timón del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont debió sobreactuar un poco (salió a decir que comprar dólares es mal negocio) para dejar en claro que el dólar no subirá. Además, esta semana dio la segunda señal importante, y la que vale: vendió más de 100 millones para mantener la calma en el mercado del dólar.

Son dos decisiones importantes en el intento de asegurar que no habrá saltos cambiarios y que no se quiere exacerbar la inflación.

La idea oficial de desdramatizar los reveses en la Justicia y la que se perfila en el Congreso respecto del uso de las reservas, tiene también otro objetivo. Según los cálculos privados, si este año no hubiese fuga de capitales, la Argentina tendría US$ 12.000 millones más.

Los ingresos por las exportaciones de maíz y soja prometen muchos dólares para fin de marzo y abril. El desafío será justamente retenerlos.

El canje de la deuda ya no luce todo lo exitoso que parecía a fin del año pasado.  Cambiaron las condiciones internacionales y los títulos argentinos tienen un precio de riesgo. Difícilmente los bancos que lideran la operación vayan a poner 1.000 millones de dólares, como le habían propuesto al ministro Boudou el año pasado.

La economía está en condiciones de crecer pero se va desarrollando la idea de que podría hacerlo con más fuerza.

Ayer la Presidenta en Olivos le pidió a los empresarios que aumenten las inversiones y confíen. Los empresarios desde hace tiempo reclaman reglas claras que no llegan.

Por la noche, Néstor Kirchner habló de que la inflación es un fantasma que se agita, como si las subas de precios no existiesen. La Argentina, entre la inercia y las expectativas, proyecta un aumento del costo de vida del orden del 20% este año, más allá de lo que diga el desprestigiado INDEC.

Tal vez por el shock político recibido, los mensajes oficiales aparecen cruzados y habrá que esperar definiciones. El Gobierno le prendió una vela a la cosecha de soja y todo indica que le daría resultados en términos de ingreso de divisas.

De ahora en más, habrá que esperar que cobre forma un Plan B ante la caída del Fondo del Bicentenario y, sobre todo, que los dólares que entran por una puerta no se vayan por otra.

La economía argentina sigue dando muestras de que es capaz de generar riqueza, pero también de destruirla.

Si no se tienen en claro los valores tampoco se tendrán en claro las acciones

Por José Benegas *

Todo el episodio del Banco Central nos muestra el renacimiento incipiente de los controles republicanos en medio de la situación de mayor debilidad del kirchnerismo.

La Justicia avanzó al decir con toda claridad que sobre la voluntad política se encuentra la ley, algo que en medio de la gran confusión general es visto como un problema al que se le ha dado el nombre de judicialización de la política (liso y llano control constitucional).

El mayor problema de nuestro sistema político es que con un gobierno que avanza sobre la ley, quienes están llamados a controlarlo duden. Se preguntan mil veces si están haciendo lo correcto, en algunas oportunidades piden perdón y retroceden. Se dejan atrapar por planteos de valores falsos como el problema de la “gobernabilidad” o la “investidura presidencial”.

La mayor gobernabilidad se da en un sistema totalitario; la legalidad, por lo tanto, siempre es un problema para la gobernabilidad y es bueno que así sea. La investidura como concepto confunde, porque lleva a pensar que el poder es inherente a una persona investida y no a una institución.

El sistema republicano es un sistema de equilibrios. A una avanzada desequilibrante le debe responder una acción equilibrante. Si las formalidades no alcanzan, en tanto están pensadas para circunstancias legales y no ilegales, la acción debe pasar por encima de ellas, para restablecer la legalidad.

La república no es un sistema de suicidio en función del mantenimiento de un credo. El objetivo es acotar al poder. Nada hay por encima de esta cuestión porque es para eso que el poder es dividido. Las reglas deben cumplirlas todos, pero cuando alguien tira la pelota fuera de la cancha, hay que buscarla fuera de la cancha. Por eso es que frente a un gobierno inescrupuloso, priorizar el cumplimiento de tradiciones como fue el caso de las designaciones de autoridades de la Cámara de diputados o dudar sobre la posibilidad de la autoconvocatoria, son formas de contribuir al desequilibrio y poner en juego el sistema.

Si no se tienen en claro los valores tampoco se tendrán en claro las acciones. La república es un sistema de gente con sangre caliente defendiendo la libertad, no de patos pensando en su próximo cargo. Tampoco está en la cima de los problemas el propio financiamiento del Estado. Las excusas de gobernadores y legisladores que siguen instrucciones de ellos para acceder a cualquier artilugio para recibir fondos del Estado nacional son inaceptables, debieran ser tratadas como un delito de lesa república.

El valor para la república no es la voluntad del poder, sino la legalidad constitucional. Palos en la rueda es lo que necesita este país para liberarse de la irresponsabilidad de todo tipo de tiranos. Hay que afectar a la gobernabilidad de una buena vez y recuperar un sistema sin salvadores.

Más allá de cómo terminó el episodio Redrado en sí, inclusive de cuánto puedan tentar con un pedazo de la torta a gobernadores y opositores para avanzar sobre las reservas del Banco Central, hemos visto fluir a la república en tiempos de ingobernabilidad porque contrariamente al paradigma que venimos arrastrando históricamente, según el cual necesitamos un Poder Ejecutivo fuerte, nuestro mayor desafío es tener una Constitución invencible.

Eso requiere más acción que contemplación. Hemos probado mucho con gobiernos fuertes, civiles y militares, durante todo nuestro período de fracaso como país. Alguien pensará en el caso de Fernando de la Rúa como el ejemplo del gobierno débil, pero más que por la debilidad se caracterizó por la ineptitud y una ineptitud onmímoda es siempre peor que una ineptitud acotada.

Muchos se asustan cuando un presidente se encuentra con un obstáculo, porque sólo conocen, como en las cavernas, una versión de la seguridad que es la política. La que el país necesita es la seguridad jurídica que es la que está a disposición de cualquiera todos los días cuando rigen reglas y no voluntades.

El gobierno debe ser débil en comparación con la ley; si se quiere, con una debilidad a la altura de nuestros patos, dado que es todo lo que tenemos.

*Periodista, abogado, máster en Economía y Ciencias Políticas

Prat Gay: "La Ley de Carta Orgánica le impide al Banco Central lo que dice este DNU”

Para Alfonso Prat Gay, “el conflicto entre el Banco Central y el poder político debe dirimirse en la Justicia”.


Por Radio Continental, el diputado del Acuerdo Cívico y Social calificó el decreto presidencial que dispone el uso de reservas para pagar deuda como “inconstitucional y contrario a la ley”.

“Como es habitual en el jefe de Gabinete, hay una parte de verdad y una parte de mentira en sus declaraciones: el DNU tiene fuerza de ley mientras el Congreso no lo rechace; pero la Ley de Carta Orgánica le impide al Banco Central lo que dice este DNU”, advirtió.

“Entonces, la situación en estos momentos es que hay dos instrumentos jurídicos con fuerza de ley que le exigen al Banco Central dos cosas que son contradictorias. Acá lo que correspondería es que el Banco Central hiciera una consulta al árbitro de la Constitución, que es la Corte Suprema y que la Corte Suprema se expida al respecto”, razonó en Magdalena Tempranísimo.

Prat Gay se preguntó “¿cuál es la urgencia que tiene el Gobierno de constituir un fondo de seis mil quinientos millones de dólares, si en los próximos dos meses los vencimientos de deuda son solamente por seiscientos millones? Ciertamente, se podría perfectamente esperar al 1 de marzo para que esto se debata en el Congreso y en todo caso, si el Congreso lo decide, se modifique la Ley de Carta Orgánica”.

Además, recordó otros antecedentes en los que “se llamó a sesiones extraordinarias” para ratificar DNUs, y llamó al Gobierno a hacer lo mismo en este caso.

“En el DNU del fallido pago anticipado al Club de París, el mismo Gobierno incumplió la medida determinada por el Gobierno”, concluyó Prat Gay.

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Los cruces de la semana - Jura de los diputados