Por Marcelo A. Moreno
La Presidenta de la Nación muestra preocupantes síntomas de tener dificultades con el reconocimiento y la formulación de la verdad. Su relación con esa materia tan sutil y tan concreta a la vez parece pendular entre el conflicto, lo inestable y lo improbable.
El viernes 5 de febrero la doctora Cristina Fernández de Kirchner denunció públicamente en una de sus tantísimas intervenciones públicas -esta vez, durante una visita a las tan importantes obras de remodelación del puente Nicolás Avellaneda- que el canal de noticias TN había censurado sus dilatadas expresiones del miércoles 3.
La Presidenta no dijo la verdad. Al día siguiente, tanto TN como la mayor parte de los medios de comunicación independientes, dio cuenta que quien, en realidad, había suprimido parte de sus extensos dichos había sido el canal oficial 7, el que interrumpió esa transmisión para poner al aire el partido entre Gimnasia y Estudiantes de la Plata.
Desde luego, podía tratarse de un error -un error nada insustancial, por cierto, ya que contenía una gravísima acusación contra un medio que no tiene obligación de transmitir los discursos ni de ella ni de nadie-, pero error al fin.
Sin embargo, pasados ya demasiados días sin rectificación, se tiene derecho a sospechar que no se trata de ninguna equivocación. Porque al no producirse siquiera una aclaración o una simple disculpa, la fabulación subsiste: por omisión, la Presidenta sigue manteniendo que TN la censuró cuando no fue así.
En 1936, en Alemania, manifestar en público que los judíos no dominaban el mundo -y por eso había que eliminarlos- equivalía a agraviar las doctrinas que el doctor Goebbels y sus cómplices imponían a fuerza de espanto y otorgaba, seguramente, un pasaporte a la muerte súbita por causas no naturales o al campo de concentración.
En el 2010, en la Argentina, informar, como lo hace día a día la prensa no domesticada por el Gobierno, sobre la política consuetudinaria de avasallamiento de los otros poderes y órganos de control del Estado por parte del Ejecutivo, equivale a "inventar, difamar o agraviar", según los reiteradísimos dichos de la máxima autoridad del Estado en relación a la prensa independiente.
Por eso, insisto, defender a esa prensa no domesticada en la Argentina melancólica de nuestros días significa simplemente defender la democracia.
Las lágrimas que asolaron el rostro de Graciela Bevacqua, ex directora de Precios de Consumo, cuando relató hace unos días en el Senado los aprietes y persecuciones que sufrió de parte de un matón kirchnerista con carnet de Secretario de Estado por no aceptar falsificar los números del INDEC resultaron tan sinceras como elocuentes.
Sucede que nuestra sociedad padece un Gobierno que hace lo que el ex fiscal de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido denominó como "burda adulteración de cifras" de los índices del costo de la vida.
Es decir, una mentira sistemática y permanente, que agrede a la sociedad en su conjunto -hasta su aliado Moyano la cuestiona- y que, por su duración, no supone un error sino que configura una verdadera política de Estado. Así, da la impresión que el vértice del Poder Ejecutivo sigue el precepto de Mark Twain, según el cual "si la verdad es nuestro bien más preciado, haremos bien en economizarla".
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