Por Alejandro Bercovich
Hasta el Día de Reyes, cuando estalló el escándalo del Banco Central, el entonces presidente Martín Redrado y los directores K que terminaron por desplazarlo mantenían una relación cordial y casi sin cortocircuitos. El directorio le había delegado a Redrado facultades para intervenir en todos los mercados, incluso el de bonos de la deuda pública. Por eso, pasado mañana, once diputados opositores de centroizquierda presentarán una denuncia penal contra el economista y los directores oficialistas. Es por presuntas maniobras ilícitas en operaciones con títulos de la deuda durante 2008, que habrían favorecido a los acreedores y generado pérdidas al Central por la friolera de 5.127 millones de pesos.
La denuncia, detalla que la autoridad monetaria adquirió bonos por $ 11.262 millones a lo largo del año de la crisis mundial. Y que, lejos de haberlo hecho para aliviar los vencimientos más inmediatos a cargo del Tesoro, compró papeles de largo plazo que terminaron por reforzar la sensación de que el Gobierno caería en una nueva cesación de pagos, al mostrar como “devaluados” a los de vencimiento más próximo.
Según admitieron fuentes oficiales, la Secretaría de Finanzas protestó en aquel momento por esa decisión, aunque el Gobierno prefirió no hacer pública la disputa con el ex golden boy.
El pedido de investigación penal será presentado por Claudio Lozano, economista de la CTA y aliado de Pino Solanas. Lo acompañarán los legisladores de Proyecto Sur, Solidaridad e Igualdad (SI), Libres del Sur y Diálogo por Buenos Aires. A diferencia del planteo que realizaron anteayer el Peronismo Federal, el PRO y la Coalición Cívica, la denuncia no cuestiona una posición general de Redrado y el directorio –como su supuesta “aceptación” de las cifras del INDEC– sino una serie de operaciones puntuales, que la Justicia podría comprobar si obtiene sus registros históricos.
Para los legisladores, Redrado incumplió con los deberes como funcionario público al no haber protegido las reservas del Central. Le achacan haber comprado los títulos “a precios más altos que los correspondientes a bonos equivalentes”, supuestamente para favorecer a los bancos vendedores y también a operadores “que hicieron buenas diferencias comprando en el mercado y vendiendo luego al BCRA”, según el escrito preliminar.
La pérdida de $ 5.127 millones por esas operaciones consta en el Balance 2008 de la entidad que ahora preside Mercedes Marcó del Pont. Las transacciones solía ordenarlas personalmente Redrado desde la mesa de dinero de Reconquista 266, que coordinaba entonces y sigue gestionando hoy el subgerente de Operaciones, Juan Basco.
Según los diputados, si se hubieran comprado bonos de corto plazo, el Tesoro se habría ahorrado entre 3 mil y 5 mil millones de pesos más. “Y de haberse aplicado en aquel momento la misma cifra de reservas que hoy se pretende incluir en el Fondo del Bicentenario, ello habría posibilitado un ahorro fiscal cercano a los $ 14.000 millones”, agrega el texto.
El secretario de Finanzas, Hernán Lorenzino, fue uno de los funcionarios K que más cuestionó las compras que ordenaba Redrado. Amado Boudou aún no piloteaba el Palacio de Hacienda, pero el joven economista ya comandaba esa área bajo la órbita de Carlos Fernández.
Las fuentes consultadas revelaron que, ante las críticas internas, Redrado se escudaba en la independencia del Central, en el supuesto afán de hacer bajar el riesgo país y las tasas de interés, y en la venia que le había dado el directorio para operar a su gusto en el mercado de bonos. El visto bueno no lo habían dado sólo sus directores afines, como Carlos Pérez, sino también quienes no le respondían, como el vicepresidente Miguel Pesce o el ultrapingüino Waldo Farías, ex ministro de Kirchner en Santa Cruz.
Casi la mitad de las compras se hizo a dos bancos. La sospecha de los legisladores es que tanto ellos como algunos de los demás vendedores habrían actuado en connivencia con Redrado. Encima el Central inhabilitó esas operaciones para las AFJP, que intentaron aprovecharlas.
Lo más difícil de comprobar es que las ventas se hayan pactado sistemáticamente a precios superiores a los del mercado. Para eso harían falta las grabaciones en tiempo real de cada orden impartida desde la Mesa del Central. Pero esos registros, a diferencia de lo que ocurre en la mayoría de los países, no son obligatorios.
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