Por Rosendo Fraga
El 20 de marzo se cumplen cien días de la asunción de los legisladores electos el 28 de junio. Los tres meses transcurridos muestran que la situación política ha cambiado sustancialmente desde entonces y ello hace oportuno un balance de la misma.
La expectativa pasa a estar en qué sucederá en el futuro: qué alternativas hay para la elección presidencial del 2011 y qué grado de gobernabilidad tendrá el país hasta entonces.
La elección legislativa del 28 de junio permite intentar contestar ambas preguntas.
La primera, porque ha definido el rumbo de la política argentina para el periodo 2011-2015. Desde entonces, Reutemann y Cobos son los más votados en las dos franjas políticas más importantes. Los dos representan lo mismo, en cuanto a que son ideológicamente de centro, políticamente moderados, ambos tienen buena relación con el campo y se proyectan como presidentes de cuatro años y no de ocho (el primero por edad y el segundo por requisito constitucional). El tercero es Narváez, que está en una tendencia similar, y Macri -que ha lanzado formalmente su candidatura- no está muy distante. En el kirchnerismo quien tiene mejor imagen es Scioli, paradójicamente porque es percibido como distinto al ex presidente.
El próximo presidente puede ser alguno de los cuatro mencionados u otro, pero es claro que la sociedad quiere una alternativa más moderada que el kirchnerismo e ideológicamente de centro.
En cuanto a la segunda pregunta, la historia muestra que en la Argentina, cuando se pierde la elección de medio mandato, que es en realidad pre-presidencial, la gobernabilidad se hace difícil. En dos de los tres casos que sucedió, no se logró mantenerla (Alfonsín y De la Rúa) y solo uno lo logró (Menem entre 1997 y 1999). Ello muestra que la gobernabilidad es una cuestión a resolver en los próximos dos años.
Menem logró mantener la gobernabilidad pese a que en 1997 fue derrotado en la elección pre-presidencial. Kirchner ha sido derrotado y es peronista como él. Ello podría plantear la hipótesis de que mantendrá la gobernabilidad, por el pragmatismo del peronismo que no tienen los presidentes no peronistas, como fue el caso de Alfonsín y De la Rúa. Pero la diferencia está en que Menem mantuvo hasta el final de su segundo mandato el control del Congreso y en cambio Kirchner lo ha perdido. Ello también implica pérdida de influencia en la Justicia.
Desde esta perspectiva se está viviendo un proceso inevitable: cuando el gobierno pierde la elección pre-presidencial en Argentina, pierde el poder. La cuestión es si esta pérdida de poder conlleva o no la pérdida de la gobernabilidad.
El problema más relevante hoy es que el oficialismo pretende desconocer el cambio político profundo que ha significado la elección y actúa como si ella no hubiera sucedido. Esto ha llevado a la mayor crisis institucional desde el reestablecimiento de la democracia en 1983, por el enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo por un lado y el Legislativo y el Judicial por el otro. Esta crisis se abrió el 14 de diciembre con el primer Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para pagar deuda con reservas y no se ha cerrado.
En este marco, la Argentina vive la crisis institucional más grave desde 1983, porque nunca el enfrentamiento del Poder Ejecutivo con el Legislativo y el Judicial tuvo este nivel. La cuestión ahora es cómo se procesa esta crisis para que no afecte la gobernabilidad. El problema es que el kirchnerismo siempre redobla la apuesta y esto hace más probable que el conflicto se agrave a que se atenúe.
Es así como en la segunda parte del mandato de Cristina Kirchner puede haber margen para algún tipo de tregua precaria o transitoria, pero no para un acuerdo de fondo que despeje los interrogantes acerca de la gobernabilidad durante los casi dos años que restan del mandato. La idea de que el conflicto genera poder está en la naturaleza política del kirchnerismo.
Pero en una visión positiva, el país puede estar comenzando a experimentar lo que implica gobernar con una verdadera división de poderes, tras décadas de hiperpresidencialismo.
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