The game of chicken

Por Alberto Fernández

Así llaman los ingleses al juego del gallina. Se trata de una rara competencia en la que participan dos jugadores. Cada uno de ellos conduce un vehículo a toda velocidad en dirección hacia el contrario. El primero que se desvía, el que pega el volantazo para evitar el choque, pierde y es humillado por actuar como un cobarde. Ése será el gallina que da nombre a la disputa.

Este juego perverso, que se funda en la idea de generar tanta presión en los concursantes hasta que uno de ellos desiste, ha sido objeto de investigación en quienes se preocupan por el arte de negociar. Parten de la premisa de que la presión psicológica a la que se ven sometidas las partes puede llevar a uno de ellos a ceder para evitar un resultado no deseado.

Desde el sentido común, todo indicaría que nadie debería aceptar someterse a semejante contexto. Pero si finalmente la situación fuera creada, la estrategia más sensata pasaría por girar el volante antes de que el topetazo pueda producirse. Así, la “pérdida” que supone salir de la ruta que conduce al choque es ínfima en comparación con los efectos que deberían esperarse de la colisión.

Pero puede ocurrir también que ambos contendientes confíen en que el buen juicio del otro será la causa que evite el choque. En tal caso, todo puede volverse demencial, porque si esa especulación es errada y ninguno de ellos cede, el choque acabará terminando con los dos.

La Argentina parece ser el escenario elegido por el Gobierno y la oposición para desarrollar ese juego. A partir del conflicto desatado por el uso de las reservas del Banco Central, se ha sucedido una serie de decisiones y actitudes en ambos bandos que ninguno parece querer revisar. Si uno de ellos no cede, todo indica que la inminencia del choque es inevitable.

Es evidente que el Gobierno no asume la nueva realidad política que se vive. No entiende que en el Parlamento ha perdido las mayorías y que debe reconstruirlas negociando y no avasallando a los opositores. Tampoco admite que la Justicia le haya dicho en dos instancias judiciales y con la participación de más de media docena de jueces que no podrá disponer de las reservas del Banco Central hasta tanto el Congreso lo habilite, ya sea ratificando el decreto o dictando una ley en su reemplazo.

Haciendo caso omiso a todo ello, no ha tenido mejor idea que reemplazar el cuestionado decreto de necesidad y urgencia que instituyó el Fondo del Bicentenario por otro de igual naturaleza que crea el Fondo del Desendeudamiento. De ese modo, desoyó todos los fallos judiciales y anunció su decisión de no negociar nada en el congreso. Asumiendo el rol de víctima, creyó ver en ese estado de cosas una suerte de complot destituyente.

Cuando el Gobierno aceleró la marcha, la oposición también lo hizo. Entonces, después de hacerse de la mayoría en ambas cámaras, no sólo anunció que rechazaría el nuevo decreto de excepción sino que aprovechó la oportunidad para impugnar en la comisión de acuerdos del Senado la propuesta de que Mercedes Marcó del Pont presida el directorio del Banco Central.

Mientras todo esto ocurría, una jueza nacional impidió una vez más que el Gobierno pudiera utilizar los recursos del Banco Central para conformar ahora el Fondo del Desendeudamiento y pagar deudas.

En el escenario de la política Argentina, estamos viendo cómo dos sectores se conducen sin retorno hacia una colisión segura que fácilmente podría evitarse.

El Gobierno, más allá de los excesos observados en las imprecisas imputaciones lanzadas, ha reconocido por primera vez que de no pagar con reservas la deuda externa debería soportar un enorme bache en las cuentas públicas. Pocos han tenido presente ese dato. Lo cierto es que con eso se quiere decir que si sólo deben usarse recursos presupuestarios para hacer frente a esas obligaciones, el gasto y la inversión pública deberán ajustarse considerablemente en un momento en que la economía internacional está crujiendo.

Ante semejante cuadro fiscal, ¿por qué piensa el oficialismo que el Congreso no admitiría el uso de las recursos acopiados en el Banco Central? ¿Cuáles son las fuerzas políticas opositoras que prefieren un ajuste fiscal antes que disponer de reservas para pagar la deuda exigible? ¿Por qué pensar que en el Congreso no habrá consenso suficiente como para entender que no es razonable ajustar la economía en un momento tan crítico como el que vive el mundo entero?.

Si el Gobierno saliera de su obstinación, reparara en esos interrogantes y se animara a retomar la iniciativa política, podría darse cuenta de que muchos opositores no se prestarían a promover un “ajuste” de semejante magnitud. Como no lo hace, prefiere evitar el debate y seguir usando la prepotencia para imponer posiciones en un tiempo en el que no goza de la fortaleza política que alguna vez tuvo. Precisamente, es esa prepotencia, más propia del caprichoso que del que tiene poder, lo que termina irritando no sólo a los opositores sino también a sus seguidores y al resto del cuerpo social.

Esa prepotencia no sólo tiñe sus acciones sino que también afecta sus discursos. No existe ninguna razón que justifique descalificar a una jueza insinuando que ha fallado cumpliendo un deber conyugal. Más allá del mal trato que supone atribuir a una mujer la condición de “obediente” del marido, es indudable que la sentencia que ha dictado va en el mismo sentido que antes siguieron varios jueces en distintas instancias jurisdiccionales. En consecuencia, aunque sea verdad que existen jueces de dudosa moralidad –los menos–, es impensable que esa inconducta sea el fundamento del fallo cuestionado. Tan incomprensible como pensar que en los tribunales se gestan movimientos desestabilizadores del poder político.

Hablando de estos mismos temas y en esta misma página ya se dijo que era tiempo de “parar la pelota y levantar la cabeza”. Ésa debe seguir siendo la consigna, aunque ahora debería pensarse en levantar el pie del acelerador y comenzar a girar el volante para detener el auto en la banquina.

El Gobierno debe asumir su responsabilidad de administrar con un Parlamento en el que no cuenta con mayorías. Fue la ciudadanía la que así lo dispuso con su voto. Como no debe gobernar desoyendo fallos judiciales y desconociendo a diputados y senadores, es necesario que entienda que el camino que ha elegido para disponer de las reservas monetarias es particularmente peligroso por el nefasto antecedente que genera.

Por lo tanto, debe decidirse a negociar para que una ley lo autorice a hacerlo. Cuando lo haga, nadie verá en ello un gesto de debilidad. Por el contrario, sólo debería verse en ese proceder racionalidad política y respeto a las instituciones de la República.

No es bueno escuchar decir en la oposición que son “miedosos” los que propician acuerdos tratando de encontrar una salida que los aleje del choque. A esta altura de los acontecimientos, las fuerzas opositoras deberían extremar los esfuerzos buscando conciliar posiciones, tratando de dictar una ley que autorice al Poder Ejecutivo a pagar los compromisos externos con reservas monetarias.

Ante el juego del gallina, los testigos valoran más al que desiste que al que está decidido a inmolarse en el intento. Para quienes miran de afuera, quien conduce hacia un choque frontal simplemente se ha vuelto loco. Irónicamente, para ellos, el perdedor es el que más sensatez ha demostrado.

Por eso tiene razón Pampuro cuando recomienda darse cuenta de que en política ceder no es necesariamente perder. Con algo de suerte, tal vez alguien lo escuche y siga su consejo sin que por ello termine convertido en “gallina”.