Por Marcelo Zlotogwiazda
El funcionario se muestra entusiasmado por la rápida recuperación del nivel de actividad y afirma que “nuestras proyecciones de crecimiento del Producto Bruto para este año ya están en el 5,1 por ciento”. Es el doble de lo previsto en el Presupuesto, pero aún se ubica por debajo del 5,6 por ciento que está pronosticando Miguel Bein.
El funcionario reconoce que la inflación se ha acelerado pero le quita todo dramatismo. Asegura que no hay riesgo de que los precios se desboquen porque las cuentas fiscales son más estrechas pero están bajo control y, fundamentalmente, porque la abundancia de dólares permite que el tipo de cambio opere como un ancla.
Al funcionario le preocupan más otras cosas. El primer tema que menciona son los subsidios que el Gobierno otorga por distintas vías para posibilitar tarifas baratas de energía y transporte, y atenuar el alza de precios en algunos alimentos.
Es una bola de nieve que se viene agigantando en la medida que se ensanchó la brecha entre las tarifas y la inflación. El año pasado la cuenta ascendió a 35.000 millones de pesos, de los cuales dos terceras partes se aplicaron a energía y transporte.
Si bien el Presupuesto 2010 contempla una leve reducción, nadie cree en esos números. La consultora Ecolatina estima que los subsidios llegarán a 45.000 millones, y el diputado de Proyecto Sur Claudio Lozano señala que la propia Secretaría de Hacienda amplió las proyecciones por encima de los 50.000 millones. El funcionario reconoce que la política de tarifas baratas para todos insumirá 55.000 millones de pesos.
La política de tarifas baratas para todos implica que una porción considerable de los subsidios cubre beneficios que también reciben sectores acomodados de la sociedad. Un verdadero despilfarro inequitativo de recursos.
El año pasado el Gobierno intentó corregir parcialmente los absurdos cuadros tarifarios de gas y electricidad, pero en la implementación cometió tantos gruesos errores técnicos y políticos que se vio obligado a dar marcha atrás.
El principal destinatario de los subsidios es el sector transporte, donde las tarifas han quedado más relegadas. Según la estimación que maneja la gente de Julio De Vido, el transporte automotor de pasajeros va a recibir este año 9.100 millones de pesos, y los ferrocarriles 3.500 millones. Es obvio que se trata de los medios de transporte que utilizan los más necesitados. Lo que no es tan obvio es que los usuarios de colectivos, trenes y subtes no son mayoritariamente pobres.
De acuerdo con un estudio que elaboró el ministerio de Planificación:
- Sólo el 28 por ciento de los pasajeros de colectivos vive en hogares que no llegan a cubrir la canasta básica.
- En ferrocarriles el porcentaje es un punto mayor, pero con grandes diferencias entre ramales: por ejemplo, mientras en el Belgrano el 52 por ciento de los pasajeros es pobre, en el Mitre el número baja a 18.
- Algo similar sucede en el subte. El 12 por ciento de los usuarios es pobre, pero la cifra sube a 29 por ciento en el Premetro y baja a 7 en la línea D.
Algunos datos que ilustran las distorsiones:
- Por cada peso que ingresa a boletería, los concesionarios de trenes reciben de 2 a 3 pesos por subsidio.
- Si el ferrocarril fuera gratis, los concesionarios saldrían empatados porque se ahorrarían el costo de la estructura de boleterías y cobranza (no es una alternativa viable porque quedarían miles de desocupados).
- El costo por pasajero de subte es 2,80 pesos, y el pasaje está en 1,10.
A diferencia del gas y la electricidad, donde es posible aplicar aumentos discriminados que sólo afecten a determinada clase social, en transporte eso no es factible por ahora. Recién se podría hacer algo por el estilo cuando esté en plena vigencia para todos los medios de transporte la tarjeta individual SUBE.
Además del impacto fiscal y de las inequidades distributivas del esquema tarifas baratas para todos, el hecho de que las empresas de autotransporte y los concesionarios de trenes dependan más del subsidio que del precio, desdibuja el incentivo para mejorar el servicio. Su calidad queda supeditada a un control gubernamental que no es precisamente eficaz. No es casual que el nivel del servicio sea el que es.
¿Qué otras cosas le preocupan al funcionario? Menciona la elevada proporción de la inversión que se orienta al rubro inmobiliario. Lo inquieta, porque se trata de una inversión que no aumenta el capital reproductivo, y porque la sostenida demanda de ladrillos se traduce en precios altos y alquileres caros.
Y las señales son propicias para que la demanda inmobiliaria se mantenga alta. Con pronósticos de inflación que no bajan del 20 por ciento, depósitos a plazo fijo que rinden la mitad, y sin expectativas de que el dólar suba al ritmo de los precios, la alternativa de canalizar ahorros a ladrillos luce atractiva. Lo mismo que adelantar compra de bienes durables.
Pese a que el funcionario le quita gravedad, la inflación está alimentando dos círculos que conllevan algún peligro. Uno comienza con la mayor exigencia de subsidios compensatorios por tarifas atrasadas, que debilitan las cuentas fiscales, y se convierte en riesgo inflacionario. El otro círculo se dispara por el adelantamiento del consumo que recalienta la demanda y mete presión en los precios.
¿Algún otro problema? Dice que la base de sustentación fiscal requiere de pilares menos dependientes del ciclo económico, y de carácter más permanente, como por ejemplo el impuesto a las ganancias. El funcionario considera que una reforma tributaria es asunto prioritario, pero reconoce que no figura en la agenda del pequeño círculo que toma decisiones.
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