El caso Redrado dejó este fin de semana al país político al borde de la parálisis

Radiografía de todos los demonios criollos, el caso Redrado dejó el fin de semana al país político al borde de la desmovilización. Un empastamiento en la Justicia del tratamiento de los DNU del Fondo del Bicentenario y de la destitución del presidente del Banco Central mostró en el receso de estas pocas horas veraniegas al Gobierno al borde de la parálisis, desanimado porque entiende -ése es el dictamen que les llegó ayer a los Kirchner de parte de dos ministros encargados de tramitar la crisis- que la Justicia extenderá el tratamiento del uso de las reservas hasta que se haga algo en el Congreso, y resignado a que, salvo que aparezca alguna idea, Redrado seguirá en el cargo por lo menos hasta marzo.


En estas horas, los camaristas encargados de considerar las apelaciones urden una audiencia a la que llamarán a Julio Cobos y a Eduardo Fellner para decirles que en Tribunales no habrá noticias hasta que las dos Cámaras asuman la tarea. Como el Gobierno se resigna a que no tiene votos para que le avalen los decretos, apela no a la política, sino al latigazo y al prontuario.

Eso vaticina toneladas de carpetazos contra Redrado y la oposición, algo en lo que hizo punta ayer la prensa amiga, exhibiendo la minuta de gastos de la oficina de Redrado en el Central, provista por un servicio de investigación digno de mejor causa. Esta semana se dirá que los autos blindados para uso de Redrado son dos y no uno, y que en las fiestas que organizó para el personal se llegó a contratar a los Midachi con dinero del Estado.

¿Servirá tamaño cúmulo de alquitrán para conmover a Redrado? Alguien dentro del Gobierno, imaginan en El Calafate, tiene que pagar la fiesta, en particular, quien le dijo a Cristina de Kirchner que no se preocupase por Redrado porque renunciaría apenas se inició la crisis. El vocero de ese error germinal fue Aníbal Fernández, que imaginó que un tipo como el presidente del Central se dejaría caer por presión de los medios; pero no fue el jefe de Gabinete quien acercó la noticia prematura de una renuncia de Redrado, olvidando que es el mismo personaje que protagonizó peleas de palacio durante el menemismo con figuras como Domingo Cavallo y que algo aprendió en aquellas trifulcas.

Se desanimaron los desmovilizados ministros también con pronósticos oscuros -que se repitieron en los balnearios de Villa Gesell (por donde merodearon hasta ayer Fernández, José María Díaz Bancalari) y en Mar del Plata, que alberga al otro experto en judicialidades, Jorge Landau (sobre la actuación desde hoy del nuevo juez de la causa, que reemplaza a la magistrada María José Sarmiento). Se trata de Ernesto Marinelli, titular del juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N° 1, a quien el Gobierno desairó en ternas para ascender a camarista y que creen también le dará largas al asunto hasta arrinconar al Gobierno en un Congreso en el cual está en minoría.

«Nos van a dar la espalda los jueces de turno y después los jueces titulares después de la feria», concluye el informe que llegó ayer a El Calafate de parte de un ministro encargado de bucear en esas aguas oscuras de la Justicia.

¿La razón? Que huelen sangre, es decir, debilidad, en el Gobierno, y que es sólo cuestión de tiempo para que la oposición empiece a pagar. Mucho cálculo y poca memoria, porque Marinelli debió merecer en lo político mejor trato. Este juez fue quien hace pocos años produjo una de las sentencias más importantes para el país (y el Gobierno), que fue extender la competencia de la Justicia argentina sobre el resultado futuro del arbitraje en el conflicto de la empresa Yacyretá con el grupo Impregilo, que demanda más de u$s 1500 millones por mayores costos. Poco destacado ese hecho en protección del interés público y que logró la Argentina cuando sus asuntos estaban mejor atendidos; en ese momento, el promotor de esa sentencia fue el fallecido Héctor Masnatta, entonces director del proceso en Yacyretá y que asesoraba en ese sentido a un Gobierno -el de Néstor Kirchner-, que tenía funcionarios que no creían atinado que la Argentina reclamase jurisdicción de sus tribunales en estas peleas internacionales.

De hecho, Roberto Lavagna aceptó la jurisdicción de tribunales de los EE.UU. en los contratos del canje de la deuda; también el procurador del Tesoro, Osvaldo Guglielmino, polemizó con Masnatta por la insistencia de éste en pedir que la Justicia argentina no capitulase en arbitrajes, juicios y contratos de emisión de duda ante jueces extranjeros. Se acordarán en el Gobierno bien del nombre de Marinelli cuando le cuenten las costillas esta semana, como han hecho con la jueza Sarmiento, a la que le atizaron otro carpetazo por ser hija de quien es, como si eso determinase sus sentencias.

No sólo en el Gobierno el bombazo Redrado ha producido cismas; en la oposición también sirve como radiografía de cada formación. En el radicalismo hay acusaciones de traición por charlas que mantuvo Gerardo Morales con Eduardo Fellner para darle un final político. Las moviliza no sólo Elisa Carrió, que encontró en leyendas sobre acuerdos el ojo para pegar y castigar al conjunto que se cuelga hoy de la candidatura de Julio Cobos. Sabe que golpea al bulto, porque no es lo mismo Morales que Cobos, pero saca provecho de descolocarlos ante la opinión pública como acuerdistas.

En esa puja despierta demonios como el de un grupo de economistas radicales que buscan acercar un plan para que el Gobierno tenga fondos sin tocar las reservas. Uno de ellos es Mario Brodersohn, a quien es difícil atribuirle acciones en este sentido en estas horas, ya que ha instalado su oficina de verano en el tradicional café Charly de la calle Gorlero en Punta del Este. No resigna esa trinchera -casi un quincho por lo que allí se ve y se escucha- y comenta esas leyendas como historias ajenas en los largos cafés que comparte con conmilitones de fuste como el ex senador José Zavalía, Javier Alfonsín (hijo del ex presidente) y otros infaltables, al menos unos días de cada verano en esas playas, como el ex diputado Marcelo Bassani.

Desde ese mirador ven pasar a José Nun, ex secretario de Cultura de Kirchner y designado embajador en Londres, que se gasta sus últimos días de descanso después de vender su departamento de la calle Cerviño, en el barrio de Palermo.

El Gobierno les toma gusto a esas peleas, como la que se produce dentro del ala Carrió, en donde ve cómo una peronista como Patricia Bullrich se adueña del liderazgo en la puja de los DNU por encima de los «golden boys» de Lilita, los diputados Alfonso Prat Gay y Adrián Pérez.

Frente a los radicales ve un argumento de acuerdo que puede prosperar en alguna solución en el Congreso y que dice así, según el dictamen de uno de los operadores del Gobierno: lo que acá se está discutiendo en realidad es si la Argentina se financia con plata propia (las reservas) o si sale al mercado y toma deuda al 14% para los próximo tres o cuatro años. «Si ustedes -es el mensaje a los radicales de Cobos- están tan seguros de que van a ser Gobierno en 2011, ¿cuál es el negocio de heredar una deuda a esa tasa? Más les convendría bancar este uso de las reservas y aliviar el peso de la deuda futura».

Con este mensaje, que ya fue disparado la semana anterior, confía el Gobierno como el más fructífero camino de negociación en un enero que cree termina mal para ellos y un febrero que no será más auspicioso: mientras no se mueva un papel en la Justicia, el dinero de las reservas es inaccesible por los amparos, y las consecuencias políticas serán graves para atender los reclamos no de la oposición, sino de intendentes y gobernadores que miden las lealtades por el monto de los envíos del Gobierno central.