Por Nelson Castro
El velo que venía cubriendo los delitos de corrupción que complican a altos funcionarios del Gobierno ha comenzado a descorrerse. En la semana que pasó hubo tres hechos que impactaron fuertemente al oficialismo: el procesamiento del ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime; la denuncia sobre supuesto tráfico de influencias en la reapertura del canje de deuda por parte de de la consultora Arcadia; y la denuncia hecha por el ex embajador de la Argentina en Venezuela, Eduardo Sadous, sobre el pago de coimas en operaciones de exportación de productos argentinos a ese país.
Sobre el episodio de Ricardo Larosa, quien vive del suministro de información que debería ser pública a distintos clientes, una fuente del Ministerio de Economía lo define sin dudar: “Le hicieron una cama”. Sobre este abogado se sabe que trabajó varios años en el Ministerio, que es bien conocido por muchos allí, y que, por lo tanto, tiene un acceso amplio a despachos de muchos funcionarios.
“No sería extraño que pudiera tener la llave de uno de esos despachos” admite la citada fuente. La imposibilidad de tener acceso a datos que deberían ser del dominio público ha terminado de favorecer el accionar de individuos como Larosa. Hay muchos Larosa en el Ministerio que viven de eso. Por lo tanto surge con bastante claridad que la razón por la que ahora se lo culpó de un delito lleva a un solo camino: el enfado del Gobierno con la denuncia del diputado Claudio Lozano sobra la participación de la consultora Arcadia en la reapertura del canje de deuda.
La denuncia del embajador Eduardo Sadous golpeó al corazón del Gobierno: es decir, al poderoso ministro de Planificación Julio De Vido y al matrimonio Kirchner. Por eso es que se encendieron las alarmas y, como en otras ocasiones recientes, desde la Babel de Olivos bajó una primera orden: hay que “matar” al embajador. Hubo una segunda orden: De Vido debe salir a hablar. En el medio, una realidad: la desesperación.
La relación entre la Argentina y Venezuela ha sido y es un rubro manejado directamente por el matrimonio presidencial. Lo que Sadous ha dicho no es nuevo. La novedad es que el embajador lo haya dicho ante un juez con datos precisos que son total y absolutamente verosímiles.
En diversos artículos de Perfil y en esta columna, a cargo entonces de Jorge Lanata, ya se había escrito mucho sobre las irregularidades de los negocios entre Buenos Aires y Caracas. La existencia de la así llamada “diplomacia paralela” tuvo su primera comprobación fehaciente al descubrirse el escándalo de la valija conteniendo 800 mil dólares de Guido Alejandro Antonini Wilson.
Las fuentes de la Cancillería afirman que Sadous fue removido de su cargo de embajador en Venezuela por habérsele atribuido afinidad con el antichavismo. Lo definen como “un hombre honesto y un profesional serio”.
Fue designado como embajador en Caracas durante la presidencia de Eduardo Duhalde. Sadous vino denunciando la existencia de la “diplomacia paralela” desde el momento mismo en que se anotició de la existencia de esta metodología corrupta.
Por un tiempo ese dinero estuvo inubicable. Cuando “reapareció” se supo lo que había pasado: algún funcionario del gobierno de Chávez vendió esos dólares en el mercado libre para luego comprarlos otra vez al valor del cambio oficial, ganando así 13 millones de la divisa norteamericana.
Ante esta denuncia, alguien del Occovi reaccionó al segundo y, contrariado, se comunicó con una autoridad de la Cancillería a fin de hacerle una advertencia terminante: “¡Dígale a ese tipo que se calle! ¡O no se da cuenta que ese asunto lo manejamos nosotros!”. Hay que recordar que el Occovi es el Organo de Control de Concesiones Viales y que, en ese tiempo, su titular era Claudio Uberti, quien luego debió renunciar por su participación en el caso de la valija de Antonini Wilson.
Un embajador recuerda muy bien un encuentro circunstancial que, hace unos años, tuvo con Sadous en los pasillos de la Cancillería. Allí, Sadous le dijo que “todas las operaciones con Venezuela se hacen con coimas”.
“Son varios los embajadores que podrían contar los pedidos de coimas que han recibido por parte de un alto funcionario del Poder Ejecutivo cada vez que han acercado propuestas de empresarios de sus países que quieren invertir aquí”, relata en estricto off un corresponsal extranjero acreditado en Buenos Aires. El nombre de ese alto funcionario es el mismo en todos los casos.
La existencia de la “diplomacia paralela” produjo, además, una gran tensión en funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores abocados al tema de las exportaciones de productos argentinos. Tal vez allí radique la razón por la que el coordinador del grupo de exportadores de la Cancillería, Adrián Nador, habría pedido dejar el cargo.
Un caso que ejemplifica este mecanismo de corrupción montado entre los gobiernos de la Argentina y Venezuela es el de la maquinaria agrícola. Hay que recordar que en el 2005 se firmó un acuerdo por 500 millones de dólares por el que empresas argentinas iban a vender máquinas al país caribeño.
El plan era que esas operaciones se completaran por etapas entre 2005 y 2007. Esto generó gran entusiasmo en el sector. Sin embargo el entusiasmo duró poco. “Nos llamaron de un ministerio y nos pidieron el 15% de coima. Muchos dijimos ‘no’ y nos quedamos afuera del negocio”, relata uno de los empresarios que se negó a pagar la coima. El ministerio al que alude el empresario es el que encabeza el mismo funcionario antes mencionado por los embajadores.
Ante el velo de la verdad que, inexorable, comienza a descorrerse, en la Babel de Olivos se trabaja a destajo en ver cómo neutralizar sus efectos. La SIDE está “a full” buscando montar operaciones que desacrediten al embajador Sadous a quien, tal vez, le dediquen un escrache.
Son todas ideas que parten del matrimonio presidencial que, en nombre del progresismo, se han transformado en campeones de estas metodologías nazifascistas que la historia, de la que demuestran no haber aprendido nada, ha condenado.
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