Por Emilia Delfino
El Frente para la Victoria (FpV) y sus autoridades de 2007 serán denunciados ante la Justicia esta semana por presuntos delitos de asociación ilícita, falsedad ideológica y lavado de dinero por la polémica recaudación de campaña presidencial de ese año, cuando fueran electos Cristina Fernández de Kirchner y Julio Cleto Cobos.
Pruebas. Los cheques aportados fueron registrados en una factura del oficialismo. Un año después, se firmó un compromiso.
El denunciante es el empresario Gabriel Brito, titular de Global Pharmacy Services SA, una de las empresas de salud que figura en la lista de aportantes. Brito, patrocinado por el abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten, adelantó que este jueves se presentará en los tribunales para denunciar al partido oficialista en lo penal, civil y ante la Unidad de Investigaciones Fiscales (UIF).
Los dirigentes denunciados serán el ex jefe de Gabinete Alberto Fernández y el ex superintendente de Salud, Héctor Cappacioli, señalado como el “recaudador K” de 2003 y 2007, entre otras autoridades partidarias y altos ex funcionarios del Ministerio de Salud. Además, Brito denunciará al empresario farmacéutico Néstor Lorenzo –como el presunto encargado de recaudar cheques para la campaña–, dueño de Droguería San Javier y detenido por la mafia de los medicamentos.
Según relata Brito, Lorenzo, para quien trabajó como auditor, le pidió en 2007 cuatro cheques prestados. Lo mismo habría hecho con otros empresarios del rubro que figuran aportando pero no pueden justificar los montos.
De acuerdo con la denuncia, el “Yabrán de los medicamentos” nunca le habría dicho a Brito que esos cheques eran para “blanquear fondos de campaña”, ya que se sospecha que los cheques habrían sido cubiertos con efectivo que el mismo partido habría depositado en las cuentas de los empresarios. Efectivo cuyo origen se desconoce y se asocia a la valija de Antonini Wilson. Por eso, las autoridades del FpV serán denunciadas ante la UIF por supuesto lavado de dinero.
Un año después de la campaña y con el escándalo por el vínculo entre el oficialismo y Sebastián Forza, una de las víctimas del Triple Crimen por el tráfico de efedrina, Brito comenzó a apuntarle al oficialimo. “El 12 de noviembre de 2008, Lorenzo me llevó en un taxi hasta la Superintendencia de Salud. En el despacho de Cappacioli, me hicieron firmar un acta afirmando que esos 310 mil pesos los había aportado en efectivo, pero nunca hice el aporte”, agrega Brito.
Réplica. Fuentes del FpV aseguraron que les consta que “en el resumen de cuenta de Brito, del Banco Credicoop, figuraba a dónde habían girado los fondos de esos cuatro cheques” y que éstos “fueron aceptados por el banco a fines de 2007 y llegaron a manos de los recaudadores firmados y sellados por Brito, con copia de su DNI”.
“El acta donde se certificó el aporte la firmó a cambio de favores políticos”, acusó una fuente de la Junta Promotora. La fuente, sin embargo, no niega que el dinero depositado en la cuenta de Brito no pertenecía a él. No sería el único caso.
La compañía del asesinado Sebastián Forza, Seacamp, figura en esa lista aportando 200 mil pesos, a pesar de estar quebrada. Brito dijo a este diario que aportará como prueba “una copia de una factura del FpV que la policía habría encontrado en la casa de Lorenzo durante un allanamiento ordenado por Oyarbide” en torno a la mafia de los medicamentos.
La factura detalla cuatro cheques de Global Pharmacy vía banco Credicoop por un total de 310 mil pesos. La hipótesis del denunciante es que Lorenzo entregó a las autoridades del FpV los cuatro cheques que Brito le había prestado y luego guardó en su casa la factura entregada como comprobante del aporte.
Quién y cómo depositó en su cuenta el dinero para cubrirlos deberá investigarlo la Justicia. “Brito solicitó copia de la factura del FpV para incluirla en su declaracion jurada. Eso se contradice con lo que denuncia ahora”, agregaron en la ex Junta Promotora.
Brito también menciona a Sebastián Gramajo y Hernán Diez –entonces representantes político y financiero del partido–, y a la escribana Andrea Rey, junto a una serie de cooperativas donde Lorenzo cambiaba cheques. Tanto Gramajo como Diez hoy son catalogados como “dos perejiles que organizaron el papelerío de la recaudación y pusieron la firma”, pero que no serían responsables de las irregularidades, según fuentes del oficialismo. Además de la denuncia penal y ante la UIF, Brito accionará ante el fuero civil por un resarcimiento económico. En el oficialismo, aseguran que la demanda civil “está prescripta”.
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