Por Eduardo Aulicino
Cristina Fernández de Kirchner recibirá esta semana a la tercera y última tanda de mandatarios locales. Y Néstor Kirchner monitoreará a los gobernadores peronistas, que dentro de quince días se reunirán con el vago propósito de charlar sobre una reforma al sistema de coparticipación federal.
En ese sistema que mantiene a los gobernadores atados a la negociación casi permanente con el poder central, dos rubros se destacan entre muchos otros: los aportes que dependen exclusivamente de la voluntad de Olivos, directos o indirectos (fondos para educación y salud, planes sociales, obras públicas), y la enorme deuda de las provincias con la Nación, que en conjunto roza los 90.000 millones de pesos y que demanda asistencia año a año.
La cuestión de la deuda de las provincias sobrevoló apenas el primer encuentro de la Presidenta con los diecisiete mandatarios más cercanos al Gobierno. Y tomó forma más concreta en la segunda cita, cuando Cristina Kirchner se reunió con Hermes Binner, Ricardo Colombi, Eduardo Brizuela del Moral y Fabiana Ríos. Los tres primeros, de manera explícita o indirecta, aludieron al tema. No hubo respuesta. Ninguna expectativa queda entonces para la reunión que viene, con Mauricio Macri, Mario das Neves y Alberto Rodríguez Saá.
Parece un círculo vicioso. El año pasado, cuando se discutió la refinanciación de las deudas provinciales, algunos gobernadores fracasaron en los intentos, tibios, de aprovechar para discutir de paso la distribución del impuesto al cheque. Y ahora que ese punto fue agregado en la agenda legislativa por la oposición, desde Olivos se opera para bloquear la iniciativa y no se da señal alguna de aceptar una discusión en serio sobre la relación financiera de los distritos y el Gobierno.
El problema tiene su historia. En la salida de la enorme crisis de 2001, el Estado nacional se hizo cargo de las deudas de las provincias, que año a año deben ir saldando esa cuenta. Eso está escrito y se cumple puntualmente, con descuentos automáticos sobre la coparticipación que corresponde a cada distrito.
Pero los gobiernos provinciales, con cajas complicadas y en algunos casos muy comprometidas, deben negociar con el Gobierno, de manera inmediata en cada período, flujos de asistencia efectiva por medio del Programa de Asistencia Financiera (PAF), para afrontar así los compromisos. En algunos casos, se ven obligados además a tomar nueva deuda.
"Si cada año hay que discutir los PAF, pero nunca se discute el problema de fondo, que es un sistema más equilibrado de coparticipación federal, las provincias quedan atadas a una dependencia creciente de la caja nacional", resume un experimentado legislador opositor
El señalamiento no es inocente en términos políticos. Apunta al corazón del mecanismo ahondado por las gestiones kirchneristas para mantener disciplinados a los gobernadores. Y eso explica la reacción de Olivos frente al proyecto opositor que replantea la coparticipación del impuesto al cheque. La iniciativa es tomada por el kirchnerismo como un desafío directo a su poder.
Es por eso que el oficialismo fue hilvanando una movida que incluyó a los gobernadores y apunta centralmente al Congreso. La intención es bloquear mientras sea posible el tratamiento del proyecto sobre el cheque: esta decisión mantiene paralizado al Senado.
El conglomerado opositor intentará superar esta semana esa prueba, y luego tendría que empujar el proyecto en Diputados. El mensaje K ha sido claro: recurrirá al veto presidencial para cerrar esta historia, porque sólo un milagro de consenso o un terremoto general en las filas K podría permitir que el Congreso insista con dos tercios de sus votos.
La Presidenta llegó a insinuar en su primera cita con gobernadores que en 2011 podría ser eliminado el impuesto al cheque: intentó mostrar hasta dónde es capaz de llegar para frenar la ofensiva opositora, aunque nadie cree que esté dispuesta a perder un instrumento que puede recaudar unos 24.000 millones de pesos al año sin contar con una alternativa.
Más concretos, operadores del oficialismo se encargaron de reiterar que las provincias podrían perder más de lo que ganen con aquella iniciativa. La caja nacional permite manejos a voluntad del poder central.
Kirchner, entre tanto, apeló a una vieja receta: creó en el PJ una comisión que analizará el sistema de coparticipación federal. Una manera de dilatar el tema, o apenas un entretenimiento.
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