Por Eduardo Bertoni *
El jefe de Gabinete negó a ONG información sobre inversión publicitaria del Poder Ejecutivo, un dato que sin duda reviste interés para todos. Sólo una ley de acceso a la información publica puede evitar tanta arbitrariedad y discrecionalidad.
Permite también reforzar el llamado al Congreso para que se trate de manera urgente una ley de acceso a la información pública para que rápidamente la República Argentina tenga una normativa que impida la arbitrariedad y discrecionalidad en el manejo de la información pública.
Los hechos son sencillos: organizaciones de la sociedad civil -Poder Ciudadano y la Asociación por los Derechos Civiles (ADC)- solicitaron información sobre la inversión publicitaria ejecutada por el Poder Ejecutivo Nacional durante 2009. En otras palabras, se preguntó al Gobierno cómo gastó el dinero de los ciudadanos, y esa pregunta obviamente involucró conocer a quiénes se contrató y cuánto se les pagó. El Jefe de Gabinete rechazó el otorgamiento de la información, encuadrando su accionar en la ley 25.326, más conocida como la "ley de datos personales". Esta ley, como bien lo indica su artículo primero, es reglamentaria del derecho de "habeas data" previsto en el artículo 43 de la Constitución reformada en 1994.
La ley citada no tiene ninguna posibilidad de aplicación con el pedido de información formulado por las ONG. Si fuera correcta la interpretación del señor ministro, significaría derechamente que en Argentina el principio es el secreto y la excepción el otorgamiento de la información en temas de interés público.
Si en supuestos como el que se requirió información se requiere consentimiento del titular de los datos -esto es, las empresas contratadas- nos encontramos frente a una interpretación que va a contravía de lo decidido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, contradice principios elaborados por el Comité Jurídico Interamericano, rechaza resoluciones aprobadas por la Asamblea General de la OEA y, finalmente, no se compadece con las disposiciones contenidas en legislación sobre acceso a la información en países vecinos.
En distintos foros internacionales es común que se aluda a la "cultura del secreto" enquistada en los funcionarios públicos que se demuestra cuando se oponen o dificultan el acceso a la información. Esa cultura se evidencia en algunas ocasiones cuando los funcionarios interpretan la normativa favoreciendo la opacidad en lugar de la transparencia.
Sin embargo, en el caso que es objeto esta nota, sería un insulto a la inteligencia del ministro y sus asesores pensar que han incurrido en tremendo error de interpretación legal. Lamentablemente, la equivocación es tan gruesa, que parecería más una decisión política: de aquí en más, el Poder Ejecutivo dará o negará información cuando se les ocurra a los funcionarios.
Si ello es así, la situación es de suma gravedad. Fue el gobierno del ex presidente Kirchner el que sancionó el decreto 1172 en el año 2003 que establecía justamente la transparencia como principio y limitaba la discreción de los funcionarios en el ámbito del Poder Ejecutivo. Distintas organizaciones nacionales e internacionales advirtieron que el decreto presidencial -aún vigente-, si bien era un paso positivo, era insuficiente, y que Argentina debía, como lo han hecho la mayoría de los países latinoamericanos, aprobar una ley de acceso a la información pública.
Ante lo sucedido, ese reclamo cobra ahora un renovado vigor. Es imprescindible que en el ámbito del Congreso Nacional, ámbito natural donde se deben discutir las leyes en una democracia, rápidamente se impulse una legislación que esté de acuerdo con los estándares internacionales que se han venido plasmando en los últimos años y que sea una herramienta para promover la transparencia y limitar el arbitrio de los funcionarios de turno.
* DIRECTOR CENTRO DE ESTUDIOS EN LIBERTAD DE EXPRESION, UNIVERSIDAD DE PALERMO. EX RELATOR ESPECIAL PARA LA LIBERTAD DE EXPRESION, OEA
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