Por Marcelo Bonelli
El conjunto del movimiento empresario aceptó participar en la elaboración de un documento político advirtiendo sobre el daño que provoca el actual proceso inflacionario a la economía y exigiendo medidas para mitigar su impacto sobre la pobreza.
El texto fue confeccionado por la Iglesia Argentina, la cual ya logró la adhesión de las principales entidades del establishment. En las últimas jornadas, monseñor Jorge Casaretto negoció la adhesión de las centrales políticamente más importantes, como la Unión Industrial Argentina.
Así, la gestión sigilosa del titular de Pastoral Social venció las resistencias de muchos líderes empresarios de elaborar un documento conjunto. Hace un puñado de semanas la UIA rechazó una iniciativa de elaborar una declaración única contra el Gobierno, que llevaron adelante su titular, Héctor Méndez, y el jefe de la Rural, Hugo Biolcatti.
Ahora, el texto denominado "La Pobreza, un problemas de todos" lo firmarán, entre otros, la Unión Industrial Argentina, la Asociación Empresaria Argentina, la Sociedad Rural Argentina, la Confederación Argentina de Mediana Empresa, la Asociación de Bancos Argentinos y la Asociación Cristina de Empresas. Lo harán junto a varios e importantes gremios y podría ser acompañado por la CGT. Aún la Iglesia negocia con Hugo Moyano.
La diferencia de este nuevo documento con la frustrada iniciativa de Méndez y Biolcatti reside en una cuestión: en principio, el borrador no está dirigido sólo contra el Gobierno y convoca a todos los sectores a unirse para combatir la pobreza. Su texto rescata la decisión kirchnerista de evitar un ajuste para combatir la inflación y destaca como un acierto el plan social para la niñez que anunció la Presidenta.
Pero el conjunto de su redacción incluye fuertes alusiones contra lo que llama "pasividad de la Casa Rosada" para combatir realmente la pobreza. Y hace mucho hincapié en un punto que el Gobierno no quiere admitir: el incipiente proceso de aumento de precios.
El borrador tiene cuatro carillas y circula entre pocas manos para evitar filtraciones antes de su difusión, prevista para el 14 de abril. En obvia referencia a la Casa Rosada, su texto sostiene:
Que hay que controlar la inflación, porque hace mucho daño a los sectores más pobres.
Que la pobreza y la inequidad continúan a consecuencia de un modelo económico que no logra resolver la equitativa distribución del ingreso.
Sostiene que el combate a la pobreza es una de las asignaturas pendientes de urgente resolución.
Exige que la pobreza sea declarada una emergencia nacional.
El encuentro político clave para el impulso del documento conjunto se hizo el lunes, en la UIA. Héctor Méndez aceptó la invitación del Monseñor Casaretto y de su operador en el mundo de los negocios, Eduardo Serantes, titular de la Comisión de Justicia y Paz y director de uno de los principales pool de siembra de Argentina.
Los hombres de negocios conocen el riesgo que asumen con el documento: se espera una fuerte contraofensiva de la Casa Rosada, que va a responsabilizar a los propios empresarios de la inflación.
En la Quinta de Olivos ya se conoce el detalle de la movida y por eso dos ministros -Aníbal Fernández y Florencio Randazzo- salieron a cuestionar a los formadores de precios.
Amado Boudou también abrazó esa tesis, después de sus flojos argumentos para evitar hablar de la inflación. En los últimos días, Boudou logró superar su endeblez política. Primero fue el anunció del lanzamiento del canje de la deuda, después de la erosión que le causó la impericia profesional para llevar adelante el proceso. El canje será exitoso, fruto de los beneficios que ofrecerá Boudou a los bancos y bonistas del exterior.
También se fortaleció por su presencia en el Senado. Pero no por sus frágiles explicaciones, sino por la debilidad de la oposición. Las torpezas ahí ocurridas ya habían fortalecido a Mercedes Marcó del Pont y ahora al ministro de Economía.
Boudou contragolpeó cuando recordó la participación de Gerardo Morales en el gobierno de la Alianza, un argumento pobre y peligroso: en el gabinete de Cristina Kirchner hay dos ministras que estuvieron con Fernando de la Rúa, Nilda Garré y Débora Giorgi. La relación entre Giorgi y Boudou es tensa. Boudou considera que la ministra de la Producción operó para sacarlo de su cargo y se ofreció para reemplazarlo. Boudou no superó que en la última reunión con los gobernadores, la Presidenta haya expuesto en base a un power-point que Cristina Kirchner le solicitó a Giorgi y no al Ministerio de Economía.
Igualmente, Boudou sabe que deberá enfrentar nuevas turbulencias de inmediato. Otro mal asesoramiento del Palacio de Hacienda en la confección de los últimos decretos de necesidad y urgencia generan un serio problema de financiamiento al Tesoro: al no contemplar los DNU el problema de los topes de los adelantos transitorios, se restringió la capacidad de financiar al Tesoro con adelantos del BCRA. Ahora, en lugar de poder pedir, Boudou le tendría que devolver dinero al BCRA.
Guillermo Moreno aprovecha estas internas para tener más protagonismo y poder. Esta semana acusó a Julián Domínguez de alentar, desde el Ministerio de Agricultura, las manifestaciones en su contra de trabajadores de frigoríficos. Y contragolpeó: Moreno exigió en Olivos tener carta abierta para intervenir libremente en todos los ministerios del área económica para intentar frenar la escalada de precios.
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