Por Nelson Castro
Estamos asistiendo al fracaso de la política. Ni el oficialismo ni la oposición se manejan de forma responsable. El estilo confrontativo del Gobierno lleva al fracaso de la política de acuerdos que, por otra parte, es la que se está dando en la mayoría de los países democráticos.
Sobrevuela la idea de que los conflictos políticos crecientes se van a dilucidar en la Corte. Este es un error, ya que, salvo situaciones excepcionales, la Corte no está para dirimir esas cuestiones.
En este contexto de enfrentamiento entre el Gobierno y la Justicia hay que recordar que los jueces están para impartir justicia.
La Corte se dispone a producir un fallo importante sobre el espinoso tema de los decretos de necesidad y urgencia. La idea sobre la que hay acuerdo entre los miembros del alto tribunal es la de producir un fallo que establezca una limitación al uso de esta herramienta legal.
El concepto sobre el que va a girar el veredicto habrá de establecer que para que un decreto de necesidad y urgencia sea válido deberá ser aprobado por las dos cámaras del Congreso a través de una ley. Una idea que se está debatiendo es la de decretar la caducidad de todos los decretos de necesidad urgencia dictados con anterioridad a la creación de la
Comisión Bicameral de Seguimiento de los DNU.
Las disidencias giran esencialmente alrededor de una discusión sobre los criterios de cómo definir los términos “necesidad” y “urgencia”. Dentro de la Corte hay quienes opinan que esto lo debería fijar el Congreso, luego de una serie de acuerdos políticos que hoy brillan por su ausencia.
La resolución de la Corte referida a los DNU se encamina a enmendar uno de los grandes disparates jurídicos que se han generado en estos años por el que se ha establecido que es más simple aprobar un decreto de necesidad y urgencia que una ley.
El tema de los decretos de necesidad y urgencia es una de las tantas trapisondas con las que todos los gobiernos democráticos, desde el ’83 hasta aquí, han usado a destajo, haciendo así que la necesidad y la urgencia dejara de ser algo excepcional para transformarse en algo normal.
Es cierto que el gobierno que menos DNU emitió es el de
Cristina Fernández de Kirchner. Lo cuestionable de su conducta es que, en el caso del uso de reservas del
Banco Central para pagar deuda,
no había ni necesidad ni urgencia, como bien lo señalaron varios de los fallos judiciales que le fueron adversos.
A este asunto del canje de deuda se le ha agregado otro que desvela al Gobierno: es la rebelión en ciernes que se ha generado dentro del mismo oficialismo con el tema de la modificación del impuesto al cheque.
La reunión del sábado pasado de la Presidenta con sus legisladores fue un alerta. La ausencia de diez de ellos operó como una muestra más de los crujidos que se escuchan dentro del kirchnerismo.
Son producto de la compleja realidad que se vive en muchas provincias y que en la
Babel de Olivos se pretende desconocer.
“El tema no es tanto el dinero que recibiríamos de esta nueva distribución de los ingresos que se recaudan por este impuesto, sino el de asegurar que, al hacerse por ley, esto se instrumente en forma automática y no quede librado a la discrecionalidad de este o de cualquier otro gobierno”, afirma un legislador oficialista que, más allá de las presiones que está sufriendo, piensa votar a favor de la modificación de la
ley del cheque.
La situación fiscal de muchas provincias es muy complicada. Esto no es novedad. Es algo que viene de lejos y que debería dar pie a un cambio profundo de la
Ley de Coparticipación Federal. Sólo así se podrá dar un paso adelante serio en pos de la construcción de un país verdaderamente federal.
En este presente, la complicación agregada es la inflación. Es cierto que no es una inflación desbordada. Pero también es cierto que castiga duramente el poder adquisitivo de los más pobres que, en la Argentina, siguen siendo legión.
Es increíble que el
matrimonio presidencial exponga al ridículo al ministro de Economía,
Amado Boudou,
prohibiéndole mencionar la palabra inflación. Y si algo faltó para hacer más patética la ponencia de
Boudou, fue el mandoble que le propinó
Hugo Moyano con sus declaraciones del jueves pasado, cuando dijo que
“la inflación es una realidad que la palpamos todos los días cuando vamos al supermercado”. Al expresar eso, el secretario general de la
CGT demostró que, más allá de su apoyo al
matrimonio presidencial,
la inflación le genera una presión en el frente interno imposible de disimular.
Además, uno de los efectos colaterales de este aumento de precios es el daño que produce sobre los ingresos de los sectores favorecidos por el
Plan de Asignación Universal por Hijo para Protección Social creado por el Gobierno en diciembre pasado. Esta es una realidad molesta para el
matrimonio presidencial.
La semana tuvo un momento de alto voltaje político durante el acto del
Día de la Memoria, en el que se recordó un nuevo aniversario del
golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, que dio paso a la nefasta y brutal dictadura que encabezó la junta militar integrada por
Videla, Massera y Agosti.
Allí la Presidenta aprovechó para reflotar la idea de la confrontación, que es el sustento permanente tanto de su gestión como de la de su marido.
El Gobierno ha buscado apropiarse del tema de los derechos humanos y hay que reconocer que lo ha logrado en muchos sectores sociales que le son afines.
La anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, y de los indultos, impulsada por el matrimonio presidencial, son logros innegables que merecen ser destacados.
Sin embargo, esto no da derecho a desconocer lo realizado durante el gobierno de
Raúl Alfonsín con el histórico
Juicio a las Juntas, cuando el poder militar todavía rugía en la Argentina. A ello le sobrevino la claudicación que significaron las leyes antes mencionadas, que consagraron la impunidad de muchos, hecho al cual mucho contribuyó el peronismo de aquel entonces, que se negó a integrar la Conadep y que reclamó al radicalismo terminar con los juicios.
Esas son las cosas que el matrimonio presidencial nunca dice.
Mientras tanto las arenas de la política proselitista están muy movidas. En donde hay más actividad y temperatura es en las del justicialismo. No significa esto que no haya movimiento dentro del radicalismo, que es el otro partido que hoy palpita una interna caliente. Allí genera inquietud el futuro de
Julio Cobos, quien,
a pesar de seguir liderando casi todas las encuestas de imagen, presenta una caída apreciable.
En el peronismo,
Eduardo Duhalde y
Francisco de Narváez están a full. En el entorno de este último ha sorprendido la ruptura de
Mauricio Macri. Los de
Macri dicen exactamente lo mismo pero, obviamente, al revés. Quienes rodean a
De Narváez aseguran que la idea de recorrer el país y reunirse con los referentes del PJ de cada una de las provincias le está dando buenos resultados. Lo de la candidatura presidencial vendrá después, comentan.
De los encuentros mantenidos el más resonante fue el que tuvo con
Carlos Reutemann, quien, por estas horas, vive momentos de angustia motivados por las supuestas revelaciones que podría haber hecho su ex esposa,
“Mimicha” Bobbio, en el libro de
Gabriel Pandolfo Lole Position, de próxima publicación. La personalidad de
Reutemann es un enigma hasta para sus partidarios más cercanos, a quienes les preocupa más eso que los movimientos de
Agustín Rossi para disputarle la interna en la provincia de Santa Fe.
Así termina marzo. ¿Con qué conflicto vendrá abril?
