Los presidentes de los bloques de senadores de la oposición reafirmaron esta noche "la legitimidad" del encuentro que mantuvieron con Julio Cobos, pero evitaron las convocatorias unilaterales a sesiones parlamentarias y señalaron que buscarán "consensos" con el oficialismo sobre la fecha para sesionar y ratificar o rechazar los candentes decretos de necesidad y urgencia de los últimos días.
La oposición llamó al oficialismo a "consensuar" una fecha para analizar los DNU del Fondo del Bicentenario y de remoción de Redrado. El anuncio lo realizó la senadora del peronismo disidente por San Luis Liliana Negre de Alonso, al término del encuentro que se realizó en el Senado, obviamente sin la participación del oficialista Frente para la Victoria.
Los opositores reafirmaron en un comunicado que “sólo con el aval del Congreso se podrá disponar de las reservas del Banco Central de la República Argentina”. “Hacemos votos por el pleno funcionamiento de las instituciones”, dijo Negre de Alonso, al tiempo que manifestó que pedirán una reunión urgente con el senador Miguel Angel Pichetto, presidente del bloque del FpV, para "hallar los consensos necesarios para analizar los DNU en el marco que corresponda".
Por su parte María Eugenia Estenssoro señaló que "Las instituciones están funcionando"
Reunión de Cobos con los presidentes de los bloques de senadores de la oposición
lunes, 11 de enero de 2010
Néstor Kirchner entrevistado por Horacio Verbitsky, el peor ciego y su cómplice
El peor ciego y su cómplice: Néstor Kirchner entrevistado por Horacio Verbitsky
Néstor Kirchner a Horacio Verbitsky, en Página/12: “A Cristina le toca enfrentar un núcleo duro cerrado y desestabilizador, que se opone a la política de derechos humanos, más los sectores monopólicos mediáticos, a los que se suma una oposición política que destruyó la Argentina dos veces y no aporta ideas para la construcción a partir del caos que ellos crearon. Por el contrario, siempre tratan de profundizar cualquier contradicción para que todo se agrave. Eso es lo que hoy tenemos enfrente y lo que en la Argentina futura se va a debatir”.
El entrevistado (Néstor Kirchner) goza de la complicidad de parte de su entrevistador (Horacio Verbitsky), para insistir que hay una conspiración en marcha contra los Kirchner, una simplificación que permite eliminar la autocrítica.
En verdad, habría que hablar de auto-conspiración porque la inflación la provocan los Kirchner.
También las sospechas de corrupción. También los escándalos como la intervención 'ad-hoc' del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.
También el clientelismo prebendario como eje de la acción gubernamental cotidiana.
Néstor Kirchner dice que Cristina es víctima- de él?- (concede una entrevista para hablar de los problemas de su mujer cuando son los de ambos porque la opinión pública los identifica como un equipo, aunque él se niega a asumir que, inclusive, mucha gente lo desprecia más a él que a la propia Cristina).
Y los victimarios de Cristina son "un núcleo duro cerrado y desestabilizador, que se opone a la política de derechos humanos, más los sectores monopólicos mediáticos, a los que se suma una oposición política que destruyó la Argentina dos veces y no aporta ideas para la construcción a partir del caos que ellos crearon (...)".
Kirchner apela a un facilismo preocupante, que puede resultar hipocresía o necedad, y en cualquiera de los casos es peligroso: Kirchner todavía se niega a cuestionarse a fondo porqué él perdió las elecciones del domingo 28/06/2009.
Con el argumento de que nadie ganó, él se niega a debatir porqué perdió. Eso de que Francisco de Narváez tenía recursos ilimitados contra los que Néstor Kirchner no podía luchar, no solamente es una estupidez sino que revela una peligrosa concesión de parte del entrevistador.
Luego, es posible que nadie haya ganado, pero es cierto que los Kirchner perdieron. Y la prueba es la nueva integración legislativa, que los condiciona, preocupa, aterra. Néstor Kirchner engaña a sus seguidores e intenta hacerlo con el resto de la población. ¿Y Cristina opina como él? Porque, entonces, nada podrán corregir hacia 2011.
Por un lado, es positivo: una derrota electoral certificada. Por otro, es negativo: la sociedad argentina se encuentra de por medio y habrá que padecer la situación y sus consecuencias.
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Néstor Kirchner: "Vean cómo funciona la operación conspirativa en la Argentina"
sábado, 9 de enero de 2010
"La conspiración está encabezada por el multimedios Clarín, por (Héctor) Magnetto, que está al frente. Clarín quiere que los argentinos voten y que gobiernen ellos, como hicieron tanto tiempo", lanzó Néstor Kirchner en el acto en Santa Teresita, municipio Partido de la Costa, frente a una audiencia que incluía al gobernador bonaerense Daniel Scioli y a un grupo de intendentes de la provincia.
"Eso se terminó, ¿me entiende, Magnetto? Está utilizando la estructura mediática que obtuvo a través del tiempo y de la debilidad de la dirigencia para hacerle un daño grandísimo a la Argentina", sostuvo el diputado nacional.
Kirchner se preguntó "¿Cómo pueden (los radicales) seguir jugando con las instituciones de esta forma?", porque "el vicepresidente quiere ejercer funciones que no tiene". Además, dijo: "¿Cómo la UCR puede apoyar semejante cosa?".
"No han apoyado nada, absolutamente nada, son una máquina de impedir. Por las reservas pagamos 0,5% de intereses...son reservas absolutamente disponibles que no afectan el sistema monetario", dijo Kirchner, en referencia al Fondo del Bicentenario.
Kirchner también se refirió a su decisión de cancelar la deuda con el Fondo Monetario Internacional en 2005 y al comportamiento de Redrado en ese momento. "Cuando pagué la deuda con el apoyo del presidente del Banco Central, pagué US$ 10.000 millones de US$ 28.000 millones que había. Usé las disponibles y las indisponibles que había, y el ex presidente del BCRA [Martín Redrado] apoyó todo. Es para que vean cómo funciona la operación conspirativa en la Argentina", explicó.
Kirchner acusó al vicepresidente Cobos de ser "un claro empleado de Clarín" y de formar parte de "el otro eje de la conspiración" contra el gobierno.
"Yo nunca vi en la historia de la democracia, alguien que sea vicepresidente de un gobierno y candidato a presidente del partido opositor", señaló Kirchner. "Obviamente asesorado, es un claro empleado de Clarín, este señor (Cobos). No tengan dudas que es así", dijo.
Señaló que "el vicepresidente dice que quiere construir a la democracia y demás, y no cumple su rol como el vicepresidente que corresponde. Lo único que hizo desde el primer día que está de vicepresidente es tratar de construir su campaña y volver al partido que dejó (la Unión Cívica Radical) para ser presidente de ellos", afirmó.
Kirchner se interrogó "cómo pueden seguir jugando con las instituciones de esta forma, cómo puede el señor vicepresidente tratar de ejercer funciones que no tiene, cómo puede seguir trabando el tema, y cómo el partido radical está apoyando semejante cosa".
A propósito, Kirchner consideró que "están generando una máquina de impedir. Ya voltearon 2 veces la Argentina. Dejaron en 1988 con US$ 600 millones de reservas en nuestro país. Lo dejaron con US$ 8.000 millones o menos en el 2001 donde huyeron en un helicóptero. Intentan no dejar gobernar", aseguró.
"Ahora -continuó Kirchner- son una máquina de impedir, no quieren que la Presidenta avance en una transformación, no quieren que cambie la Argentina. No han apoyado nada".
"Ahora, que nos toca gobernar, intentan que no podamos gobernar. Cuando decían que querían evitar una mayoría hegemónica en el Congreso era porque no querían que la Presidenta transforme la Argentina", acusó Kirchner a los dirigentes de la oposición.
Kirchner, mirando al gobernador de Buenos Aires y ex vicepresidente, Daniel Scioli, dijo: "Hoy me decía Cristina: 'Claro, vos lo tuviste a Daniel'. Tiene razón Cristina, Daniel, vos hiciste nada más que lo que tenías que hacer, un excelente vicepresidente", señaló.
Kirchner relató que cuando Cobos era gobernador de Mendoza "lo tuvimos que ayudar mucho, no vayan a creer que era muy bueno, lo tuvimos que ayudar bastante, con jubilaciones, muchísimas veces. Esa es la otra realidad que también tienen que conocer los argentinos", refirió.
"Cobos se sumó y dejó el partido que militó algún tiempo (la UCR). Ahora es vicepresidente de este proyecto, fue votado, y es candidato a presidente del partido que dejó. La verdad que los amigos de ese partido tienen bastante poca creatividad, o tienen muy pocos dirigentes", dijo Kirchner.
Sobre la candidatura presidencial de Cobos, Kirchner pidió: "Tomémoslo con una sonrisa dolorosa. Ojalá que estas cosas le sirvan de ejemplo a las futuras generaciones, y que nuevamente se valore la idea, la lealtad, la consecuencia, el tener convicción, el tener principios, el no venderse", concluyó.
Fuente: Urgente 24
Martín Redrado habló en A Dos Voces - Programa Especial
"Yo solo quiero que se cumpla con la ley", dijo el titular del Banco Central, Martín Redrado, en un reportaje que concedió a "A dos voces", en un especial del ciclo político de TN. El funcionario recalcó que se siente "muy tranquilo" a pesar de la crisis institucional planteada con el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y señaló que está "convencido de haber protegido los intereses de los argentinos".
Redrado negó haber incurrido en "mala conducta", como argumentó el Gobierno para destituirlo del cargo por decreto, y además se quejó de que "no se me dio derecho a defensa". Estimó asimismo que la crisis planteada por su enfrentamiento con el Gobierno no va a afectar a los mercados. "La solidez del Banco Central, con reservas y con políticas que aseguran la solidez de nuestra moneda no hacen temer problemas en los mercados", dijo el funcionario.
Cuando le preguntaron por su reunión con los senadores radicales Ernesto Sanz y Gerardo Morales, Redrado descartó que esa audiencia pueda ser considerada como "conspirativa" y señaló que había concedido esa reunión a los dirigentes opositores porque "soy muy respetuoso de las instituciones".
"Corresponde al normal funcionamiento de un país que el presidente del Banco Central reciba al presidente de una bancada oficialista u opositora, al presidente de un partido político. Es la normalidad, y yo siempre busco que Argentina sea un país moderno, ágil, con instituciones serias; un país normal", argumentó Redrado.
El funcionario destacó el recorrido en el Banco Central del proyecto del Gobierno para pagar deuda con reservas, indicó que el mismo ingresó el dia 23 de diciembre, fue analizado por tres areas del banco y aún falta que se expida sobre el tema un cuarto sector. "Si tenemos en cuenta que desde el 23 de diciembre hasta ahora, con las fiestas, hubo muchos días sin actividad, pero para los días hábiles que hubo, el proyecto se analizó con mucha mayor celeridad de la que conllevan habitualmente los trámites en el Banco Central", sostuvo Redrado, para replicar la acusación del Gobierno de que quiso impedir que el proyecto "del Bicentenario" avanzara y se concretara la remisión del dinero de las reservas a manos del Ejecutivo.
Fue cuando repitió la frase del comienzo: "Lo único que quiero es que se cumpla con la ley"
La oposición quiere frenar el DNU y promover el juicio político de Cristina Kirchner
viernes, 8 de enero de 2010
Por Martín Bravo
Un rato después de que se conociera el decreto para desplazar a Martín Redrado, los jefes de bloque de la oposición cruzaron llamadas y se convencieron: "Hay que suspender las vacaciones, tenemos que juntar quórum".
Las sesiones en las dos Cámaras que impulsaban para los primeros días de febrero se adelantaron para "lo antes posible", y para lograr ese objetivo la mayoría de los legisladores tendrá que regresar del descanso. Anoche los referentes estudiaban los reglamentos y hacían cuentas para reunir el número: los más optimistas se entusiasmaban con concretar la autoconvocatoria el próximo miércoles, otros aconsejaban dejarla para la tercera o la última semana de enero.
Oscar Aguad -jefe de la bancada radical en Diputados- regresó de Cariló, Federico Pinedo -su par del PRO- de Salta y Patricia Bullrich, de la Coalición Cívica, adelantó su vuelta desde Los Toldos.
Felipe Solá, titular del bloque del Peronismo Federal, quedó a contramano: salió ayer al mediodía para Florianópolis, y desde allí mantuvo contactos. Julio Cobos anunció que suspenderá sus vacaciones en la costa chilena y hoy mismo estará en su despacho del Senado.
Cada uno, a su vez, inició contactos dentro de su espacio. Y en las conversaciones telefónicas surgieron, además de la sesión especial, otras alternativas para frenar tanto el DNU que dispone de 6.569 de reservas para pagar deuda como el que remueve a Redrado: desde plantear la nulidad de este último en la Justicia -por el primero ya se presentaron- hasta promover el juicio político de Cristina Kirchner, posibilidad fogoneada públicamente por Elisa Carrió y Luis Juez.
Incluso antes de que el conflicto se potenciara con el desplazamiento de Redrado, Cobos había pedido una sesión para el 3 de febrero en el Senado y la oposición se sumó con una nota a Eduardo Fellner -titular de la Cámara Baja- para que convocara en la misma fecha en Diputados. Pero el oficialismo dejó entrever que no moverá un dedo para ir al recinto. "Las sesiones extraordinarias las define la Presidenta. Si no, hay que esperar hasta marzo, como marca la Constitución", aseguró un kirchnerista con llegada a Fellner.
Desde la oposición, sin embargo, consideran que el Congreso puede autoconvocarse durante el receso, sin necesidad del pedido de Cristina. "La Constitución dice que el dictamen de la bicameral debe ser tratado de inmediato por las Cámaras, sin distinción de sesiones ordinarias o extraordinarias. Sería un contrasentido que una comisión sea permanente, pero que haya que esperar dos meses para ir al recinto", argumentó el radical Ricardo Gil Lavedra.
La bicameral de control de los DNU se pronunció sobre la creación del Fondo del Bicentenario (con dos dictámenes, uno de rechazo y otro de apoyo, con ocho firmas cada uno) y la oposición pedirá que la semana próxima vuelva a sesionar para hacer lo propio con el que removió al titular del BCRA.
La comunicación de este último decreto entró anoche mismo al Congreso, por lo que Fellner y Cobos ya quedaron en condiciones de convocarla. "Vamos a llamar a Redrado para que exponga en la comisión", adelantó Rubén Lancetta.
Luego, en las dos Cámaras, la oposición intentará anular los dos decretos. "No vamos a avalar el DNU que echa al presidente del Banco Central por un capricho de Cristina", se mostró confiada Silvana Giúdici. El oficialismo se prepara para resistir en el Senado, donde quedó en menor debilidad.
Más allá de que insistirá ante Fellner para que convoque a sesionar, la estrategia opositora ya avanza hacia una sesión especial: para conseguirla en la Cámara Baja tendrá que reunir al menos 129 diputados. En la preparatoria, los bloques que se juntaron para dejar al kirchnerismo en minoría en las comisiones se impusieron con 142.
En este caso se perfila una coincidencia entre los mismos espacios, incluida la centroizquierda referenciada en Pino Solanas, aunque cada sector deberá volver a asegurar una asistencia casi perfecta, como aquella vez. "Tenemos que sesionar cuanto antes, pero no podemos fallar. Algunos están en Europa, otros en Centroamérica, y ni siquiera atienden el teléfono, pero van a tener que volver", contó un referente del PJ disidente.
Anoche, el miércoles 20 se perfilaba como fecha con más chances, para confirmar presencias y llegar al recinto con el dictamen de la bicameral sobre el decreto de ayer.
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La Carta Documento de Mario Cafiero a Redrado por los aspectos penales de DNU 2010
jueves, 7 de enero de 2010
CARTA DOCUMENTO AL Sr. Presidente del BANCO CENTRAL Lic. MARTIN REDRADO
De nuestra consideración:
Si bien este texto lleva por razones operativas sólo mi firma, declaro que su contenido se encuentra avalado por Ricardo Monner Sans -Presidente de la Asociación Civil Anticorrupción y abogado- y Francisco Javier Llorens -experto estudioso de la economía argentina. Con ellos hemos hecho el 28 pdo. una denuncia ante la justicia penal federal recaída en el Juzgado Federal Nº 3 del Dr. Rafecas, Fiscalía Nº 5 del Dr. Comparatore, que lleva el nº 16.188/09. Con motivo de haberme ya ratificado, el Fiscal actuante ha requerido medidas que se encuentran en trámite.
El proceso aludido se funda en los aspectos penales de DNU 2010, e involucra al Ministro de Economía Dr. Amado Boudou, y también a los Sres. directores del Banco Central de la República Argentina, los asesores legales de dicha institución y a usted personalmente, si llegan a consentir sin oponer reparos con la maniobra criminosa que se encuentra de por medio. A partir de esta Carta Documento esa entidad ni quienes la dirigen no podrán alegar ignorancia del contenido y alcances de la denuncia, cuyo texto despacho por vía internet en forma paralela a la dirección presidencia@bcra.gov.ar.
En dicha presentación demostramos que el DNU 2010 esconde un grave ardid, porque el mismo no se limita solamente a crear el Fondo del Bicentenario, disponiendo de U$S 6.559 millones, o sea 14 % de las reservas existentes, como se afirma ante la opinión pública, sino que por su intermedio el PEN podría llegar a disponer de casi el 40 % de ellas.
Y si ya de por sí es sumamente grave este manotazo efectuado sobre las reservas del BCRA, lo es mucho más si se considera que de convalidarse el DNU 2010, el mismo podría efectuarse con total desprejuicio de los efectos monetarios de esa medida. Se culminaría así con el desquiciamiento o dinamitación de la arquitectura monetaria sobre la que está erigida el BCRA. Esta destrucción se llevó a cabo últimamente, mediante el dictado de tres DNU que no tuvieron la más mínima discusión en el Congreso, salvo su forzado consentimiento:
· El DNU 401/03 de Duhalde, Remes Lenicov y otros, que autorizó al BCRA a emitir deuda, lo que le estaba enteramente prohibido hasta ese momento. Cabe que apuntar que la deuda pública que agobia a Argentina, tuvo su origen en la deuda contraída por el BCRA en los `80. En tal sentido en 1992 el ex presidente de esa institución Roque Fernández reconoció públicamente que las pérdidas del BCRA hasta ese momento, eran equivalentes a la deuda pública renegociada simultáneamente. Por eso se le prohibió contraerla, pero la historia parece querer volver a repetirse.
· El DNU 1599/05 de Kirchner, Miceli y otros, que cambió el sentido de la “libre disponibilidad” de las reservas destinadas a cubrir la base monetaria, y autorizó a la par a pagar con reservas la deuda de organismos multilaterales de crédito. Este cambio del sentido es trascendente, porque de esa manera a partir de allí se pueden considerar como reservas de la base monetaria, a las que no son de libre disponibilidad, como son las reservas que son contrapartida de las Lebac y Nobac. Pero al menos en este DNU se estableció como limitación, que las reservas podían utilizarse “siempre que resulte un efecto monetario neutro…”.
· El DNU 2010, firmado por Kirchner, Boudou y otros. Que autoriza a pagar cualquier deuda pública con reservas, incluida la deuda en pesos, al mismo tiempo que releva enteramente al BCRA de considerar los efectos monetarios de esos pagos.
La historia de nuestro país y del mundo enseña que en economía se puede hacer cualquier cosa, menos no pagar las consecuencias. Para evaluar las posibles consecuencias no puede soslayarse un dato fundamental de la realidad económica argentina: la existencia (o subsistencia) de una economía bimonetaria. En Argentina hay una notable cantidad de bienes que se tasan y se cobran en dólares, siendo esta la moneda de referencia, de intercambio, y de atesoramiento.
El BCRA prohíbe las cuasimonedas emitidas por los estados provinciales, con el argumento que detenta el monopolio de la soberanía monetaria, y el monopolio de la creación y regulación de la moneda. Sin embargo consiente reverencialmente con la circulación de la cuasimoneda dólar emitida por los Estados Unidos, que circula libremente y a la vista de todos, en negocios de medianos para arriba. Y además con su intervención en el Mercado Único y Libre de Cambio, el BCRA se compromete a entregar dólares a la cotización que fija diariamente, como un remedo de la tablita de Martínez de Hoz, y de la convertibilidad.
Esta situación de bimonetarismo, consentida por el gobierno y por el BCRA, es en cierta manera una forma de permanecer aún, o no haber sabido salir de la convertibilidad. Que dolarizó malamente la mente de los argentinos, y terminó aun peor en el año 2001. Conforme la ley de Gresham, la moneda mala circula y la buena se atesora. Y esta circulación de una moneda de valor paralela, explica la baja monetización en pesos, el bajo multiplicador bancario, y la baja capacidad de crédito que existe en Argentina.
En tal sentido, en el actual sistema de total libertad cambiaria, tipo de cambio administrado, y mentes dolarizadas, las reservas en divisas se han convertido en el respaldo para la creación y esterilización de la base monetaria; por ello no pude disponerse libremente de las reservas en divisas, sin considerar los efectos monetarios que pudiera acarrear, y las incertidumbres consecuentes.
Emitir moneda para comprar divisas, esterilizarla con las Lebac y Nobac, y trascartón ceder estas divisas al Tesoro, quedándose el BCRA con la deuda a corto plazo de la Lebac y Nobac, supone un gravísimo acto de desadministración monetaria por parte del BCRA, al ceder el instrumento de esterilización de la moneda (venta de dólares) y quedarse solo con el instrumento de emisión de moneda (pago de las Lebac y Nobac). En la práctica es volver al emisionismo y bimonetarismo que llevó al país a las gravísimas crisis financieras de 1980, 1989-90, y del 2001. Que no solo destruyeron la economía del país, sino que justificaron la implantación de experiencias desastrosas, como la llevada adelante por el ex Presidente Menem y Domingo Cavallo.
A esta altura resulta indudable que el bimonetarismo como el que insiste practicar Argentina es insostenible, ya que toda corrida cambiaría conlleva también una corrida bancaria. Ante esto el BCRA, además de desprenderse de los dólares, solo tiene dos opciones. Asistir al sistema financiero, alimentando así la corrida cambiaria y agravando el problema. O no asistirlo y hacer que los bancos cierren sus puertas, transformando así un grave problema financiero en un gravísimo problema socioeconómico, como sucedió en el 2001.
Ante esta perspectiva, corroborada por la historia financiera del país desde sus inicios, y especialmente en los últimos treinta años, el disponer medidas que desaprensivamente enerven o debiliten ese esquema bimonetario, como se intenta hacer con el DNU 2010, es un acto no solo demencial, sino criminal, con dolo eventual, cargo que se debe hacer extensivo a todos los que convaliden y consientan con esa medida. Y es además la forma más directa de ir al FMI, que es el único que ante esas situaciones puede ser prestamista de divisas de última instancia, como sucedió tantas veces en nuestro negro, reciente, y oprobioso pasado económico.
Lo saludo atentamente.
Mario Cafiero (Diputado MC)
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miércoles, 6 de enero de 2010
Fuentes del BCRA dijeron que el titular de la entidad considera que no incumplió ninguno de sus deberes de funcionario y que no va a renunciar, tal como le pidió la presidenta Cristina Kirchner. Insisten en que es el Congreso quien debe removerlo. Este mediodía recibirá, tal como tenía previsto, a los senadores opositores Sanz y Morales.
La dimisión le fue pedida al titular del Central por el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, según informaron fuentes oficiales. Ayer ya había dado una señal en ese sentido el comunicado del viceministro de Economía, Roberto Feletti, en el que acusaba a la "derecha" de obstaculizar la operación por la que el Central debe desprenderse de 6.569 millones de dólares de reservas para que la gestión de Cristina Kirchner pague deuda.
A pesar de que el pedido al Central se había realizado el 22 de diciembre, Redrado se mantenía renuente a convalidar la operación. Nunca abrió la cuenta especial a nombre del Tesoro que sería el primer paso para concretar la iniciativa.
La paciencia del kirchnerismo, acuciado por los cuestionamientos, no le dio margen para ninguna demora más. El comunicado de ayer de Feletti tuvo autoría intelectual en la residencia presidencial de Olivos.
En ese texto, el viceministro salió a repudiar "la embestida de la oposición de derecha en contra del uso de las reservas internacionales del BCRA para afrontar los compromisos externos".
Lo que Feletti defendió es la creación del Fondo del Bicentenario que, vía un decreto de necesidad y urgencia (DNU) le ordenó al BCRA que le entregue al Gobierno parte de las reservas monetarias para pagar compromisos externos. Ahora ese DNU deberá ser ratificado o no por el Congreso, que retomará esa discusión en marzo y la oposición ya anticipó que está en contra de que se toquen las reservas para ese destino. El mismo pensamiento parecía tener Redrado.
La principal pregunta ahora es si el titular del Central resistirá en su cargo . Pocos minutos después de que se conociera el pedido de renuncia, salió a advertir por canales informales que permanecerá en el cargo hasta que se lo remueva por los mecanismos que marca la Carta Orgánica de la entidad monetaria . Esto es, a través del Congreso.
Fuentes del BCRA dijeron que el titular de la entidad considera que no incumplió ninguno de sus deberes de funcionario. Y que mantiene la agenda prevista, aunque sea un puñal para el kirchenrismo: este mediodía recibirá al titular de la UCR, Ernesto Sanz, y al jefe del bloque en el Senado, Gerardo Morales.
Fuente: Clarin
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Prat Gay: "La Ley de Carta Orgánica le impide al Banco Central lo que dice este DNU”
Para Alfonso Prat Gay, “el conflicto entre el Banco Central y el poder político debe dirimirse en la Justicia”.
Por Radio Continental, el diputado del Acuerdo Cívico y Social calificó el decreto presidencial que dispone el uso de reservas para pagar deuda como “inconstitucional y contrario a la ley”.
“Como es habitual en el jefe de Gabinete, hay una parte de verdad y una parte de mentira en sus declaraciones: el DNU tiene fuerza de ley mientras el Congreso no lo rechace; pero la Ley de Carta Orgánica le impide al Banco Central lo que dice este DNU”, advirtió.
“Entonces, la situación en estos momentos es que hay dos instrumentos jurídicos con fuerza de ley que le exigen al Banco Central dos cosas que son contradictorias. Acá lo que correspondería es que el Banco Central hiciera una consulta al árbitro de la Constitución, que es la Corte Suprema y que la Corte Suprema se expida al respecto”, razonó en Magdalena Tempranísimo.
Prat Gay se preguntó “¿cuál es la urgencia que tiene el Gobierno de constituir un fondo de seis mil quinientos millones de dólares, si en los próximos dos meses los vencimientos de deuda son solamente por seiscientos millones? Ciertamente, se podría perfectamente esperar al 1 de marzo para que esto se debata en el Congreso y en todo caso, si el Congreso lo decide, se modifique la Ley de Carta Orgánica”.
Además, recordó otros antecedentes en los que “se llamó a sesiones extraordinarias” para ratificar DNUs, y llamó al Gobierno a hacer lo mismo en este caso.
“En el DNU del fallido pago anticipado al Club de París, el mismo Gobierno incumplió la medida determinada por el Gobierno”, concluyó Prat Gay.
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Los cruces de la semana - Jura de los diputados
El gasto público ha alcanzado en la Argentina, un récord histórico
lunes, 4 de enero de 2010
Por Carlos Pagni
Contado así, parece un hecho intrascendente. Pero, de aquí a unos años, los historiadores tal vez se sirvan de él para indicar el comienzo de un proceso de gran magnitud: la nueva crisis fiscal que se desenvuelve en la Argentina y que condicionará, como ningún otro factor, la suerte de quien asuma el poder en 2011.
El pagaré de Arlía es la respuesta a una presión que amenazaba con desbordar a Scioli. Los prestadores de la obra social de la provincia, IOMA, están suspendiendo sus servicios por falta de pago. Hacia la Navidad, los suministros de los 77 hospitales del distrito comenzaron a escasear. El 50% de los bonaerenses se atiende en esos sanatorios. Los grandes municipios del conurbano pudieron pagar el aguinaldo gracias a auxilios extraordinarios llegados desde La Plata o desde el gobierno nacional. Todos terminaron con un rojo que va, según el caso, de 40 a 60 millones de pesos.
Estos datos ya tienen impacto político. El peronismo de la Legislatura, que había invitado el 23 de diciembre a Carlos Stornelli a explicar la crisis de seguridad, agregó a Arlía cuando advirtió que también las cuentas públicas están cerca del colapso. El ministro explicó que este año necesitará $ 10.000 millones más de lo previsto. Economistas independientes se inclinan por pensar en 15.000 millones. Son números irreales, ya que no contemplan aumento salarial alguno. Pero el 20 de este mes empieza la paritaria docente, que define el 30% del gasto provincial.
Para la experiencia económica nacional, estos hechos cobijan un significado preciso: Buenos Aires suele adelantar los síntomas de lo que está por ocurrir en el resto del país. O, mejor dicho, de lo que ya está ocurriendo. Porque el gasto público ha alcanzado en la Argentina, en 2009, un récord histórico: consolidado el de la Nación y las provincias, llegó al 35% del PBI. Para encontrar una marca superior habría que remontarse, tal vez, a la primera presidencia de Juan Perón. O, si se prefiere otro parámetro, ni durante la Guerra de las Malvinas se gastó lo que se está gastando en la era Kirchner.
La evolución nacional de ese gasto es impactante. En 2007 fue un 50% más que el año anterior; en 2008, 37% más; el año pasado, otro 29%. Esta expansión se corresponde con una presión tributaria creciente: entre 2005 y 2009 los impuestos aumentaron un 12%. Si se agregan los incrementos provinciales, la suba fue del 14%. Es decir, en la Argentina se aplica una presión fiscal del 34%, similar a la de Nueva Zelanda o Israel, países que relevan a sus ciudadanos de gastar en salud, educación o seguridad privadas.
Si, al tocar esos límites, la política económica no ha estallado, como en otras oportunidades, es gracias a que se están registrando también otros récords. En los últimos 20 años la producción de granos pasó de 52 a 114 millones de toneladas, el rendimiento por hectárea aumentó un 40% y la superficie sembrada, un 56%.
La peripecia fiscal de los Kirchner estuvo atenuada, entre 2005 y 2008, por los beneficios de este boom agropecuario. Sin embargo, la rebelión por las retenciones móviles demostró que la presión tributaria había tocado una barrera social y política infranqueable.
A partir de entonces, el kirchnerismo estatizó los ahorros previsionales e ingresó en su fase predatoria. Esa propensión recrudeció en estos días. Como publicó Silvia Stang en este diario el jueves pasado, en 2009 la tesorería tomó $ 41.500 millones de pesos de organismos públicos. Amado Boudou colocó una letra por $ 700 millones en el PAMI, que ya había provisto $ 2130 millones a lo largo del año.
El mismo mecanismo se aplicó en la Anses -$ 4929 millones-, en el Banco Nación -$ 8300 millones-, en el Banco Central -US$ 2500 millones de los Derechos Especiales de Giro remitidos por el Fondo Monetario Internacional y $ 5000 millones por la transferencia a Hacienda de ganancias no realizadas-, en el Ministerio del Interior -$ 9000 millones de recursos pertenecientes a las provincias- y en las obras sociales sindicales, cuya recaudación está cayendo de un modo que genera sospechas entre los gremialistas.
El fondo
El Fondo del Bicentenario, constituido para pagar deudas corrientes con US$ 6500 millones sacados de las reservas del Banco Central, es otra dentellada de esa secuencia voraz.
Con su decisión, Cristina Kirchner tocó un límite político: Boudou, que ya tiene el antecedente de la confiscación jubilatoria, entró en conflicto con Martín Redrado, quien denunció, tarde pero seguro, las inconsistencias de la política económica. Redrado se demora en el cumplimiento del decreto presidencial. Más aún, un par de legisladores lo escucharon confesar sus dudas sobre la conveniencia de seguir en el cargo -su mandato vence el próximo 23 de septiembre- si los Kirchner lo ponen entre la espada y la pared.
Al comienzo se consintió que el Poder Ejecutivo usara las reservas como un blindaje -de bajísima legalidad, es cierto- para respaldar la negociación con los holdouts . Pero esa imagen se fue transformando por la convergencia de varios gestos oficiales a lo largo de los días.
Primero fue la polémica con el diplomático norteamericano Arturo Valenzuela, en la que los Kirchner terminaron de revelar que para ellos la seguridad jurídica es sólo un ideologema neoliberal.
Después, el anuncio de que este año se triplicarán las prestaciones sociales -$ 1800 pesos por persona- destinadas a cooperativas de trabajo que organizarán la clientela del conurbano.
Para finalizar, Miguel Pichetto declaró perimida la autonomía del Banco Central. Los US$ 6500 millones podrían ser, por lo tanto, nada más que un aperitivo.
Los principales candidatos a la presidencia formaron equipos para conocer el paisaje que enfrentarían si llegaran al poder. Julio Cobos consulta a Raúl Baglini, a Laura Montero y a Chrystian Colombo.
Elisa Carrió escucha a Alfonso Prat-Gay y a Pedro Lacoste.
Eduardo Duhalde habla, entre otros, con Roberto Lavagna y con Jorge Sarghini.
Felipe Solá frecuenta a Martín Lousteau.
Mauricio Macri montó un think tank en el Banco Ciudad y Carlos Reutemann habla con más economistas de lo que se supone.
Acuerdo político
Hasta ahora todos preveían que en 2011 haría falta un acuerdo político para actualizar tarifas, reducir retenciones, moderar la inflación y normalizar las relaciones federales. Pero en las últimas semanas esa percepción se modificó.
"Nos estamos dando cuenta de que el acuerdo debe hacerse en 2010 para evitar que el Gobierno deje tierra arrasada", explicó un técnico ligado a Duhalde. Parece una previsión razonable.
El esposo de la Presidenta está viendo otra película. "Cuando termine 2010 nos estaremos peleando entre nosotros porque vamos a aplastar a la oposición", repetía antes de partir para El Calafate.
Confía en que la recuperación económica revertirá su caída. No supone, como los expertos, que la inflación será superior al 22% y que el empleo seguirá estancado. Por lo tanto, no cabe esperar que, como Perón en 1952, los Kirchner estén por realizar un giro.
Al contrario, les cabe más la negligencia de madame Pompadour, cuando le dijo a Luis XV: "Después de nosotros, el diluvio".
Durante los próximos dos años, la pareja gobernante definirá el nivel de ajuste que deba hacer su sucesor. En otras palabras: la suerte política del próximo gobierno se está jugando desde ahora.
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Informe del ASD, Acuerdo para la Seguridad Democrática
miércoles, 30 de diciembre de 2009
Por Raúl Kollmann
Los más diversos sectores políticos, de la Justicia, gremiales, académicos y organizaciones de derechos humanos presentarán hoy, a las 12, en el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso Nacional, un Acuerdo para la Seguridad Democrática (ASD).
El texto pone el acento en que las políticas de seguridad y el control policial deben estar en manos de civiles, impulsa la descentralización creando policías comunales, fomenta la existencia de una policía judicial, que trabaje en la instrucción de las causas, y rechaza el discurso de la mano dura “que sólo ha constituido un impedimento para la profesionalización de las policías y ha potenciado la acción de redes de ilegalidad en las que intervienen funcionarios públicos”.El Acuerdo para una Seguridad Democrática tiene las firmas –entre muchas otras– de integrantes del Frente para la Victoria, como Agustín Rossi; del PeronismoFederal, como Felipe Solá; de dirigentes de la UCR como Gerardo Morales, Ricardo Alfonsín y Ricardo Gil Lavedra, la diputada de la Coalición Cívica Marcela Rodríguez, referentes de otras fuerzas políticas como Margarita Stolbizer, Fernando “Pino” Solanas y Martín Sabbatella, el juez de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni; el titular de la CGT, Hugo Moyano, y el de la CTA, Hugo Yasky; académicos como Marcelo Saín y Alberto Binder y prácticamente todas las organizaciones de derechos humanos.
La iniciativa surgió de León Arslanian y el Centro de Estudios Legales y Sociales, quienes estarán a la cabeza de la presentación de hoy. Anoche todavía se sumaban más adhesiones que se darán a conocer al mediodía.
El Acuerdo apareció a raíz de la inquietud que surgió en distintos sectores por la aparición de propuestas de darle mayores atribuciones y poder a la Bonaerense y a policías de otras provincias del país.
“Queríamos aunar a las fuerzas democráticas para que se tomen caminos democráticos en materia de seguridad y diferenciarnos claramente de los discursos de mano dura que no hacen más que reeditar políticas desacertadas y fracasadas”, explicó Arslanian.
El ex ministro de Seguridad de Felipe Solá, contó que junto con el CELS empezaron a contactar a los partidos políticos, a las fuerzas sindicales, a integrantes de la Justicia y a una parte importante del mundo académico para diseñar el texto. Después de su presentación en el Salón de los Pasos Perdidos, el acuerdo “se hará llegar a los poderes públicos”.
Tal como sucede en otras latitudes, ante hechos de sangre impactantes, se produce una enorme ebullición y surgen las voces que piden que a los uniformados se les devuelva el poder, que no haya tanto control ni de los civiles ni de la Justicia. “Que puedan detener sin límites, que se aumenten las penas y se encarcele a los menores, casi sin distinción de edad”, parece la consigna.
Frente a esas posturas, los puntos centrales del texto son los siguientes.
- Las respuestas al delito han sido facilistas y autoritarias, consolidando la ineficacia policial, judicial y penitenciaria.
- Las políticas de mano dura constituyeron “una sucesión de intervenciones erradas que impidieron la profesionalización de los policías y potenciaron la acción de redes de ilegalidad en las que intervinieron funcionarios públicos”.
- Una adecuada política criminal requiere de una policía eficaz en la prevención, de alta profesionalidad y debidamente remunerada, una Justicia penal que investigue y juzgue en tiempo oportuno y un sistema penitenciario que asegure condiciones dignas de encarcelamiento.
- Se requieren estrategias que articulen las políticas de seguridad así como la garantía de condiciones de vida dignas para toda la población.
- Las políticas democráticas de seguridad deben surgir de diagnósticos basados en información veraz y accesible al público.
- Se impulsa la descentralización de la organización policial a nivel distrital y comunal.
- Un control interno de las policías de carácter civil y control externo del desempeño y la legalidad.
- Formación y capacitación policial no militarizado.
- Las medidas meramente represivas con las que se insiste en cada crisis apuntan a perseguir pequeños delitos y a autores jóvenes. Lo que señala el acuerdo es que gran parte de esos delitos comunes están asociados a poderosas redes delictivas. Uno de los ejemplos cantados es el de los desarmaderos.
- Una policía judicial, dependiente de los fiscales, traerá transparencia en las investigaciones.
- Se debe garantizar la regulación del accionar policial en los operativos, espectáculos deportivos, recitales y manifestaciones. Se debe asegurar un uso de la fuerza proporcional, racional y erradicar las prácticas policiales contrarias a esos criterios.
En la parte final del documento se resume lo que tal vez es la estrategia más importante: “conseguir un acuerdo político y social amplio que permita avanzar en el diseño e implementación de políticas de corto, mediano y largo plazo, orientadas a encontrar soluciones inmediatas y perdurables a las demandas sociales en materia de seguridad”.
La firma del acuerdo por parte de dirigentes del oficialismo y la oposición, de referentes de la Justicia, el gremialismo y los derechos humanos podría ser la base para esa búsqueda de consensos que formula el texto. Aunque los propios organizadores saben que “habrá un debate muy fuerte y la derecha insistirá en sus políticas”.
Diez puntos de acuerdo por la seguridad democrática
El acuerdo considera un engaño al discurso de la mano dura, analiza la responsabilidad del Estado y la gestión democrática de las instituciones de seguridad.
Las respuestas estatales autoritarias e ineficientes frente al delito y la fuerte dosis de exclusión y violencia que domina el debate público y orienta muchas de las acciones del Estado en la materia exigen una discusión abierta y pluralista, capaz de alcanzar acuerdos básicos sobre políticas democráticas de seguridad que atiendan las legítimas demandas de la sociedad.
Esta situación exige instituciones de seguridad comprometidas con valores democráticos y el rechazo a políticas demagógicas e improvisadas, dirigidas a generar expectativas sociales en la eficacia de medidas abusivas que sólo agravan el problema y reproducen la violencia.
1 El Estado frente al problema del delito
En nuestro país, la acción del Estado frente al incremento de la violencia y el delito se ha limitado mayormente a respuestas facilistas y autoritarias que consolidaron la ineficacia policial, judicial y penitenciaria.
En los últimos años, algunos procesos de reforma de las instituciones de seguridad tuvieron resultados favorables, pero fueron interrumpidos para volver a políticas de probado fracaso.
2 El engaño de la mano dura
Las políticas de mano dura no han reducido el delito, han aumentado la violencia y, en algunos casos, hasta han amenazado la gobernabilidad democrática.
La delegación de la seguridad en las policías, el incremento de las penas, el debilitamiento de las garantías y las políticas centradas en el encarcelamiento masivo basado en la prisión preventiva son los ejes recurrentes de estas políticas de mano dura.
Los reiterados fracasos de estas políticas han sido utilizados para insistir con las mismas recetas, en una espiral irresponsable que nunca rindió cuenta de sus resultados.
Esta sucesión de intervenciones erradas ha constituido un impedimento para la profesionalización de las policías y ha potenciado la acción de redes de ilegalidad en las que intervienen funcionarios públicos.
3 Responsabilidad del Estado
El Estado tiene la responsabilidad de asegurar a la población el libre ejercicio y goce de sus derechos. La construcción de una ciudadanía respetuosa de la ley es el camino indicado, pero si la ley resulta quebrantada, el Estado debe proveer los medios necesarios para individualizar a los responsables y sancionarlos cuando corresponda.
Una adecuada política criminal y de seguridad requiere: una policía eficaz en la prevención, de alta profesionalidad y debidamente remunerada; una Justicia penal que investigue y juzgue en tiempo oportuno a quienes infringen la ley, garantice la plena observancia de las reglas del debido proceso y de la defensa en juicio, y un sistema penitenciario que asegure condiciones dignas de encarcelamiento y de ejecución de la pena con sentido resocializador.
4 Una concepción integral de la seguridad
La manera eficaz de avanzar sobre el problema implica operar sobre las causas del delito y las redes de criminalidad con miras a reducir la violencia en todas sus formas. Una concepción integral de la seguridad implica tanto la prevención de la violencia física como la garantía de condiciones de vida dignas para toda la población. Esto requiere estrategias de abordaje integral que articulen las políticas de seguridad con otras políticas públicas y complementen las acciones del sistema penal con intervenciones de todas las áreas del Estado. Estos recursos estatales deben estar distribuidos de manera igualitaria y generar una mayor protección para los sectores excluidos, de modo de no profundizar la desigualdad.
Para avanzar en un abordaje integral y efectivo del problema de la seguridad, el diseño e implementación de políticas democráticas debe surgir de diagnósticos basados en información veraz y accesible al público. La producción de esa información es también una responsabilidad indelegable del Estado.
5 Gestión democrática de las instituciones de seguridad
Todo gobierno tiene la responsabilidad de ejercer la conducción civil y estratégica de las policías, que supone el pleno control de la institución. La prevención y sanción del delito, de modo eficiente y legal, requiere un sistema policial estrictamente subordinado a las directivas de seguridad pública formuladas por las autoridades gubernamentales. La historia reciente demuestra que la delegación de esta responsabilidad permitió la conformación de “estados mayores policiales”, autónomos, que han organizado vastas redes de corrupción, llegando a amenazar incluso la gobernabilidad democrática.
Los lineamientos básicos para una modernización y gestión democrática de las instituciones de seguridad son: la integración de las labores policiales de seguridad preventiva e investigación del delito; la descentralización institucional de la organización policial a nivel distrital y comunal; la integración de la policía con la comunidad y los gobiernos locales en la prevención social de violencia y delito; el control interno de carácter civil y control externo del desempeño y de la legalidad; el sistema de formación y capacitación policial no militarizado y anclado en valores democráticos; el régimen profesional basado en el escalafón único y las especialidades policiales.
6 Desactivar las redes del delito para reducir la violencia
Las medidas meramente represivas con las que se insiste ante cada crisis de inseguridad apuntan a perseguir los pequeños delitos y a los autores más jóvenes, bajo la falsa creencia de que así se limita el avance de la criminalidad.
La realidad indica que un gran porcentaje de los delitos comunes está asociado a la acción de poderosas redes delictivas y a un importante mercado ilegal de armas que aumenta los riesgos para la vida y la integridad de las personas.
Por lo tanto, reducir la violencia que alarma a nuestra sociedad exige reorientar los recursos de prevención y de investigación penal hacia la desactivación de estas redes de delito y de los mercados ilegales. El Ministerio Público Fiscal, en coordinación con las autoridades de gobierno, tiene un rol fundamental en estas tareas.
Una policía judicial, dependiente del Ministerio Público Fiscal, traerá transparencia en la investigación penal preparatoria.
7 Gestión policial no violenta en el ámbito público
La gestión democrática de la seguridad debe garantizar la regulación del accionar policial en los operativos en el espacio público, tales como espectáculos deportivos, recitales, manifestaciones de protesta social y desalojo de personas. Para ello es fundamental establecer con rango normativo estándares de actuación en el espacio público, de modo de asegurar un uso de la fuerza proporcional, racional y subsidiario y erradicar las prácticas policiales contrarias a esos criterios.
8 El papel de la Justicia
El Poder Judicial y el Ministerio Público tienen una doble responsabilidad fundamental en el impulso de políticas de seguridad democráticas, en la investigación rápida y eficaz de los delitos y el control sobre el uso de la prisión preventiva, las condiciones de detención y la violencia institucional.
9 Cumplimiento de las penas en un Estado de Derecho
En nuestro país hay cerca de sesenta mil personas privadas de libertad. Las condiciones inhumanas de detención, los índices sostenidos de sobrepoblación en cárceles, comisarías e institutos de menores, la ausencia de reinserción social, las prácticas sistemáticas de violencia, tortura y una enorme mayoría de presos sin condena son los rasgos más evidentes de los lugares de detención.
Una política democrática de seguridad tiene que ocuparse por que el cumplimiento de la prisión preventiva y de la pena se dé en condiciones dignas y aptas para la readaptación de la persona condenada y no contribuya, como hasta ahora, a la reproducción y agravamiento de los problemas críticos de violencia, injusticia y delito que se propone resolver.
10 Un nuevo acuerdo para la seguridad en democracia
Para cumplir con la obligación del Estado de dar seguridad a los ciudadanos en el marco de estos principios democráticos es imprescindible alcanzar un acuerdo político y social amplio que permita avanzar en el diseño e implementación de políticas de corto, mediano y largo plazo, orientadas a encontrar soluciones inmediatas y perdurables a las demandas sociales en materia de seguridad.
Firmas que aportan al consenso
El abanico político que sostiene el acuerdo es amplio, más de 200 firmas iniciales. Entre los legisladores nacionales figuran: Felipe Solá (PF); Agustín Rossi, Remo Carlotto, Héctor Recalde, Adela Segarra y Adriana Puiggrós, (FPV); Ricardo Gil Lavedra y Ricardo Alfonsín (UCR); Fernando Solanas y Claudio Lozano (Proyecto Sur); Victoria Donda y Cecilia Merchan (Libres del Sur); Martín Sabbatella, Carlos Heller y Vilma Ibarra (NEPyS); Mónica Fein, Jorge Rivas y Ariel Basteiro (PS); Marcela Rodríguez, Griselda Baldata, Elisa Carca y Horacio Piemonte (CC); Margarita Stolbizer (GEN); Giustiniani, Rubén (Sen. PS); Solá, Felipe (Dip. Peronismo Federal); y Rubén Giustiniani (Sen. PS). Entre los legisladores de las diferentes provincias aparecen Sandra Cruz y Fernando Navarro (Dip. PBA-FPV); Luis Malagamba y Jaime Linares (dip. PBA-GEN); Marcelo Brignoni, y José Tessa (dip. Sta. Fe-EDE); Carlos Martínez, Carlos Morello y Paula Sánchez (dip. de Libres del Sur por Chaco, Salta y Neuquén, respectivamente); Gabriela Cerruti y Gonzalo Ruanova (Leg. porteños Nuevo Encuentro); Eduardo Epszteyn, Aníbal Ibarra y María Elena Naddeo (Leg. porteños Diálogo por Bs. As.). Por otro lado, Hermes Binner (Santa Fe) y Jorge Capitanich (Chaco) ya habían sumado sus firmas entre los gobernadores; y Daniel Salvador, como presidente de la UCR bonaerense. Entre las organizaciones sindicales, los titulares de la CGT, Hugo Moyano, y de la CTA, Hugo Yasky, además de Víctor De Gennaro y Víctor Mendivil, por la CTA y la Comisión por la Memoria. También firmaron como referentes sociales, religiosos y de la cultura, Luis D’Elía (Mov. Tierra y Vivienda); Edgardo Depetri (Frente Transversal); Emilio Pérsico (Movimiento Evita); Humberto Tumini y Jorge Cevallos (Libres del Sur); Roberto Baigorria (Coord. Nac. Barrios de Pie); Eduardo De la Serna (Curas en opción por los pobres); además, por la Comisión Provincial por la Memoria firman Miguel Hesayne (obispo emérito); Daniel Goldman (Rabino); Martha Pelloni; Aldo Etchegoyen (obispo metodista-Comisión por la Memoria y APDH). También Néstor Borri (Nueva Tierra); Néstor Picone, Mary Sánchez; Laura Berardo (Libres del Sur). En el ámbito de la Cultura, León Gieco; Ricardo Foster y Horacio González (Carta Abierta); Mempo Giardinelli y Tito Cossa (Comisión por la Memoria). Por la Comisión por la Memoria también Hugo Cañón, Adolfo Pérez Esquivel (también del Serpaj); Laura Conte (por las Madres, CELS, CPM); Alejandro Mosquera, Elizabeth Rivas, Mauricio Tenembaun, Luis Lima, Carlos Sánchez Viamonte, María Verónica Piccone, Emilce Moler, Susana Méndez, Fortunato Mallimacci y Leopoldo Schiffrin (Comisión por la Memoria). Entre los organismos de Derechos Humanos, el Centro de Estudios Legales y Sociales, en conjunto; Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora; Abuelas de Plaza de Mayo; la APDH; Hijos; el Serpaj y la Fundación Memoria Histórica y Social. También dieron su apoyo Raquel Wittis y los Familiares de Luciano Arruga con la APDH de La Matanza. Y especialistas como el ex camarista federal y ex ministro de Justicia y Seguridad bonaerense León Arslanian; el ministro de la Corte Suprema y docente de Derecho de la UBA, Raúl Zaffaroni; Marcelo Saín (ex secretario de Seguridad bonaerense y ex titular de la PSA); Enrique Font (Derecho, Univ. Nac. Rosario); Alberto Binder, Martha Arriola, Gabriel Kessler, Luis Tibiletti, Gustavo Palmieri (CELS), Luis Lugones, Ana Clement (directora de la Licenciatura en Seg. Ciud.); Juan Tokatlian (UTDT); Sofía Tiscornia (UBA); Mario Coriolano (Prof. Derecho Unlap, representante argentino en el Comité Contra la Tortura ONU); Pablo Alabarces (UBA e investigador Conicet); Máximo Sozzo, (Univ. del Litoral); Gabriel Bombini (Univ. Nac. de Mar del Plata); Martín Appiolaza (Univ. Nac. de Mendoza); Jorge Perano (Univ. Nac. de Córdoba); Gabriel Ganón (Univ. Nac. de Rosario). Hugo Trinchero (Decano Filosofía, UBA); Mónica Pinto (Coordinadora del Programa DDHH, UBA); Damián Loretti (vicedecano Fac. de Sociales, UBA); Víctor Abramovich (Cels y Centro de DDHH-Univ. de Lanús, PBA); Gustavo E. Lugones (rector de la Univ. Nac. de Quilmes); Enrique Font (Cátedra de Criminología y Política Criminal, Fac. de Derecho, UN Rosario); Daniel Erbetta (Dep. de Derecho Penal y Criminología, Fac. de Derecho UN Rosario); Eduardo Basualdo y Daniel Azpiazu (Flacso); Jorge Perano (Fac. de Derecho Univ. Nac. de Córdoba); Carlos Acuña (Director de la Maestría en Políticas Públicas de la Udesa) y Carolina Smulovitz (directora del Dto. de Ciencias Políticas y Estudios Internacionales de UTDT). Se agregan otras firmas de representantes e instituciones de diferentes ámbitos que aún estaban en proceso de confirmación.
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La Oposición forzó al Oficialismo a reconocer su debilidad
Un bicentenario preelectoral y con pugna institucional
martes, 29 de diciembre de 2009
2010 será para Argentina un año de celebraciones (la conmemoración del Bicentenario del proceso que condujo a la independencia) y de crecimiento económico gracias a la recuperación mundial. Pero también será un año en el que el gobierno de Cristina Kirchner y la oposición mantendrán una dura batalla en el Congreso donde hay paridad de fuerzas.
Asimismo serán 365 días en los que todos mirarán de reojo a 2011, año en el que habrá elecciones presidenciales para las que ya hay muchos precandidatos.
La pugna gobierno-oposición en el Congreso
2010 va a ser un año en el que la pelea entre los Kirchner y la oposición va a estar muy igualada debido a que si las fuerzas opositoras mantienen su precaria unidad pueden ejercer un fuerte control sobre el ejecutivo, algo inédito desde 2003.
El gobierno de Cristina Kirchner buscará mantener el control de las comisiones de control de la Cámara de Diputados y utilizará el veto presidencial para bloquear las leyes que la oposición apruebe sin el apoyo del oficialismo. Además, la estrategia de Néstor Kirchner consistirá en hacerse fuerte en el Senado, donde la paridad de fuerzas es mucho mayor que en la Cámara de Diputados y atraer al mayor número posible de legisladores de la oposición.
Las fuerzas opositoras reúnen en torno a 142 diputados pero se distribuyen así: 108 pueden considerarse claramente antikirchneristas: 44 diputados pertenecen a la UCR, 29 al Peronismo Federal de Felipe Solá, 13 al PRO de Macri, 19 a la Coalición Cívica de Carrió y 3 al Frente Cívico del cordobés de Luis Juez.
En el Senado el bloque kirchnerista cuenta con 35 senadores, entre senadores propios y aliados. La UCR tiene 18 y el interbloque federal (PJ disidente y provinciales) 14. Además, hay 2 senadores que apoyan a Luis Juez, líder antikirchnerista de Córdoba, un socialista, una cívica y un ex cívico. Toda la oposición suma 37 senadores, dos más que el kirchnerismo.
Preparando las presidenciales de 2011
2010 será un año fundamentalmente preelectoral en Argentina. La unidad opositora, si es que se logra, se irá lentamente deteriorando a medida que se acerque 2011. Cada grupo opositor tiene uno o varios precandidatos y las agendas de cada uno irán entrando en colisión.
Los peronistas disidentes no tienen partido ni líder y esos son sus dos principales problemas. Sin partido no pueden competir en las elecciones y tendrían que ganar dentro del peronismo la candidatura presidencial, en unas primarias en las que sus rivales serían los Kirchner y el aparato del Partido Justicialista que el matrimonio presidencial controla.
Además no tienen un único liderazgo. El expresidente Eduardo Duhalde ya se ha autoproclamado presidenciable: "sí, voy a ser candidato a presidente de la república en 2011 y ojalá que haya mucha competencia", y asegura que derrotará a Néstor Kirchner "en la interna del justicialismo".
Mientras, Carlos Reutemann, siempre en las quinielas como posible candidato, sigue manteniendo un silencio sepulcral y responde a Duhalde con frases como "que se lance nomás. Yo hoy de ninguna manera estoy pensando en mi candidatura". Pero el peronismo disidente tiene otras posibles cartas como las de Felipe Solá o Francisco de Narváez, quien pese a ser colombiano de nacimiento asegura que considera "seriamente ser candidato a presidente en 2011. Sé que puedo ser un gran candidato".
Además, suenan con fuerza dentro de peronismo disidente, el gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey y el gobernador de Chubut, Mario Das Neves. Incluso ha aparecido la figura del expresidente Carlos Menem como posible presidenciable.
En el resto de la oposición la situación es igual o más confusa: el actual vicepresidente Julio Cobos parece que desea mantenerse en el cargo en 2010 y lanzarse a la carrera presidencial en 2011 liderando a la UCR reunificada (radicales y cobistas). Elisa Carrió mantiene con Cobos una rivalidad de años por la alianza entre el vicepresidente y Kirchner en 2007 por lo que no parece probable que se uniera al experimento.
En el centroderecha se alza la figura del intendente de Buenos Aires, Mauricio Macri, cercano al peronismo disidente, y en la izquierda los socialistas se dejan querer por todos. Tienen un líder, el gobernador de Santa Fe, Hermes Binner, que podría ser el candidato perfecto a vicepresidente, tanto para Cobos como para el oficialismo kirchnerista. Más a la izquierda se sitúa la figura de Fernando Pino Solanas.
La economía repuntará
La situación económica mejorará en 2010: la soja volverá a ser la reina de las exportaciones. La próxima cosecha de soja será record: pasará de 32 a 52 millones de toneladas y se verá beneficiada por los altos precios internacionales, mayores que hace un año gracias al aumento de la demanda de China.
La recuperación de la economía mundial y la fortaleza económica de Brasil propiciarán el aumento de las exportaciones y de la producción en Argentina. La Comisión Económica para América Latina (Cepal) pronostica que Argentina crecerá un 4% en 2010 y la presidenta Cristina Kirchner señaló durante el brindis de fin de año que la crisis quedó atrás y que Argentina "va a tener un 2010 muy bueno".
La situación más preocupante es la de las provincias. Como señalaba el lunes el diario La Nación: "las provincias argentinas cerrarán este año con sus cuentas en un preocupante rojo, que sumado se ubicará entre 9000 y 14.000 millones de pesos. Según estimaciones de analistas, sólo cuatro distritos podrán mostrar un balance 2009 con superávit financiero: San Juan, Santiago del Estero, La Pampa y Chubut. La situación se torna más dramática si se considera que hace sólo tres años eran 20 las provincias que podían exhibir resultados positivos".
Fuente: Infolatam-Información y Análisis de América Latina
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La Oposición forzó al Oficialismo a reconocer su debilidad
Oficialismo y Oposición. Alguien tiene que ceder
2010: Una prematura plataforma de lanzamiento
lunes, 28 de diciembre de 2009
Por Viviana Mariño
Lejos de proyectarse como un período de transición, el cierre del año terminó de perfilar a 2010 como una prematura plataforma de lanzamiento de los aspirantes a pelear por la candidatura presidencial del Partido Justicialista en los comicios nacionales de 2011.
Los ex presidentes Néstor Kirchner y Eduardo Duhalde demarcaron ese territorio. El primero, con una estrategia en secuencia para recuperar iniciativa política tras la derrota en las legislativas de junio; el segundo con una firme incursión como "candidato declarado" en la escena pública.
Tras varios intentos de nuclear al peronismo disidente alrededor de la figura del santafesino Carlos Reutemann, Duhalde decidió poner el cuerpo en una interna de la que, pese a las promesas de abandono de la política, nunca se había retirado. "Me voy a presentar como candidato a presidente de la República", prometió horas antes de la Navidad.
El plan del ex mandatario provisional comenzó a tomar cuerpo en los últimos meses y tendrá base en su territorio político histórico, la provincia de Buenos Aires. Allí, en el primer distrito electoral del país, Duhalde teje el armado con dirigentes y agrupaciones anti-K.
El ex mandatario tiene previsto presentar formalmente su propuesta en marzo próximo, apoyado en la reiterada idea de propiciar un acuerdo intersectorial al estilo del Pacto de la Moncloa, una iniciativa que lo mantiene en contacto con el radical Rodolfo Terragno.
Atento a los movimientos de su antiguo padrino político, Kirchner dedicó sus últimos gestos a acumular poder en el distrito bonaerense. Por eso, ajustó la reforma electoral provincial al esquema nacional aprobado el mes pasado por el Congreso.
Con elecciones primarias establecidas para el 14 de agosto de 2011, la mayoría de los gobernadores e intendentes justicialistas observan esos movimientos con cierta distancia, necesitados de mantener un buen vínculo con el poder central para garantizarse la gobernabilidad de sus gestiones.
Esa lógica contempla tanto a los mandatarios políticamente cercanos al kirchnerismo como a los menos alineados, como el cordobés Juan Schiaretti o el chubutense Mario Das Neves.
Ninguno de ellos se anima a arriesgar qué hará finalmente Reutemann, todavía un verdadero enigma para el grueso del PJ.
El ex corredor, explican en la Casa Rosada, dio algunas muestras de que su proyecto se agotará en la provincia de Santa Fe. No obstante, mantiene diálogo con dirigentes del PJ disidente, como el bonaerense Felipe Solá quien intentará iniciar su partido en el Congreso del Nación.
En el Congreso. El Parlamento será, en verdad, el primer espacio de posibles definiciones políticas. Con el kirchnerismo en minoría, los sectores anti-K de identificación peronista aspiran a marcar posiciones con la intervención de Felipe Solá.
La escena final que recreó la dinámica del PJ en el cierre del año incluye también un pretendido espacio de "renovación".
La cara más visible de ese sector es el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, de diálogo estrecho con el ex jefe de Gabinete Alberto Fernández e impulsor de un "proceso de cambio" interno para evitar que el PJ quede preso de la interna Kirchner-Duhalde.
Con un camino demasiado extenso aún por recorrer, en los diferentes sectores del oficialismo coinciden en que la suerte de Kirchner dependerá en buena medida del tránsito de la gestión de su esposa en la Nación en lo que todavía le resta de mandato.
De todos modos, el ex mandatario coquetea con una posible postulación o bien, en el peor de los escenarios, la bendición de un delfín –en el Gobierno mencionan a Daniel Scioli–, recorre el conurbano bonaerense y tiene planeado avanzar con actos políticos en el interior del país.
Sus próximos pasos incluyen la demorada reasunción al frente del Consejo Nacional del PJ. El kirchnerismo espera concretar esa jugada hacia finales de febrero.
Turismo y campaña
En la Costa Atlántica aparecieron numerosos jóvenes con remeras "Duhalde presidente". Repartieron volantes a los turistas, con textos como: "tenemos que decidir si nos quedamos peleando, mirando el pasado, o si avanzamos a la Argentina del siglo 21".
Destacan rol de la Corte
El presidente del Comité Nacional de la UCR, el senador Ernesto Sanz, aseguró que no se "imagina a ningún oficialista pidiendo dialogar" con la Corte Suprema y resaltó el papel que está cumpliendo el máximo tribunal en promover el diálogo.
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