Desde la marcha de Blumberg en el 2005, se produjeron muchos marchas locales contra la inseguridad en el conurbano y en la Capital Federal, pero la gente se fue acostumbrando a todos los delitos que se suceden a menudo, hasta el asesinato de Santiago Urbani en el Tigre o antes con Capristo, pero a partir de ahí se sucedieron una cadena de asesinatos donde los menores tuvieron activa participación y que eclosionó con el ataque homicida contra el futbolista Fernando Cáceres y estos días con el asesinato de la catequista en Wilde.
La semana pasada, cuando Tinelli, Susana y Mirta coordinaron una marcha contra la inseguridad, empezaron las amenazas de Luis D’Elía y la marcha se suspendió.
Pero Scioli y Stornelli lanzaron la idea de las contravenciones para castigar los delitos menores y enseguida saltaron los organismos de derechos humanos, una nueva patria contratista que le succiona fondos al Estado con una nueva profesión parasitaria, que es trabajar de víctimas en forma permanente, vetando funcionarios, descalificando toda iniciativa para mejorar la seguridad de los ciudadanos.
Esta nueva profesión muy bien paga se completa con ocupar cargos en la administración pública, defendiendo los derechos humanos de los victimarios y de los pibes chorros, como víctimas una sociedad que los margina y los obliga a robar y matar. Pero las verdaderas víctimas son los asesinados salvajemente, la gente que trabaja con una profesión conocida.
La justicia y los legisladores son grandes responsables de esta situación, por no considerar los crímenes que se cometen por menores, que tienen penas de mayor en cualquier país civilizado, mientras que acá los menores asesinos son mandados a institutos de los cuales se escapan al otro día.
Esta teoría jurídica denominada garantista o abolicionista del derecho penal hace 25 años que se enseña en las facultades de derecho de las universidades estatales y algunas privadas y es la causante de proveer jueces y fiscales que dejan en libertad a menores y a mayores con antecedentes de hechos de sangre, con lo cual asesinar en la Argentina es gratis: tiene una pena que no pasa de 8 o 10 años y salen antes por dos años sin condena o por buena conducta, es decir, que entran por una puerta y salen por la otra.
Hay que destinar más dinero a seguridad, terminar con la impunidad judicial, que es la única causa del aumento del delito y no la pobreza o la inequidad social. Cabe señalar que, con el crecimiento a tasas chinas del 2003 al 2007, el aumento del delito fue exponencial, pese a que la pobreza bajó considerablemente, lo cual demuestra que la única causa del aumento del delito es la impunidad.
La semana pasada, cuando Tinelli, Susana y Mirta coordinaron una marcha contra la inseguridad, empezaron las amenazas de Luis D’Elía y la marcha se suspendió.
Pero Scioli y Stornelli lanzaron la idea de las contravenciones para castigar los delitos menores y enseguida saltaron los organismos de derechos humanos, una nueva patria contratista que le succiona fondos al Estado con una nueva profesión parasitaria, que es trabajar de víctimas en forma permanente, vetando funcionarios, descalificando toda iniciativa para mejorar la seguridad de los ciudadanos.
Esta nueva profesión muy bien paga se completa con ocupar cargos en la administración pública, defendiendo los derechos humanos de los victimarios y de los pibes chorros, como víctimas una sociedad que los margina y los obliga a robar y matar. Pero las verdaderas víctimas son los asesinados salvajemente, la gente que trabaja con una profesión conocida.
La justicia y los legisladores son grandes responsables de esta situación, por no considerar los crímenes que se cometen por menores, que tienen penas de mayor en cualquier país civilizado, mientras que acá los menores asesinos son mandados a institutos de los cuales se escapan al otro día.
Esta teoría jurídica denominada garantista o abolicionista del derecho penal hace 25 años que se enseña en las facultades de derecho de las universidades estatales y algunas privadas y es la causante de proveer jueces y fiscales que dejan en libertad a menores y a mayores con antecedentes de hechos de sangre, con lo cual asesinar en la Argentina es gratis: tiene una pena que no pasa de 8 o 10 años y salen antes por dos años sin condena o por buena conducta, es decir, que entran por una puerta y salen por la otra.
Hay que destinar más dinero a seguridad, terminar con la impunidad judicial, que es la única causa del aumento del delito y no la pobreza o la inequidad social. Cabe señalar que, con el crecimiento a tasas chinas del 2003 al 2007, el aumento del delito fue exponencial, pese a que la pobreza bajó considerablemente, lo cual demuestra que la única causa del aumento del delito es la impunidad.
Matar en la Argentina no es gratis, pero se le acerca bastante.
Autor: Guillermo Cherashny
Autor: Guillermo Cherashny
Fuente: Página Impar
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