El amplio mosaico de las fuerzas opositoras llegó, a un par de coincidencias sobre qué cosas hará después del 10 de diciembre. El primer acuerdo se refiere a la creación de comisiones parlamentarias investigadoras sobre hechos precisos que han sucedido durante este largo gobierno de los Kirchner. El segundo compromiso trata sobre cómo será la futura conducción de la Cámara de Diputados.
Ya se definió que las comisiones investigadoras del Congreso serán fundamentalmente dos: sobre el manejo de los recursos naturales en los últimos años y sobre todo lo que se ha hecho en materia de obras y servicios públicos. La gestión omnipresente del superministro de Planificación, Julio De Vido, será la primera en caer bajo la indagatoria parlamentaria.
Esta clase de comisiones investigadoras son resortes exclusivos del Congreso y no están sometidas al veto del Poder Ejecutivo. Según su experiencia histórica, esos cuerpos han tenido facultades para allanar y para llamar a cualquier ciudadano a dar testimonio.
A la Comisión Bicameral de Seguimiento y Fiscalización de los Organismos de Inteligencia se le cambiará su actual composición y se la reforzará con nuevas atribuciones. Se trata de la comisión de seguimiento de los Servicios de Inteligencia del Estado. El Congreso hincará en los vastos recursos que manejan esos servicios y que nunca se sabe quién los administra ni dónde van a parar. La oposición quiere hurgar también en las cosas que hacen esos servicios, más dedicados a servir a los intereses personales de los que gobiernan que a las necesidades del Estado.
Representantes de Felipe Solá, de la UCR, de Elisa Carrió, de Francisco de Narváez, y de Mauricio Macri han estado negociando cada uno de esos puntos en los últimos días. Carrió tuvo encuentros personales con Solá , con representantes de De Narváez y de la centroizquierda, que será decisiva para volcar la voluntad de la Cámara de Diputados en el próximo período parlamentario.
El segundo acuerdo es el que alude a la conducción de la Cámara de Diputados. Al final triunfó la originaria posición de Carrió de pelear por la mayoría opositora en las comisiones de la Cámara más que por la presidencia del cuerpo. Solá y Macri eran los referentes opositores más convencidos de la necesidad de dar un fuerte golpe de autoridad frente al Gobierno, arrebatándole a éste la titularidad del cuerpo.
Carrió, los radicales, los socialistas y sectores de centroizquierda opositores prefirieron siempre controlar el 60% de la integración de las comisiones antes que la conducción de la Cámara. Tradicionalmente la presidencia de la Cámara la retiene la primera minoría, que seguirá en poder del kirchnerismo. El control de las comisiones le permitiría a la oposición los dictámenes necesarios para llevar sus proyectos al recinto y la habilitaría para la autoconvocatoria a sesiones de la Cámara.
Según estimaciones coincidentes, la oposición contará con 123 diputados, descontados los dos bonaerenses de Pro que se fugaron al oficialismo en los últimos días. Necesitan seis votos más. Los socialistas podrían aportar ese número indispensable para llegar a la cifra mágica de 129. El peronismo disidente desconfía de las necesidades del gobernador Hermes Binner, el líder de los socialistas. Carrió no desconfía: "Los socialistas votarán con nosotros", aseveró. Los radicales piensan igual que ella: "Ningún socialista se irá ahora de la oposición", subrayó Oscar Aguad.
Solá y Macri no sólo pensaban en un gesto de fuerza ante el oficialismo cuando promovían la elección de un presidente opositor de la Cámara; también ponían la mirada en la volatilidad de los números futuros y la influencia de ellos en las comisiones. "La mayoría de la Cámara dependerá en el futuro de la centroizquierda", suele decir De Narváez. Por eso, también, Carrió salió en busca de Pino Solanas cuando propuso la comisión investigadora sobre los recursos naturales.
Los tres radicales con liderazgo partidario (los senadores Gerardo Morales y Ernesto Sanz y el diputado Oscar Aguad) maduran, además, una iniciativa: la convocatoria a una consulta popular para que la sociedad se pronuncie sobre cuatro o cinco temas (superpoderes, decretos de necesidad y urgencia, ley de medios audiovisuales y facultades del Ejecutivo para fijar las retenciones, entre otros).
El artículo 40 de la Constitución dice que el Congreso, a iniciativa de la Cámara de Diputados, podrá someter a consulta popular un proyecto de ley. La ley de convocatoria no podrá ser vetada. Su aprobación en la consulta la convertirá en ley y su promulgación será automática.
Carrió hace su propio camino con otra creación. Con la ayuda de diplomáticos argentinos, ya redactó una carta que entregará a las principales embajadas americanas: Washington, Brasilia, Santiago y México, entre otras y europeas.
En el documento, la Coalición Cívica hace lo que llama "una angustiosa descripción de la situación nacional" y denuncia una "estrategia intimidatoria, violenta e ilegal" por parte del Gobierno. Señala enfáticamente que la administración de los Kirchner está "comprometiendo la vigencia efectiva de la democracia". La carta hace un pormenorizado relato de los últimos conflictos institucionales en el país y ratifica la profesión de fe de Carrió y sus seguidores para que Cristina Kirchner termine su mandato.
El documento será aprobado el lunes por la Coalición Cívica y luego puesto a consideración de sus aliados opositores. "Nosotros iremos a las embajadas de cualquier forma", aseguró Carrió.
Otros líderes opositores comenzaron por preguntarse si el conflicto Argentino llegó ya a un punto en el que sólo cabría pedir la ayuda exterior. Aún no se respondieron.
Fuente: La Nacion
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A la Comisión Bicameral de Seguimiento y Fiscalización de los Organismos de Inteligencia se le cambiará su actual composición y se la reforzará con nuevas atribuciones. Se trata de la comisión de seguimiento de los Servicios de Inteligencia del Estado. El Congreso hincará en los vastos recursos que manejan esos servicios y que nunca se sabe quién los administra ni dónde van a parar. La oposición quiere hurgar también en las cosas que hacen esos servicios, más dedicados a servir a los intereses personales de los que gobiernan que a las necesidades del Estado.
Representantes de Felipe Solá, de la UCR, de Elisa Carrió, de Francisco de Narváez, y de Mauricio Macri han estado negociando cada uno de esos puntos en los últimos días. Carrió tuvo encuentros personales con Solá , con representantes de De Narváez y de la centroizquierda, que será decisiva para volcar la voluntad de la Cámara de Diputados en el próximo período parlamentario.
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Carrió, los radicales, los socialistas y sectores de centroizquierda opositores prefirieron siempre controlar el 60% de la integración de las comisiones antes que la conducción de la Cámara. Tradicionalmente la presidencia de la Cámara la retiene la primera minoría, que seguirá en poder del kirchnerismo. El control de las comisiones le permitiría a la oposición los dictámenes necesarios para llevar sus proyectos al recinto y la habilitaría para la autoconvocatoria a sesiones de la Cámara.
Según estimaciones coincidentes, la oposición contará con 123 diputados, descontados los dos bonaerenses de Pro que se fugaron al oficialismo en los últimos días. Necesitan seis votos más. Los socialistas podrían aportar ese número indispensable para llegar a la cifra mágica de 129. El peronismo disidente desconfía de las necesidades del gobernador Hermes Binner, el líder de los socialistas. Carrió no desconfía: "Los socialistas votarán con nosotros", aseveró. Los radicales piensan igual que ella: "Ningún socialista se irá ahora de la oposición", subrayó Oscar Aguad.
Solá y Macri no sólo pensaban en un gesto de fuerza ante el oficialismo cuando promovían la elección de un presidente opositor de la Cámara; también ponían la mirada en la volatilidad de los números futuros y la influencia de ellos en las comisiones. "La mayoría de la Cámara dependerá en el futuro de la centroizquierda", suele decir De Narváez. Por eso, también, Carrió salió en busca de Pino Solanas cuando propuso la comisión investigadora sobre los recursos naturales.
Los tres radicales con liderazgo partidario (los senadores Gerardo Morales y Ernesto Sanz y el diputado Oscar Aguad) maduran, además, una iniciativa: la convocatoria a una consulta popular para que la sociedad se pronuncie sobre cuatro o cinco temas (superpoderes, decretos de necesidad y urgencia, ley de medios audiovisuales y facultades del Ejecutivo para fijar las retenciones, entre otros).
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En el documento, la Coalición Cívica hace lo que llama "una angustiosa descripción de la situación nacional" y denuncia una "estrategia intimidatoria, violenta e ilegal" por parte del Gobierno. Señala enfáticamente que la administración de los Kirchner está "comprometiendo la vigencia efectiva de la democracia". La carta hace un pormenorizado relato de los últimos conflictos institucionales en el país y ratifica la profesión de fe de Carrió y sus seguidores para que Cristina Kirchner termine su mandato.
El documento será aprobado el lunes por la Coalición Cívica y luego puesto a consideración de sus aliados opositores. "Nosotros iremos a las embajadas de cualquier forma", aseguró Carrió.
Otros líderes opositores comenzaron por preguntarse si el conflicto Argentino llegó ya a un punto en el que sólo cabría pedir la ayuda exterior. Aún no se respondieron.
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