Nadie oyó la opinión electoral de los argentinos expresada hace apenas tres meses.
Un ex presidente gobierna sólo porque considera el poder democrático un bien conyugal.
El vicepresidente de la República, que llegó al cargo como aliado del partido gobernante, se ha hecho cargo de la jefatura fáctica de la oposición. Nada está en su lugar cuando los que mandan resuelven nada menos que sobre la libertad.
Las excentricidades son aún más amplias. Los socialistas rompieron rampantes un reciente acuerdo electoral y, peor aún, decidieron ignorar una clara violación del reglamento de la Cámara de Diputados.
La nueva izquierda de Pino Solanas quebró su flamante contrato electoral con la sociedad (sectores capitalinos la votaron como una variante innovadora de la oposición al kirchnerismo) y tampoco reparó en que el camino es tan importante como el objetivo final para las instituciones de la democracia.
El gobernador de Chubut, Mario Das Neves, se propuso, el día después de las pasadas elecciones, como una alternativa presidencial a los Kirchner. No perdió oportunidad de vapulearlos con una oratoria de fascinado opositor. Pero sus legisladores nacionales votaron al lado del kirchnerismo todas las veces que éste los requirió en cuestiones esenciales.
Las vertientes de la centroizquierda, que en su momento llegaron a la Cámara de Diputados con la propuesta opositora de Elisa Carrió, volvieron a acompañar al kirchnerismo sin reparar ni reprochar la poca calidad de los métodos.
Todos ellos hicieron posible el triunfo del proyecto oficialista sobre los medios audiovisuales en la Cámara de Diputados. Cualquier opinión es legítima, pero no cualquier método es legítimo y legal. La oposición, peronista o no peronista, parece desintegrarse ante el fuego intenso de un poder devastador y desprejuiciado.
Néstor Kirchner avanza, es cierto, y lo hace esta vez sobre cuestiones tan sensibles como la libertad de expresión y otros derechos y garantías constitucionales. Ni la República ni la Constitución frecuentaron nunca sus decisiones de gobernante. Pero el transfuguismo político de algunos explica en parte las conquistas del ex presidente. Otra parte de la explicación posible se encuentra en una sociedad desmoralizada, anestesiada y también resignada.
Una enorme mayoría social no quiere a los Kirchner, pero hasta esos sectores suponen que ya todo es inevitable en una Argentina cooptada por líderes caprichosos y mandones exitosos. La libertad de expresión es el derecho de la gente común a conocer las cosas que el poder esconde. Grandes sectores sociales reaccionan, sin embargo, como espectadores de un partido jugado por otros. ¿Cómo un hombre como Kirchner, con una monumental voluntad de poder, no podría en semejante contexto reconstruirse desde la ruina? Lo ha hecho, aunque tal vez está preparando también un largo y abusivo proceso político de conflictos y de escándalos.
Hasta podría decirse que Kirchner se llevó el trofeo de haber roto el Acuerdo Cívico y Social, la coalición de radicales, socialistas y la Coalición Cívica que empató las elecciones nacionales con el oficialismo el 28 de junio último. Esa alianza murió el miércoles pasado, pero fue una obra de sus dirigentes y no de Kirchner. El más importante líder socialista, el gobernador Hermes Binner, hizo lo que él mismo le recriminaba a Carlos Reutemann y que éste no hizo: estar más cerca de los Kirchner que de sus promesas opositoras.
Esa coalición había comenzado a resquebrajarse cuando Carrió anunció que jamás votaría por Cobos. En el fondo, la líder de la Coalición Cívica nunca dejó de ver en Cobos a un conspirador dentro del Gobierno; Carrió detesta la sola idea de un complot para derrumbar a los Kirchner e instalar a Cobos en la Casa Rosada. Sería la solución perfecta para el peronismo. Sería una víctima que, encima, le pasará a un no peronista todos los zafarranchos del kirchnerismo , suele decir.
Cobos es una extraña figura en la política argentina, que mezcla un rol institucional clave con un importante protagonismo político. El límite es impreciso y, a veces, muy arriesgado. El viernes, Cobos dio un manifiesto sobre cómo debería ser el tratamiento senatorial del proyecto sobre la ley de medios. Fue un documento sólo electoral. Ya antes, los dos bloques mayoritarios, el peronismo y el radicalismo, habían acordado que el proyecto pasaría por cuatro comisiones; ni las módicas dos que quería el Gobierno ni las cinco a las que aspiraba Cobos. El número acordado se acerca más al de Cobos que al del oficialismo.
¿Por qué el Senado puede alcanzar esos acuerdos que son imposibles entre los diputados? Desde que la República existe, el Senado se preocupa antes que nada de una cosa: de ser diferente de ese conglomerado caótico, maleducado y chapucero que es la Cámara de Diputados. Es muy probable que el proyecto aprobado en Diputados, tan lleno de imperfecciones y de amenazas autoritarias, sea modificado por el Senado y devuelto a la Cámara baja.
Uno de los artículos que podrían cambiar es el que les fija sólo un año a los multimedios preexistentes para que desguacen sus propiedades. Dicen que ese artículo habría caído en la Cámara de Diputados si la oposición no se hubiera ausentado en el momento de la votación. La aritmética parlamentaria respalda esa teoría. Pero ¿habrían votado igual los oficialistas y los aliados si hubieran visto en peligro al Gobierno? La oposición tiene, además, un argumento sólido: sus legisladores abandonaron la sesión para vaciarla de legitimidad. ¿Cómo podían saber ellos, además, la manera de votar del resto de los diputados si todos fueron empujados a empellones hacia una reunión urgente y antirreglamentaria?
La oposición senatorial aspira también a cambiar el artículo que dispone sobre el futuro organismo de control, que quedaría en manos del Gobierno. Nunca es bueno que la libertad de expresión sea tutelada por quienes están en el poder, pero es lo que quiere el kirchnerismo.
Podría haber imaginado un proyecto abierto a las inversiones tecnológicas y a una mayor competencia entre medios de comunicación, libres e independientes. No. El kirchnerismo profundizó su egoísmo: ordenó desguazar lo que existe para poner en manos del Gobierno los despojos que quedarán de semejante destrucción.
Piensa también en los amigos del poder más que en la sociedad. Por eso, no incluyó en el proyecto la prohibición de que los empresarios de medios audiovisuales no deberían ser, al mismo tiempo, dueños de empresas con negocios vinculados con el Estado, como licenciatarias de concesiones o beneficiarias de contratos de obras públicas. El periodismo es en esos casos la primera victima.
Hay un permanente choque entre la palabra y los actos. La supuesta democratización de los medios audiovisuales concluirá con una dantesca fragmentación y la consiguiente debilidad del periodismo de radio y televisión. La Presidenta anunció pomposamente un proyecto para despenalizar los delitos de calumnias e injurias, pero uno de los máximos jefes de hecho de la SIE (ex SIDE), Antonio Stiuso, que depende directamente de ella, no levantó la persecución judicial a periodistas, entre ellos, dos directivos de La Nación, por el supuesto delito de calumnias e injurias.
Palabras borradas por las acciones. Esa es la contradicción que no supieron ver ni siquiera los que coinciden legítimamente con el proyecto oficial de radiodifusión. ¿Democratizar los medios de comunicación? ¿Quién lo hará? Lo hará un gobierno que ha intervenido los teléfonos y los e-mails de los periodistas, y que ha castigado, difamado y censurado cuando pudo al periodismo independiente. La peor consecuencia de estas sucesivas regresiones ocurre cuando todos, sociedad y dirigentes, se terminan acostumbrando a un mundo sin libertad.
Fuente: La Nacion
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