Por Manuel A. Solanet
Mediciones privadas indican que los precios de los alimentos avanzaron en febrero alrededor de un 6 % respecto de los del mes anterior. Para el conjunto de precios minoristas y corrigiendo por estacionalidad, el aumento de los precios se ubica en el orden del 3%, lo que extrapolado a doce meses resultaría un 38%.
En definitiva estamos ahora en un escalón más alto de inflación, en niveles que no hubieran causado demasiada preocupación en los setenta u ochenta, pero que hoy lamentablemente se exponen frente a un mundo mucho más estable.
La Argentina, desde la estabilidad lograda con la convertibilidad, desmanteló los procedimientos indexatorios y los ajustes por inflación en los balances impositivos. Una inflación del nivel actual está generando por lo tanto, conflictos difíciles de resolver y en algunos casos verdaderas exacciones.
Urge actuar, pero no se percibe que el gobierno tenga la convicción ni el libreto adecuado. Lo grave es que estos procesos inflacionarios se autoalimentan y que las expectativas se van consolidando en la medida que el tiempo transcurre sin que el fenómeno se corrija.
Los ajustes salariales constituyen un mecanismo de autoalimentación cuando no responden a aumentos de productividad ni a las posibilidades concretas de pagar aumentos. Las negociaciones colectivas por sector y no a nivel de empresa, dan espacio a motivaciones políticas o argumentaciones macroeconómicas en el marco de un fuerte poder gremial de negociación en ciertos sectores clave.
Los aumentos así logrados fijan el piso de otros gremios en niveles más altos que los posibles para no producir un traslado a precios. El aumento del 23% a los docentes, logrado con la amenaza de no comenzar las clases, ya es un piso para los restantes gremios estatales y también para los privados.
Las nuevas noticias de mediciones privadas que indican una aceleración de la inflación, probablemente induzcan a pedir revisiones antes que venza la vigencia de los acuerdos ya alcanzados. Sin negar que los salarios no deben quedar rezagados, creemos que la descentralización de las negociaciones a nivel de empresa respetaría los intereses de trabajadores y empleadores y contribuiría no sólo a la eficiencia sino también a la estabilidad.
La pérdida del equilibrio fiscal y la financiación del déficit por el Banco Central, está alimentando la hoguera. La maniobra con el decretazo del 1º de marzo para el uso de las reservas es un mal augurio y se suma a la transferencia al Tesoro de utilidades no genuinas.
La emisión comienza a ser significativa. El programa monetario de Redrado que graduaba el crecimiento del M2 al aumento nominal (medido con la inflación verdadera) del Producto Bruto, en todo caso convalidaba pero no aceleraba la inflación.
La demanda de dinero, con altibajos, crecía y eso ayudaba. Hace algunas semanas la fuga de capitales se ha reiniciado y se observa que personas y empresas muestran una mayor propensión a pasarse de pesos a dólares.
La demanda de dinero se está debilitando y la velocidad de circulación, su contrapartida, seguramente está aumentando. Si esta tendencia se acentúa, la emisión del Banco Central multiplicará su efecto inflacionario, la absorción por letras será más difícil y tendrá un inevitable efecto sobre la tasa de interés y el nivel de actividad.
Si el gasto público sigue creciendo a tasas cercanas al 30% anual, los recursos al 15%, la demanda de dinero cae y no hay financiamiento externo, estamos en serios problemas. Alguna de estas circunstancias debe ser corregida.
Es insuficiente y hasta ingenuo creer que la inflación es sólo un problema de oferta y que la acción de gobierno debe ser solo aumentar el crédito y pedir más inversiones. Bienvenidas si se hicieran, pero ello requeriría un marco de confianza y seguridad que no se ofrece y además los tiempos son cortos.
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