Para ser parte del país real, la disociación no deja de ser preocupante

Por Hugo E. Grimaldi


Tras 87 días de azaroso bamboleo con el Fondo del Bicentenario (FOBI), la presidenta de la Nación se ubicó en el centro de lo que llamó el “país real”, en contraposición al “país mediático y virtual donde suceden cosas horribles y todo está mal”, y navegó peligrosamente por las aguas de la dualidad y la picardía para estructurar su alocución ante la Asamblea Legislativa sobre el estado de la Nación.

Pero no sólo por los temas a los que casi no les prestó atención en el discurso (inflación, situación de las provincias, inseguridad) o por las estadísticas que, como se esperaba, digitó a su favor, sino porque el remedio que el Gobierno le ha encontrado al FOBI, para que no se note el sopapo que iba a recibir el oficialismo en las Cámaras con su rechazo y para quedarse con el dinero pese a todo, parece ser un modelo de paupérrima construcción virtual que, además, amenaza con mantener la cancha embarrada durante bastante tiempo todavía.

Y esto no se ha dado solamente porque Cristina Fernández volvió a apelar a la tradicional división entre réprobos y elegidos que el kirchnerismo suele hacer para separar siempre a “ellos” de “nosotros”, sino porque muchos legisladores de la oposición sintieron que con el camino elegido, la derogación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 2010 del FOBI y la puesta en circulación simultánea de otros dos decretos por el mismo importe sumado, se les ha mojado la oreja una vez más.

“He adoptado, en el marco de las facultades que me competen, habida cuenta de que el Congreso también ha comenzado sus sesiones ordinarias, tres medidas”, anunció Cristina, la primera anulando el FOBI de la discordia por U$S 6.365 millones. Es decir, que como en estos momentos el Congreso funciona y el 14 de diciembre pasado no, ahora correspondería, en palabras de la Presidenta, darles participación a los legisladores, aunque sólo sea para notificarlos.

Luego, para abonar las deudas con los organismos internacionales, se apeló correctamente a un Decreto simple, ya que el mismo se fundamenta en la Ley que permite pagar con reservas a los organismos internacionales (U$S 2.178 millones) los vencimientos de este año.

Sin embargo, para crear el nuevo instrumento que permitirá pagar el resto de la deuda privada durante 2010 (U$S 4.187 millones), la Presidenta también optó por otro DNU, desconociendo olímpicamente el “habida cuenta” anterior. No se puede negar que para ser parte del país real, la disociación no deja de ser preocupante.

En paralelo, el dulce que se anunció para que el Congreso trague el nuevo decretazo es la constitución de una Comisión Bicameral que podrá “seguir, vigilar y controlar” el destino de los fondos, algo que no está en discusión, ya que prolijamente se ha prometido detallar uno por uno los vencimientos de los bonos en poder del sector privado.

¿Dónde está el punto que complica aún más la situación y que horroriza a la oposición? Que tal como ocurría con el FOBI original, esos fondos ya estaban dentro del Presupuesto 2010 y que ahora los pagos bajo esta modalidad los dejan a la deriva, en una suerte de duplicación perversa, ya que nadie ha dicho adónde irán finalmente a parar.

Lo que deja en claro la renovada insistencia presidencial por hacerse de las reservas es que sin este nuevo Fondo el bache fiscal no cierra y que, por eso, nadie desde el Gobierno propone reformular la Ley de administración de recursos, aunque los opositores se cansan de pedirlo.

Pero, además, hay otra arista que hay que ponderar, ya que la jugada de simultaneidad de decretos permite el uso inmediato de las reservas por parte del Fisco, ya que el DNU de la discordia ahora no existe más. Una vez removida la causa del amparo judicial y antes de que a alguien se le ocurra volver a pedir otro por la utilización de las mismas, bien podría el Banco Central instrumentar de apuro la transferencia de reservas al Tesoro.

Aunque, para que la situación no se empaste más todavía, habría que esperar que, al menos, en estos 87 días, a alguien en el Gobierno se le haya encendido la lamparita para prevenir los embargos que Martín Redrado no quiso convalidar.